OPINIÓN
Los poderes fácticos amenazan la democracia
Por Edgardo Mocca
Los poderes fácticos están desatados hoy entre nosotros. ¿Quiénes son los poderes fácticos? Una vasta literatura académica los define y los estudia: son fuerzas organizadas que ejercen poder político sin ninguna legitimidad que los sustente para ese fin. Entre nosotros el poder fáctico proverbial fueron durante el siglo XX las fuerzas armadas. Constitucionalmente definidas como fuerzas que tenían como fundamento la defensa de la Nación bajo el mando del presidente, se colocaron en el rol de fuerza ordenadora y disciplinadora y muchas veces directamente ejecutora del orden político. El final de ese capítulo que tuvo lugar en 1983 tiene una enorme importancia histórica; a partir de ese punto, los argentinos estamos en condiciones –lo hagamos o no– de juzgar la conducta individual y de grupo apelando a la ley. Sin embargo, como se reconoce de modo universal, los poderes fácticos no son exclusivamente los militares, ni las armas su único fundamento. En la historia académica de la expresión suelen mencionarse otros poderes de ese tipo: la Iglesia Católica, los medios de comunicación, los grandes empresarios y los terratenientes son los mencionados con más frecuencia. Es bueno prestar atención a este problema porque los poderes fácticos son esencialmente una amenaza, la principal amenaza, a la democracia. El territorio que controlan los poderes fácticos no se rige por la democracia.
El triste espectáculo del “juicio” del régimen de Morales en Jujuy a Milagro Sala, devenido lisa y llanamente en su proscripción según las necesidades electorales del gobernador, las “denuncias” abiertas y reabiertas con el máximo de velocidad y repercusión mediática a Cristina Kirchner, las absoluciones en el caso Papel Prensa, la represión constituida en forma normal de conducta ante cualquier protesta popular, las impresionantes campañas publicitarias desplegadas a favor de la precarización laboral, a favor del FMI como la gran ayuda para levantar la economía desastrada en estos doce meses de macrismo, las operaciones contra personas y organizaciones por el solo delito de seguir simpatizando con la fuerza que gobernó el país durante los doce años anteriores al que se está yendo… todo eso y mucho más que una mirada más detallista podría agregar es el modo de manifestación de los poderes fácticos argentinos. Las apelaciones a las leyes –cuando existen– suelen ser formales y vacías. Los argumentos que pretenden demostrar que la prensa se limita a informar, que los jueces no persiguen ni protegen sino que cumplen su trabajo, que la policía, al reprimir a gente que protesta, está protegiendo a los ciudadanos, que la obsesión de los medios oligopólicos por la legislación laboral es una simple “opinión periodística”, son un enunciado ideológico que solamente sirve para ocultar (u ocultarse a sí mismo) la existencia de poderes a los que ninguna ley ni Constitución pone límites. Lo que está sucediendo en los últimos años es llamativo: los poderes fácticos han adquirido un respaldo ciudadano explícito que en otra época no tenían. Ciertamente hubo amplios sectores sociales que miraron con simpatía a los golpes de Estado, pero a partir de 1983 empezaron a reconocer la existencia de una Constitución y de leyes y a no repudiarlas en forma ostensible. Hoy, algunos sectores enfrentan a la policía exigiendo mano dura, celebran el simulacro judicial contra Milagro Sala –encarnación del mal para los medios dominantes–, festejan que se reabra la causa por la denuncia de Nisman, aún cuando todos los juristas que no se enrolan automáticamente a favor de los poderes fácticos sostienen su absoluta falta de fundamentos, hasta el punto de que no se produjo ningún delito que la explique. No puede ocultarse que hay una franja de la sociedad que vería con simpatía la prisión de la ex presidenta, con absoluta prescindencia de la legalidad y la constitucionalidad de su consumación.
Los medios de comunicación concentrados han devenido en todo el mundo un poder fáctico central. No se trata, claro, de los “medios de comunicación” en abstracto, sino de maquinarias que en las últimas décadas han alcanzado una tremenda efectividad para defender sus negocios y para operar a favor de determinadas políticas, sobre la base del enorme poder de fuego político del que disponen. Los medios son lo que son por su carácter de articulador discursivo, táctico y estratégico de la red de poderes fácticos y por su enorme poder de represalia contra sus antagonistas. Lo sabe cualquiera que haya vivido en el país los últimos años. Claro, no hay un comité central de los poderes fácticos. Tampoco hay una uniformidad absoluta en los intereses, ni hay una plena coordinación de todos ellos a través de los medios. Por otro lado, los empresarios mediáticos son, a la vez, una parte muy importante de la red de poderes fácticos y no siempre sus negocios coinciden con lo que muchos de sus sectores impulsan. Se puede hablar de una red de intereses y de un cierto programa político de referencia. Es cierto que los poderosos discuten mucho entre ellos pero fácilmente se podría hacer un pequeño programa con sus abrumadoras coincidencias: plena “libertad de mercado”, menos Estado-menos gasto público, salarios “competitivos”, es decir bajando hasta igualarnos con otros países modélicos de la región, negociación salarial por empresa, calles sin protestas populares, basta de juicios al terrorismo de Estado y mucho menos contra civiles. Además hay un punto central de acuerdo en la Argentina de hoy, que es terminar con el kirchnerismo a como dé lugar.
Hay un punto que es el más estremecedor de lo que está sucediendo, y es que el Poder Judicial se ha convertido en el reducto de un poder fáctico que actúa como tal de modo ostensible e intenso. Digamos que el ejemplo más pleno de lo anterior es la ya mencionada reapertura de la causa Nisman, pero el espectáculo judicial-televisivo es abrumador como para negarle centralidad a algo que ya no es la judicialización de la política, sino la prostitución del servicio de justicia. La independencia de la justicia, tan reclamada en tiempos del golpismo republicano ha devenido una rosca impúdica entre jueces, medios de comunicación y operadores gubernamentales. Pocas veces se había ido tan lejos. El insólito ocultamiento mediático del juicio por encubrimiento al atentado de la AMIA es un caso emblemático de lo que está sucediendo: todo el mundo mediático agita la cuestión de la impunidad de la causa AMIA, embrollando de tal manera las cosas como para que parezca que la responsabilidad por esa impunidad sea de los gobiernos kirchneristas. Como dice una muy interesante nota escrita por Hugo Presman en la revista virtual La Tecl@ Eñe, “en cualquier lugar del mundo tener sentado en el banquillo de los acusados a un ex presidente de la Nación; a su ex jefe de la inteligencia; al juez y a los fiscales que participaron de la investigación, y al ex presidente de la institución representativa de la comunidad afectada merecería un seguimiento intenso del juicio. Nada de eso sucede en la Argentina. Ante este misterio sólo cabe interrogarse ¿Por qué?” Como lo demuestra el artículo en su conjunto, es un ocultamiento con aroma de intereses poderosos que están dentro y fuera del país y tienen como prioridad el no esclarecimiento del atentado.
La democracia argentina va a necesitar más temprano que tarde una nueva Constitución. Es muy amplia la agenda de su probable contenido y no podrá retroceder ante el llamado núcleo duro de los derechos y las garantías, que es el que provoca escozor en los poderes fácticos porque en el centro de esos derechos está el de propiedad sin principio regulador alguno. Y la lucha contra los poderes fácticos es inconcebible sin limitación de los monopolios, sin principios limitantes de la acumulación de riquezas, sin un concepto de función social de la propiedad. Hablando más en general, será necesaria la revisión del Poder Judicial devenido en oligarquía vitalicia que no paga Impuesto a las Ganancias y cuyo punto de vista se coloca muchas veces sobre las leyes y la Constitución. Sin embargo, el horizonte de una nueva Constitución no puede pensarse por fuera de la extrema dureza de la actual coyuntura. También el Poder Ejecutivo actúa frecuentemente como poder fáctico, es decir situado por fuera de la ley. Lo hizo cuando designó jueces de la Corte Suprema por decreto, cuando también por decreto –en este caso de necesidad y urgencia– derogó partes fundamentales de la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual y hace poco cuando derogó de facto un punto de la ley de blanqueo que fue el centro de la principal discusión parlamentaria que suscitó.
Hay cierto aroma de estado de excepción en el ambiente político. Las recurrentes pedradas en el auto presidencial, que nunca logran ser captadas por las sofisticadas técnicas que hoy están al alcance de cualquiera, forman parte de la creación de este clima. En el orden neoliberal parlamentario que hoy rige en el mundo, el gran moderador de la política es la llamada “opinión pública”. Por eso un gran argumento del oficialismo actual ha sido hasta ahora que una parte importante de la opinión acompaña al Gobierno y aunque se siente mal tiene expectativas. Sin embargo, la tendencia es a un creciente distanciamiento ciudadano respecto del Gobierno. Más allá de las encuestas, está el clima en la calle, el tenor de las conversaciones entre las personas. Los meses en los que entramos serán políticamente dramáticos para lo que constituye el plan maestro del bloque dominante, la construcción de un orden para la regresión neoliberal, algo así como un cierre drástico del antagonismo de los últimos años y una recuperación del clima de la alternancia sin alternativas, propia de los años dorados del neoliberalismo en la década de los noventa. Nunca pareció fácil esa tarea. Hoy luce más compleja que nunca, con la proximidad de la elección de medio término y las inciertas perspectivas sociales de un plan que se dice gradualista pero ha afectado en tiempos vertiginosos el nivel de vida de millones de argentinos. Serán tiempos políticamente tensos.
Como llegamos a fin de año se puede expresar un deseo: paz y justicia para todos.
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