miércoles, 31 de mayo de 2017

NO HAY REFUGIO Las mujeres y la crisis siria Por Clara Aguirre



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http://www.acnur.org/noticias/noticia/el-conflicto-en-siria-cumple-5-anos/





Las mujeres y la crisis siria



No hay refugio






A seis años del inicio del conflicto y la guerra civil, ya son 5 millones los sirios que huyeron a otros países. Y cuando llegan a los campos de refugiados, empieza otra batalla: la de sobrevivir en lugares donde la infraestructura no alcanza para recibirlos. Las mujeres son quienes más lo padecen: no las dejan trabajar, las aíslan y sufren abusos hasta de sus propios familiares o compañeros.


Fotos: Photo Unit.




Hala tiene 23 años y nació en Aleppo. Como más de 5 millones de sirios, tuvo que escapar de su país, que ya lleva 6 años de conflicto y guerra civil y que ha provocado la mayor crisis de refugiados desde la segunda guerra mundial. De una población nacional de 22 millones, más de la mitad requiere asistencia humanitaria. La mayoría escapa a países de la región como Egipto, Irak, Jordania, Líbano y Turquía, donde muchas veces la infraestructura no alcanza para recibirlos.

Alrededor del 10% toma el camino más difícil pero el más seductor: entrar a Europa. Todos los días, arriesgan la vida en el Mar Mediterráneo para llegar a un lugar, donde su presencia convulsiona discusiones políticas y es tema central en campañas electorales y referéndums. Y una vez en destino, les toca sobrevivir en los campos de refugiados, donde las mujeres son las más vulnerables. Muchas veces, las cosas van mal desde el inicio: las intentan acosar cuando tratan de huir a otro país.

“Una amiga que vino conmigo desde Siria se quedó sin dinero en Turquía y el ayudante del traficante le ofreció que se acostara con él (a cambio de una plaza en la embarcación). Ella se negó y no pudo salir de Turquía”, le contó Hala a Aministía Internacional.




Hace dos meses, en una mesa sobre mujeres y Siria, en el marco de la 61° Comisión sobre el Estado de las Mujeres en la ONU, diferentes ONGs y activistas que trabajan en las zonas de conflicto se juntaron para debatir la problemática. Para empezar, la organización internacional Islamic Relief denunció la sub-financiación de los programas de acción humanitaria: de los 4,54 billones de dólares prometidos por la ONU, llegaron 2,2 billones.

De acuerdo a UN Women, el 50% del total de los refugiados a causa del conflicto en Siria son mujeres y niñas. Hazna Muhhammed tiene 34 años y está refugiada en Dara Shakran, Kurdistán. Su principal temor es que los hijos salgan del campo: “Tenemos miedo de que no puedan volver a entrar”. La falta de libertad es una realidad: los refugiados no pueden entrar y salir. “En Siria éramos libres (…) Ahora, en los tres años que llevo viviendo acá, no salí del campo ni siquiera una vez para algo que no fuera buscar los remedios que necesito”, dice Noor Hussain, de 33 años, refugiada en el campo de Qushtapa, Irak.

En contextos de crisis, a los problemas estructurales se les suman los emergentes como la violencia de género y la violencia machista, que son consecuencias de una sociedad históricamente patriarcal y un sistema político opresivo para las mujeres.

Inseguridad en los campos

Los campos de refugiados tienen serios problemas de seguridad. Una investigación liderada por Women y ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), muestra que los principales miedos y problemas de las mujeres en los campos de refugiados son a agresiones sexuales, violaciones, y violencia sexual por parte de sus parejas, familiares, vecinos, colegas, empleados de ONGs y del gobierno y fuerzas de seguridad. “Las mujeres no podemos salir solas. La policía lo prohibió el año pasado. Por seguridad. Quiero salir al mercado, o al hospital, y siento que estoy en prisión”, cuenta Hannan Abdullah Arab, refugiada en el campo de Basirma, Irak. En los asentamientos de Kurdistán, el 82% de las mujeres sirias dijo haber sufrido violencia verbal y faltas de respeto, mayormente en lugares públicos. Algunas de las soluciones que proponen organizaciones como Islamic Relief incluyen mejorar los sistemas de luz, establecer baños separados para hombres y mujeres y favorecer la participación y el liderazgo femenino para reducir las zonas peligrosas dentro de los campos.






La sensación de encierro es una constante. “Hay una frontera que no podemos cruzar solas (…) Una vez que vamos del otro lado, volvemos a respirar. Estoy siempre estresada. Estamos bajo presión y sufrimos este estrés todo el tiempo”, cuenta Roksan Suleiman, desde Basirma, Irak.

En los campos de refugiados, como explica Anne Willson de la Lutheran Immigration and Refugee Service, niñas y mujeres enfrentan situaciones de aislamiento y tienen mucho tiempo de ociosidad que no se ocupa con otras tareas. Cualquier aspiración o sueño en Siria queda trunca dentro de las paredes de los campos. Batoul Nejim, 19 años, estaba cursando el bachillerato en Siria. Quería ir a la universidad, ser periodista, viajar y conocer gente, conocer sus historias. “Pero nada de eso ocurrió. Lo que único en que piensa es en sobrevivir.

Otras problemáticas

Frente a este vacío aparecen otras actividades. Los matrimonios a tempranísima edad surgen en muchos casos como una solución o una alternativa de supervivencia. Henia Dakkak, especialista de larga data del Fondo de Población de las Naciones Unidas, describe los matrimonios tempranos directamente como una epidemia en este contexto. Muchas mujeres menores de 18 ven casarse como una opción para alcanzar una vida de mayor agencia e independencia. Y a la familia, como una salida que mejorará la vida de sus hijas, o incluso, como una medida de protección contra situaciones de abusos sexuales. Otras ven al casamiento como una manera de escapar de una realidad violenta: sus propios hogares familiares.



La actividad sexual también se vuelve un mecanismo de supervivencia y una fuente de autofinanciación. Entre los refugiados en Jordania, de acuerdo a cifras de una encuesta de UN Women de 2013, el 51,3% de las mujeres se habían casado antes de los 18 años, en gran parte antes de llegar a Jordania. El 44% de los participantes de la encuesta identificaba como edad promedio de matrimonio en su comunidad el rango de 15 a 17 años. 




En este contexto, a muchas mujeres no las dejan trabajar para independizarse y construir su propio presente y futuro. Están fuera del mercado laboral, tanto formal como informal. En Jordania, por ejemplo, apenas el 7% de las mujeres sirias trabaja. Una razón frecuente es el miedo a ser explotadas y abusadas. Las organizaciones exigen la necesidad de proveer a las mujeres cursos de capacitación y especialización de oficios. Las afectadas por el conflicto llevan demasiados años en los campos de refugiados, sin una estrategia efectiva de resiliencia. El sistema de acción humanitaria parece estar agotado y se impone la necesidad de afrontarlo con una nueva visión: un modelo que ponga la mirada en formas de prevención y desarrollo de empleo para las afectadas, y no simplemente en tareas de asistencia y supervivencia.

El vacío legal respecto a sirios mayores de quince años favorece el creciente trabajo infantil, que junto a la deserción escolar, es otro tema central que afecta a chicos y chicas. En el Líbano, donde viven más de un millón y medio de refugiados más del 52% de los chicos no va al colegio. Un hecho que tendrá consecuencias irreparables. Se está gestando una crisis intergeneracional de difícil reparación: las chicas sirias de hoy se verán excluidas del sistema aún más que sus madres.

Desde los campos, los especialistas aseguran que nunca han visto a una población tan traumatizada como los refugiados sirios. Traumas, estrés, jóvenes que por la noche se hacen pis encima, exposición a abusos y a situaciones de violencia. Souad, refugiada en Bulgaria, cuenta cómo su hija se solía despertar recurrentemente con pesadillas: “Incluso aquí en el campamento, a veces salta de la cama gritando ‘¡una bomba!’”.




Posibles soluciones

Parte de la solución a la exclusión de las refugiadas parece encontrarse en el empoderamiento económico de las mujeres y en la búsqueda de soluciones alternativas para una posible inserción laboral. UN Women está trabajando en India con especialistas del mundo tech para desarrollar tecnología blockchain – una especie de base de datos compartida para registrar operaciones y transacciones – que les permitirá a las mujeres registrar su actividad y no perder información y contactos incluso si se mueven de un país a otro. Se están realizando pruebas para que esta tecnología sea compatible con todos los dispositivos posibles, sobre todo los más accesibles que existan, como algunos que valen poco más de 5 dólares. En los últimos días en Oslo se llevó a cabo un Hackaton organizado por la red Techfugees, con el objetivo movilizar a la comunidad techie internacional para buscar respuestas a las necesidades de los refugiados.


“Nuestra esperanza es volver a Siria”, dicen algunas mujeres. Un objetivo, que según las organizaciones, está muy lejos de concretarse. Un especialista en cooperación internacional, con amplia experiencia de campo reciente en Irak, calificó el Proceso de Paz de Ginebra, “Amigos de Siria”, como un punto muerto



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PAPEL PRENSA: OTRO FALLO DE IMPUNIDAD PARA MAGNETTO, HERRERA DE NOBLE Y MITRE Por Fernando M. López







Papel Prensa: otro fallo de impunidad para Magnetto, Herrera de Noble y Mitre




Por DIARIO CONTEXTO 



La Cámara Federal porteña confirmó sus sobreseimientos por delitos de lesa humanidad en el traspaso accionario de la empresa en plena dictadura. Uno de los abogados querellantes dijo a Contexto que este nuevo “retroceso” en tiempos de Macri es “muy agraviante para las víctimas”, y confirmó que la decisión será apelada por “arbitraria y prematura”.







Primero fue el juez Julián Ercolini y ahora la Sala I de la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires, integrada por Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia. En apenas cinco meses, los tres magistrados desestimaron un gran cúmulo de testimonios y pruebas para cerrar la causa Papel Prensa, emblemática en materia de complicidades civiles con el terrorismo de Estado, y desvincular a todos los imputados de los crímenes de lesa humanidad que llevan a cuestas desde la última dictadura cívico-militar.

De esta forma, Ballestero y Bruglia confirmaron el miércoles el sobreseimiento de Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre, principales directivos de Clarín y La Nación. Igual beneficio recibieron Raymundo Juan Pío Podestá, ex secretario de Desarrollo Industrial del genocida Jorge Rafael Videla, y Guillermo Juan Gainza Paz, quien ofició en 1976 de intermediario en el traspaso accionario de la única productora de papel para diarios del país, controlada hasta entonces por el Grupo Graiver.

“La decisión de la Cámara, que es un retroceso muy agraviante para las víctimas, muestra el contexto de impunidad en el que estamos siendo gobernados desde que asumió Mauricio Macri”, dijo en diálogo con Contexto Alejandro Rúa, abogado de Lidia Papaleo, viuda del empresario David Graiver.


Alejandro Rúa: “La decisión de la Cámara, que es un retroceso muy agraviante para las víctimas, muestra el contexto de impunidad en el que estamos siendo gobernados desde que asumió Mauricio Macri”.


El letrado recordó que luego de los sobreseimientos de diciembre, dictados en primera instancia por el juez Ercolini, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, se corrió de la apelación. Lo mismo hizo el fiscal general ante la Cámara Federal porteña, Germán Moldes, dejando en completa soledad a los querellantes.

“En otra época, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio Público Fiscal acompañaban a las víctimas, pero ahora ambos órganos estatales defeccionan de su función acusadora y consienten la impunidad”, lamentó Rúa.

El despojo de Papel Prensa fue consumado tras la muerte de Graiver, ocurrida el 7 de agosto de 1976 en México. Su familia y su socio, Rafael Ianover, que heredaron el 75% de las acciones de la empresa, debieron transferirlas bajo amenaza a Fapel S.A., una sociedad integrada por los diarios Clarín, La Nación y La Razón, este último dirigido por Patricio Peralta Ramos. El 2 de noviembre de ese año se firmaron los bonos de compra-venta en las oficinas del diario La Nación con la presencia de Magnetto, Mitre, Peralta Ramos y el abogado Bernardo Sofovich, en representación de Herrera de Noble.


El despojo de Papel Prensa fue consumado tras la muerte de Graiver, ocurrida el 7 de agosto de 1976 en México. Su familia y su socio, Rafael Ianover, que heredaron el 75% de las acciones de la empresa, debieron transferirlas bajo amenaza a Fapel S.A., una sociedad integrada por los diarios Clarín, La Nación y La Razón.


En su declaración testimonial, Lidia señaló que “era un salón grande”, donde los directivos se reunieron por separado con los padres y el hermano de David, mientras que ella “estaba en otro lado con Magnetto”.

“Recuerdo sus amenazas a mí y a mi hija (María Sol), recuerdo su mirada, decía que debíamos firmar o perdíamos la vida mi hija o yo, eran amenazas de muerte”, sostuvo, y agregó que luego Sofovich le aconsejó que se fuera del país ese mismo día.

Meses después, Lidia, su hermano Osvaldo Papaleo, la familia Graiver, Ianover y el resto de los integrantes del grupo empresario serían secuestrados y trasladados a Puesto Vasco, uno de los centros clandestinos de detención a cargo de los genocidas Ramón Camps y Miguel Etchecolatz. Jorge Rubinstein, apoderado de los Graiver, murió en la mesa de tortura cuando le aplicaban picana eléctrica.

Ercolini, que jamás citó a los imputados para indagarlos sobre estos hechos, consideró que el traspaso de las acciones de Papel Prensa fue totalmente legítimo, rechazó los peritajes que indicaban un despojo “a precio vil” y descartó cualquier delito de lesa humanidad en torno a la operación.

Ballestero y Bruglia siguieron pasos similares en su fallo de este miércoles. Tras desestimar las declaraciones de Papaleo y Ianover, los camaristas sostienen que “la venta” de Papel Prensa “respondió a la necesidad de obtener liquidez para afrontar” presuntas “deudas exigidas” al Grupo Graiver “por la organización Montoneros”, y agregan que “justamente por el destino que habría de tener el dinero obtenido es que las autoridades del Gobierno dictatorial interceptaron ese pago, confiscando el dinero”.

A Magnetto, Mitre y Herrera de Noble les adjudican “un único rol, ceñido a un único instante: haber adquirido en noviembre de 1976 la empresa Papel Prensa en el marco de una operatoria concertada con un solo propósito comercial”.

“Como consecuencia de tal conclusión, que exhibe que la venta de la firma no estuvo motivada en una coacción dirigida a ese específico fin, y que ninguna implicancia tuvieron en ello los dueños y los representantes de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, resulta fútil responder aquellos enigmas que se ciernen sobre el valor de la operación. Si, más allá de la particular situación financiera que da contexto a los hechos, la venta se concertó libremente y entre partes cuya capacidad no fue cuestionada, no hay cabida para impugnar por vil el precio así pactado”, completa el fallo.

Asimismo, echaron por tierra un reciente pedido de las querellas para investigar y reconstruir las revelaciones sobre Papel Prensa que hiciera Peralta Ramos a familiares y allegados en septiembre de 2010, momentos antes de su muerte.

Los camaristas minimizan en el fallo la importancia que podría tener esa versión del ex director de La Razón sin siquiera conocerla y eludiendo la trascendencia que le dio uno de los propios sobreseídos, muy suelto de cuerpo, durante una entrevista televisiva.

“Esto de ser condenados por un derecho (sic) de lesa humanidad lo sufrimos tanto Héctor Magnetto como yo. No así Peralta Ramos, que al final se dio vuelta en su lecho de muerte y nos traicionó olímpicamente”, disparó Mitre el pasado 12 de mayo en el programa Los ángeles de la mañana (El Trece), que conduce su esposa Nequi Galotti.

A pesar de la oleada de impunidad, Rúa confirmó a Contexto que apelará el fallo de la Cámara junto al abogado querellante de Ianover, Eduardo Barcesat: “Tenemos dos semanas para presentar el recurso ante Casación. Lo trabajaremos con la mayor responsabilidad para demostrar que esta resolución es arbitraria y prematura. El caso no se termina”.








Pasaron 40 años, pero lo que ocurrió ese 2 de noviembre de 1976 sigue impune. En las oficinas del diario La Nación, en Florida 343, un grupo empresario que estaba construyendo una fábrica de papel para diarios fue obligado a “ceder” sus acciones a los tres diarios más importantes del país, aliados en ese proyecto … Sigue leyendo

Así robaron Papel Prensa
Nuestras Voces




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VIDAL MILITARIZARÁ LA PROVINCIA CON 800 EFECTIVOS DE INFANTERÍA Y CABALLERÍA








Vidal militarizará la provincia con 800 efectivos de Infantería y Caballería



La Gobernadora presentará un plan para militarizar la provincia de Buenos Aires con 800 efectivos de Infantería y Caballería. El plan es ocupar territorialmente 190 áreas del Conurbano, Mar del Plata y Bahía Blanca, con agentes que realicen tareas “de prevención y de cercanía con la población.”




La gobernadora María Eugenia Vidal anunciará un plan para ocupar la provincia de Buenos Aires con 800 agentes de la Infantería y Caballería. Según se detalló, el plan oficial desarrolla un "un modelo disuasorio de ocupación territorial y de advertencia a posibles infractores" para "otorgar tranquilidad y protección a los vecinos en su vuelta a casa en el horario comprendido entre las seis de la tarde y las 12 de la noche".

Los efectivos se ubicarán en 190 puntos conflictivos del Conurbano, Mar del Plata y Bahía Blanca. Además portarán armas y seguirán una estrategia llevada a cabo en países como Israel. "El armamento de gran calibre, la vestimenta táctica junto a la postura en guardia produce un efecto disuasorio, de percepción de seguridad y ocupación territorial en la población para los potenciales criminales", señalaron desde la gobernación bonaerense.

Según detalló el portal Infobae, el plan incluye la conformación de una Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) dependiente del Ministerio de Seguridad. Además el medio subrayó que los oficiales realizarán "tareas de acción y no de prevención".



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martes, 30 de mayo de 2017

"FEMICIDIO ES GENOCIDIO"



Plaza de Mayo fue una de las escalas de la caravana "Femicidio es Genocidio".

Plaza de Mayo fue una de las escalas de la caravana "Femicidio es Genocidio". 

Imagen: Twitter




Fuerza Artística de Choque Comunicativo, en caravana


"Femicidio es Genocidio"



Mujeres posaron desnudas frente al Congreso, la Rosada y Tribunales, en la previa de la gran marcha de Ni Una Menos del próximo sábado 3 de junio.



Bajo la consigna “Femicidio es Genocidio”, un grupo de mujeres realizó una activdad frente a las sedes de los tres poderes. La caravana organizada por la Fuerza Artística de Choque Comunicativo tuvo a mujeres desnudas posando frente a la Casa Rosada, el Congreso y el Palacio de Tribunales

La convocatoria tuvo como objetivo concientizar sobre la violencia de género y exigir medidas para paliar un flagelo, que se cobra la vida de una mujer por día en la Argentina.

Varios músicos acompañaron la actividad en cada parada, mientras una mujer lanzaba consignas sobre violencia de género por megáfono. El próximo sábado por la tarde será la convocatoria de Ni Una Menos, la tercera que se realiza un 3 de junio desde 2015, la cuarta contando el paro de mujeres de octubre del año pasado.


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LOS BASTONES LARGOS DE MACRI Por Sebastián Ortega





Los bastones largos de Macri




Por Sebastián Ortega 


En el último mes se registraron más de 20 casos de violencia policial en escuelas primarias y secundarias de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Los policías entran a las escuelas, hacen inteligencia ilegal, filman y reprimen a los estudiantes. Padres de alumnos denuncian que se trata de una política de Estado para disciplinar y someter a los chicos a través del miedo. 

Una patota de la Bonaerense entró por la fuerza en una escuela de Banfield: patearon puertas, golpearon a un joven, lo tiraron al piso y lo esposaron. Intentaron cargarlo en un patrullero, en el que ya estaba uno de sus amigos, pero los alumnos y docentes lo impidieron. En Berisso, policías de civil golpearon y ahorcaron a estudiantes secundarios que protestaban frente a la intendencia. Un docente de San Martín terminó preso por defender a los alumnos en una razzia. Con la excusa de “ir al baño”, siete efectivos se metieron en una secundaria del barrio porteño de Monte Castro y sacaron fotos en una olla popular en favor de los docentes. En Villa Urquiza, un grupo de policías revisó a un chico a una cuadra del colegio y le sacó fotos. En el Mariano Acosta, agentes de civil filmaron a los estudiantes en una clase pública en el hall del colegio. En el centro porteño, dos agentes sin identificación pararon a un grupo de alumnos del Pellegrini a los que revisaron y les pidieron documentos.

—Si no querés que te sigan pasando estas cosas, mejor no andes con eso— le dijeron a un joven que llevaba un pin del Partido Comunista.

La Red de Madres y Padres Contra la Violencia Institucional hacia las Escuelas, conformada por familiares de jóvenes de diferentes colegios, contabilizó más de 20 casos de violencia policial en escuelas primarias y secundarias de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano en 36 días. “Es una política de Estado para disciplinar y someter a los chicos a través del miedo. Un modo de adoctrinamiento de la juventud”, explicó a Nuestras Voces Ana Prado, integrante de la Red.

Inteligencia ilegal

El 11 de abril, dos días después de la represión a los docentes en la carpa itinerante, unos 300 jóvenes de diferentes colegios de Capital Federal y el conurbano cortaron las calles en la esquina de Acoyte y Rivadavia, en Caballito, en repudio a la violencia policial y en apoyo al reclamo salarial docente. Se sumaron un grupo de padres y policías de uniforme y de civil que filmaban y sacaban fotos a los adolescentes.“Nos acercamos para ver por qué estaban grabando y nos dijeron que cumplían órdenes de la fiscalía”, contó a Nuestras Voces Vanina, madre de una chica del colegio Esnaola.

Días después, un grupo de padres y madres, entre los que estaba Vanina, fueron recibidos por la titular de la Fiscalía 35 de la Ciudad, Celsa Victoria Ramírez. “Nos mostró unos papeles, donde estaba la orden que ella había firmado y el informe policial. También había una o dos fotos del día del corte. Lo llamativo es que en la foto había caras redondeadas con fibrón. Están haciendo inteligencia”, denunció Vanina. La fiscal no pudo explicar por qué en las fotos del expediente había algunos adolescentes señalados. Tampoco dijo si el señalamiento lo había hecho la Justicia o los policías que participaron del operativo. “El objetivo es que los jóvenes tengan miedo, que no se metan, que no hagan política; que no sean libres”, sostuvo Vanina.


Vanina: “Nos mostró unos papeles, donde estaba la orden que ella había firmado y el informe policial. También había una o dos fotos del día del corte. Lo llamativo es que en la foto había caras redondeadas con fibrón. Están haciendo inteligencia”.


El trabajo de inteligencia ilegal contra menores es una constante. Según consta en la Orden 1462/2017 de la Policía de la Ciudad, que publicó el portal El Destape, los investigadores policiales tenían “conocimiento” de que “integrantes del Centro de Estudiantes de la Escuela Normal Superior Nº 2 (distrito escolar 6) ‘Mariano Acosta’ concentrarían el 20 de abril al mediodía frente a la escuela ‘en defensa de la educación pública’”.

La información era errada: los alumnos sólo realizaron una clase abierta en el hall del colegio. De todos modos, la Policía planificó el operativo: 5 efectivos uniformados de infantería “para ser distribuidos convenientemente en el área del dispositivo de seguridad general y atención a las eventualidades del tránsito” y dos motociclistas “a fin de atender eventuales necesidades del tránsito”. La comisaría 8 aportaría los móviles para “recorrer asiduamente el lugar e inmediaciones”. El Área División Exteriores de Video se encargaría de registrar todas las actividades. La orden lleva las firmas del jefe de División Planificación de Servicios, Marcelo Nogerol, y el director de Operaciones y Servicios Preventivos, Alfredo Zaracho.

Mientras los chicos desarrollaban la actividad en el hall del colegio, cuatro efectivos ingresaron armados. Por las tareas de inteligencia ilegal y el ingreso a la escuela se abrió un expediente en la Fiscalía de Instrucción 43 de la Ciudad, a cargo de Carlos Valverde. El 3 de mayo, el asesor tutelar Gustavo Daniel Moreno presentó una ampliación de la denuncia en la que sostuvo que la Policía “desarrolló conductas directas y deliberadas para provocar temor público a estudiantes y docentes de la escuela”.

Agustín Prieto, presidente del Centro de Estudiantes del Mariano Acosta, cree que la filtración del documento y la presencia visible de efectivos en las actividades de los alumnos no son inocentes. “Son imprudentes a propósito. Es una forma de amedrentamiento e intimidación. Quieren que se sepa que hacen inteligencia para que tengamos temor, para que no cortemos la calle o pasemos al lado de un policía y tengamos miedo”, contó Prieto a Nuestras Voces.

El “grupo de tareas” de la Bonaerense

“La violencia policial en las escuelas es una política que se está implementando tanto en la provincia de Buenos Aires como en el interior. En Banfield la policía actuó como un grupo de tareas”, contó Luis Moreno, padre de una adolescente de la Escuela Normal Antonio Mentruyt (ENAM) de esa localidad.

El 17 de mayo cuatro alumnos del ENAM de entre 16 y 17 años que habían faltado al colegio estaban en una plaza céntrica de Banfield tomando fernet. “La policía pasó, los vio y ellos se alejaron. Después, en la ronda siguiente, los quisieron parar y corrieron”, explicó Luis. Tres adolescentes lograron escapar y se metieron en la escuela. Uno de ellos se tomó un colectivo y fue hasta la casa de su tío. Lo detuvieron antes de llegar: lo encapucharon y lo metieron en el patrullero. “Ahí lo amenazaron, le dijeron que si no contaba donde estaban sus amigos lo iban a meter en el calabozo donde lo iban a violar los otros presos”, agregó Luis.

Unos minutos después, entre ocho y diez policías llegaron hasta el ENAM. Eran cerca de las 12, hora del recambio del turno mañana y el turno tarde. Al menos cinco efectivos armados, sin identificación ni orden judicial entraron al colegio, mientras los adolescentes y los docentes trataban de frenarlos. A uno de los jóvenes que había estado en la plaza lo tiraron al piso, le pusieron la rodilla en la espalda, le doblaron el brazo y lo esposaron. Un centenar de alumnos impidió que lo cargaran al patrullero y lograron bajar al chico al que la Policía había detenido en la calle. Los dos adolescentes fueron denunciados por resistencia a la autoridad. Cinco efectivos fueron suspendidos en sus funciones mientras la justicia investiga la responsabilidad penal.

Las presiones no cesaron después de aquel operativo. Padres y alumnos denunciaron que la policía les saca fotos en la puerta del colegio y los persiguen a la salida. “Son tres ya los casos de compañeras a las que las sigue un patrullero cuando salen del colegio; las intimidan unas cuadras y se van. A la policía que debería estar para cuidarnos, los chicos no le tenemos confianza, les tenemos miedo”, denunció la presidenta del Centro de Estudiantes del ENAM, Sofía Montenegro, en una sesión del Concejo Deliberante de Lomas de Zamora en la que se debatió un proyecto para exigir a la gobernadora María Eugenia Vidal y al ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, que den respuestas sobre el accionar policial.

Sin marco legal

La ley de 24.521 de Educación Superior, sancionada en 1995, prohíbe el ingreso sin orden judicial de las fuerzas de seguridad en las universidades nacionales. Sin embargo, no existe ninguna normativa que regule el accionar policial en instituciones educativas primarias y secundarias.

Para cubrir este vacío legal en la Ciudad de Buenos Aires, los legisladores porteños del bloque del Frente para la Victoria, Paula Penacca y José Cruz Campagnoli, presentaron un proyecto de ley que establece que las fuerzas de seguridad solo pueden ingresar en un colegio si existe una “orden judicial fundada”, un pedido expreso de las autoridades escolares o “cuando implique un grave riesgo para la vida o integridad física” de estudiantes, docentes y personal no docente. En ningún caso “personal de las fuerzas de seguridad puede portar armas y municiones de poder letal dentro de los establecimiento” ni indagar sobre “actividades escolares, de los centros de estudiantes o relacionadas con medidas de fuerza o toda otra actividad que se lleve adelante en la institución educativa”.

No obstante la prohibición de ingreso de las policías sin orden de un juez en las universidades nacionales, el 13 de abril pasado Ignacio García y Joaquín Quispe fueron detenidos violentamente y sin explicación, mientras se encontraban haciendo un asado en el predio de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy. El hecho terminó con la renuncia del jefe y subjefe de la policía provincial. Unas horas después de quedar libre, Quispe, presidente del Centro de Estudiantes, escribió una carta pública donde denunció lo sucedido y aclaró que “aunque esa noche quisieron quitar mis convicciones y doblegar mi pensamiento con violencia, lo único que lograron fue reafirmarlo”.

Escalada de violencia

Cada semana, el listado de denuncias que recopila la La Red de Madres y Padres Contra la Violencia Institucional hacia las Escuelas se agranda. Si se cuentan los abusos policiales en colegios del interior y en universidades nacionales, el registro alcanza los 40 casos. Como sostienen desde la Red, esta escalada de violencia registrada en los últimos meses forma parte de una política de Estado que busca amedrentar tanto a estudiantes como a docentes.




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