lunes, 29 de febrero de 2016

TUTTO PER LORO (TODO PARA ELLOS ) Por Alfredo Zaiat




Por Alfredo Zaiat

El Gobierno decidió pagarles 1350 millones de dólares en efectivo a los buitres italianos a pesar de que no tiene ninguna sentencia en contra en el Ciadi. Más aún, dos de las tres demandas estaban caídas



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LOS BONISTAS BAILAN LA TARANTELA Por Alfredo Zaiat




El gobierno de Macri le reconoció a la banca italiana disfrazada de bonistas el 150 por ciento del capital más los intereses.





› EL GOBIERNO PAGARA LA DEMANDA PESE A QUE NO EXISTE SENTENCIA EN CONTRA





SUBNOTAS






Los bonistas bailan la tarantela

Dos demandas en el Ciadi se cayeron y la otra no tiene sentencia. Los bonistas italianos no quisieron pagar los gastos del arbitraje y el tribunal decidió dar por concluido el proceso. Pese a ello, el ministro Alfonso Prat-Gay acordó pagar 1350 millones de dólares en efectivo.




Por Alfredo Zaiat



Argentina no tiene una sentencia en firme desfavorable en el Ciadi (tribunal dependiente del Banco Mundial) en ninguna de las presentaciones realizadas por bonistas italianos con títulos en default 2001. No existe un único laudo. Uno está caratulado como “Giovanni Alemanni”, otro como “Ambiente Ufficio SPA”, y un tercero como Abaclat y otros (antes Giovanna a Beccara). La cantidad de bonistas involucrados no es muy precisa. En ese último caso, de 180 mil pasaron a 60 mil y la última estimación es de 50 mil, en otro eran 183 y luego descendieron a 74, y en otro apenas reunieron 29. El monto demandado inicialmente fue de 1500 millones de dólares que por una inflación no detallada se elevó a de 2500 a 2800 millones en publicaciones de prensa. En este extraño proceso de arbitraje, en uno de ellos el principal abogado patrocinante nunca se presentó. También hubo firmas falsas de bonistas demandantes (por caso, las de Antonio y Silvio Pilastro), irregularidad probada por peritos presentados por Argentina pero que fue desestimada por la mayoría de los árbitros del tribunal, en una muestra de la parcialidad del juicio. Incluso en dos de esos laudos, los respectivos tribunales declararon terminado el arbitraje, sin fallar a favor de los bonistas italianos, y por lo contrario reclamando a ellos y a la Argentina que paguen las costas del caso. Con semejante nivel de fragilidad documental en el respaldo de sus pretensiones, la indeterminada cantidad de bonistas italianos representados por abogados, lobbistas y financistas recibieron la gracia del gobierno de Mauricio Macri que les reconoció el pago del 150 por ciento del capital original más los intereses devengados acumulados de los títulos en cesación de pagos, por un total de 1350 millones de dólares. La cancelación de esa deuda será en efectivo.

Como parte de su estrategia de sumar fondos buitres y bonistas con papeles de deuda argentina en default, el ministro Alfonso PratGay anunció “un acuerdo lo más rápido y justo posible” con bonistas italianos, ofreció como descripción de su política de negociación. Fue indudablemente rápido, lo que no es tan claro de definir es que haya sido justo en términos de las finanzas argentinas, no así de los lobbistas italianos.

PratGay informó que el acuerdo lo cerró con el representante de bonistas italianos, Nicola Stock, abogado y líder del grupo Task Force Argentina. Se mencionó en un comunicado de prensa que el monto involucrado asciende a 1350 millones de dólares, 900 millones de capital original y el resto de intereses acumulados. La suma es la mitad de lo reclamado ante el CIADI, lo que desnuda la estrategia de inflar la demanda para luego negociar una quita que no fue tal, como quedó en evidencia con el acuerdo sellado con el equipo económico de Prat-Gay.

Stock

El recorrido de la deuda argentina en default en manos de ahorristas italiano tiene como protagonista principal a la banca italiana. Cinco años y medio después de la declaración de la cesación de pagos, en junio de 2007 el gobierno italiano, con Romano Prodi como primer ministro, decidió indemnizar a los bonistas de su país que tenía esos papeles de deuda argentina. Lo hizo reconociendo que la responsabilidad de la estafa a los ahorristas italianos no fue del Estado argentino sino de los bancos italianos que les vendieron bonos a sus clientes, a pesar de tener información sobre la grave situación económica argentina. Esa indemnización sumó unos 6000 millones de euros, dinero proveniente de los denominados “fondos durmientes” que existen en los bancos de la península. Se trata del dinero que quedó “abandonado” en las entidades financieras sin que nadie lo reclamara durante diez años.

Los pequeños inversores italianos formaban parte de uno de los grupos más numerosos con papeles de la deuda argentina en cesación de pagos. Eran alrededor de 400 mil que reclamaban 12.600 millones de dólares, el 15,6 por ciento del total de la deuda defolteada. La banca italiana estaba acorralada por el reclamo de los ahorristas y por fallos de la justicia de su país que culpaban a las entidades por colocar papeles de una economía con destino de quiebra a sabiendas de que eso ocurriría. Esos bonos antes estaban en su cartera y por eso estaban desesperados para desprenderse de ellos. En ese contexto, la Asociación de Bancos Italianos recicló a un ex gerente del Banco de Roma, Nicola Stock, como “defensor de los intereses de los bonistas”. Stock fue uno de los principales lobbistas en contra del canje de la deuda, impulsor de la demanda ante el CIADI y quien cerró el preacuerdo con el equipo de finanzas de PratGay.

Arbitrajes

La lectura de los documentos publicados en la web del International Centre for Settlement of Investements Disputes (Ciadi, en castellano) correspondientes a los laudos iniciados por bonistas italianos permite comprobar el elevado grado de parcialidad en las resoluciones de los tribunales integrados para esos casos. Compuesto por tres árbitros (uno presentado por el demandante, otro por el demandado y el presidente elegido de común acuerdo o, en una situación de disenso, por el Consejo Administrativo del Ciadi), las votaciones de las resoluciones claves fueron dos a uno, con disidencias del nombrado por Argentina.

La competencia del Ciadi en una situación de default de deuda soberana es controvertida. Sólo un grupo de abogados, lobbistas y financistas italianos llevaron el caso a la instancia de arbitraje. Fondos buitres y otros dueños de bonos en default iniciaron juicios en Nueva York, Londres o Frankfurt porque el Ciadi no era considerado como una vía adecuada para presionar al país ni para cobrar. Hasta ahora porque se abrió otro mecanismo de extorsión financiera luego de la liviana estrategia del gobierno de Macri de reconocer una sentencia que no existe.

Más aún, dos de los procedimientos abiertos en el Ciadi se cerraron sin emitir fallo sobre el fondo de la cuestión. El motivo fue económicofinanciero: ninguna de las dos partes se comprometió a pagar los gastos del arbitraje. Era esperable esa resistencia por parte de Argentina que había cuestionado la competencia del tribunal, no así de los representantes de los bonistas italianos.

Es una situación desopilante cuyos detalles reflejan la audacia especulativa de abogados y financistas lanzados a esperar que el país deudor, cuando las condiciones políticas lo facilitaran, por ejemplo con un gobierno “market friendly” como el de Mauricio Macri, les reconociera el pleno apostado en el paño parcial de un tribunal del Ciadi.

Alemanni

Uno de esos casos extravagante es el de Giovanni Alemanni y otros contra la Argentina (Ciadi Nº ARB/07/8). El tribunal arbitral estuvo compuesto por Franklin Berman más los árbitros Karl-Heinz Böckstiegel y J. Christopher Thomas.

El 9 de enero de 2007, el Ciadi recibió una solicitud de arbitraje fechada el 22 de diciembre de 2006, presentada por Giovanni Alemanni. El 3 de julio de 2008 el Centro notificó a las partes la constitución del tribunal de arbitraje. El 5 de diciembre de ese año, el tribunal llevó a cabo la primera sesión con las partes en su sede, en Washington. Desde entonces hubo diferentes diligencias procesales hasta que el 17 de noviembre de 2014 emitió un falló sobre jurisdicción y admisibilidad en contra de la posición argentina.

Los demandantes eran inicialmente un conjunto de 183 personas físicas y jurídicas italianas, pero luego del canje de deuda en default del 2010, la cantidad se redujo a 74. El italiano Luca Radicati di Brozolo y el abogado y ex titular de la Corte Suprema menemista Rodolfo Carlos Barra actuaron como correpresentantes de los bonistas italianos. La demanda solicitaba un resarcimiento e indemnización por los bonos en default en base al compromiso que surge del acuerdo entre Argentina e Italia de Promoción y Protección de las Inversiones firmado en Buenos Aires el 22 de mayo de 1990 (TBI).

El artículo 8 de ese tratado contempla el Ciadi en caso de controversias, y en la demanda pedían la restitución a cada acreedor del valor nominal total de sus bonos, más los intereses devengados hasta el vencimiento, más el interés compuesto desde el vencimiento hasta la fecha de la solicitud; más “los otros daños que se demostrara que son consecuencia directa de las violaciones al derecho internacional por la demandada; y el interés compuesto sobre lo anterior entre la fecha de la solicitud y la fecha de pago”.

Argentina sostuvo que el Tribunal carece de competencia y que el Ciadi carece de jurisdicción para tramitar acciones colectivas de esta naturaleza.

El tribunal celebró una audiencia oral el 7 y 8 de junio de 2011 y resolvió que los reclamos planteados eran admisibles. Los bonistas italianos tenían el arbitraje a su favor.

Pero el proceso no pudo avanzar porque ninguna de las partes desembolsaba el dinero para financiar el arbitraje, hasta que el tribunal resolvió dar por concluido el caso. “El tribunal se encuentra en la inusual posición en la que, no sólo ninguna de las partes en el procedimiento de arbitraje ha efectuado los anticipos requeridos, lo que impulsó la propuesta de terminación, sino que todas las partes de ambos lados están instando activamente al tribunal a cumplir con esa medida”. Luego viene la definición más insólita: “El tribunal no encuentra razón alguna para no hacerlo y, por ende, pretende poner fin formalmente al arbitraje por falta de pago”.

Este caso en el Ciadi no continuó porque los interesados no desembolsaron los dólares necesarios para financiar los gastos del arbitraje que los favorecía.

El tribunal emitió esa resolución el 14 de diciembre pasado, en los primeros días del gobierno de Mauricio Macri. Fue una decisión beneficiosa para la Argentina que podía haber utilizado para negociar con un poco de firmeza antes de firmar el acuerdo con los bonistas italianos. Prefirió no hacerlo lo que Nicola Stock festejó, como se ocupó de trasmitir en el comunicado de prensa agradeciendo a Macri.

Gastos

Resulta ilustrativo detallar algunos de los eventos del caso Giovanni Alemanni (el de Ambiente Ufficio SPA es muy similar) como prueba que en el mundo de las finanzas y de las instituciones que lo respaldan no es muy relevante la rigurosidad de los argumentos, sino el poder para imponerse.

El tribunal del Ciadi solicitó a las partes en noviembre de 2014 que efectuaran un sexto pago adelantado de 200.000 dólares cada una, a fin de cubrir los gastos en los que habría de incurrirse en el marco del procedimiento durante los tres a seis meses siguientes.

El 9 de enero de 2015, la secretaria del tribunal notificó a las partes que el Ciadi no había recibido los pagos que se les habían solicitado e invitó a cualquiera de las partes a pagar el monto total de 400.000 dólares dentro del plazo de 15 días.

El 10 de agosto de 2015, la secretaria del tribunal informó a las partes de que habían transcurrido casi seis meses desde la suspensión del procedimiento (el arbitraje) por falta de pago y que, por consiguiente, la secretaria general del Ciadi estaba considerando la posibilidad de proponer que el tribunal pusiera fin al procedimiento.

El 14 de agosto de 2015 Argentina solicitó que la secretaria general propusiera que el tribunal pusiera fin al caso y, posteriormente, que ordenara a los demandantes que pagaran los costos y gastos del arbitraje.

Mediante una carta de fecha 18 de agosto de 2015, la secretaria general propuso que el tribunal pusiera fin al procedimiento.

En una carta del 23 de septiembre de 2015, los bonistas italianos afirmaron que la terminación del procedimiento parecía “inevitable”, puesto el “comportamiento de mala fe” que Argentina había adoptado con los bonistas, incluida su negativa a compartir los costos del arbitraje; su obstaculización y demora constante del procedimiento mediante la formulación de excepciones carentes de fundamento y, además, fuera del propio procedimiento de arbitraje, la creación de pánico y frustración con el objeto de provocar confusión entre los participantes, los había desalentado de continuar a la fase de fondo del caso.

Acusaron a la Argentina de haber aprovechado el hecho de que la mayoría de los inversionistas del arbitraje “son personas de clase media-baja que carecen de experiencia financiera y son fáciles de impresionar o asustar, lo que no sólo era injusto, sino que también constituía un incumplimiento del compromiso de arbitrar asumido por la demandada en virtud del TBI”. Por último, solicitaron que se le ordenara a la Argentina que se hiciera cargo de las costas del procedimiento.

O sea, una demanda presentada en el Ciadi para cobrar los bonos en default había mutado en una controversia sobre quién debía pagar los gastos del procedimiento, que el tribunal arbitral había dado por concluido.

Argentina replicó en una carta del 15 de octubre de 2015 que “no debería ser responsabilizada por la falta de interés de los demandantes en el arbitraje”, y recordó que había sido coherente al adoptar la posición relativa a la “improcedencia de este procedimiento arbitral como un mecanismo para resolver una controversia relativa a una deuda soberana, la inviabilidad de un procedimiento iniciado por un número de demandantes que va variando a medida que avanza el proceso y cuya identificación y titularidad respecto de los intereses sobre títulos reclamados no ha sido posible establecer hasta el presente”.

Este tipo de demanda en el Ciadi (que han concluido porque no se pagaron los gastos, y el que está vigente no tiene sentencia) son las que el ministro Alfonso PratGay y su secretario de Finanzas, Luis Caputo, decidieron acatar pagando el 150 por ciento del capital original de la deuda en default. La banca italiana disfrazada de bonistas, Nicolas Stock, abogados y lobbistas están agradecidos.




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domingo, 28 de febrero de 2016

EVO MORALES PERDIÓ UNA BATALLA, PERO NO LA GUERRA Por Pedro Brieger






Evo Morales perdió una batalla, pero no la guerra


Por Pedro Brieger *


Evo Morales no podrá presentarse como candidato a presidente en el año 2019. Su intención de modificar el artículo 168 de la Constitución para ser habilitado nuevamente chocó con el rechazo de la mayoría de los bolivianos que votó de manera negativa en el referéndum del 21 de febrero. Si bien el NO ganó por un estrecho margen de votos, los plebiscitos son así: a todo o nada.

Evo Morales no deja la presidencia ya que su mandato vence en enero de 2020 y gobernará por cuatro años más. Sin embargo, el gobierno convirtió el referéndum sobre un artículo puntual de la Constitución en un plebiscito del proyecto en su conjunto, a favor o en contra del mandatario.

Durante el año 2015 y muy especialmente después de la victoria de Mauricio Macri en la Argentina, fue el vicepresidente Álvaro García Linera el que más insistió en que la continuidad del liderazgo de Evo Morales era “decisiva para la continuidad del proceso revolucionario”. Refiriéndose al proceso electoral argentino dijo: “está claro que en Argentina otro habría sido el resultado si la compañera Cristina (Kirchner) iba a las elecciones”. De esta manera reafirmó la plena importancia de la identificación entre una persona y el proyecto político, lo que es absolutamente cierto para Bolivia. Fue Evo Morales quien desde su liderazgo al frente de los movimientos sociales tuvo la capacidad de tomar el Movimiento al Socialismo (MAS) cuando era un pequeño partido y transformarlo en una alternativa de poder real. Es innegable que hubo muchos líderes mineros, campesinos e indígenas importantes en Bolivia en las últimas décadas, pero ninguno consiguió lo que logró Evo Morales. Por esta razón es muy difícil reemplazarlo. Los líderes políticos, sociales y religiosos que trascienden en la historia y dejan una marca por las transformaciones que producen son muy pocos y por lo general irremplazables, lo que -obviamente- representa un problema que no es patrimonio de América Latina. ¿Acaso la sucesión de Jesús o Mahoma como líderes teológicos-políticos fue sencilla?

Los movimientos políticos basados en la doctrina de un líder no son un capricho de la historia ni se desarrollan en abstracto; son el fruto de una construcción social en un contexto determinado, y muchas veces representan a movimientos que confrontan con el poder en un momento dado, tal cual sucedió con Juan Domingo Perón, Hugo Chávez o Fidel Castro en el siglo veinte, para citar algunos ejemplos de la historia latinoamericana. Por otra parte, es difícil construir liderazgos genuinos desde el aparato del Estado, mucho más si es a la sombra de un líder que encabeza transformaciones profundas, como bien lo sabe Dilma Rousseff, elegida por Lula para sucederlo en Brasil.

Desde ya que es muy fácil y simpático plantear que “hay que” construir liderazgos colectivos: la historia de la humanidad demuestra que eso no es sencillo.

Una vez conocido el resultado Evo Morales dijo que habían perdido una batalla pero no la guerra. Sin lugar a dudas ha sufrido la derrota más importante de su largo mandato por el tinte personal del referéndum, aunque en el pasado demostró tener capacidad para levantarse. Vale la pena recordar que en el año 2002 siendo diputado fue expulsado del Congreso y volvió como presidente poco tiempo después, en enero de 2006.

A Evo Morales le quedan casi cuatro años en la presidencia, tiempo suficiente para revalidar el respaldo popular a su persona y al proyecto que encarna. El tiempo dirá si lo logra.

* Director de Nodal
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EL OTRO DEMONÍACO Por José Pablo Feinmann






















El otro demoníaco


Por José Pablo Feinmann



Las decenas y centenas de despidos fueron calificados como necesarios. El neoliberalismo siempre busca achicar el Estado. Uno puede argumentar: se comprende, el Estado, por ejemplo, de la Alemania de Bismarck y el kaiser Guillermo I, fue en sus inicios liberal pero de inmediato proteccionista. Porque el proteccionismo le sirvió para desarrollar la gran industria. El canciller de hierro –Bismarck– derrota a Francia en la guerra –precisamente llamada– “franco-prusiana” y logra, en 1871, la unidad de Alemania. En Francia estalla la Comuna de París. Y Alemania les devuelve a Thiers y Napoleón III todos los prisioneros que les ha tomado para que ahoguen esa revolución obrera, de la que Nietzsche (que esto no oblitere la necesaria lectura que se le debe al loco de Turín) y Marx dirán cosas muy diferenciadas. El primero, en carta al barón Carl von Gersdorff del 21/06/1871, dirá: “Sobresaliendo por encima de la lucha de las naciones, nos asustó la espantable cabeza de la hidra internacional” (Friedrich Nietzshe, Epistolario, Biblioteca Nueva, Madrid, 1999, p. 95). Marx, en La Guerra Civil en Francia, escribe: “Este ejército (el de Thiers) habría sido ridículamente ineficaz sin la incorporación de los prisioneros de guerra imperiales que Bismarck fue entregando de a plazos (...) para tener al gobierno de Versalles en abyecta dependencia con respecto a Prusia”. A plazos o no, Francia pudo aplastar a los revolucionarios de la Comuna por los prisioneros que Bismarck le devolvió para esa tarea esencial que lo involucraba a él mismo, pues lo nacional unía a la burguesía de los dos países enfrentados y lo internacional (la lucha del proletariado) les producía un escozor intolerable: la visión de un mal que amenazaba a las clases dominantes de todos los países. Así, anota Marx, se produce, ante la Comuna, un hecho sin precedentes: “El ejército vencedor y el vencido confraternizan en la matanza común del proletariado (...) La dominación de clase ya no se puede disfrazar bajo el uniforme nacional: todos los gobiernos nacionales son uno solo contra el proletariado” (Marx escribe este texto entre abril y mayo de 1871). La represión de Thiers, al frente de 45.000 soldados franceses y también alemanes, fue de tal brutalidad, de tal ensañamiento, como jamás la ciudad de París había presenciado. Se calculan treinta mil muertos, cuarenta y cinco mil detenidos que continuaron siendo masacrados en las mazmorras y decenas de miles condenados al destierro o a trabajos forzados. (Vos, Lopérfido, musa: son cifras de Eric Hobsbawm y otros historiadores serios. Además, estas cifras se consolidan con un valor simbólico. Expresan el sadismo de los matarifes. Decir que fueron más o menos, desmerece el valor de cada vida. Por ejemplo: si los nazis mataron cuatro en lugar de seis millones de judíos, ¿qué se busca demostrar? ¿Qué, al fin y al cabo, no eran tan malos?)

Aquí, en nuestro país, se presenta un problema. Si se achica el Estado, si se despide a la gente, se crea la desocupación. La desocupación lleva a la protesta social. Si se la criminaliza hay que reprimir. Y cuidado: la policía “tiene hambre”. Tiene bronca. Le han impedido actuar durante doce años y –para colmo– durante las manifestaciones se la injuriaba con insultos y escupitajos. Ahora quiere tener las manos libres para cobrarse esas (no tan) viejas deudas. Lo mismo sucede con el neoliberalismo en el resto del mundo. En Francia, muy especialmente. Ahora son los sumergidos, los inmigrantes indeseados los que salen a pedir comida, cobijo, un país. Ya no son los jóvenes rebeldes de la pequeña o la alta pequeña. Ya no son los que creaban magníficas consignas. Los que escribían: “Debajo de los adoquines está la playa”. Estos, los de hoy, no creen ser la poesía. Para ellos debajo de los adoquines están los adoquines. No quieren tomar el poder. Quieren afirmar su presencia en una sociedad que los niega. Francia es el espejo en que el occidente capitalista debe mirarse. Es su inevitable futuro. Los monstruosos, los negados, los escondidos salen a la luz. Sus modales no son buenos porque nadie les enseñó modales. Nadie les enseñó nada.

¿Cómo se atreven? ¿Acaso es posible que salgan de sus madrigueras y escupan en el centro o en los arrabales de la ciudad destellante? Los bárbaros se han despertado y actúan como bárbaros. No saben hacerlo de otro modo, y cualquier otro modo, hoy, les parecería sospechoso. Los buenos modales son los de los imperios que los han explotado. Las buenas costumbres. Las buenas vestimentas. La cultura del hombre occidental. Africa y Oriente han vivido humillados por esa cultura. Hoy, en el actualísimo 2016, los matutinos publican en letras catástrofe: “Alarma en Europa por el caos en Francia”. Europa no sólo hace agua, tiene miedo. Los monstruos salieron de las catacumbas.

Caída la bipolaridad, el capitalismo se ha desbocado. Nada lo frena. Entregado a su codicia infinita (y a su infinita torpeza y a, insistamos, su no menos infinita falta de sensibilidad, de humanitas), el capitalismo nuevo milenio concentra la riqueza en manos cada vez más escasas y hunde en la miseria a la mayor parte del planeta. Esto lo saben todos. Lo que hoy ocurre en Francia no es fruto de las malas políticas de asimilación. La asimilación es imposible. Los hambreados, antes de morir, invaden la casa de los amos. Los amos no saben recibirlos, no saben qué hacer con ellos. Europa acabará por encerrarse como los ricos de la Argentina se encierran en sus countries, con custodios armados y armados ellos mismos.

El capitalismo crea exclusión y no puede sino crearla. Si no la creara no sería el capitalismo de mercado. El mundo de las corporaciones es de las corporaciones. Y las corporaciones se devoran todo. Devastan la tierra y abandonan a los hombres al hambre y la exclusión. Europa no puede asimilar porque el capitalismo nuevo milenio impide toda asimilación. Saquea la periferia. ¿Qué hace la periferia, qué hacen sus sobrevivientes? Emigran al Centro para sobrevivir. Aceptan cualquier cosa. La humillación. El racismo. Sólo se trata de subsistir. Hasta que un día (estos días) todo estalla. Se hartan. Dicen: no. Un no que no tiene ideología. No saben cómo superar lo que hay. No sueñan con un mundo mejor. Querrían vivir y trabajar en éste. Pero este mundo (el del capital, el del mercado) no da trabajo, impide vivir. Entonces sólo resta destruirlo. Salen como locos a quemar autos y destruir propiedades. Si un europeo con buenas intenciones saliera a hablar con ellos no lo escucharían. Si yo (que escribo estas líneas en las que intento abrir una hendija de comprensión) me apareciera entre ellos me escupirían. Soy, como todos nosotros, un blanquito de mierda, con trabajo, casa, derechos. La sociedad nos da un lugar. A ellos no. Para ellos, los márgenes. Todo incluido es un enemigo porque ocupa un lugar que podría ser de ellos.

“Alarma en Europa”, se lee. ¿Y no- sotros, y los argentinos de la culta Buenos Aires? Lo que hoy pasa en París sea acaso el espejo del peor de nuestros rostros futuros. Cuando los “zurdos” o los tontos progres como nosotros pedimos equidad social, democratización de la riqueza, distribución del ingreso, no sólo lo hacemos porque somos incurablemente idiotas y amigos de las buenas causas. Francia ha descubierto la cara del Otro demonizado. Siempre se niega lo Otro. Siempre se tapa la alteridad. El lenguaje del lacanismo tiene una expresión para esto. Cuando habla de “forclusión” quiere decir eso. La forclusión es la negación de la alteridad. No queremos ver lo Otro, lo negamos. De ahí, en los sujetos, estalla la psicosis. Bien, el capitalismo es psicótico. Niega lo Otro. Primero lo saqueó, lo explotó. Ahora lo niega. No sabe cómo asimilarlo. No sabe y no puede. Entonces lo demoniza.

La alarma que vive Europa debe hundir sus raíces entre nosotros. ¿Acaso no es Buenos Aires la París de América latina? ¿No fue ese título el que orgullosamente asumió esa oligarquía nuestra que, en lugar de un país, sólo construyó una ciudad? Una ciudad hermosa, como hermosa es París. ¿Cuántos excluidos esperan a las puertas de Buenos Aires? No son los piqueteros. Los piqueteros queman neumáticos y tienen una previsibilidad fatigosa. Son los que habitan el subsuelo de los piqueteros. Los que están en silencio, esperando o no. Los que se mueren de hambre. Los que miran las luces de la gran metrópoli desde las sombras de la alteridad, de la lejanía. No habrá Protocolo que los frene. ¿Cómo habrían de expresar en cinco minutos la interminable tragedia de sus vidas?



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LOS CINCO DESPARECIDOS DE LOS PRAT-GAY Por Alejandra Dandan




› LA FISCALIA DE TUCUMAN INVESTIGA CINCO CASOS EN EL INGENIO DE LA FAMILIA DEL MINISTRO



Los cinco desaparecidos de los Prat-Gay

Desde 1936, los Prat-Gay tiene una industria azucarera de pequeño porte. La historia de la represión arranca en 1966 y culmina con un campamento militar en el ingenio y cinco obreros que siguen desaparecidos.



Por Alejandra Dandan




A mediados de 1936, un grupo de radicales concurrencistas enfrentados a los conservadores fundaron en el departamento Leales de Tucumán la Compañía Azucarera del Norte o Ingenio Leales. El abogado Fernando de Prat-Gay fue el primer presidente del directorio y fue el abuelo de Alfonso de Prat-Gay, hoy ministro de Economía. El Ingenio Leales siempre fue uno de los establecimientos mas chicos de la provincia, pero segundo en cantidad de obreros a mediados de la década del 60, cuando aparece vinculado a los zares del azúcar, con una historia en la que también pueden leerse patrones de acumulación económica y represiva. En diciembre de 1965, Fernando de Prat-Gay integró la Comisión Especial del poderoso Centro Azucarero Argentino (CAA) controlado por los Blaquier, que impulsó el cierre de once ingenios azucareros. Esto ocurrió en 1966 con el golpe de Juan Carlos Onganía y produjo el destierro de 200 mil trabajadores del sector. Para 1976, con el último golpe de Estado, el Ingenio Leales aparece entre las industrias azucareros de Tucumán que aportaron abultadas sumas al Fondo Patriótico Azucarero impulsado por Domingo Antonio Bussi. Para entonces, Jorge de Prat-Gay, padre del ahora ministro, fue designado en el directorio del Banco Nación. Parte de los beneficios del clan familiar de los Prat-Gay durante la dictadura fueron denunciados en 2013 por la Comisión Nacional de Valores, pero el dato menos conocido es una investigación que lleva adelante la Justicia federal tucumana sobre por lo menos cinco secuestros en el Ingenio Leales, entre los que hay obreros de la Fotia, al menos uno desaparecido.

Delegados

“Yo trabajaba para el Ingenio Leales y tuve que ir deambulando de acá para allá durante la dictadura, por miedo a que llegaran a la casa de mis padres, porque a cada rato entraban e hinchaban las pelotas, a mi madre y a mis hermanos. Responsable de esto es el ingeniero Jorge de Prat-Gay, el papá del ministro de Economía hoy por hoy. La oligarquía azucarera de esa época es la oligarquía de todos los tiempos, lo mismo pasaba en todos los ingenios de Tucuman”. J.Q. nació en el departamento de Leales en 1952. A los quince años comenzó a trabajar en el Ingenio Leales con el oficio de carpintero. “Desde muy chico fui trabajador del Ingenio. Trabajé desde el año 1968. Y se puede decir que nací con esa sangre de ser dirigente gremial: me dí cuenta de que llevaba eso en la sangre porque a los cuatro años, el 17 de octubre de 1956 –en pleno paro de la CGT–, tuve que salir corriendo por la persecución de los aviones que bombardeaban los costados de la fábrica y eso para mí fue un despertar tremendo”.

En los ‘70, J.Q. fue delegado de sección en Leales y participó en los Congresos de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (Fotia). En 1975, con el fondo del Operativo Independencia, los grupos de Tareas del Ejército allanaron la casa de sus padres y se llevaron a un hermano porque no lo encontraron a él. A J.Q. lo detuvieron finalmente en el área metropolitana de San Miguel de Tucumán y después de varios centros clandestinos pasó por la Escuelita de Famaillá. La publicación de su nombre en solicitadas de la época que logró difundir la Fotia lograron salvarle la vida y hacer que liberaran dos semanas mas tarde. Pasó la dictadura escondido en Buenos Aires.

J.Q. no es único obrero azucarero víctima de la represión en el Ingenio. Hacia 2008, con la reapertura de los juicios de lesa humanidad en todo el país, Hugo Santillán se sentó frente a una hoja de papel a dibujar un mapa de la provincia. Hugo es un ex dirigente azucarero, delegado de Fotia, tornero en el Ingenio Bella Vista pegado a Leales. Tiene la piel curtida, las manos grandes, el pelo blanco, lleva una enorme cruz de madera bajo la camisa y cuando se presenta dice que es seguidor como perro de sulky. Además, y muy importante para esta historia, es hermano de Atilio Santillán, uno de los símbolos de la lucha obrera entre los trabajadores del azúcar. Atilio fue secretario general de Fotia primero entre 1965 y 1968 y después de 1973 al 22 de marzo de 1976, cuando fue asesinado en Buenos Aires. Frente a ese mapa dibujado con los puntos de la provincia, Hugo se dio cuenta en 2008 que tenía una tarea pendiente. Recorrió cada pueblo de la provincia, ingenio por ingenio, para buscar los nombres de obreros del azúcar víctimas de la dictadura. Su lista original contenía aproximadamente 60 nombres, que hoy pasaron de cien. La lista está en el origen de la primera investigación que se abrió en la Justicia federal por la represión en los ingenios y es una fuente clave para el mundo de las ciencias sociales.

“En los años 70 se reúnen los industriales azucareros, van a ver a Bussi y le ofrecen una donación”, dice Santillán. “Hacen un aporte de bolsillo de 4.640.000 dólares, de los cuales el padre del actual ministro de Economía pone 240.000. La plata no la pusieron ellos en realidad, nos la descontaron a los trabajadores mediante una resolución de Bussi que fue el autor de la Ley del Fondo Patriótico. Para nosotros, ese fue el pago (de los industriales) por el trabajo de sangre que llevó adelante Antonio Domingo Bussi”.

La Fotia

Según el informe Responsabilidad Empresarial en delitos de lesa humanidad publicado el año pasado por Flacso, el CELS, el Programa Verdad y Justicia y la secretaria de Derechos Humanos del ministerio de Justicia, los obreros del interior de la provincia fueron el universo más numeroso entre las víctimas de la represión tucumana. De las “269 víctimas judicializadas en la causa por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Operativo Independencia –señala–, alrededor del 42 por ciento fueron obreros y jornaleros del interior de la provincia y sus familiares directos, quince por ciento fueron dirigentes sindicales y gremiales, ocho eran comerciantes y personas de oficio del interior de la provincia, otro 8 por ciento eran empleados públicos, cinco por ciento eran profesionales independientes, el cuatro por ciento eran estudiantes universitarios, el dos por ciento militantes de partidos políticos de izquierda y solo el 7 por ciento acreditaba alguna vinculación con el ERP/PRT o con Montoneros”.

Silvia Nassif, doctora en Historia, becaria del Conicet y tucumana, señala que “no puede entenderse a qué vino el golpe de Estado con el prólogo del Operativo Independencia en febrero de 1975, si no se entiende el lugar político y sindical que ocupaba a la Fotia”. Hasta el día de hoy, señala, “la actividad más importante en Tucumán sigue siendo el azúcar y el Operativo Independencia implicó la desarticulación de ese movimiento obrero que era pujante. Hoy todavía no tenemos clara la cantidad exacta de obreros del azúcar desaparecidos. Y no es casual que sean de los sindicatos más importantes”. La Fotia tenía sindicatos de base con comisiones directivas y cuerpos de delegados. Dentro de la organización estaban los obreros de fábrica y de surco. También tenía un congreso de delegados seccionales que reunía a delegados de cada ingenio. En Tucumán, la Fotia asumió el lugar de lucha por el regreso de Perón aunque en la Federación se manifestaron también otras corrientes de la izquierda. “Para los años 60, superaba los cien mil afiliados. En 1966 llegaron a participar 600 delegados en un Congreso para discutir no sólo reivindicaciones obreras gremiales sino la política. Por eso, hay que entenderla no sólo como fuerza gremial sino política. De hecho, en el año 1973 Tucumán tuvo dos listas del PJ: una era el Frente Unico del Pueblo, encabezada por los obreros azucareros que habían luchado en las revueltas”.

Hugo Santillán señala algo parecido: “La Fotia era el segundo poder en la provincia”.

–¿Quién era el primero?

–El gobierno.

La grasa militante

Para 1966, como recuerda el Informe de Responsabilidad empresaria, Tucumán “realizó uno de los primeros ensayos de reestructuración y concentración del capital, diez años antes del golpe de Estado de 1976”. El rol del Centro Azucarero Argentino en el cierre de los Ingenios hace que Hugo Santillán hable de dos genocidios: “En Tucumán hubo dos genocidios. Uno social, en 1966 con el perjuicio de 200 mil personas que tuvieron que salir a emigrar. Y el otro genocidio de 1976, que ya es físico y humano con consecuencias sociales también porque se echan a miles de personas a la calle”.

De ese período previo son los datos ahora mas nombrados en las causas judiciales de lesa humanidad. Entre ellos, la instalación del destacamento de Gendarmería en Ledesma, que aparece para detener el avance de la organización obrera a la que los industriales veían como el fantasma comunista. El historiador Roberto Pucci es quien instala a los Prat-Gay en esa época en su libro Historia de la destrucción de una provincia. Pucci es uno de los hombres más citados en las causas del norte y revela la negociación por el cierre de los ingenios. “Un sector de los propietarios de ingenios tucumanos, apostando a que la destrucción forzada de los ingenios y la eliminación de los pequeños productores cañeros, favorecía la concentración del poder económico en sus manos, se aliaron a ese plan pese a que en el corto plazo condenaba a toda la provincia a la agonía. En diciembre de 1965, una comisión especial de la CAA, corporación que se encontraba bajo el férreo control de Blaquier-Arrieta, elevó al PEN un plan para el cierre de doce ingenios azucareros y la redistribución provincial de los cupos de producción. Aquella comisión especial de la CAA estuvo integrada por Carlos Pedro Blaquier del ingenio Ledesma y por Alfonso Nogues, Fernando de Prat-Gay (h) y Juan José Sortheix pertenecientes al grupo de industriales tucumanos encabezado por la familia Paz del ingenio Concepción, comprometido en el proyecto de reorganización y monopolización del ázucar”.

Para 1966, el Ingenio Leales tenía una producción de azúcar chica comparada al resto de los ingenios. Desde ese punto de vista se lo considera como uno de los mas chicos de la provincia. Los obreros del ingenio estaban organizados en el Sindicato Azucarero de Leales y pertenecían a Fotia. “Toda la dictadura de Onganía-Levingston-Lanusse estuvo atravesada para los azucareros por la lucha de la reapertura de los ingenios cerrados y para evitar el desplazamiento de mano de obra, ya que sólo en la agro-industria azucarera en esos años se pierden aproximadamente 50.000 puestos de trabajo”, cuenta Nassif.

“El Ingenio es el más chiquito de la provincia”, dice ahora Santillán. “Yo lo que nunca entendí es por qué había quedado en pie en 1966 y no lo pusieron en la lista para cerrarlo, porque cerraron fábricas de primer nivel. Ahora, cuando después del 76 Jorge de Prat-Gay fue designado presidente del Banco Nación, me dí cuenta de cuál era la cuestión”.

Leales

Para 1976, el directorio de la Compañía Azucarera del Norte tenía cinco Prat-Gay: Fernando (presidente), Máximo (vice), Jorge (director delegado), Gastón y Amelia (directores, sin funciones ejecutivas a cargo). A los ojos de los obreros, Jorge de Prat-Gay aparecía como el dueño. De acuerdo al decreto Ley N 4.536 del 26 de agosto de 1976, la Compañía Azucarera del Norte aportó al Fondo Patriótico Azucarero quince mil por cada persona en relación de dependencia afectada a la planta fabril y escritorios, y cien peos por tonelada de caña molida propia desde el 1 de Julio.

Como sucedió en otros Ingenios tucumanos, la Compañía Azucarera del Norte tuvo un campamento militar durante la dictadura, según explica Santillán. “Cuando fue el golpe de Estado –dice– pusieron al Ejército en todos los ingenios de Tucumán. Instalaban una carpa grande y en chalets del Ingenio quedaban los oficiales”. Eso sucedió por ejemplo en el chalet del Ingenio Bella Vista, hoy considerado centro de detención ilegal. Y sucedió en Santa Lucia. En Leales, Santillán sólo menciona el campamento. Según otro de sus datos, la administración del Ingenio estuvo en manos de un capitán de navío de apellido Becerra.

Ambos datos –hay que decirlo– no son extraños. Situaciones similares se vivieron en Ledesma, en la Ford o en la empresa Veloz del Norte para citar ejemplos conocidos. Estos son, de hecho, alguno de los patrones que encontró el grupo de trabajo del Informe de Responsabilidad empresaria durante las investigaciones sobre doscientas empresas.

Entre los obreros de Leales víctimas de la dictadura, Santillán anotó en su primera lista el nombre de Pedro Benicio Silva. Silva era un obrero temporario de surco del Ingenio Leales, dirigente gremial de la Fotia y candidato a secretario general del Sindicato Azucarero de Leales en las elecciones de 1975. A Silva lo secuestraron tres veces. La primera vez fue una semana antes de las elecciones de 1975. Luego de “pegarle salvajemente”, explica Santillán, lo dejaron tirado a un costado de la ruta 38. Hubo un segundo secuestro y luego un tercero: el 17 de noviembre de 1976 lo desaparecieron definitivamente desde Buenos Aires.

Otro de los nombres conocidos es Jesús “Chicho” Ortega, un soldador del taller mecánico del Ingenio Leales que fue secretario general del Sindicato del Ingenio Leales con cargo de tesorero de la Fotia en 1973. El 24 de marzo de 1976, la Fotia fue intervenida. “A Chicho se lo llevaron después de que terminaron de ver los papeles de la Tesorería –dice Santillán– él había perdido la elección de 1975, pero mi hermano intervino ante las nuevas autoridades para que lo dejaran seguir ejerciendo”. Ortega estuvo en el circuito de cárceles y hoy es sobreviviente de ese segundo genocidio.

La fiscalía federal de Tucumán a cargo de Pablo Camuña investiga a cinco desaparecidos del Ingenio Leales.



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UNA FOTO EXPRESS

El Papa recibió a Macri en la reunión más corta con un jefe de Estado, con la única excepción de la reina de Inglaterra: sólo 22 minutos. El encuentro se desarrolló en un tono protocolar, casi sin sonrisas. Francisco le aclaró al Presidente que no visitará este año la Argentina.



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EL LENGUAJE DE LOS GESTOS Por Washington Uranga




› OPINIÓN

El lenguaje de los gestos



Por Washington Uranga



A Francisco se lo ha denominado “el Papa de los gestos”. No porque sus palabras carezcan de peso o no tengan profundidad. Todo lo contrario. Desde que asumió el pontificado Jorge Bergoglio ha sido cada vez más claro en sus manifestaciones, tanto sobre los asuntos estrictamente eclesiales como cuando decide hablar sobre la realidad social, especialmente sobre los pobres y excluidos, o sobre su preocupación por la paz en el mundo, las migraciones o los temas de medio ambiente. Pero es imposible comprender a Francisco papa sin leer también el mensaje de sus gestos cargados siempre de significados.

No es válido periodísticamente y tampoco sería justo con los protagonistas hacer una lectura libre –alguno podría decir también tendenciosa o antojadiza– de lo ocurrido en la mañana del sábado en el Palacio Apostólico del Vaticano cuando el Papa recibió al presidente Mauricio Macri. Sin embargo, teniendo esta limitación a la vista y a la luz de los antecedentes inmediatos, pueden aventurarse algunas interpretaciones.

La canciller Susana Malcorra había adelantado el carácter “protocolar” de la relación entre Francisco y Macri, dejando de lado todo aquello que no se inscriba en la formalidad de la relación institucional entre los jefes de Estado del Vaticano y de la Argentina. Al acoger a Macri, el papa Bergoglio decidió ajustarse a esa misma regla de juego. El Presidente recibió el mismo trato protocolar que se le dispensa a cualquier Jefe de Estado, casi no hubo sonrisas, la duración del encuentro estuvo dentro de los límites formales y el Papa no invitó a Macri a “su casa” (Santa Marta) sino que le dio una audiencia en “la oficina” (el Palacio Apostólico). Todo lo contrario de lo que ocurrió en su momento con Cristina Fernández en las dos veces que estuvo en Roma, ocasiones en las que las entrevistas se extendieron, no faltó la cordialidad, hubo sonrisas y hasta bromas entre ambos interlocutores. Y el Papa recibió a Cristina en su casa.

Bergoglio sigue de cerca la realidad argentina. No hará manifestaciones públicas por dos motivos: su condición de jefe de Estado del Vaticano y su decisión de no interferir en la realidad política y social argentina. Pero no deja de preocuparse por la situación que se vive en su país. Lo conversa con las personas de mayor confianza, particularmente con los argentinos que lo visitan. Y habla por los gestos, como el envío del rosario bendecido a Milagro Sala.

El Gobierno lee la situación de manera similar. Sabe que no hay sintonía con la mirada política del Papa, ni en lo nacional ni en lo internacional. Designó a Rogelio Pfirter, un diplomático de carrera, en la embajada en la Santa Sede. Todo dentro de la formalidad institucional. Pero Macri necesitaba, como Presidente, una foto con el papa. Bergoglio no podía negarla, como tampoco lo hace con ninguno de los jefes de Estado con los que el Vaticano mantiene relaciones. La foto llegó. Pero Francisco no abandonó en ningún momento el gesto adusto aunque sin dejar de lado la ceremonial gentileza. Los medios y los periodistas cercanos al Gobierno son los primeros en reconocerlo.

“Hablamos de la gran preocupación por unir a los argentinos, de dejar atrás los rencores, de la importancia de que los argentinos depongamos posiciones extremas, y también del narcotráfico y el daño que le ha hecho a la Argentina”, relató el Presidente tras el encuentro tratando de llevar agua para su molino. “Durante el transcurso de los cordiales coloquios, que manifiestan el buen estado de las relaciones bilaterales entre la Santa Sede y la República Argentina, han sido abordados temas de mutuo interés, tales como la ayuda al desarrollo integral, el respeto a los derechos humanos, la lucha a la pobreza y al narcotráfico, la justicia, la paz y la reconciliación social”, se puede leer en el comunicado de la Santa Sede tras el encuentro.

Con el correr de los días seguramente trascenderán algunos detalles del diálogo privado. Pero es evidente que la sintonía entre Roma y Buenos Aires pasa hoy por la formalidad que, en términos diplomáticos, se define como “institucionalidad”. La circunstancia de que el Papa sea Francisco, un argentino, permite ver con más claridad la diferencia de perspectivas existentes. Francisco es un hombre que predica la misericordia y la práctica. Está abierto al diálogo, pero no abandona sus convicciones y no oculta su molestia cuando entiende que los pobres y los excluidos pueden resultar perjudicados. Y no tiene rencor pero sí memoria para recordar cuando no se lo atiende o se lo trata con poca consideración como ha hecho el macrismo en varias ocasiones. No habrá que esperar nunca manifestaciones altisonantes que perjudiquen la relación con el Gobierno. Pero será necesario seguir leyendo los gestos e interpretarlos. Ayer, en Roma, Bergoglio le confirmó a Macri que por el momento no tiene previsto visitar a la Argentina.




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viernes, 26 de febrero de 2016

DOMICILIARIA A PEDRAZA: EL PRIVILEGIO DE LOS PODEROSOS Por Pablo Ferreyra


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Domiciliaria a Pedraza: el privilegio de los poderosos

El Legislador Porteño por el FpV, Pablo Ferreyra, emitió un comunicado donde analiza el beneficio que recibió quien fuera condenado a 15 años por ser partícipe necesario en el asesinato del militante Mariano Ferreyra.



Por Pablo Ferreyra



Siempre abogamos por el respeto a los derechos humanos de quienes se encuentran privados de su libertad. Más allá de la impotencia que nos da la prisión domiciliaria a José Pedraza, esto nos vuelve a interrogar por la situación de todos aquellos que pueblan las cárceles argentinas, que sufren los más variados atropellos y vulneraciones. En ese contexto la de Pedraza es una situación privilegiada, como lo fue su reclusión en Ezeiza, que debería ser norma en el sistema penitenciario.

El objeto del otorgamiento del cumplimiento de la pena en detención domiciliaria es el de evitar el encierro carcelario de los colectivos más vulnerables y de aquellos grupos que merecen una especial protección, como son las mujeres embarazadas o con hijos menores a cargo y las personas mayores, enfermas o con alguna discapacidad.
Sin embargo, esto no se cumple. Un ejemplo paradigmático de la desigualdad en el otorgamiento del arresto domiciliario es el de los militares condenados por la comisión de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar. En la actualidad, según un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de septiembre de 2015, hay 1065 imputados por esas causas, de los que 587 cumplen con detención en unidades del servicio penitenciario y 441 la cumplen con arresto domiciliario (más de un 40% del total).

En contraposición, existen poquísimos casos en los que se otorga por cuestiones de salud. Son múltiples los cuestionamientos sobre la responsabilidad de los jueces cuando se denegó la detención domiciliaria a personas que estando en una delicada situación de enfermedad como para solicitarla, fallecieron en la cárcel.

Son conocidas las condiciones de hacinamiento y la falta de acceso a la salud de la cual son víctimas la gran mayoría de los detenidos. Existen derechos que son inherentes a las todas las personas y no privilegios de quienes puedan pagarlos. Es por esto que el Estado tiene la obligación y el deber de garantizarlos sin discriminación alguna.

El de la detención domiciliaria es un tema sobre el que quedan muchísimos avances legislativos por realizar pero, en especial, queda mucho trabajo por hacer en la aplicación de la legislación que ya está vigente, para que la misma se aplique de un modo democrático y deje de estigmatizar a la población carcelaria "no privilegiada".

Las falencias del Poder Judicial se exhiben una vez más en el caso de Pedraza, demostrando que los poderosos terminan siempre disfrutando de privilegios. Desde mi cargo de Legislador de la Ciudad, veo como permanentemente se les niega la prisión domiciliaria a detenidos que observan los mismos derechos que quien fuera condenado a 15 años por ser partícipe necesario en el asesinato de Mariano.

No podemos dejar de mencionar que este privilegio se le brinda a Pedraza a menos de 100 días del acceso al poder de la Alianza Cambiemos, que ha dejado múltiples constancias de sus buenas migas con los aliados gremiales del ex dirigente ferroviario. Como tampoco la “prisión” en Puerto Madero donde será alojado. Si la Justicia no es igual para todos, no es más que una expresión de los poderes fácticos de una sociedad, y de la impunidad que se brindan. 



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POR CARLOS FUENTEALBA Y MARIANO FERREYRA DECIMOS NO A LA IMPUNIDAD Por Raúl Godoy









Viernes 26 de febrero de 2016 |

OPINIÓN

Por Carlos Fuentealba y Mariano Ferreyra decimos NO a la impunidad


Pedraza fue beneficiado con prisión domiciliaria y sobreseyeron a 15 imputados por el fusilamiento del docente neuquino. En la Legislatura neuquina resonaron los nombres de Ferreyra y Fuentealba.








Este jueves 25 de febrero fue un día de dos golpes duros contra los derechos de los trabajadores. Casi en paralelo la "justicia" de Buenos Aires y los tribunales neuquinos resolvían el beneficio de prisión domiciliaria para José Pedraza, autor intelectual del asesinato de Mariano Ferreyra y el “cierre” de la causa “Fuentealba II” y sobreseimiento de 15 imputados por el fusilamiento público del compañero Carlos Fuentealba, entre ellos los jefes policiales que hicieron efectiva la represión. El cierre de la causa Fuentealba II se suma a la impunidad de la que ya gozaba Jorge Sobisch, el entonces gobernador de Neuquén que dio la orden de represión aquel 4 de abril del 2007 que terminó con la vida de Carlos.

Dos resoluciones indignantes que muestran crudamente qué intereses defiende y a quienes ampara esta "justicia para ricos".

En el caso de Pedraza, condenado a 15 años de prisión por ser responsable del asesinato del compañero del Partido Obrero, y organizador de la patota que atacó a todo un grupo de compañeros el 20 de octubre de 2010, volvería de esta manera a alguna de sus lujosas propiedades de Puerto Madero, bajo el argumento de padecer alguna enfermedad, y haber cumplido 70 años. Este burócrata sindical peronista cuyo sindicato integraba las huestes del gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que "movilizaba" el gremio para los actos políticos oficialistas, también tiene en su haber la explotación de trabajadores tercerizados para empresas de su propiedad. Prisión domiciliaria en Puerto Madero, ¡una verdadera provocación!

En el caso del asesinato del maestro Carlos Fuentealba, la jueza Carina Álvarez ordenó el sobreseimiento de los 15 policías imputados, todos responsables y autores intelectuales de semejante ataque. Se intenta cerrar de una vez por todas, con la exigencia de lograr la imputación del ex gobernador Jorge Sobisch, responsable de haber dado la orden de represión a los docentes que reclamaban, ese 4 de abril de 2007. Carlos fue fusilado por la espalda a escasos metros con una escopeta lanzagranadas luego de kilómetros de represión sobre la ruta. El propio Sobisch declaró a la prensa “yo di la orden, y me hago responsable”, declaración que luego intentó lavar cuando fue citado a declarar en causa “Fuentealba I” y con las miles de chicanas judiciales para lograr la prescripción.

Hoy en consonancia y a tono con el discurso oficial, que intenta demonizar la protesta y amenaza con represión a través de su ilegal e ilegítimo protocolo, la "justicia" desata la indignación con dos resoluciones escandalosas, que son un ataque para todos los trabajadores.

La jornada nacional de lucha que incluyó el paro nacional convocado por ATE a nivel nacional y tomada en sus manos por miles de trabajadores y organizaciones obreras entre las que nos contamos en primera fila las organizaciones de izquierda, son una clara muestra de la voluntad de lucha de los trabajadores para enfrentar al gobierno nacional de Macri y a los gobernadores, sean del signo que sean. Este será el camino para luchar por la perpetua a Pedraza en cárcel común y por la cárcel para Sobisch.

La única "herencia" de la que no se queja el macrismo, es justamente la de la impunidad de miles de casos de gatillo fácil, de más 4000 procesados por luchar, y de las condenas que han recibido luchadores obreros y populares estos años, que contrasta con la liviandad demostrada frente a los crímenes y corrupción del poder político.

Ayer, fue la primera sesión del año de la Legislatura Neuquina, la sesión de “preparación” donde se votaban las autoridades de la Cámara. Hubo un acuerdo explícito entre el MPN y el FpV para repartirse la presidencia y la vicepresidencia respectivamente ante el silencio cómplice de todos los demás “bloques”. Desde nuestra banca del PTS/Frente de Izquierda, fuimos los únicos que denunciamos este acuerdo que rememora el acuerdo bochornoso de entrega a Chevron de nuestros recursos naturales avasallando nuestros derechos y los del pueblo Mapuche en un acuerdo entreguista. Denunciamos públicamente en la sesión este manto de impunidad en ambas causas. Ayer en la Legislatura neuquina resonaron los nombres de Mariano Ferreyra y Carlos Fuentealba presentes en cada una de nuestras luchas, en el recinto y en las calles donde libramos nuestras batallas.







Temas relacionados:

Sobisch / José Pedraza / Mariano Ferreyra /Impunidad / Carlos Fuentealba / Libertades Democráticas



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