sábado, 31 de diciembre de 2016

EL AÑO QUE VIVIREMOS EN PELIGRO Por Raúl Dellatorre



 “Si el nuevo ministro ya nos habla en contra del empleo público es que estamos en un problema; hay un gobierno, pero también un establishment, que son las empresas concentradas, los grandes medios, que creen en el camino del ajuste como salida. Yo creo que el interior está viviendo la plenitud de una crisis que en los centros urbanos, como la Capital Federal, todavía no se ve, pero que por este camino les va a llegar en pocos meses más”. 






PANORAMA ECONÓMICO

El año que viviremos en peligro







Estimado lector: sabemos que es 31 y estará pensando más en la cena de esta noche y recordando algo que le faltó comprar, que en la reflexión que aquí le vamos a proponer. Pero si logro captar su atención por un momento piense lo siguiente: seamos justos, a Alfonso Prat Gay habrá que reconocerle que efectivamente tenía un costado progresista que tan difícil era de advertir. Ese flanco “progre” está dado porque, al “dar un paso al costado”, le dejó al gobierno de Mauricio Macri una bomba muy difícil de desactivar. Pero antes de que salga corriendo a confundirse en un abrazo con Prat Gay, como el que se diera este último con su ahora medio sucesor Luis Caputo, cuando juntos festejaron en Nueva York la victoria de Paul Singer contra Argentina (va la foto para recordarlo), deje que le explique en qué consiste ese terreno resbaladizo y en pendiente por el que deberá transitar el gobierno durante este complejo 2017.

¿En qué condiciones dejó la economía Prat Gay y cómo sigue el gobierno a partir de ahora? La fotografía del momento admite distintas miradas, según desde dónde se pare el observador y en qué aspectos haga foco. Una mirada posible es la siguiente. Un año completo de gestión que arrancó con una fuerte devaluación, levantamiento de regulaciones en el mercado cambiario y en el comercio exterior, eliminación de retenciones y facilidades al libre movimiento de los capitales, sobre todo de salida. Bajo esas condiciones, se prometió una rápida reactivación de la economía, un aluvión de inversiones externas (¿alguien recuerda la promesa de los veinte mil millones de dólares que estaban comprometidos a ingresar “apenas se levantara el cepo”, que repetían Macri y Prat Gay?) y un mercado ávido por productos argentinos que, por fin, iban a poder a salir a ofrecerse al mundo, ese mundo del que Argentina se había alejado. El año de gestión terminó, en cambio, con un deterioro alarmante del mercado interno por caída del poder adquisitivo de la población (con fuerte traslado a precios de la megacorrección cambiaria), un déficit brutal del 6,8 por ciento del producto bruto (contabilizando también el pago de intereses, que el gobierno maquilla hablando de “déficit primario” con lo que baja en un par de puntos el desequilibrio), caída del PBI cercana al tres por ciento con la casi plenitud de ramas industriales en baja (sólo quedan con números a favor los derivados del complejo cerealero y oleaginoso: molienda, aceites y biocombustibles), desempleo en alza, cierre de empresas, suspensiones masivas de actividad durante el verano, retroceso de la inversión y una geométrica suba del endeudamiento externo. 

Prat Gay pagó con su salida el costo de los platos rotos, de los que en realidad no es el único responsable. Pero si esas son las condiciones en que quedó la economía a su salida, ahora hay que ver cuál es la respuesta, la reacción del gobierno ante ese cuadro. La designación de Nicolás Dujovne en Hacienda y Luis Caputo en Finanzas, ex JP Morgan y hombre de absoluta confianza de Prat Gay, da una señal al respecto, así como las primeras palabras en funciones que pronunció el primero. El recién llegado definió la reducción del déficit fiscal como su objetivo inmediato, pero también planteó metas de reformas estructurales, tanto en términos impositivos (una reforma que haga menos pesada la carga tributaria) como en el esquema de gastos e ingresos de las provincias (que las hagan menos demandantes de los recursos del Estado nacional). 

La reacción que provocaron estos nombramientos en el frente industrial no es buena. Ven un gobierno preocupado por bajar el déficit fiscal antes que por la recuperación del empleo y la producción. Según algunos voceros industriales, “estos funcionarios no entienden a la industria”. Para otros, como Guillermo Moretti, “es un problema ideológico, estamos frente a un neoliberalismo que no se ha aggiornado, no ve ni entiende el mundo que lo rodea, que ya no crece en función del comercio exterior sino cuidando su mercado interno, y en cambio aquí se pone el eje en lo fiscal y en lo financiero y se deja en segundo plano la producción y el empleo”. 

La palabra de Moretti, titular de la Federación Industrial de Santa Fe, es una de las más interesantes para escuchar dentro del espectro empresario que participa de la conducción de la UIA. Fue de los primeros en advertir sobre las graves consecuencias que tendría la apertura importadora de bienes manufacturados, y ayer fue una de las primeras reacciones que el autor de esta nota pudo recoger tras la primera intervención pública de Dujovne ya como ministro designado. “Si el nuevo ministro ya nos habla en contra del empleo público es que estamos en un problema; hay un gobierno, pero también un establishment, que son las empresas concentradas, los grandes medios, que creen en el camino del ajuste como salida. Yo creo que el interior está viviendo la plenitud de una crisis que en los centros urbanos, como la Capital Federal, todavía no se ve, pero que por este camino les va a llegar en pocos meses más”. 

En pocos meses más, el país estará transitando la previa a las elecciones de medio término, programadas para octubre de este 2017. Seguramente la preocupación por no llegar a esas instancias en medio de una crisis económica haya apurado la salida de Prat Gay, cuando ya era palpable que su última promesa, la de los brotes verdes del segundo semestre, pasaba a ser una más de sus fallidas performances de profeta. Mauricio Macri, y quienes lo aconsejan, no creen que el problema sea el modelo, sino el desacople entre sus partes. Saben, porque ya han recibido señales desde el exterior, que una economía que entró en recesión masivamente, con desempleo y descontento social creciente, y desequilibrios en su balanza de pagos (más salida que entrada de dólares, aun con un resultado exitoso en el blanqueo, pero “por única vez”), y que ya durante 2016 se endeudó con el exterior en 45 mil millones de dólares, no es una plaza confiable. Máxime cuando los vientos en la plaza financiera internacional soplan en contra de las economías emergentes. Macri y los suyos creen que, una vez más, hay que dar “señales de confianza a los mercados”. Y esta señal, intuyen, es mostrar que son capaces de bajar el déficit. 

Esta es la economía que deja Prat Gay cuando da su “paso al costado”. Una economía en crisis, fuertemente endeudada, y que en ocho meses dilapidó la “confianza” que había logrado devaluando, retirando controles de los mercados y firmándole un cheque en blanco a los buitres para que el juez Griesa le pusiera la cifra. El camino que le deja al gobierno, a partir de aquí, es resbaladizo y en pendiente porque ya casi no queda tiempo. Con las elecciones tan cercanas en el horizonte, ¿de qué forma se logra achicar el déficit sin pagar un enorme costo político por las consecuencias sociales que provoque?. Dujovne ya dejó entrever cuál es su repuesta: no es aumentar impuestos, al contrario. Por lo tanto, el ajuste va a venir por el lado de reducción del gasto y de las transferencias, tanto a provincias como a sectores sociales que reciben subsidios. 

Dujovne y Caputo serán los brazos de un mismo cuerpo, encargado de obtener los recursos para que este modelo neoliberal siga funcionando. Es decir, pueda seguir recibiendo crédito del exterior mientras no salga de la crisis interna. Las propias fuentes oficiales hablan de una necesidad de financiamiento de 60 mil millones de dólares del exterior para 2017. Los que tienen algún acceso a los mercados financieros globales aseguran que, en las actuales condiciones, Argentina no podrá repetir ni siquiera el financiamiento de 45 mil millones que obtuvo en el año que culmina, incluso pagando mayor tasa. El gobierno cree tener la llave: si baja el déficit, se le abrirán las puertas del crédito otra vez en forma irrestricta. Pero, ¿a qué costo social y político? Este ya no es un problema de Alfonso Prat Gay. Es, apenas, la pesada herencia que le dejó al gobierno al partir.




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¿CÓMO ES LA PRISIÓN VIP PARA REPRESORES EN CAMPO DE MAYO?


Ministerio Público Fiscal


¿Cómo es la prisión vip para represores en Campo de Mayo?




Fiscales de delitos de lesa humanidad recorrieron la nueva cárcel, donde ya alojaron más de 50 condenados e imputados por crímenes de la última dictadura. “No están dadas las condiciones jurídicas ni de seguridad para que haya internos militares”, aseguraron.




Campo de Mayo
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Ángeles Ramos
Jorge Auat
Alejandro Alagia
Carolina Varsky






Con el argumento de una saturación de las cárceles por la nueva ley de Flagrancia, desde hace un mes el gobierno nacional comenzó a enviar al predio de Campo de Mayo a represores condenados y a imputados por crímenes de lesa humanidad.

Así, a fines de diciembre llegó a tener a 54 represores detenidos en la reabierta Unidad 34 de la guarnición militar, donde funcionaros centros de detención y una maternidad clandestina en la última dictadura.

A partir del reclamo de fiscales, como los casos de Pablo Parenti, titular de la Unidad especializada en apropiaciones, y Ángeles Ramos, de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos, se lograron revertir al menos 4 detenciones: como la del ex capitán Víctor Alejandro Gallo, condenado por la apropiación de Francisco Madariaga Quintela, quien justamente nació en la maternidad clandestina de Campo de Mayo; también fueron revocados los traslados de Luis José Ricciuti y Salvador Giribone, ambos condenados por apropiación.


“No están dadas las condiciones jurídicas ni de seguridad para que haya internos militares en ese penal”, aseguró en diálogo con Tiempo la fiscal Ramos, quien participó de un recorrido por la cárcel junto a los fiscales generales Jorge Auat y Alejandro Alagia, y la coordinadora de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Carolina Varsky.

“Es una cárcel exclusiva porque sólo aloja a un sector militar y nosotros objetamos esa exclusividad, porque deben cumplir pena en cárcel común según lo señala la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas”, indicó.

A esa exclusividad, se le suman las condiciones de detención “preferenciales”: tienen aire acondicionado y permanecen en habitaciones y no en celdas. Los fiscales no lograron acceder a las ‘habitaciones’ ante la negativa de los represores.

Sin embargo, la fiscal señala que “no es un lugar adecuado para alojar personas mayores de 70 años”.

La seguridad del predio es otra cuestión. “Es más relajada la seguridad, está muy disminuida. Hay un perímetro de alambre, no hay cámaras y hay poco personal de custodia para la cantidad de internos”,

A la poca cantidad de miembros del Servicio Penitenciario se suma la intervención permanente del Ejército, en cuyo predio funciona el penal.

“La intervención del Ejército en el Servicio Penitenciario es permanente. Entran y salen, la ambulancia la prestó el Ejército, los llevan a tratarse al Hospital Militar de Campo de Mayo y la alimentación la prevé el Ministerio de Defensa, cuando lo debería cubrir el Servicio Penitenciario”, explicó la funcionaria.

Otro cuestionamiento es a la legalidad de la prisión. “Este lugar operó como centro clandestino y eso es gravísimo desde lo institucional. Pero jurídicamente tampoco están dadas las condiciones: los argumentos del Ministerio de Justicia en relación a los cupos por la ley de Flagrancia no son suficientes para habilitar de manera tan improvisada y para habilitar una cárcel para los peores crímenes que se pueden cometer”, manifestó.



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MUCHO POR BRINDAR Editorial de la Cooperativa Por Más Tiempo.






Mucho para brindar



Editorial de la Cooperativa Por Más Tiempo.


Cooperativa Por Más Tiempo

Por Más Tiempo Año Nuevo




Hace 12 meses brindábamos por la llegada de un nuevo año con la incertidumbre de los primeros síntomas de vaciamiento empresario. No nos habían liquidado el aguinaldo y ya habían anticipado que no había plata para pagar enero. El 31 de diciembre de 2015 la asamblea de trabajadores denunciaba públicamente esta situación a través de un comunicado de su comisión interna.

Nunca más volvimos a cobrar de Balkbrug SA, la sociedad editora del viejo Tiempo Argentino. Llegaron las marchas, los cortes de calle y el festival que desbordó el Parque Centenario. La permanencia en la redacción para preservar las herramientas de trabajo y las ediciones digitales. El 24 de marzo y la constitución de la cooperativa Por Más Tiempo. El primer diario autogestionado y las ediciones agotadas. Las notas que golpearon la agenda y el desprecio de los funcionarios públicos que decían haber terminado “la guerra contra el periodismo”. Los primeros lectores que se hicieron socios del proyecto y la web.

El ataque de la patota y la recuperación de la redacción. La causa judicial en la que nos querían desalojar; la que se inició cuando nos golpearon e intentaron impedir que Tiempo sig en la calle; la que investiga el comportamiento de la Policía Federal aquella noche; el pedido de quiebra de Balkbrug y la denuncia penal a los responsables del desfalco del Grupo 23. El acuerdo de Tiempo con la UNESCO y el Consorcio de Periodismo Autogestivo con las universidades públicas nacionales. La edición especial de Fidel, la memorable portada de Milagro Sala y el reconocimiento profesional. La fiesta de fin de año y la mudanza.

En diciembre pasado éramos apenas periodistas que trabajaban en un medio privado. Hoy somos también contadores, administradores, publicistas, abogados, responsables de Recursos Humanos, coordinadores de suscripciones, organizadores de eventos, parrilleros y personal de seguridad, entre otras tantas funciones. Todo eso lo hemos hecho con un enorme nivel de compromiso y organización. Apostando a un proyecto tan difícil como emocionante, a una gesta en la que pocos confiaban, a un sueño que no termina de materializarse porque aún le seguimos dando forma cada día, cada hora, con cada esfuerzo cooperativo.

Contamos para todo eso con una ayuda fundamental: la de un enorme grupo de cooperativas, organizaciones sociales y políticas, medios de comunicación, compañeros de prensa, lectores y amigos. Nos prestaron su experiencia y nos mostraron el camino que habían recorrido. Nos tendieron su mano solidaria y nos dieron la fuerza para dar los primeros pasos. Son tantos que sería imposible mencionarlos a todos, pero nos enorgullecemos hoy de seguir caminando a su lado.

Empezamos con pasos pequeños, pero decididos. Sabíamos lo que queríamos hacer: un diario comercial de publicación semanal que dispute la agenda y defienda los derechos de los sectores populares, que tuviera una versión web para enriquecer el análisis informativo el resto de la semana y que se sostuviera a través del aporte de los socios y lectores. Que fueran muchos de ellos y no un grupo pequeño de empresas o de personas los que hicieran la inversión económica. Sólo así podríamos tener la libertad necesaria para hacer el tipo de periodismo que justifica este sacrificio. Sólo así podríamos crear una comunidad dispuesta a darle una chance a nuestro proyecto.

Para ello fue importante entender este proyecto como algo más que una salida coyuntural. Creímos en nuestras ideas, en nuestra capacidad de aprendizaje y de adaptación, en nuestra unidad y en nuestra forma de dirimir las discusiones. Confiamos en que podíamos llegar a esta edición, la última de 2016, a tener una sede nueva y más ideas para el segundo año autogestionado: el año que debe ser el de la consolidación.

Aprendimos de cooperativismo a medida que lo ejercimos. Nos dimos cuenta de que, como el periodismo, eso también se aprende en la práctica y en la calle. Pero a diferencia de lo que muchos tratan de inculcar sobre el oficio que elegimos, en la economía social sólo se consiguen grandes victorias si se trabaja de manera colectiva. Aprendimos entonces a volcar esa visión a nuestras notas. Aprendimos a hacer mejor periodismo. También nos equivocamos y corregimos. Pusimos aquí nuestras ilusiones y avanzamos. Fijamos nuevas metas y seguimos, con la inercia de lo que está vivo y busca crecer.

El verano nos trae un nuevo desafío: llegar a la Costa. Acompañar a miles de veraneantes en su descanso y alcanzar las manos de tantos otros que nos reclaman una mayor presencia por fuera del Gran Buenos Aires. Asumir un riesgo más para la cooperativa en momentos en los que nadie quiere apostar económicamente. Con la certeza también de que el papel no será el soporte que garantizará a largo plazo la perdurabilidad del emprendimiento. 

Avanzar, nuevamente, sabiendo que todo es parte de aquella estrategia inicial. Una estrategia en la que es imprescindible mantener la calidad del producto, aun en meses como los que se vienen de menor presión informativa. Hacerlo mientras terminamos de poner a punto nuestra flamante redacción, preparamos los talleres que empezaremos a dar el año próximo, cerramos acuerdos comerciales y volvemos a organizar nuestro trabajo de acuerdo a las necesidades de la empresa cooperativa.

Así enumerado parece mucho. Pero en la práctica es apenas un desafío más. Que nos ilusiona y nos vuelve a poner la mira en el futuro. Porque hacia allí va Tiempo, tratando de hacer cosas en el presente para que lo que viene sea mejor. Y creemos en que así será porque lo transcurrido nos da fuerza. Porque cada vez son más los que nos leen y los que se asocian a este proyecto confiando en que vale la pena financiar periodismo de calidad.

Son ustedes, los que leen estas líneas, los que nos llenan la copa este 31 de diciembre. Y brindaremos con muchas más certezas que hace un año. Con mucho más orgullo y felicidad. Por ustedes, y Por Más Tiempo. Gracias. 



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viernes, 30 de diciembre de 2016

UN AJUSTE DE FIN DE AÑO EN EDUCACIÓN Por Laura Vales


Los trabajadores realizan una permanencia pacífica en la sede de Educación de Santa Fe al 1500.



FUERON DESPEDIDOS 400 TRABAJADORES Y OTROS 2500 ESPERAN LA NOTIFICACIÓN DE SU CESANTÍA


Un ajuste de fin de año en Educación


ATE denunció que fueron eliminados “programas enteros”, entre ellos el de formación docente. En la cartera a cargo de Esteban Bullrich, que está de vacaciones, utilizaron el eufemismo de que hubo “contratos que se terminaron”.






Contra la promesa oficial, el año termina con nuevos despidos masivos en el Estado. El ministerio de Educación avanzó con cuatrocientos despidos; al mismo tiempo, recortó los postítulos del Instituto Nacional de Formación Docente (Infod) que se cursan en forma virtual desde hace varios años, lo que dejará en el aire a 2500 tutores. Notificados del nuevo ajuste, trabajadores de ATE y docentes ingresaron a uno de los edificios de la cartera –en Santa Fe al 1500– donde mantienen una permanencia pacífica. 

El ministro de Educación, Esteban Bullrich,está de vacaciones. La justificación de los despidos corrió así por cuenta de voceros del Gobierno, que utilizaron el eufemismo de rigor: aseguraron que no hubo despidos, sino “contratos que se terminaron”. 

¿Cuál fue el criterio que aplicó el Gobierno para la nueva tanda de despidos? Para el secretario gremial de ATE Capital, Luciano Fernández, fue “eliminar programas enteros, prescindiendo de prácticamente la totalidad de los trabajadores de esas áreas”. Es decir, que “es otro ajuste, esta vez con mucho ensañamiento con la formación docente, con todo lo que se había conquistado, políticas que se implementaron para los trabajadores del Estado y que tenían como fin mejorar educación”. El dirigente consideró que estos despidos están “en la misma línea de lo que hicieron en el Conicet (al intentar reducir el número de ingresantes); se quiere afectar la calidad educativa... en particular, con esta última medida están buscando destruir políticas que mejoraron la matrícula y la calidad de los contenidos que transmite la educación pública”. En cuanto a los postítulos, Fernández apuntó que se cerraron diecisiete, “el primero cancelado fue el de Derechos Humanos, lo que pueda dar una idea clara de qué están haciendo”. 

A su vez, Eduardo López, titular del gremio porteño UTE (Unión de Trabajadores de la Educación), agregó otro punto para sumar a la lectura. “Bullrich es socio de (Gabriel) Sánchez Zinny, que no sólo es director del Instituto de Educación Tecnológica sino que tiene empresas de formación on line”, apuntó. “Si hay algo en lo que coincidimos con Bullrich es en que los docentes nos tenemos que capacitar, siempre, hasta la jubilación. El INFOD, que está desguazando, depende del Estado y capacita de manera gratuita. Tiene postítulos que se cursan de manera virtual, a través de Internet, que son muy usados no sólo en la Capital sino en todo el interior del país. ¿Dónde vamos a recurrir para capacitarnos si lo achican? Obviamente, a las empresas privadas”. 

La capacitación docente fue uno de los temas ríspidos de la última paritaria. Durante el gobierno de Cristina Kirchner se firmó con los gremios docentes un plan de capacitación permanente y gratuita, cuya continuidad quedó en vilo con la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada. En la negociación de este año, Bullrich firmó un compromiso de continuarlo, pero sólo luego de fuertes reclamos de los sindicatos.

La semana pasada –el 23 de diciembre– se informó mediante el Boletín Oficial el cambio de régimen de cursada de 13 postítulos virtuales para a la formación docente, del programa denominado “Nuestra Escuela”. La resolución firmada por el ministro de Educación estableció el cese de inscripciones y el cierre de las aulas virtuales. Esto implicará que, además de que a 2.600 educadores no se les renovará el contrato, más de 130.000 cursantes no terminarán su postítulo gratuito. 

De la misma manera que con la capacitación docente, Bullrich había garantizado en la paritaria la continuidad de los programas socioeducativos, que sin embargo a lo largo del año sufrieron un claro abandono. 

A muchos de esos programas pertenecían los que ahora están tomando el Ministerio de Educación. “Entre los despedidos hay un poco de todo”, detalló López. “Por ejemplo, de las orquestas escolares son quinces compañeros, docentes y no docentes. Lo que hay que tener en cuenta es que por cada uno de los despedidos de acá, hay decenas de puestos de trabajo que se van a caer en las provincias, y miles de chicos que quedarán sin acceso a esa formación. Si vos discontinuás las orquestas, acá ves por ahí un despido, el de un luthier; luego le siguen los maestros de las provincias y aparte, gravemente, los chicos dejan de tener esas clases. Durante los últimos años se entregaron miles de violines; este año hubo una sola entrega, un bombo, en Jujuy. Nada más”.

Otros despedidos son del equipo central del programa de Educación Sexual Integral (ESI), donde cesantearon a 10 personas. Como son el equipo central, todo indica que les seguirán otros que dependían de ellos en las provincias. “También echaron al encargado del Mapa Interactivo Educativo, que es quien va poniendo en Internet todas las escuelas del país; tenía 20 años de antigüedad en el Ministerio”. 

Los trabajadores anoche realizaron un acto en la puerta de la sede del Ministerio, cortando la avenida Santa Fe. Para hoy anunciaron una nueva asamblea. La permanencia en el lugar es por tiempo indefinido.




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DEL ATENTADO A LA AMIA AL ATENTADO A LA JUSTICIA Por Irina Hauser

UN FALLO CON MOTIVOS AFUERA DE TRIBUNALES Por Irina Hauser



Ana María Figueroa, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, los camaristas firmantes del fallo.
Ana María Figueroa, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, los camaristas firmantes del fallo.



CASACIÓN REABRIÓ LA CAUSA POR LA DENUNCIA DE NISMAN

Un fallo con motivos afuera de Tribunales

La Sala I del tribunal decidió que debe investigarse la denuncia que el fiscal Nisman hizo contra Cristina Kirchner y Héctor Timerman por el Memorándum con Irán.




Con un criterio análogo al que aplica un fuerte sector de Comodoro Py en diversas causas contra el kirchnerismo, la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que el Memorándum de Entendimiento con Irán pudo ser una fuente o un resultado de delitos. Otra vez, una decisión política respaldada en este caso por el Congreso es blanco de una maquinaria de judicialización. En este expediente en particular tiene como objetivos a Cristina Fernández de Kirchner, al ex canciller Héctor Timerman, al diputado Andrés “Cuervo” Larroque y un grupo de personajes secundarios sin cargos públicos. Los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa ordenaron reabrir la denuncia del fiscal fallecido Alberto Nisman contra el gobierno anterior por el supuesto encubrimiento de los iraníes sospechosos del atentado a la AMIA. Aquella presentación había sido cerrada dos veces por inexistencia de delito por el juez federal Daniel Rafecas y por los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero. Los tres fueron apartados en la sentencia de ayer, que les cuestiona que resolvieron de manera “prematura”, “arbitraria” y “parcial”. Los casadores, además, aceptan que la Delegación de Asociaciones Israelitas (DAIA) sea querellante y ordenan que se hagan las medidas pedidas por ella y, en su momento, las que dispuso el fiscal Gerardo Pollicita, que son 45. Las defensas recurrirán a la Corte Suprema y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Cuando se discutió, semanas atrás, el hecho de que Borinsky y Hornos ocupen en dupla dos salas de la Casación (en una como subrogantes) ya se perfilaba este resultado. Juntos en la sala IV habían avalado que el juez Claudio Bonadio siga adelante con una causa melliza, en la que la ex presidenta y Timerman están acusados de traición a la patria por la firma del Memorándum. Si bien Casación ordenó que se sortee un nuevo juez, es posible que Bonadio pida la causa, como ya lo hizo una vez cuando la DAIA se presentó ante Rafecas con las mismas supuestas “nuevas pruebas” que él ya analizaba, y que están incluidas entre lo que tuvo en cuenta el fallo de ayer: la grabación subrepticia de una conversación entre el ex canciller y el ex titular de la AMIA, Guillermo Borger, en la que el primero le habla de la responsabilidad de Irán en el atentado y le decía que precisamente por eso negociaban con ellos, para que se concretaran las declaraciones indagatorias; la confirmación de la inconstitucionalidad del Memorándum de Entendimiento, resuelta por la misma sala I de la Cámara Federal que rechazó abrir la denuncia de Nisman. 

Los tres jueces admitieron a la DAIA como querellante porque consideran que no necesitan ningún poder. La entidad podrá impulsar la investigación a pesar de que el fiscal de Casación, Javier de Luca, desistió. Hornos y Borinsky incluso sostuvieron que los fiscales inferiores podrán impulsar la acción. Figueroa cree que el fiscal de mayor jerarquía en este caso deja obligados a los inferiores a limitarse a controlar la legalidad de los actos. 

La denuncia de Nisman daba por hecho que el Memorándum con Irán era un pacto para terminar liberando a los iraníes acusados del atentado a la AMIA. El acuerdo, en rigor, era un mecanismo para lograr que los sospechosos que llevaban largo tiempo con pedido de captura fueran indagados ya que hasta entonces había sido imposible su captura y traslado a la Argentina. El fiscal fallecido, que tiempo antes había escrito loas al gobierno de Cristina Kirchner por su impulso al caso, revirtió su posición. De Luca, Rafecas y la Cámara Federal habían tenido argumentos similares: que no había delito alguno en la denuncia de Nisman que motivara la apertura de una causa penal; que el Memorándum no se aplicó y la Comisión de la Verdad que intervendría en el proceso penal jamás se conformó; pero además cuestionaban la equiparación de la firma de un tratado con un plan criminal ya que sus intenciones no podrían ser delito; a lo que se suma que el respaldo del Congreso lo vuelve comparable a una ley. A la teoría de que todo el objetivo del pacto era levantar las alertas rojas que pesan sobre los iraníes, contraponían que es algo que ejecuta Interpol y que lo hace a pedido del juez del caso, no del Poder Ejecutivo. Con este mismo enfoque analizaron el tema públicamente juristas prestigiosos como León Arslanian, Julio Maier, Raúl Zaffaroni, Ricardo Gil Lavedra y Luis Moreno Ocampo.

Es la política…

Pero es claro que en los tribunales federales hoy la toma de decisiones está dominada por una lógica donde se van alineando los intereses del propio Poder Judicial (bajo las consignas de la Corte Suprema), los medios (en particular Clarín) y el Gobierno. Además, dentro de Comodoro Py, las causas y cierto modo de resolverlas donde cualquier acto de gobierno parece convertirse en un potencial delito, van quedando aglutinadas en un grupo de jueces y en la Sala II de la Cámara Federal, que es la que viene dando todas las directivas para investigar a distintos funcionarios kirchneristas y en especial a CFK, como lo hizo en la causa de lavado contra Lázaro Báez. Si los camaristas de la Sala I quedan efectivamente apartados en la causa de Nisman, intervendrá la Sala II, liderada por Martín Irurzun, de fluida relación con el presidente supremo Ricardo Lorenzetti.

Así como Bonadio se lanzó a opinar en la causa del dólar futuro sobre los valores de mercado y determinó que era delito una decisión de lo que para las defensas es de política económica, la semana pasada Julián Ercolini al procesar a la ex presidenta se puso a analizar que le parecían inapropiados los criterios de distribución de la obra pública. La sentencia de Casación sigue un esquema similar, en el que mezcla algunos criterios jurídicos y le dice al próximo juez las medidas que tiene que hacer.

La sentencia 

Los jueces de Casación hicieron, cada uno, un voto distinto. El que está escrito en los términos más duros es el de Borinsky. Su texto se dedica analizar las decisiones de Rafecas y los camaristas. Les cuestiona, como un dato llamativo, la rapidez. Por ejemplo, destaca las fechas: el 26 de febrero de 2015 el juez Rafecas desestima la denuncia de Nisman, presentada cuatro días antes de su muerte y que había sido impulsada por Gerardo Pollicita el 13 de febrero; luego el 25 de marzo, la Cámara deja firme la decisión. De Luca desiste de avanzar en la Cámara de Casación. Borinsky dice que Rafecas no utiliza la misma vara para analizar los elementos que se le presentan: que no hace lugar a ninguna de las pruebas pedidas por Pollicita pero a la vez admitió una presentación de la ex Procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, donde entregaba material que consideraba que podría resultar útil para “sustentar la legitimidad de lo actuado por el Poder Ejecutivo Nacional y los órganos que de él dependen, en relación con el Memorándum” (Abbona fue luego denunciada). Entre otras cosas apuntaba a mostrar que el acuerdo no implicaba el levantamiento de las alertas rojas, algo ratificado por el secretario de Interpol Ronald Noble.

El fallo señala que sostienen que debieron hacerse las medidas de prueba sobre todo, como pedir la declaración de Noble, analizar entradas y salidas del país de los funcionarios de Relaciones Exteriores que entablaron tratativas con Irán, estudiar las registros taquigráficos y fílmicos, del debate en el Congreso, analizar cruces de llamadas; allanamientos a ministerios y viviendas; analizar las visitas a las Casa Rosada en función de las escuchas ofrecidas por Nisman, donde mostraba, por ejemplo, a Luis D’Elía como un activo operador en relación a las tratativas con los iraníes, y a otros personajes,como Fernando Luis Esteche, Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil, Andrés Larroque, Héctor Luis Yrimia, y a Allan Héctor Bogado, señalados como si fueran parte de la organización de un plan encubridor de los sospechosos del atentado.

Borinsky argumenta que “una denuncia, al ser uno de los actos que puede dar inicio al proceso penal, no debe necesariamente estar acompañada de toda la prueba que le permita al magistrado obviar la investigación”. Alcanza con que tenga datos básicos sobre el hecho, circunstancias de tiempo lugar, y modo de ejecución, partícipes, damnificados y testigos. Por eso le dice a Rafecas que no es válido su planteo de que existió una “orfandad probatoria”. Según el camarista de Casación, se puede desechar una denuncia pero primero el juez tiene la obligación de investigar y al desestimar “no puede quedar resquicio de duda, discusión jurídica o prueba pendiente de producción y la atipicidad debe surgir palmaria”. La calificación jurídica, dice, podría variar, tampoco está definida. La abogada Graciana Peñafort, que representa a Timerman, cuestiona a la Casación porque “abre una investigación sin definir cuál es la hipótesis delictiva y tampoco define cuáles son los supuestos nuevos hechos a investigar. Es una clásica excursión de pesca. No dice cuál es en principio el delito, sólo que hay que buscar determinadas pruebas”.

Hornos, más que un razonamiento legal, dice que hay que investigar a los hechos que involucran a funcionarios públicos porque es un deber hacia la sociedad, que tiene que recibir –en sus palabras– “una respuesta genuina”. Especifica que el análisis tiene que someterse “al tamiz de la expectativa social”. Dice que es “arbitrario” el análisis que hizo la Cámara sobre las supuestas nuevas pruebas. Y que a su modo de ver tanto la grabación subrepticia como la firmeza de la inconstitucionalidad sí son elementos nuevos. La conversación fue analizada, sostiene “de manera descontextualizada y fragmentada”. Hasta dice que los iraníes sabían del diálogo entre Borger y Timerman sin explicar de dónde. Carga las tintas en investigar una supuesta diplomacia paralela.

Figueroa señala un punto controvertido, que es que la grabación no tiene origen conocido y el juez de instrucción debería verificarlo. También pone sobre la mesa una discusión muy anterior, que es la duda sobre qué sala de Casación debería intervenir y si hay conexidad con el resto del caso AMIA. Pero de todos modos falla igual que sus colegas excepto en lo que atañe al papel que tendrán los fiscales.

Peñafort alerta sobre “el apartamiento de los jueces que intervinieron hasta ahora, cuando sabemos que hay una causa colectora, igual, a cargo de Bonadio, quien ya había pedido la causa. Se viene un fórum shopping de lujo, que no sólo incluirá al juez de primera instancia sino a la alzada, que será la sala II”. Alejandro Rúa, también defensor de Timerman, “vamos a ir a la Corte y la Comisión Interamericana porque se han violado garantías constitucionales: no se puede juzgar a nadie dos veces por lo mismo, y acá la causa estaba cerrada; tampoco puede impulsar la causa solo una querella; y se viola la garantía de juez natural. Por lo pronto dejaron todo listo para que Bonadio haga su carnicería”.



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jueves, 29 de diciembre de 2016

NOAM CHOMSKY PIDE PERDÓN PRESIDENCIAL PARA 11 MILLONES DE INDOCUMENTADOS



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Noam Chomsky pide perdón presidencial para 11 millones de indocumentados


La Opinión


El afamado historiador dice que las deportaciones serían una tragedia humanitaria. El gobierno de Obama ha dicho que esto solo aplicaría a infracciones penales y que cruzar indocumentado es una infracción civil, pero hay expertos que opinan lo contrario. 


Ante la perspectiva de un incremento en las deportaciones -ya un récord bajo el actual presidente- diversos políticos y activistas han asomado la posibilidad de un perdón presidencial para disculpar las infracciones a la ley migratoria que hayan cometido millones de indocumentados y evitar que sean vulnerables a la expulsión.
A este llamado se sumó hoy el historiador, filósofo y crítico social Noam Chomsky, indicando que la deportación de 11 millones de indocumentados, si se llega a dar, sería una “tragedia humanitaria”.
Chomsky, en un video distribuido por el Immigrant Worker Center Collaborative, dijo que estos “ciudadanos productivos en todo, menos en nombre” están amenazados por Trump y que su deportación sería un “ultraje moral que puede ser evitado con un perdón general”.
He aquí el vídeo con subtítulos en español:





Hasta el momento, la reacción del gobierno del presidente Barack Obama ha sido negativa, ya que esta no es la primera llamada a usar los poderes constitucionales de perdón presidencial que tiene cada mandatario, para otorgar perdones y amnistías generales para grupos de personas, cuando este determina que es una medida “positiva para el interés público”.
Desde hace algunas semanas, diversos grupos y políticos demócratas han pedido, por ejemplo, que Obama use su poder de perdón con los llamados “dreamers” o jóvenes inmigrantes que ahora están protegidos por DACA o Acción Diferida para los Llegados en la Niñez, un grupo de más de 700,000 personas cuyo actual estatus legal está amenazado por el futuro presidente Donald J. Trump.
De hecho, hace poco más de un mes, cuatro líderes demócratas de la Cámara de Representantes instaron al presidente Obama a que otorgue un “perdón” para centenares de miles de “DREAMers” que afrontarían una situación de “vida o muerte” con el próximo gobierno.
Los congresistas demócratas Luis Gutiérrez, Zoe Lofgren, Judy Chu, y Lucille Roybal-Allard, dirigieron una carta al presidente el mes pasado, en la que argumentan que Obama sí tiene autoridad constitucional para dar un “perdón” a los “DREAMers” amparados al programa de “acción diferida” (DACA) de 2012.
“Para nosotros, la acción es una cosa de vida o muerte, y la acción que le estamos pidiendo al presidente es de vida o muerte… esto no les dará un lugar seguro permanente, pero es un comienzo”, afirmó Gutiérrez, demócrata por Illinois.
Pero Cecilia Muñoz, asesora principal en política interna del presidente, dijo recientemente a La Opinión que esto no funcionaría.
“Un perdón es para cuando se comete un crimen, y la entrada ilegal no es un crimen, es una ofensa civil… no confiere un estatus legal, no protege a nadie de la deportación”, y no ofrece las herramientas urgentes que piden los activistas, explicó.
Hay expertos legales, sin embargo, que no opinan lo mismo. Peter Markowitz, profesor de la Escuela de Leyes Benjamin N. Cardozo dijo que es perfectamente factible, ya que la constitución da al presidente el poder de perdona “todas las ofensas contra Estados Unidos” y que esto puede interpretarse en forma más amplia que sólo las violaciones a la ley penal.
Históricamente, los perdones presidenciales han sido utilizados por diversos presidentes con diversos fines. Por ejemplo, Jimmy Carter perdonó a medio millón de hombres estadounidenses que evadieron el servicio militar para no ir a la Guerra de Vietnam en los años 70.




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martes, 27 de diciembre de 2016

MACRI VETÓ LA EXPROPIACIÓN DEL BAUEN PARA LOS TRABAJADORES



UNA LUCHA DE 15 AÑOS PARA CONSEGUIR LA EXPROPIACIÓN DEL BAUEN A FAVOR DE LOS TRABAJADORES.


MACRI,  AYER LA VETÓ.-







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"EL GOBIERNO USA LOS MISMOS ARGUMENTOS QUE LA EX PATRONAL"



Nacho Yuchark / lavaca


"El gobierno usa los mismos argumentos que la ex patronal"


Los trabajadores del hotel recuperado cuestionaron el veto presidencial. Realizarán una conferencia de prensa el jueves a las 18.



Federico Tonarelli, vicepresidente de la cooperativa de trabajo que desde hace años recuperó el Hotel Bauen, consideró “ridículos” los argumentos utilizados por el presidente Mauricio Macri para vetar el proyecto de ley que expropió el edificio y sus bienes.

“Son ridículos los argumentos de Macri, son los mismos que utiliza la ex patronal”, cuestionó en diálogo con Tiempo el dirigente, también titular de FACTA (Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados).

Explicó, sobre el costo que tendría la expropiación, que la ley plantea que el tribunal de tasación debe valuar el edificio y los bienes al costo que tenía 2003 y que se descuentan de ese valor las deudas de la empresa mantenía con el Estado.

“No nos sorprende que use los argumentos de la ex patronal porque va en línea con lo que está haciendo este gobierno”, expresó.

El veto de Macri devuelve el proyecto de ley al Congreso. “Vamos a ir nuevamente por los dos tercios en el Congreso”, señaló Tonarelli.

Este jueves a las 18 en el Hotel Bauen, los trabajadores realizarán una conferencia de prensa para referirse al veto presidencia y de los pasos a seguir en una lucha que lleva ya 14 años. 




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MACRI VETÓ LA EXPROPIACIÓN DEL HOTEL BAUEN



X q les asusta tanto la expropiación del #Bauen? Porque como dijo Celia de Brukman "si podemos manejar una fábrica, podemos manejar un país"




ACTUALIDAD

Macri vetó la expropiación del Hotel Bauen


A principios de mes los trabajadores obtenían la expropiación en el Senado, luego de más de 15 años de pelear por ella. Sin embargo, ayer el presidente decretó su veto.



Una vez más, el macrismo volvió a hacer gala de su fama y demostrar que es un Gobierno de ricos para ricos.
La ley de expropiación del Hotel Bauen, aprobada por Diputados en 2015 y por el Senado hace tan sólo tres semanas atrás, apunta a resguardar el trabajo de la cooperativa y les permite a los trabajadores continuar gestionando legalmente el hotel sin ser desalojados. Sin embargo, la alegría por este esperado triunfo duró poco, dado que ayer Mauricio Macri dispuso su veto. Horas antes, el periodista de Página 12, Werner Pertot, había anunciado que la medida era inminente, denuncia que tuvo una rápida repercusión en las redes sociales.
Según fuentes de la Rosada, es inminente el veto presidencial a la expropiación del Bauen

De esta manera, el primer mandatario reafirma la postura de los Senadores de Cambiemos, el único bloque que votó en forma negativa durante su tratamiento. En aquel entonces Federico Pinedo, presidente del bloque oficialista, había fundamentado el rechazo al afirmar que “dar una fortuna de plata a unos pocos señores es algo que nosotros no vamos a aceptar”.
La exdiputada nacional Myriam Bregman, quien históricamente acompañó el reclamo de los trabajadores por la expropiación, rechazó esta medida arbitraria por parte del presidente.
X q les asusta tanto la expropiación del ? Porque como dijo Celia de Brukman "si podemos manejar una fábrica, podemos manejar un país"


Por quinta vez en el año, el oficialismo vuelve a recurrir al antidemocrático mecanismo para frenar una medida en favor de los trabajadores, a pesar de su campaña y su discurso "republicano" en favor del “respeto a las instituciones”. 
El gobierno del Capitán Veto.






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