ELEGIMOS MEMORIA!! Sobre las declaraciones de Darío Lopérfido

GENOCIDIO Y NEGACIONISMO

• Negacionismo estatal Por Valeria Thus

• Las consecuencias en el presente Por Beatriz Sznaider

GENOCIDIO Y NEGACIONISMO / NEGACIONISMO ESTATAL Por Valeria Thus

Genocidio y negacionismo

OPINIÓN

Negacionismo estatal

Por Valeria Thus *

Darío Lopérfido, actual secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, recientemente cuestionó públicamente el número de víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico militar que asoló a nuestro país, al afirmar que en la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos. Sus expresiones no son nuevas, en el sentido que no es el primero en cuestionar el número de víctimas del terrorismo de Estado en Argentina y tampoco recurre a un argumento original a la hora de la negación de los genocidios a nivel mundial; pero no por ello deja de ser grave. Podríamos decir que Lopérfido inaugura en la nueva gestión macrista en la Ciudad y a nivel nacional el “negacionismo estatal”. Resulta oportuno recordar que el negacionismo es un término usado para describir un fenómeno cultural, político y jurídico, que se manifiesta en comportamientos y discursos que tienen en común la negación, al menos parcial, de la realidad de los hechos históricos percibidos por la mayor parte de la gente como hechos de máxima injusticia y por tanto objeto de procesos de elaboración científica y/o judicial de las responsabilidades que se derivan de ellos. Si bien ha sido acuñado para la negación del genocidio perpetrado por los nazis a la población judía y restantes minorías durante la segunda guerra mundial, se ha extendido a la negación de los genocidios en general. Existen variadas modalidades de negacionismo, aquellas que van de la simple negación de los hechos a mecanismos más sutiles, con sofisticados abordajes de racionalización, relativización y trivialización. La negación de la cantidad de víctimas es una modalidad prototípica y “objetiva” (en el sentido de burda y simple) de negacionismo. En los últimos años, sin embargo, cuando la negación burda se presentaba como no convincente, los negacionistas optaron por utilizar la relativización, la trivialización y la minimización para presentar su caso como más persuasivo y aceptable. 

Ninguna de esas molestias de “refinamiento” de las estrategias de negación se tomó el funcionario local. Mientras a nivel mundial se han incrementado los esfuerzos para el efectivo combate al negacionismo, procurando comprender sus diferentes tipos, sus propósitos políticos y las estrategias narrativas; en nuestro país, con las expresiones de Lopérfido, en tanto funcionario público que no ha sido desautorizado por el gobierno local, hemos retrocedido varios casilleros, volviendo a la versión más burda y violenta de negación del terrorismo de Estado. Podríamos decir, sin ponernos colorados, que hasta para los negacionistas renombrados a nivel global, como por ejemplo Irving, Faurissson, etc, las expresiones de Lopérfido son anacrónicas. Uno podría comenzar diciendo que sus expresiones son manifiestamente falsas y maliciosas o que, en el mejor de casos, son de una profunda ignorancia. También podríamos discutirlas, resaltar que la cantidad de víctimas del terrorismo de Estado fue hasta reconocida por los propios perpetradores y se pueden ver de los documentos desclasificados de EE.UU., que la estimación tuvo relación con el número proporcional de hábeas corpus presentados en el país, el número de integrantes de las estructuras militares afectadas a la represión ilegal que superó 150.000 hombres activos a la caza de las víctimas, etc. (si hay algún lector desprevenido, le recomiendo la lectura de la carta de Eduardo Luis Duhalde a Graciela Fernández Meijide); pero ello implica entrar en el terreno de los negacionistas y al discutir con ellos le conferimos una suerte de legitimidad de sus discursos. En este punto, vale recordar que las experiencias genocidas se caracterizan no solo por el aniquilamiento material, sino también en el campo de las representaciones simbólicas, a través de determinados modos de narrar –y, por lo tanto, de re-presentarse– la experiencia de aniquilamiento. Por eso las palabras tienen un peso que no debe ser minimizado. Los discursos negacionistas, como el de Lopérfido, reeditan el dolor de las víctimas y familiares, renueva las humillaciones de los sobrevivientes, a la vez que busca darle una solidez narrativa a estos pactos sociales denegativos en tanto representación simbólica de lo ocurrido. Porque lo realmente peligroso de los discursos negacionistas es que, como modos sutiles de silenciamiento, permiten la generación de un clima para que el genocidio sea posible. Una tentativa de exterminio sobre el papel, dice lúcidamente Vidal Naquet. Que un “funcionario público” en “democracia” formule estas expresiones tiene una “gravedad institucional” que no nos puede pasar inadvertida. El “negacionismo estatal” es una de las formas más graves y violentas de negacionismo y para un país que se encontraba hasta hace pocos días a la vanguardia en materia de derechos humanos, como referente en la región en lo vinculado al proceso de juzgamiento de los responsables de los crímenes de Estado, es un retroceso inadmisible. Habría quizás que advertirle al funcionario, ya que su gestión es propensa a viajar a Davos, que si hubiera efectuado estas expresiones en Suiza, seguramente se le hubiera iniciado un proceso penal en su contra porque el negacionismo (de todos los genocidios), al igual que en muchos otros estados (por caso Alemania, Austria, Francia, Portugal, Luxemburgo, República Checa, Lituania, Polonia, Rumania, Liechtenstein, Malta, Eslovenia, Eslovaquia, Matvia, Andorra, Hungría, Grecia, entre otros) es un delito. Negar la cantidad de las víctimas de nuestro genocidio, es antes que cualquier cosa, una falsedad nada inocente. En el lenguaje se perfila el mundo que deseamos habitar: O bien una cultura que permanezca indiferente o incluso proclive a la perpetración de genocidios o, por el contrario, una cultura que revierta sus consecuencias reorganizadoras. Aprovechemos entonces para reflexionar sobre la violencia que sufrió el conjunto de la sociedad argentina durante la última dictadura cívico- militar, sobre la lógica política y económica que los convirtió en víctimas y que hoy se sigue suscitando con el gesto de negaciones que nada tienen de inocentes. Por suerte contamos con la lucha inclaudicable del movimiento de derechos humanos para que las palabras vuelvan a ser de todos.

* Abogada. Magister en Derecho Internacional de los Derechos Humanos-UBA. Miembro del Movimiento de Profesionales para los Pueblos. MPP.

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GENOCIDIO Y NEGACIONISMO / LAS CONSECUENCIAS EN EL PRESENTE Por Beatriz Sznaider

› LAS IMPLICANCIAS DE LAS DECLARACIONES DE DARIO LOPERFIDO


OPINIÓN

Genocidio y negacionismo

Las consecuencias en el presente

Por Beatriz Sznaider *

Precisar el número de víctimas en eventos que por sus características y magnitud llevan al ocultamiento o destrucción de pruebas testimoniales y documentales puede ser una tarea digna, si no alimenta el germen de cierto negacionismo. ¿Cuántas personas murieron en el atentado a las Torres Gemelas? ¿Cuántas en Colombia o en México por la acción de grupos estatales, paraestatales o del crimen organizado? Esto por nombrar, solamente, conflictos que reverberan con más intensidad en nuestro país, mientras sabemos nada y preferimos pensar menos sobre la destrucción de vidas que generan “lejanos” golpes de Estado, guerras civiles, limpiezas étnicas y religiosas en otros continentes.

Es altamente probable que en la Argentina no haya habido 30 mil desaparecidos por el terrorismo de Estado. En realidad nunca sabremos cuál fue la cifra final. Los responsables de ese “agujero negro” no somos los familiares de las víctimas, ni los militantes de los derechos humanos ni el periodismo, ni los partidos políticos, ni la Justicia. Los responsables de ese “hueco traumático” son los integrantes de las Fuerzas Armadas y sus aliados civiles que, prolongando la agonía de la pérdida, no tuvieron siquiera el valor de reconocer sus crímenes y hacer público qué hicieron con los cuerpos de nuestros familiares.

Sólo a título personal afirmo que hubiese cambiado los años de detención que le dictó la Justicia argentina a los cómplices de la desaparición de mi hermano, Jorge Víctor Sznaider, secuestrado en 1979 a los 19 años, junto a cinco jóvenes más, a cambio de saber cuál fue su destino final.

El señor Lopérfido intenta establecer una controversia falaz respecto de si la sociedad argentina fue o es más violenta que otras sociedades: “red herring”, argumento distractivo o un contrasentido que busca socavar la importancia de la lucha por los derechos humanos en la Argentina. Parece plantear que finalmente, si lo que pasó en nuestro país es más o menos igual a lo que ocurrió u ocurre en tantos otros, para qué o por qué darle un estatuto que no se le otorga más allá de nuestras fronteras. En el límite, parece dejar planteado que si los desaparecidos no fueron 30 mil y, además, también mueren personas por violencia política en otros lugares del mundo, el esfuerzo por sostener su memoria no sería legítimo.

Pero en realidad no creo que a Lopérfido le interese si los desaparecidos fueron 30 mil. Lo que lo agita, quizás, es la insistencia de gran parte de la sociedad argentina para traer al presente el significado del terrorismo de Estado; de sus proyecciones sobre el hoy. Pareciera que junto con la causa, quieren “encerrar” la participación y acallar la polémica o los disensos frente a las insensibilidades que nos acechan todos los días.

También aparece el argumento de una historia de la democracia escrita por o para los Montoneros. Poner en primer plano el rol reciente de integrantes o simpatizantes de organizaciones armadas de los años 70 que sobrevivieron es dejar de lado que desde hace más de 30 años, la democracia, con todas sus deudas, es el resultado de la convicción y el esfuerzo de la mayoría de la sociedad.

Como telón de fondo, reaparece la “teoría de los dos demonios”. Sobre las muertes ocurridas a partir de atentados o enfrentamientos gestados por las organizaciones armadas, digo que cada muerte es una tragedia. Y me siento humanamente identificada con el dolor de esos familiares. Pero en el nivel de la justicia y de la historia existe una condición permanente del Estado que trasciende el tiempo de sus gobernantes y que no se equipara con la responsabilidad y el tratamiento que desde la justicia y la historia se les debe otorgar a grupos civiles autónomos. Por eso diferenciamos la acción sistemática del terrorismo de Estado, de los actos de violencia llevados a cabo por las organizaciones armadas.

Las debilidades, errores o defecciones pasadas, no vuelven virtuosas las torpezas presentes. Hay mucho para hacer, sin destruir. Hay mucho para restañar, sin pensar que se puede hacer de cualquier manera. En las áreas de derechos humanos los profesionales y trabajadores formados durante la última década no son responsables de la coyuntura, pero sí de haberse capacitado para actuar en casos de gran complejidad y que atañen tanto al terrorismo de Estado de los 70-80, como a las nuevas violaciones de derechos individuales y sociales.

Como decía Borges, la patria es más que la suma inconcebible de sus generaciones. Necesitamos más grandeza e inteligencia que afectación y gerenciamiento.

* Hermana de Jorge Víctor Sznaider.

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EL SHOCK ELÉCTRICO

Por Raúl Dellatorre

La suba de la luz implicará una caída del 10 al 13 por ciento en el poder adquisitivo del sector más pobre del área metropolitana. Además, el 500 por ciento anunciado puede llegar hasta el 750 para las tarifas industriales y comerciales. Entre el aumento de costos y la obvia caída del consumo, tendrá un impacto seguro sobre la actividad y el empleo. A ello se sumarán la suba del gas y los transportes y otro ajuste a la luz: el Gobierno ya avisó que le falta eliminar el 60 por ciento del subsidio

EL CAMINO AL DETERIORO Por Raúl Kollmann

› LOS ENCUESTADORES EMPIEZAN A VER UN DESGASTE EN LA IMAGEN DEL NUEVO GOBIERNO

SUBNOTAS

• El lugar de la oposición
  Por Raúl Kollmann

El camino al deterioro

La aprobación todavía es alta, apoyada en la novedad y las ganas de que las cosas vayan bien. Pero las medidas económicas, la inflación, los decretazos y la orientación liberal ya hicieron mella y son “una bomba de tiempo”. El “ceofascismo” y la desilusión de los que no son macristas.

Por Raúl Kollmann

La mayoría de los encuestadores y consultores en campañas electorales afirma que el gobierno de Mauricio Macri llega a los dos meses de gestión con una aprobación un poco más abajo o un poco más arriba del 60 por ciento. Este número no debería impresionar, porque es un porcentaje similar al que muestran como índice de aprobación figuras como Daniel Scioli y Sergio Massa. Y Cristina Fernández de Kirchner se fue de la Casa Rosada con un nivel de imagen positiva muy similar. Para más, los consultores ya advierten que las medidas económicas, el aumento de tarifas, el deterioro del salario real y los despidos deterioran los dos factores de expectativa que tiene una parte de la población: que es un gobierno nuevo, lo que siempre da esperanzas, y que en la campaña prometió un cambio, algo que sedujo a un núcleo duro antikirchnerista y a un sector independiente. Algunos de los consultores sostienen que las medidas económicas y la seguidilla de Decretos de Necesidad y Urgencia amenazan con deteriorar el respaldo que hoy tiene Mauricio Macri en la franja que no es macrista y no es kirchnerista. Se calcula que esa franja abarca a un 20 por ciento de la población. Uno de los consultores de mayor experiencia, Manuel Mora y Araujo, evaluó que el Gobierno sigue contando con respaldo, pero que “inflación, tarifas, desempleo son una bomba de tiempo”.

Lo nuevo

Ignacio Ramírez, director de Ibarómetro, señala que “el gobierno de Mauricio Macri transitó estos primeros dos meses dotado de buenos niveles de aprobación, fundamentalmente basados sobre dos factores. El primero, las expectativas que envuelven todo comienzo. El segundo factor es el despliegue de una gestualidad, de un estilo y de una hoja de ruta distinta a la que estaba vigente antes del 10 de diciembre y que satisface –momentáneamente– las pulsiones de cambio que tenía un sector de la sociedad; especialmente aquellas áreas de la opinión pública más críticas con el gobierno anterior. De cualquier manera, el gobierno nacional enfrenta una serie de desafíos para estabilizar este nucleo de apoyos y convertir simpatías circunstanciales en adhesiones. La simpatía automática hacia algo nuevo tiene rendimiento decreciente con fecha de vencimiento. Asimismo el nuevo gobierno aún no ha construido un vínculo emocional con sus simpatizantes, de manera que resulta un interrogante saber si un vínculo más bien transaccional –“si vos me das, yo te quiero”– podrá sostenerse en la medida en que la economía no tenga un buen desempeño”.

Proporciones

“Para expresarlo en términos sociológicos –dice Roberto Bacman, titular del Centro de Estudios de Opinión Pública– existen actualmente tres segmentos bien diferenciados en nuestra sociedad. Por un lado, los que aprueban abiertamente la gestión que encabeza el presidente Macri y se constituyen en el núcleo duro del macrismo. En la vereda opuesta, sus detractores, fundamentalmente anclados en el núcleo duro kirchnerista, aunque también hay que agregarle el peronismo (especialmente del interior) donde han empezado a dibujarse nuevos liderazgos potenciales. Y, por último, un segmento que es la intersección entre ambos: los pragmáticos independientes, aquellos que no poseen identificación ideológica. Allá por 2011 votaron por CFK, pero en 2015 fueron los que terminaron de inclinar la balanza en favor de Cambiemos. Lo cierto es que al día de hoy un 45,2 por ciento de la población argentina se define como oficialista; un 38,7 por ciento se considera abiertamente opositor y un 16,1 por ciento se autoproclama como ni oficialista, ni opositor. En este contexto es lógico que la gestión de Macri oscile alrededor del 59 por ciento de aprobación en el último trabajo de campo de CEOP, realizado cuando cumplía su primer mes al frente del Ejecutivo nacional. Y este valor es lógico ya que cuenta con el apoyo de sus incondicionales del núcleo duro y parte de los pragmáticos independientes, que hasta ese momento le seguían dando crédito. El principal objetivo de Macri y su equipo de gestión es instalar en el imaginario colectivo la sensación de fin de ciclo”.

El empleo

“En rigor, creo que Macri y su administración enfrentan un dilema –analiza Eduardo Fidanza, de Poliarquía–: cómo racionalizar la economía, conservando el empleo y el salario. Hasta hace pocos días, según sondeos confiables, el Presidente y su gobierno poseían amplio apoyo popular. Eso está acompañado por expectativas favorables sobre la situación del país en el corto y mediano plazo. Habrá que esperar los próximos dos meses para evaluar el impacto de las medidas más difíciles, como el aumento de las tarifas de los servicios públicos. El Gobierno sabe que dispone de este año, no electoral, para hacer las correcciones que considere necesarias. Levantó el cepo sin mayores consecuencias y ahora aumentó las tarifas. Mi impresión es que la cuestión clave es el empleo. Si la pérdida de trabajos es un hecho aislado, la chance de superar la prueba es mayor, aunque se pierdan unos puntos en el valor del salario. De lo contrario, el conflicto social será difícil de controlar. Ahora, el Presidente dispone de una imagen suficientemente buena como para encarar reformas, pagar un costo y seguir siendo una figura relativamente popular. Sin ir más allá, eso le sucedió a Cristina.”

Aprobaciones

Analía Del Franco, titular de Analogías, no se deslumbra ni tampoco subvalora la imagen positiva de Macri. “Hasta el 15 de enero su evaluación positiva llegaba a un 66 por ciento. A la par los otros candidatos, Daniel Scioli y Sergio Massa, presentaban la misma performance y hasta levemente mayor, que el propio Presidente. La ex presidenta Cristina Kirchner dejó el cargo con 58 por ciento de nivel de aprobación. Este mapa de posicionamientos demuestra la tensión en la opinión pública cristalizada en los apoyos a dirigentes oficialistas y opositores. Casi que puede hablarse de ausencia de favoritos y esto constituye un obstáculo para articular fidelidades, y un especial riesgo para el gobierno nacional –quien más las necesita– en este momento de despegue de su gestión.

Hasta mediados de enero, un 60 por ciento de los consultados era optimista frente al futuro económico del país, lo que implica un voto de confianza al nuevo gobierno, pero este peso desciende a 48 por ciento cuando se trata de evaluar el éxito de las medidas económicas, con un crecimiento de los que rechazan esas medidas y dudan respecto al beneficio que las mismas podrían acarrear a la sociedad”.

Desfiladero

“Los primeros meses del gobierno de Macri –explica Ricardo Rouvier, de Rouvier y Asociados– muestran que la administración camina por un desfiladero entre la presión de las propias corporaciones que apostaron a su candidatura y la realidad. En el camino hay una tensión o amenaza de tensión, entre su adecuación de prosapia liberal y la prepotencia de la realidad. Cuando decimos realidad aludimos a la plataforma previa sobre la cual ha caminado y dejado sus huellas doce años de un gobierno que puso sus ejes en la equidad social, la autonomía, y una visión progresista de la cultura. El gobierno actual no está haciendo un tratamiento de shock, como recomienda una parte del círculo rojo, porque hay alertas sobre una ciudadanía dispuesta a no resignarse, y por eso se eligió el gradualismo. No obstante, sus primeras medidas señalaron una gran transferencia de ingresos a favor de los exportadores y grandes productores. La inflación permite la recuperación de la tasa de ganancia, en detrimento de los ingresos de los trabajadores y jubilados. Veremos cómo transita por este camino angosto. Macri, luego de la legitimidad de origen, tiene que construir legitimidad de gestión, para lo cual la relación entre las medidas que se van tomando y el efecto en la sociedad es crítico.”

Explosiones

“El gobierno de Macri despierta una alta aprobación en la opinión pública –señala Manuel Mora y Araujo, de Ipsos-Mora y Araujo–. Es una corriente de expectativas más que de entusiasmo. Pero es una buena malla de protección, que lo ayuda a transitar en un camino pleno de obstáculos. Ahora bien, algunos de los temas candentes son bombas de tiempo: inflación, desempleo, tarifas. La protesta militante la veo menos problemática para el gobierno, porque sus dirigentes y sus métodos han perdido credibilidad ante la sociedad, pero aun así son bombas de tiempo.”

¿Necesario?

Según Bacman, Macri basa todavía buena parte de su discurso en el razonamiento “lo que ocurre es culpa de la gestión anterior”. A esto se agrega que “todo es más grave de lo que se suponía” y se emplaza así el concepto de emergencia. “A esta altura varias preguntas se imponen –plantea Bacman–: ¿Justifica esto el aumento desmedido de los precios durante los meses de diciembre y enero? ¿El tarifazo en las facturas de electricidad? ¿La baja calidad institucional de las medidas tomadas en base a DNU, como el nombramiento de dos ministros de la Corte Suprema? ¿La emergencia en materia de seguridad? ¿La represión de la protesta social? ¿La detención de Milagro Sala? ¿La decisión de volver a endeudar al país y regresar a las auditorías del FMI? ¿Reemplazar la mística y el carisma de la gestión política por el perfil del sujeto neoliberal, ejecutivo de empresas, emprendedor y entregado al máximo al rendimiento y la competencia? Es evidente que el único justificativo radica en la necesidad del gobierno de apostar fuerte a políticas de shock para los primeros cien días de gestión.”

“El cambio, tan publicitado en los tiempos de campaña, empieza a exponer sus verdaderos contenidos: una orientación económica diametralmente opuesta y en la batalla por la gobernabilidad mostrar un gobierno fuerte, autoritario, dispuesto a imponer sus principios. En esta Argentina fuertemente dividida, la aprobación de gestión del gobierno nacional se sustenta en el núcleo duro macrista. Sin embargo, pensando a futuro, las opiniones del segmento de los independientes serán sustanciales para el devenir del actual gobierno nacional. Hasta el momento todo parece indicar que a pesar de ciertas dudas que desvelan hasta a los propios macristas (preocupación por la creciente escalada inflacionaria, reaparición del fantasma de la desocupación, medidas tomadas por el gobierno que son interpretadas como autoritarias), la luna de miel con la actual gestión aún no ha terminado. Al menos a la luz de las encuestas es posible afirmar que cuentan con cierto resto; pero no quedan dudas que se vienen tiempos difíciles y un modelo de gestión con tantos componentes autoritarios puede comenzar a dejar al descubierto su flanco más débil.”

Autoritarismo

Artemio López, titular de la consultora Equis, habla de ceofascismo, combinando la designación en altos puestos del gobierno de ejecutivos del máximo nivel con autoritarismo. “Los veo desplegando rápido y con furia un severo ajuste neoliberal ortodoxo, cuyo objetivo central es incrementar la tasa de ganancia media empresaria, a través de la baja salarial, abrir la economía y reanudar el ciclo de endeudamiento externo. La novedad consiste en que el ajuste ya no lo lleva adelante el Partido Militar como en los años setenta, ni representantes de partidos históricos como la UCR o el PJ como ocurrió en el último cuarto del siglo pasado. Lo implementa una nueva coalición conservadora bajo el liderazgo de Macri, retazos de partidos históricos como acompañantes y la gestión de gobierno en manos de CEO de empresas, el ceofascismo como lo caracterizan algunos líderes opositores.”

Futuro

Para Ignacio Ramírez, “las percepciones económicas se han deteriorado sin, aún, lesionar significativamente la imagen del gobierno nacional, pero es probable que en un futuro cercano, un creciente malestar económico empiece a impactar sobre la evaluación del gobierno. En esta misma dirección, el argumento de la herencia (atribución discursiva de responsabilidades de cualquier aspecto negativo de la realidad a la administración anterior) irá perdiendo utilidad en la opinión pública. De aquí en adelante es probable que las críticas sobre eventuales deficientes institucionales tengan débil impacto, pero un deterioro en la evolución del empleo, el consumo y la actividad económica sin dudas serán factores que gravitarán sensiblemente en el próximo escenario político, menos cómodo para el oficialismo”. 

“Yo veo al gobierno de Mauricio Macri atrapado en la disonancia cognitiva –explica Carlos De Angelis, titular del Centro de Opinión Pública y Estudios Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA)–. Por un lado se propuso como el hombre del consenso, la unidad de los argentinos y del desarrollo racional, durante la campaña, y, por el otro, aparece como el hombre que viene a deskirchnerizar a la Argentina restaurando un orden mítico perdido. El conjunto de medidas tomadas y por tomar es visto por parte de la ciudadanía como necesarias para enderezar y poner el marcha el barco. Sin embargo, el impacto futuro será la baja en promedio de los salarios en dólares. La pregunta que sobrevendrá es si se sostendrán los apoyos de los sectores medios (principales soportes electorales) cuando identifiquen el descenso de su capacidad de consumo.”

raulkollmann@hotmail.com


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AJUSTE, PERDIDA DE INGRESOS Y EMPLEOS EN RIESGO Por Raúl Dellatorre

La pérdida de capacidad adquisitiva en el 30 por ciento más pobre de la población, del 7,5 por ciento, reducirá la demanda de otros bienes.

Imagen: Bernardino Avila

› EL TARIFAZO ELÉCTRICO SIGNIFICARA UN RECORTE DE HASTA EL TRECE POR CIENTO EN LA CAPACIDAD DE COMPRA DE SECTORES DE BAJOS INGRESOS

SUBNOTAS

• “Traerá recesión e inflación”
  Por Raúl Dellatorre
• Ni el interior se salva
• Un tweet de CFK

Ajuste, pérdida de ingresos y empleos en riesgo

Los expertos lo señalan como una de las medidas más regresivas por el impacto en el poder de compra de la población de menores recursos. El arrastre recesivo y los temores de industriales y comerciantes. El ajuste que sigue.

Por Raúl Dellatorre

El impacto del doble ajuste en la tarifa eléctrica (eliminación de subsidio al precio de la energía y aumento de la rentabilidad para las distribuidoras) representará, para el 10 por ciento más pobre de la población del área metropolitana, un recorte en su poder adquisitivo del 10 a 13 por ciento, lo que obligará a doscientas mil familias a pensar en qué rubros recortarán gastos para compensar. Para cerca de cien mil comerciantes, con locales a la calle, le significará un aumento en la factura, que pasará a ser entre cuatro y siete veces lo que hasta ahora pagaban. Industriales de diversas ramas esperan con angustia conocer en los próximos días los números finales para conocer la incidencia en sus costos del brutal aumento, en especial en ramas de uso intensivo de maquinaria eléctrica, como ocurre en algunas ramas químicas o metalmecánicas. El golpe de escena se completa con la previsible caída en la demanda global que provocará el recorte en los ingresos disponibles de la población el tarifazo eléctrico. El primero de una serie ya anunciada, en la que el transporte, el gas, el agua y nuevamente la electricidad (segundo recorte de subsidios, del que con el primero “apenas” se ejecutó el 40 por ciento del objetivo), serán los capítulos siguientes.

Arnaldo Bocco, economista, ex director del Banco Central, analizó el impacto que tendrá el ajuste tarifario sobre distintos estratos poblacionales o “deciles” (segmentos de la población, ordenados desde el 10 por ciento de mayores ingresos al 10 por ciento de menores, según la modalidad de los estudios estadísticos), calculando qué proporción de su capacidad adquisitiva se verá afectada. En el área metropolitana (Ciudad Autónoma y conurbano bonaerense), donde el efecto del tarifazo es mayor (500 por ciento promedio en los consumos residenciales de hasta 400 kw/hora mensuales, según el Ministerio de Energía), la pérdida de poder adquisitivo para el decil más alto, según Bocco, es del 2,5 por ciento. Para un sector medio bajo (deciles 6 y 7), el recorte en la capacidad de consumo se eleva a 4 por ciento. Cuando se llega al último decil (el de menores ingresos), la proyección es de una pérdida de poder adquisitivo, como mínimo, del 10 por ciento, que podría llegar al 13 por ciento.

Tal cual destacó el propio autor de la proyección a Página/12, “lo alarmante es la combinación de la magnitud del daño al poder adquisitivo, con lo regresivo de la medida, porque recae en forma más violenta sobre los sectores más desprotegidos. Por la forma en que le pega al poder de compra, tiene un impacto quizás mayor a que resultaría de un aumento en el impuesto al valor agregado”, el principal impuesto sobre el consumo. Tomando los tres últimos deciles (el 30 por ciento de familias de menor ingreso), la estimación arroja un recorte del 5 al 7,5 por ciento de la capacidad de compra por el sólo impacto del tarifazo eléctrico. Se trata de una población de tres millones de habitantes.

En el rubro industrial, todavía se mantiene cierta incertidumbre sobre cuál será el efecto. Las industrias más grandes están al margen del impacto, ya que forman parte del bloque de 400 a 500 empresas que contratan directamente el suministro eléctrico con los generadores, sin relación comercial en consecuencia con las distribuidoras, cualquiera sea el punto de país donde están radicadas. El precio que contratan es pactado entre las partes y, por lo tanto, ahí no hay subsidio ni retribución al distribuido. Hasta ahora pagaban la energía más cara, pero este mes se encontrará con una ventaja relativa inesperada: no recibirán ni un rasguño del ajuste tarifario que, para la competencia, puede resultar un mazazo. Una fábrica mediana, del rubro textil o marroquinero, con máquinas de coser y la iluminación necesaria para un taller de veinte a treinta empleados, puede tener hoy un costo mensual de electricidad menor a 5000 pesos. Si sufriera un incremento del 500 por ciento estimado como media para los residenciales, llevaría el costo energético a 30 mil. No sería un problema imposible de afrontar si no fuera que el ajuste coincide con un momento de baja en las ventas –de lo que ya dan cuenta diversos integrantes del sector– y que empiezan a sentir la presión de las grandes tiendas, que amenazan con reemplazar esta temporada los productos nacionales por otros importados, para los cuales ya se ofrecen facilidades de ingreso al país que no existían en los años previos. El panorama no es agradable, ni para los dueños de negocios ni para sus empleados. El tarifazo eléctrico no es determinante, quizás, en sí mismo, pero discrimina en contra de la producción nacional, restándole competitividad. En los comercios de barrio o en los del centro se vive con similar angustia este cambio de escenario. Los negocios de mayor exposición, iluminados permanentemente como argumento de venta, van revisando su estrategia comercial. Las situaciones más complicadas se dan con locales con presupuesto ya ajustado por retracción en las ventas, en los que la factura de la luz no era un factor significativo, y ahora su valor multiplicado por seis puede que lleve a la decisión de no renovar el alquiler próximo a vencer.

Lo que aún no está en la cuenta de muchos es que el de febrero no será el último aumento del año, sino apenas el comienzo de una revisión tarifaria que el gobierno nacional se propone completar antes de fin de año. Posiblemente, con otros tres aumentos trimestrales (mayo, agosto y noviembre). La intención es cerrar una brecha de subsidios por 90 mil millones de dólares. Ayer, a través de un comunicado, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido explicó que ese monto, “destinado a subsidiar el precio mayorista que pagan por igual todas las distribuidoras del país”, en algunos casos benefició directamente a los consumidores, pero en otros fue apropiado por las distribuidoras provinciales, “que en su mayoría son los mismos gobiernos provinciales”. Con la decisión del gobierno nacional de clausurar esa transferencia de fondos, se abren otras batallas. Sin un ganador claro, pero sí con perdedores que ya ven cercenar su capacidad de consumo y peligrar sus trabajos.

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LA LUZ MALA

Por Raúl Dellatorre

El Gobierno publicó en el Boletín Oficial los nuevos precios de la energía eléctrica de febrero a abril. Implican subas que llegan a casi el 300 por ciento, a las que se sumaría en CABA y Gran Buenos Aires el alza que corresponda por distribución. Queda para más adelante otro aumento similar.

APENAS UN PRIMER PASO PARA ARMAR EL TARIFAZO Por Raúl Dellatorre

Juan José Aranguren, ministro de Energía. Readecuación de tarifas para ahorrar subsidios, pero por ahora sólo una tercera parte.

Imagen: Leandro Teysseire

› EL GOBIERNO DISPUSO UNA SUBA DEL PRECIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA QUE LLEGARÍA AL 280 POR CIENTO. HABRÁ MÁS AJUSTES

SUBNOTAS

• Nueve puntos más de inflación
• Costos en suba, mercados deprimidos

Apenas un primer paso para armar el tarifazo

El cambio afecta al precio mayorista de la energía. Antes de reflejarse en las facturas, podría sumarse la revisión de la retribución a distribuidores, que multiplicará su impacto sobre el usuario. Rige desde febrero.

Por Raúl Dellatorre

El gobierno nacional dio el primer paso hacia la desregulación de las tarifas eléctricas. A través de una resolución del Ministerio de Energía publicada ayer en el Boletín Oficial (sin previo anuncio ni posterior explicación, ver nota en esta misma página), se fijaron nuevos precios de referencia en el mercado mayorista para la energía eléctrica destinada a los usuarios de todo el país, que en términos generales representarían un aumento de entre 180 y 280 por ciento. Quienes deben pagar estos nuevos precios al mercado mayorista son los distribuidores eléctricos, que si bien trasladarán esos mayores precios a la tarifa de sus clientes, lo harán con un impacto menor, ya que “la energía facturada” es sólo un componente, aproximadamente la tercera parte, del valor final de la factura. Las estimaciones que anoche hacían los especialistas, en base a la letra de la resolución 6 de Juan José Aranguren, es que la incidencia sobre la tarifa final sería un incremento de entre 100 y 150 por ciento, “siempre que no se modifique la retribución al distribuidor, que en el caso de Edenor y Edesur está retrasada”, aclaran. Este último cambio, que podría hasta triplicar el impacto sobre los usuarios de toda el área metropolitana bonaerense, está en carpeta del ministerio de Energía pero, hasta anoche, se desconocía cuándo se hará efectivo. La misma resolución establece una tarifa diferencial para los usuarios residenciales que verifiquen menores consumos que el año pasado –el ajuste del valor de la energía se reduciría hasta en un 50 por ciento– y un cuadro tarifario subsidiado a quienes se les otorgue la Tarifa Social, quienes no tendrían que abonar por los primeros 150 kilowatts/hora que consuman mensualmente. Los nuevos valores de la energía eléctrica que deberán pagar los usuarios en todo el país tendrán vigencia a partir del 1º de febrero y hasta el 30 de abril próximo. El aumento del valor de la energía que se le facturará a los clientes supondría, según cálculos privados, una reducción en la cuenta de subsidios eléctricos equivalente al 30 o 40 por ciento de su valor total. Este era uno de los objetivos del programa de aumento de tarifas anunciado por Aranguren. Otro aspecto planteado como meta, que era eliminar la discriminación de tarifas entre los usuarios del área metropolitana y los del resto del país en favor de los primeros, quedó postergado, ya que el aumento es general para todos los usuarios del sistema interconectado nacional, mientras que por ahora no se modificó la retribución a los distribuidores, que supuestamente beneficiará a Edenor y Edesur con cargo a tarifas.

La resolución conocida ayer no contempla la categorización tarifaria que utilizan las distribuidoras, que divide a los clientes entre pequeñas, medianas y grandes demandas de uso residencial o uso general (comercios, industrias y otros no residenciales). Califica a los usuarios en función de la denominada “demanda de potencia”, según la densidad de aparatos eléctricos que tiene el hogar o establecimiento. Define dos líneas divisorias: 10 kv de potencia, hasta el cual entra un hogar con un equipamiento normal (por ejemplo, un hogar con tres o más aires acondicionados podría superar esa línea) y 300 kv de potencia, línea que sólo superarían los grandes usuarios (industrias grandes o electrointensivas. shoppings, algún consorcio de edificios con varios ascensores) que, en general, contratan el suministro directamente con las empresas generadoras. Esta franja, la de clientes con contratos directos, no goza de ningún subsidio, ya que paga la energía de acuerdo al precio del mercado mayorista más un extra por “potencia”, es decir por la disponibilidad de equipos para suministrarle la energía en las magnitudes demandadas. Este sector (no son más de quinientas grandes empresas en todo el país) es, por lo tanto, el único que quedó al margen de la resolución de la víspera.

La resolución de ayer establece –“para toda aquella demanda destinada por los distribuidores a abastecer a usuarios cuya demanda de potencia no alcance los 300 Kw”– un valor de la energía en torno de los 317 pesos por Mw/hora. Este precio supera entre 180 y 280 por ciento al valor subsidiado actualmente vigente (entre los 83 y 110 pesos por Mw/hora, de acuerdo con distintas estimaciones).

La resolución de la cartera energética de ayer establece los precios de referencia estacionales de energía en el mercado eléctrico mayorista, fijándolo en torno a los 768 pesos por megawatt/hora. Si bien no define cuál será su aplicación, se interpreta que es el valor que se correspondería con el costo de generación, es decir el precio de mercado sin subsidio y al cual se aspira a arribar. Si así fuera, el aumento dispuesto con la resolución de ayer sobre el valor de la energía sería apenas la tercera parte del incremento total fijado como meta, del orden del 700 al 800 por ciento.

Tarifa social

El Ministerio de Energía dispuso, en la misma resolución, la creación de una tarifa diferencial para aquellos usuarios con una demanda de potencia que no alcance a 10Kw, y “a cuyo consumo se le haya otorgado la Tarifa Social”, beneficio que será definido por el Ministerio de Desarrollo Social (el criterio sería incluir a los jubilados que cobran la mínima y a familias beneficiarias de la AUH y algún otro plan social para población vulnerable). Para ese universo, se contemplará lo siguiente:

a) Hasta un consumo mensual de 150 Kw/hora, tendrán un costo cero.

b) Sobre el consumo excedente, mientras el consumo mensual total sea menor o igual al registrado en el mismo mes del año 2015, el precio mayorista de la energía destinada a dicho usuario será de 27 pesos por Mw/hora consumido. Es decir, el 8,5 por ciento de la tarifa “normal”.

c) Cuando el consumo mensual total sea mayor al mismo mes de 2015, por la demanda excedente deberá abonar la tarifa de 317 pesos.

Ahorro de energía

La resolución también establece un mecanismo de incentivos al uso racional de energía o premios al menor consumo, pero sólo para usuarios residenciales con demanda de potencia menor a 10Kw (se estima que es aproximadamente el 70 por ciento de los usuarios). En el caso de que su consumo mensual, con respecto al mismo mes del año pasado, se reduzca en al menos un 10 por ciento y hasta el 20 por ciento, el valor de la energía se verá rebajado de 317 a 247 pesos, equivalente a la tercera parte del aumento general. Si la reducción del consumo, siempre comparando cada mes con el mismo del año anterior, es superior al 20 por ciento, el valor por kilowatt/hora consumido será de 197 pesos. Esto es, reduce a la mitad aproximadamente el impacto del aumento del precio de la energía.

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EL GASODUCTO DE TECHINT QUE INVADIÓ TERRITORIOS PILAGÁ EN FORMOSA, ARGENTINA Por Darío Aranda

Al tratarse de la misma nota que se publica en Página /12 consideramos-obviamente-no difundirla dos veces, pero sí destacar el valor fotográfico de la invasión a territorios Pilagá en Formosa.

aportes en la crisis.-

El gasoducto de Techint que invadió territorios pilagá en Formosa, Argentina

Darío Aranda

26 enero 2016 

Enlace relacionado: http://desinformemonos.org.mx/

UNA DENUNCIA POR LOS PILAGÁ Por Darío Aranda

artículo destacado

"Los pueblos indígenas de Argentina cuentan con leyes nacionales y tratados internacionales que obligan a obtener su consentimiento por cualquier actividad que pudiera afectar sus territorios. El termino legal es “consulta libre, previa e informada”. Requiere respetar las formas y los tiempos de decisión de las comunidades originarias".

"Techint, que no respondió las consultas de este diario, tiene 59.000 empleados en todo el mundo y factura 25.000 millones de dólares anuales. Es una empresa fundada en 1945 por Agostino Rocca y siempre estuvo ligada a la obra pública. Es el mayor productor de acero de América latina y líder global en la producción de tubos sin costura (principalmente para la actividad petrolera). Su presidente actual es Paolo Rocca y opera en más de 45 países. La publicidad corporativa de Techint afirma que entre sus objetivos principales está el “compromiso con el desarrollo local” y el “respeto al ambiente y a las comunidades” donde opera".

El pueblo pilagá se reunió en Formosa en varias oportunidades para debatir sobre su ambiente.

DOS COMUNIDADES DE FORMOSA ACUSAN DE ENVENENAMIENTO A TECHINT

Una denuncia por los pilagá

Las comunidades Penqole y Qompi, del pueblo pilagá de Formosa, denunciaron a Techint por la construcción de un tramo del Gasoducto del Noreste, que atraviesa su pueblo. Los pilagá sostienen que la empresa realizó promesas que fueron incumplidas.

Por Darío Aranda

La empresa Techint, que opera en 45 países y factura 25.000 millones de dólares al año, fue denunciada por ingresar a territorio indígena en Formosa, no respetar los derechos de las comunidades y contaminar. La multinacional construye un tramo del Gasoducto del Noreste, con un presupuesto de 1300 millones de pesos, que no contempla la conexión de suministro a los pueblos originarios. Dos comunidades del pueblo pilagá denunciaron a Techint por la firma irregular de convenios y por no cumplir las promesas (de trabajo y pago de canon por servidumbre de paso). “Parece que los indígenas no tenemos derechos”, reclamó Juana Segundo, de la comunidad Penqole.

Los pueblos indígenas de Argentina cuentan con leyes nacionales y tratados internacionales que obligan a obtener su consentimiento por cualquier actividad que pudiera afectar sus territorios. El termino legal es “consulta libre, previa e informada”. Requiere respetar las formas y los tiempos de decisión de las comunidades originarias.

No fue lo que sucedió en Formosa. “Llegaron un día con un papel, nos avisaron que por acá pasaba un gasoducto y que debíamos firmar”, recordó Juana Segundo, autoridad de la comunidad pilagá Penqole, sobre la ruta provincial 28, a cinco kilómetros de la localidad de Las Lomitas.

Fue a inicios de 2015, cuando empleados de Techint visitaron la comunidad e instaron a firmar un “convenio”. El mismo 2015 comenzaron las obras que atraviesan la comunidad. Cortaron alambrados, ingresaron retroexcavadoras, camiones y obreros. Cavaron profundos pozos y comenzaron la instalación de enormes cañerías.

Juana Segundo recordó que les prometieron un pago de canon mensual por utilizar el territorio indígena, pero advirtió que nunca les pagaron. La comunidad solicitó materiales para la construcción de un salón comunitario, de seis metros de largo por cinco de ancho. Obtuvieron cemento, arena y ladrillos, pero faltó el hierro (para columnas y vigas). El salón quedó a medio construir. “Parece que Techint no tiene plata para hierros”, cuestionó la mujer pilagá.

La comunidad indígena preguntó si contarán con suministro de gas (hoy utilizan garrafas y leña). “La empresa dijo que no sabía, pero los trabajadores nos avisaron que sólo es para las ciudades”, reclamó la vocera pilagá. Y definió la situación actual: “Hay mucho silencio de la empresa y del gobierno, y mucha preocupación nuestra porque no se cumplen nuestros derechos”.

Según la publicidad oficial, el Gasoducto del Noreste se propone abastecer de gas a 3,4 millones de personas de Formosa, Santa Fe, Salta, Chaco, Corrientes y Misiones. Contará con 4000 kilómetros de cañerías, una inversión total de 28 mil millones de pesos y fue adjudicado a una decena de empresas según los tramos (la obra de Formosa, de 300 kilómetros, fue licitada a Techint por 1373 millones de pesos).

El conflicto se agravó en junio, cuando Techint cortó alambres de los pilagá, amplió un pozo y lo transformó en un piletón. En octubre volvieron a cortar alambrados, realizaron otra excavación y canales. Los pilagá denunciaron que Techint utilizó el territorio indígena como basurero, donde arrojó líquidos “de las máquinas y baños”. Con el agravante de que a pocos metros se encuentra un pozo de agua de los pilagá.

A fines de agosto los indígenas cerraron el paso hacia el gasoducto. Denunciaron los incumplimientos de Techint y también de la empresa estatal Enarsa (Energía Argentina). A inicios de noviembre presentaron una denuncia judicial contra el responsable de Techint en la región, Jorge Pellegrini, por delito de “envenenamiento”. Solicitaron peritajes judiciales que examinen los residuos arrojados y recordaron que tres miembros de la comunidad enfermaron en esas semanas. También denunciaron en los tribunales de Lomitas al criollo Jorge Luna (que usurpó una parcela de la comunidad y actúa en consonancia con la empresa), por daños y amenazas con arma de fuego.

El accionar de Techint también afectó a la comunidad pilagá Qompi. “Nos dijeron que nos correspondía un pago mensual por canon. Y prometieron trabajo para los hombres”, recordó Cipriana Palomo, vocera de la comunidad (ubicada en la localidad de Pozo del Tigre).

La mujer, que también es autoridad de la Federación Pilagá de Formosa, señaló que la comunidad está integrada por 300 familias y sólo siete integrantes trabajaron en el gasoducto. En agosto pasado le cerraron el paso a Techint y exigieron que contrate más personas, alambre para los corrales, caños para conexiones de agua y cuatro motosierras. “Sólo entregó algo de alambre y caños”, afirmó Palomo y adelantó que siguen reclamando el pago del canon.

La comunidad Qompi responsabiliza a Techint, Enarsa y al gobierno nacional. También denuncia que la obra no contemple gas para los indígenas. “Nos mintieron”, lamentó Cipriana Palomo.

Techint, que no respondió las consultas de este diario, tiene 59.000 empleados en todo el mundo y factura 25.000 millones de dólares anuales. Es una empresa fundada en 1945 por Agostino Rocca y siempre estuvo ligada a la obra pública. Es el mayor productor de acero de América latina y líder global en la producción de tubos sin costura (principalmente para la actividad petrolera). Su presidente actual es Paolo Rocca y opera en más de 45 países. La publicidad corporativa de Techint afirma que entre sus objetivos principales está el “compromiso con el desarrollo local” y el “respeto al ambiente y a las comunidades” donde opera.

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Enlace relacionado: http://www.opsur.org.ar/

“EFECTISTA PERO INEFICAZ” Por Irina Hauser

Por Irina Hauser

El organismo, formado por importantes referentes sobre el tema que cruzan todo el arco político e intelectual, asegura que los anuncios de la ministra Bullrich “profundizan las peores tendencias en materia de política de seguridad” con un “enfoque de corte militarista”.

Lo firman León Arslanian, Felipe Solá, Dante Caputo, Hermes Binner, Nilda Garré, Adolfo Pérez Esquivel, Jorge Taiana, Manuel Garrido, entre muchos otros

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UN RECHAZO MULTIPARTIDARIO A LA EMERGENCIA Por Irina Hauser

artículo destacado

Adolfo Pérez Esquivel, León Arslanian, Felipe Solá, Horacio Verbitsky, Hermes Binner y Manuel Garrido figuran entre los firmantes.

› EL ACUERDO DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y CONVIVENCIA EN CONTRA DE LA DECLARACIÓN DE LA EMERGENCIA EN SEGURIDAD

Un rechazo multipartidario a la emergencia

Por Irina Hauser

La declaración de Emergencia en Seguridad del gobierno de Mauricio Macri volvió a aglutinar a un vasto grupo de intelectuales, investigadores, dirigentes políticos y organizaciones de la sociedad civil identificados con el espacio multisectorial conocido como Acuerdo de Seguridad Democrática y el grupo Convergencia, que salieron a alertar sobre los peligros del decreto presidencial que trata de instalar la idea de que el narcotráfico es la base del delito y la violencia en general y que –según explican en un documento colectivo– en lugar de reconocer a las Fuerzas Armadas y de seguridad como parte del problema les termina dando más poder. Eso se advierte en la autorización para derribar aviones, lo que equivale, interpretan, a una “pena de muerte encubierta”. Entre quienes firman hay una mezcla de personalidades de un abanico ideológico grande: el ex ministro y camarista León Arslanian, el constitucionalista Roberto Gargarella, Beatriz Sarlo, el radical Manuel Garrido, el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, el socialista Hermes Binner, el massista Felipe Solá, el especialista Marcelo Sain, Dante Caputo, Nilda Garré, Leo Grosso, Juan Manuel Abal Medina, Juan Pablo Cafiero, entre cerca de un centenar de nombres.

La semana pasada, con el argumento de que existiría “una situación de peligro colectivo”, el Gobierno declaró la Emergencia en Seguridad, medida que durará un año y que incluye posibles acciones conjuntas de fuerzas militares y de seguridad y hasta la convocatoria de personal retirado (que no esté implicado en crímenes de lesa humanidad) si es considerado necesario. Ese “peligro” descrito es atribuido por las autoridades nacionales al “delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico”, y entre las medidas más virulentas, autoriza el derribo de aviones ante alguna situación considerada sospechosa. El texto colectivo de dirigentes y especialistas advierte especialmente que el decreto de Macri no está fundado en ningún análisis o seguimiento concreto que permita definir el escenario del narcotráfico como lo hace. “Las políticas de seguridad en general y de drogas en particular deben surgir de diagnósticos rigurosos y de un enfoque de seguridad democrática. La emergencia en seguridad declarada por el Poder Ejecutivo es otra oportunidad perdida para dar un debate serio sobre las formas en que un Estado democrático debe abordar los problemas del delito y la violencia”.

El grupo conocido como Acuerdo de Seguridad Democrática nació en diciembre de 2009 y cuestionaba, principalmente, la política del entonces gobernador Daniel Scioli, que multiplicaba los castigos, restringía excarcelaciones y agravaba penas, aunque esto no modificaba los índices de delito. Por entonces esa alianza multisectorial logró instalar una discusión sobre cómo buscar respuestas ante el problema de la seguridad, que sean respetuosas de los derechos y las libertades. Armaron una plataforma con diez principios democráticos para encarar el tema. La “mesa chica” de entonces vuelve al ruedo ahora, con algunos expertos como Arslanian, Alberto Binder, Sain y Enrique Font, aunque el puntapié lo dio el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Luego se sumaron cerca de un centenar de firmas y organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Pensamiento Penal, la Comisión provincial por la Memoria, entre otros.

Algunos de los conceptos claves del texto que comenzó a circular el fin de semana son éstos:

• La emergencia declarada es un “anuncio efectista”, una estrategia que busca “impacto comunicacional” pero de lo que carece es de eficacia y conlleva el riesgo de multiplicar la violencia.

• El narcotráfico es mostrado como explicación de los problemas de seguridad y de ese modo se intentan justificar medidas excepcionales con el argumento de que hay que detener el ingreso de drogas.

• Esas medidas excepcionales van desde dar amplias facultades de revisar cualquier bulto que se considere sospechoso a personas que viajan por transporte comercial hasta el derribo de aviones dudosos, algo que los firmantes definen como una pena de muerte. “Es una medida inconstitucional porque es una pena de muerte sumaria encubierta”, dice el documento.

• “Ya se ha demostrado que este camino no tiene capacidad para desarmar el complejo mercado de las drogas ilegales, ni su tejido con las instituciones estatales involucradas en las redes de ilegalidad. En cambio, sobran pruebas de su capacidad para incrementar los niveles de violencia y las violaciones a los derechos humanos”.

• El narcotráfico es asimilado a una agresión militar, se lo describe como una violación a la soberanía y el Gobierno plantea las políticas para enfrentarlo dentro del modelo de las “nuevas amenazas” que “Estados Unidos prescribe para América latina, pero que no aplica en su propio territorio”. Se coloca el narcotráfico por encima de otros delitos “más violentos como la comercialización de armas de fuego”.

• Las Fuerzas Armadas, en ese contexto, reciben nuevas “facultades para intervenir en cuestiones de seguridad pública y no de defensa nacional”. Entonces, además de controlar el espacio aéreo, ahora podrán derribar aviones sin siquiera avisar a la autoridad política.

• La emergencia no hace ningún reconocimiento de la falta de profesionalización de las fuerzas policiales ni esboza reforma alguna para que dejen de ser parte de los mercados ilegales. Al revés, al habilitar medidas como la contratación de personal retirado, nunca se supera el viejo modelo corrupto.

• Queda habilitada la posibilidad de incrementar gastos en tecnología y armamento pero se debilitan los sistemas de control.

Gastón Chillier, director del CELS, dice que la Emergencia “no propone medidas para atacar el funcionamiento de los mercados ilegales, que apunten al lavado de activos proveniente del narcotráfico, que es un núcleo duro de esta actividad”. El documento, en esa línea, también precisa que no se ha hecho nada para cambiar la “relación promiscua entre fútbol y política” como fenómeno “vinculado al narcotráfico y a los crímenes mafiosos”.

Para Sain –ex titular de la Policía Aeroportuaria– plantea que la falta de diagnóstico en realidad es un síntoma de que “el Gobierno actúa con mucha improvisación; no veo una gran maniobra detrás de esto; es más, creo que el gobierno quedó debilitado por la fuga (de los hermanos Lanatta). El derribo de aviones el único aspecto operativo del decreto, y encima está copiado de las reglas elaboradas solo para defensa aeroespacial en los casos de cumbres presidenciales. La traspasan al narcotráfico como si fuera lo mismo. Eso es incapacidad de gestión”.

La aspiración de máxima de este grupo es que haya marcha atrás con el decreto y apostar a modificaciones que no estén destinadas a multiplicar el delito y la violencia. Es posible que en febrero el Acuerdo de Seguridad Democrática y el Grupo Convergencia, promuevan un debate profundo, que tenga entre sus protagonistas a los firmantes del documento.

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