Vidas obreras inmoladas en el templo de la baja de costos laborales
El viernes pasado fallecieron por lo menos cuatro trabajadores en el país. Un genocidio silencioso que en 2015 se cobró casi 800 vidas, mientras gobierno y empresarios hablan de “bajar costos laborales”.
En General Alvear, Mendoza, un trabajador municipal perdió la vida luego de sufrir un fuerte golpe en la cabeza al caer de una tarima. Estaba realizando reparaciones en el predio de la Universidad Cooperativa. En el barrio porteño de Villa Crespo, falleció un obrero de la construcción luego del derrumbe de una medianera, que tenía una denuncia por irregularidades hace meses. Un trabajador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) murió a causa de quemaduras, que fueron resultado de una explosión en la sede de Castelar. Finalmente, un electricista de la Línea 60 de colectivos fue aplastado por una unidad como resultado de la ausencia de las medidas de seguridad correspondientes lo que determinó la paralización del servicio resuelto en forma unánime por una asamblea de trabajadores.
El paro afecta a unos 250.000 usuarios que diariamente utilizan los servicios de la Línea 60, con amplio recorrido en la ciudad de Buenos Aires y el norte del conurbano.
En el día de hoy, martes 13 de septiembre, se llevará a cabo una inspección integral sobre el estado de las instalaciones de la Línea 60. De la misma participarán todos los organismos que tienen relación con el transporte público y, además, el Ministerio de Trabajo convoca a agentes del Ministerio de Seguridad para que garanticen dicha inspección. Frente a esto, los trabajadores siguen en estado de asamblea permanente y han decidido involucrar a un técnico de su parte para que participe de la inspección.
Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, sólo en 2015 fallecieron 792 trabajadores. Además, según el informe oficial de 2014, se constataron 670.000 accidentes y enfermedades laborales al año. En el sector de la construcción, hubo 67 muertes. Haciendo un repaso de las causas, se constata que la mayor parte de los llamados “accidentes” surgen de problemas evitables, ligados a la falta de indumentaria apropiada y medidas de higiene o seguridad así como a los ritmos intensivos ligados a las necesidades de productividad que las patronales imponen: 178.574 accidentes fueron a causa de pisadas; 130 mil caídas por pisadas; 84.342 por “esfuerzo excesivos”; 22.579 por caídas de objetos; 7.875 por “exposición a temperaturas extremas” y 1.301 por “exposición a la corriente eléctrica”. También se produjeron otros incidentes por choques y golpes de objetos.
En 1996, el menemismo sancionó la Ley de Riesgos del Trabajo (24.557) que aún rige, la cual dispone que, a cambio del pago de una indemnización y de la contratación de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), los empresarios directamente se desentienden de su responsabilidad por los “accidentes”, independientemente de su culpabilidad.
Por otro lado, la “Ley De Mendiguren”, sancionada por el kirchnerismo en el 2012, limitó abiertamente las posibilidades de los trabajadores de reclamar mejores indemnizaciones.
En los últimos días los medios de comunicación ligados al macrismo y las cámaras empresariales, se han dedicado a escribir editoriales exigiendo una mayor regulación que permita bajar lo que definen, cínicamente, como “la industria del juicio”.
Se trata de los juicios laborales que emprenden los trabajadores ante accidentes de trabajo o enfermedades directamente no reconocidas por las patronales y aun por la misma legislación vigente.
El viernes 2 de setiembre en la reunión entre el Gobierno y la CGT reunificada, el Ministro de Trabajo planteó proyectos para fomentar la precarización laboral a través del Plan Primer Empleo y la modificación del sistema de ART.
En lo que respecta al Plan Primer Empleo, la semana pasada los legisladores de origen sindical de las distintas bancadas opositoras rechazaron la iniciativa oficial y la emparentaron con la política de flexibilización laboral de los ‘90, que apunta a que los empresarios reemplacen trabajadores calificados y mejor remunerados por jóvenes con empleos “precarizados”, que con las exenciones impositivas que se ofrecen a las empresas se “premia a los evasores” y se desfinancia el sistema previsional. Además, le reclamaron al ministro que se vuelva a discutir la ley para frenar despidos que vetó Macri y le advirtieron sobre el futuro de los más de 114.000 contratos de empleados públicos que el Gobierno tiene “bajo análisis”.
“En los últimos meses se han creado alrededor de 35.000 puestos de trabajo y 120.000 se han perdido”, admitió el funcionario. Según las cifras del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), de AFIP, en los primeros seis meses del año la cantidad de ocupados registrados se redujo en 115.281.
Tarifazo
El Ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, dio a conocer que el Gobierno nacional impulsaría una suba apenas superior al 200 % para las tarifas de gas. El aumento sería del mismo porcentaje para todo el país y regiría a partir de octubre próximo y hasta marzo de 2017. De esta forma, el Gobierno anuncia una propuesta que se encuentra muy por debajo de la que había sido limitada (400 %) por la misma Corte Suprema de Justicia cuando emitió el fallo que obligaba a la realización de audiencias públicas previa a la suba de las tarifas.
Después de ese golpe político, todo parece indicar que el oficialismo busca evitar que las audiencias públicas terminen profundizando una discusión donde el Poder Ejecutivo tiene poco consenso a su favor.
La propuesta de aumentar las tarifas en un 203 % está siendo consensuada con gobernadores, legisladores de todos los bloques parlamentarios, organizaciones de defensa del consumidor y sindicatos del sector energético, entre otros sectores.
Tras el encuentro que mantuvieron con los Ministros de Trabajo y de Energía, Jorge Triaca y Juan José Aranguren, los referentes de la Confederación de Trabajadores de la Energía, se mostraron a favor del nuevo cuadro tarifario.
El sindicalista petrolero Antonio Cassia dijo que “el gobierno ha revisado su propuesta sobre tarifas y lo que vimos nos parece bastante razonable; qué pena no se hizo bien desde el principio porque se perjudicó el propio gobierno, nuestro sector y todos los ciudadanos”. Sin embargo, la Audiencia Pública (AP) que tratará el tarifazo al gas está en tela de juicio.
Claudio Boada, director de la Unión de Usuarios y Consumidores (UUC) expresó: “Estamos a cuatro días hábiles y no tenemos la información para prepararnos. A cuentagotas informaron sobre Precios de Transporte y Distribución y no hay información de gas en boca de pozo (GBP). Cuestionamos ese precio que dan por sentado. La Corte dejó en claro que se debe discutir”. En el mismo sentido, Mariano Przybylski, abogado de la Multisectorial contra el Tarifazo, planteó que esos datos “tienen que estar en el expediente y ser precisos. La AP debe ser un espacio para debatir y el gobierno la quiere usar para informar. Si eso es así, vamos a pedir la nulidad”.
También Gabriel Solano del FIT-PO cuestionó la AP porque el gobierno “no da la información necesaria para que haya debate en regla. ¿Cuál es el costo real del GBP? Además, está valuado en dólares, o sea, cuando se devalúe el dólar, la tarifa aumentará aún más”, señaló.
Día del Maestro
El Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina dio a conocer una carta abierta a l@s trabajadores de la educación:
Les escribimos desde Tierra del Fuego para contarles como nos encuentra este día. Desde nuestra organización no resignamos la discusión paritaria por salarios dignos, por mejorar las condiciones laborales, discutir las políticas educativas que involucran a nuestros pibes en las escuelas y reclamar presupuesto para mejorar las condiciones edilicias de los colegios. Somos un sindicato que desde las bases y que no hace acuerdos a espaldas de sus compañeros, las decisiones se toman en asambleas, con debate y participación. Este relato no es para vanagloriarnos de nada, sino para compartir con ustedes que es un espacio orgánico, democrático y plural que combate también los vicios de la burocracia sindical que tanto daño hace a los trabajadores de nuestro país.Pero la realidad es que a los gobiernos este tipo de construcción les molesta, y les molesta mucho. En el año 2013 conseguimos un aumento salarial del 42 por ciento además de un reconocimiento histórico del 100 por 100 de zona sobre la antigüedad. Esa conquista se dio con un plan de lucha largo que nos tuvo en la calle por más de 3 meses y terminó con la ocupación de la casa de gobierno de TDF. Fue necesario llegar a esa instancia para que nos dieran la razón. Esa decisión fue tomada en las asambleas escolares, con mandatos en el congreso provincial de delegados y llevada adelante con la dirigencia. A fin del año pasado las consecuencias de esa lucha tomaron forma en un juicio escandaloso, hecho en tiempo record, con falsos testigos, donde la policía es la denunciante, quien aporta las pruebas, quien las procesa y que culminó con la condena de 14 compañer@s y la absolución de 3. En diciembre de 2015 el último acto de la saliente gobernadora Fabiana Ríos fue firmar la exoneración de los condenados por luchar, allanando así el camino a la actual gobernadora del FPV Rosana Bertone para aplicar el ajuste de Macri en la provincia.Hoy al momento de escribir esta carta ya hay 3 compañeros que han sido víctimas de la quita de la tutela sindical y hay 14 que están esperando que les llegue la notificación. El gobierno quiere descabezar a nuestro sindicato. Hemos sufrido detenciones, y la persecución en las escuelas no para. Separaron del cargo e iniciaron sumarios a todas las supervisoras de nivel primario. Pero el objetivo, que ya no se preocupan en esconder es desmembrar la organización. Lamentablemente es imposible transmitir en una carta todo lo que nos viene ocurriendo en este año de lucha por la modificación del régimen jubilatorio. 120 días de acampe junto a otros gremios, frente a casa de gobierno, terminó en un desalojo sin orden judicial y hecho a las 2 de la madrugada, ilustran un poco el panorama.Compañer@s, compartimos lo que estamos viviendo sabiendo que son muchos trabajadores de distintas organizaciones que también sufren día a día la persecución. Pero también les decimos que nuestra convicción está intacta, que seguimos manteniendo la unidad y que el miedo no nos detiene. Porque tenemos razón y porque estamos comprometidos por lo que es justo. Lo hacemos por nosotros y sobre todo por los pibes, porque nuestra tarea es también una enseñanza para que sepan y no olviden nunca que no hay que temer a los tiranos; hay que combatirlos con todas las fuerzas. Llamamos a la más amplia unidad en la lucha, entendiendo que esa es la mejor estrategia de un pueblo que no se arrodilla ni doblega.#Ni un derecho menos#Ningún trabajador despedido por lucharAteca, gremio docente mayoritario de Catamarca, realizó un nuevo paro de 48 horas por incumplimiento de lo acordado en paritarias por parte del gobierno provincial.
Mientras tanto, la asamblea de docentes de la Universidad de Buenos Aires resolvió la convocatoria a un paro de actividades y movilización el próximo 16 de septiembre a 40 años de la Noche de los lápices y contra el tarifazo del gobierno nacional.
En los festejos del Día del Maestro, el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, negó que el Gobierno nacional vaya a abrir la paritaria docente, como lo vienen exigiendo los gremios del sector.
Los dichos de Bullrich están en sintonía con los del propio Mauricio Macri quien desde China, donde participó de la cumbre del G-20 remarcó: “las paritarias ya están negociadas” y cerró toda chance de reabrir las negociaciones.
Mientras el presidente se niega a reabrir paritarias la inflación deterioró los salarios. Según el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina “la contracción de los salarios reales de los trabajadores registrados del sector privado alcanzó el 12,1 % en el mes de junio respecto a diciembre de 2015. La caída sería superior si se considerara el nivel salarial de los trabajadores no registrados y del sector público.”
Reclamos salariales
Los médicos de hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, nucleados en la Cicop, anunciaron la realización de tres días de paro, a partir del próximo miércoles, en demanda de mejoras salariales y condiciones de trabajo.
La medida de fuerza se cumplirá en 80 hospitales bajo la jurisdicción bonaerense y se repetirá el 22 y 23 de este mes, según anunció la entidad gremial en un comunicado.
Los médicos pararán el miércoles 14 junto con los estatales de ATE y ese día participarán de una movilización hacia la Casa de Gobierno, en La Plata.
Este sector había concretado el jueves pasado el primer paro del semestre para reclamar que el gobierno de María Eugenia Vidal reabra las negociaciones paritarias, algo que por el momento parece más que lejano.
El próximo 27 de septiembre habrá un paro nacional en los hospitales públicos convocado por 30.000 médicos y profesionales de la salud del gremio nacional FESPROSA. Reclamarán por el 82% móvil y los derechos previsionales.
También trabajadores de ATE provincia de Buenos Aires convoca a un paro con movilización a la Casa de Gobierno de la provincia para el próximo miércoles 14, en defensa del salario, de los puestos de trabajo y por políticas sociales que mejoren las condiciones de vida de los millones de bonaerenses.
La jornada es convocada conjuntamente con AJB (judiciales), CICOP, Federación Nacional Docente, gremios del sector privado y distintas organizaciones sociales como Barrios de Pie, CCC y CTEP.
La movilización de la que participarán un amplio espectro de organizaciones, tendrá como uno de los objetivos poner en debate el ejercicio presupuestario 2017. “Desde ATE y la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires, vamos a marchar exigiendo un presupuesto 2017 donde se exprese mayor inversión en las políticas sociales, que son las que necesitan los que menos tienen, vamos a plantear la necesidad de avanzar en aumentos salariales que nos permitan recuperar el poder adquisitivo”, apuntó Oscar de Isasi, líder de ATE y la CTA Autónoma provincial.
Los trabajadores de canales de aire y de productoras de televisión convocaron a un paro de actividades por 24 horas para el próximo jueves 15. Esto se debe a la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias con las cámaras empresarias del sector ATA-CAPIT.
El incremento reclamado por el gremio es del 42 % más una suma fija de 11.500 pesos. El paro convocado para el próximo jueves es por 24 horas y según informa en un comunicado el gremio “se realizará con permanencia en los puestos de trabajo con el objeto de respaldar de manera efectiva nuestra solicitud salarial”.
Hoy, 13 de setiembre, el SITRAIC va a instalarse con un acampe frente a la Cámara Argentina de la Construcción para hacer oír sus reclamos por aumento salarial y en defensa de los puestos de trabajo.
Trabajadores de la empresa de correos Oca, paralizaron totalmente las actividades en demanda del pago de dos meses de salarios adeudados. El paro fue iniciado el miércoles de la semana pasada.
Los transportadores realizan cortes y bloqueos en la totalidad de las plantas de “la quebrada empresa Oca”, según señalaron los voceros del sindicato, y denunciaron que tampoco se abonan las cargas sociales y “no existe ningún tipo de diálogo con los dueños”.
El delegado Raúl Vargas, de la planta Burzaco, confirmó el viernes que el día anterior expiraron los plazos impuestos por el gremio a la compañía para que abone los haberes, por lo que el paro es ahora por tiempo indeterminado.
Los cortes en territorio bonaerense se realizan en La Plata, Almirante Brown y Ezeiza, además ya hubo manifestaciones y concentraciones en el centro porteño y en el barrio de Barracas.
Los voceros del sindicato camionero aseguraron que la situación de Oca es “complicada” porque “está prácticamente quebrada” y, en 2015, sus dueños presentaron el concurso de acreedores en el marco de un procedimiento preventivo de crisis.
Municipales marplatenses marcharon al Palacio comunal. Realizan un paro por tiempo indeterminado, por falta de pagos y de insumos de trabajo. Daniel Ferro, de la Federación de Municipales bonaerenses (FESIMUBO), confirmó que los problemas de pago de Mar del Plata se replican en otros municipios de la provincia como Coronel Suárez, Adolfo Alsina y Azul, entre otros.
Los salarios en la AM 1030 se siguen pagando ilegalmente en cómodas cuotas y tampoco se cumple con los aportes de las obras sociales y previsionales. En la misma situación se encuentran los trabajadores de 360 TV.
El Grupo Electroingeniería, perteneciente a Gerardo Ferreyra, su hijo Sebastián y Osvaldo Acosta, alega tener problemas financieros desde la asunción del gobierno de Cambiemos, cuando en realidad sigue haciendo millonarios negocios con el macrismo a través de la obra pública. La última adjudicación otorgada por el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, es de nada más y nada menos que 9.000 millones de pesos para ejecutar los monumentales gasoductos troncales de la ciudad de Córdoba.
Las trabajadoras y trabajadores autoconvocados del Área de Salud y Trabajo (ASyT) de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario permanecen de huelga desde el 22 de agosto por reclamos salariales y de condiciones de trabajo "ya que nuestro acuerdo salarial venció el 30 de junio de 2016 y al día de la fecha recibimos una respuesta insuficiente ante nuestros reiterados pedidos de actualización salarial", explicaron.
En la segunda jornada de protesta de Barrios de Pie en menos de dos meses hubo 100 ollas populares en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.
Daniel Menéndez, coordinador nacional del movimiento, explicó que "el reclamo tiene que ver con la falta de respuesta del gobierno de la Ciudad en lo referido a los pedidos de trabajo que no se están pudiendo canalizar a través de vías institucionales".
"En lo que va del año, la Asignación Universal por Hijo ha perdido un 20% de poder adquisitivo debido al aumento sostenido de los precios. La Ciudad conserva y reproduce enormes desigualdades, y es por eso que le pedimos al jefe de Gobierno Rodríguez Larreta que resuelva las fuertes desigualdades del distrito", afirmó Menéndez.
Finalmente, el Enacom, el organismo creado por decreto por el presidente Macri para reemplazar a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), decidió dar de baja la licencia de Radio América AM 1190, la emisora que viene de un largo conflicto luego de que los empresarios Sergio Szpolski y Matías Garfunkel decidieran abandonarla y llevar adelante el vaciamiento del Grupo 23.
Desde entonces, los trabajadores de América no ven un peso de sus salarios y vienen llevando adelante una dura lucha que incluyó el sostenimiento de la transmisión de Radio América y el cuidado de las instalaciones del edificio de Amenábar 23, donde también funciona la redacción del diario Tiempo Argentino.
Modernización admitió que planea más despidos de estatales y ATE va al paro
El Ministro Andrés Ibarra confirmó que antes de fin de año se definirá el futuro laboral de 115.000 trabajadores.
Ante esta situación ATE resolvió convocar a un nuevo paro nacional con movilización para el 29 de septiembre. De esta forma, a la reapertura de las paritarias, la reincorporación de todos los trabajadores injustamente despedidos, contra el ajuste y los tarifazos, ahora se le suma el rechazo a la puesta en marcha de lo que consideran la Tercera Reforma del Estado que intenta imponer el Gobierno de Mauricio Macri.
También se definió realizar una jornada de lucha con movilización para el próximo 16 de septiembre, día que el Gobierno convocó a la audiencia pública para discutir el nuevo cuadro tarifario del gas.
Asimismo, el 20 de septiembre, Día del Jubilado, también se realizará una medida de protesta frente al Congreso de la Nación en defensa de la Seguridad Social.
Más despidos
La atención en hospitales y centros asistenciales cordobeses dependientes del Estado provincial estuvo restringida por protestas en rechazo a despidos de personal contratado.
Con la modalidad de asambleas, quite de colaboración y ollas populares, los gremios de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), junto a la agrupación Médicos Unidos y trabajadores sanitaristas cubrieron solamente las guardias mínimas.
Estela Giménez, dirigente de la UTS, denunció que “son más de 200 los trabajadores despedidos”, entre ellos “60 compañeros que tienen de entre cuatro y nueve años de antigüedad, y con sus legajos limpios”.
“Hay médicos, enfermeros y otros trabajadores que venían cumpliendo funciones indispensables en el sistema de salud”, aseveró la dirigente, quien denunció que en “ninguno de los casos mediaron sumarios administrativos” antes de la cesantía.
A la situación de “despidos y precarización laboral” se suman otros aspectos que “paradójicamente tienen que ver con la falta de recursos humanos, con la falta de mantenimiento de los hospitales, como los quirófanos en estado de abandono y espacios contaminados, además de estar trabajando con drogas e insumos que mala calidad que ponen en riesgo de mala praxis a los médicos y auxiliares”, advirtió Giménez.
El martes 6 de setiembre la Gerencia de Capital Humano de AGEA /Clarín comunicó oficialmente el lanzamiento de un nuevo plan de retiros voluntarios que estará abierto hasta el 31/12, en el que ofrece pagos hasta un 60% superiores por sobre el cálculo de antigüedad que se haría en el caso de una indemnización por despido.
Este lunes por la noche un operativo de la policía desalojó el acampe que estaban realizando los vendedores del Paseo de la Estación en Constitución. En su mayoría inmigrantes, reclaman en el lugar desde el cierre del establecimiento que tuviera lugar el domingo 14 de agosto, sin que siquiera les permitieran retirar su mercadería. El predio está a nombre de la empresa Crizell S.A. que ya había sido denunciada por abusos y malos tratos a los vendedores. El operativo policial arrancó cerca de las 20:00 cuando el personal policial avanzó sobre el acampe y terminó con cinco detenidos.
Fuentes: InfoGremiales, La Izquierda Diario, http://www.eltrabajadordelesta
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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