lunes, 16 de abril de 2018

LULA Y LA HISTORIA LATINOAMERICANA Por Hugo Presman





Lula y la historia latinoamericana


Por Hugo Presman*
(para La Tecl@ Eñe)


Hugo Presman pone en contexto la llegada de Lula da Silva a la presidencia de Brasil y sostiene que el líder del PT sabe que ha llegado a la cárcel siguiendo el destino que han recorrido los referentes latinoamericanos que lucharon por sus pueblos: el exilio, el asesinato o la cárcel.




Los libertadores que lucharon por la Unión Latinoamericana o enfrentaron al imperio de turno o al poder económico local, o generalmente a los dos, terminaron casi todos exiliados, asesinados o murieron en la cárcel. San Martín casi 26 años viviendo en su exilio en Francia; Artigas treinta años asilado en el Paraguay hasta su muerte; Mariano Moreno envenenado; Bernardo Monteagudo asesinado; Martín Miguel de Güemes asesinado; François Dominique Toussaint-Louverture, protagonista de la rebelión de los esclavos haitianos contra Francia, murió preso en una cárcel francesa; Manuel Dorrego fusilado; Rosas murió exiliado en Inglaterra; Antonio José de Sucre, asesinado; Francisco Solano López, murió en Cerro Corá combatiendo en la infame guerra de la Triple Alianza;  Juan Bautista Alberdi exiliado en Francia; Felipe Varela exiliado en Chile; Angel Vicente Peñaloza, “el Chacho”, después de rendirse, asesinado por Pablo Irrazábal uno de los vesánicos coroneles de Mitre; Francisco Morazán, referente de la unidad centroamericana, fusilado; Emiliano Zapata, uno de los referentes más diáfanos de la Revolución Mejicana, asesinado; Augusto César Sandino, héroe de Nicaragua asesinado;  Simón Bolívar muere camino al exilio; Manuel Ugarte en Niza;  Getulio Vargas se suicida, igual que Salvador Allende mientras era bombardeado el Palacio de La Moneda; Juan Domingo Perón exiliado y proscripto por 18 años; Pedro Albizu Campos, patriota y político puertorriqueño que luchó por la independencia de su país murió en la cárcel. Son sólo algunos ejemplos de una larga lista.
Imposibilitados los militares de actuar como brazo armado del establishment por sus experiencias fallidas, los medios de comunicación y la justicia son ahora los nuevos encargados de desplazar o accionar para derrotar electoralmente a los gobiernos populares de la última década del siglo XX y de las primeras del siglo XXI. 
Mercosur, Unasur, Parlasur fueron hitos de la gran bandera de la Unión Latinoamericana, en una convergencia que empezó con Hugo Chávez en Venezuela, siguió con Lula en Brasil, luego Néstor Kirchner, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Fernando Lugo en Paraguay, José Mujica en Uruguay,  acompañando Michelle Bachelet en Chile y Daniel Ortega en Nicaragua.
Con diferencias y matices conformaron un momento histórico sorprendente, muy difícil de imaginar desde la negrura de los noventa.
Las muertes prematuras de Chávez y Kirchner, el golpe de estado contra Manuel Zelaya en Honduras, la derrota del kirchnerismo en Argentina, el desplazamiento por golpes institucionales de Fernando Lugo en Paraguay y de Dilma Roussef en Brasil, de José Mujica en Uruguay por su ala partidaria más conservadora, la traición de Lenin Moreno en Ecuador, diluyen un sueño y emerge una feroz restauración conservadora.
Los que condenan a sus países a ser colonias se constituyen en fiscales de los que luchan para dejar de serlo. Precisamente de  aquellos gobiernos populares que tienen la pésima costumbre de distribuir un poco de arriba hacia abajo.  Para ello usan la bandera de la corrupción. Nada menos que el poder económico cuyo desarrollo se concretó y consolidó a través del robo, la explotación y el despojo, en alianza con medios que han cometido toda clase de tropelías y un poder judicial que tiene inflamadas las rodillas de sus jueces por su permanente servilismo, se presentan como los cruzados de la ética y la moral. No es que no haya corrupción en gobiernos populares, pero eso no es lo que realmente molesta a los hipócritas denunciadores, sino la mejora en la distribución y en la ampliación de derechos.
Luiz Inácio da Silva, Lula, uno de los políticos centrales de las últimas cinco décadas, fue llevado a la cárcel. Con argumentos jurídicos más que endebles, está ahí porque en elecciones libres nadie duda que sería nuevamente presidente. El círculo rojo en Brasil no tiene como en la Argentina un candidato que además de confiable sea ganador como Mauricio Macri en Argentina, y esa es una diferencia sustancial. El mejor posicionado en las encuestas, en un lejano segundo lugar con alrededor del 17% de los votos, es un dinosaurio que responde al nombre de Jair Bolsonaro, discriminador, xenófobo y propagandista de la dictadura. 
La historia de Lula, si hubiera sido norteamericano, la conocería el mundo, a través de decenas de películas y series.
La pobreza omnipresente de su infancia en el nordeste, el hambre atenuado con los frijoles, maíz y mandioca cultivados en la pequeña huerta familiar, el recuerdo de su prolífico padre que abandonó el hogar en donde se mezcló su condición de alcohólico y su intención de buscar trabajo como estibador del puerto de  Santos. El  viaje de trece días en camión hasta San Pablo, compartiendo con su madre y 6  hermanos (tres varones y tres mujeres) una pequeña ración de queso. Su modesto alojamiento en San Pablo. Su primer empleo de lustrabotas con escasos doce años, y luego en una tintorería. Su diploma de tornero mecánico. Su ingreso a la fábrica metalúrgica Villares en San Bernardo do Campo en los alrededores de San Pablo. Su incorporación al sindicalismo. Su elección como secretario del Sindicato con el 90% de los votos. Las grandes huelgas de 1979 y 1980.  La represión impiadosa de la dictadura. Los helicópteros artillados apuntando al Lula orador.  La cárcel. La muerte de su madre, cuando se encontraba en prisión a la que reconoce como la persona que más influyó en su vida. La intervención del sindicato. La fundación el 10 de febrero de 1980 del PT, el Partido de los Trabajadores.  La presidencia del mismo que ejerció hasta 1987. En 1982 se presentó a la gobernación del estado paulista. Fue el diputado más votado en 1986. Se postuló como candidato presidencial en 1989, 1994 y 1998. Las derrotas consolidaron al PT, lo que le  permitió el acceso a intendencias importantes como San Pablo, Porto Alegre, Brasilia. Y finalmente su acceso a la presidencia el 1 de enero del 2003, luego de  alcanzar casi el 62% de los votos en la elección de octubre del 2002.
Ese Lula, aficionado al fútbol, hincha del Corinthians, que vio separarse a sus padres cuando tenía nueve años, el que aprendió a leer a los diez, que perdió el meñique de la mano izquierda a los dieciocho en un accidente de trabajo, y que accedió a la Presidencia de Brasil a los cincuenta y siete años.







LA PARTICULARIDAD DE LOS GOBIERNOS DE LULA

Se sabe que para hacer una tortilla hay que romper los huevos. Para incorporar a los excluidos y mejorar la distribución de los ingresos de los sectores populares, hay que afectar en diferente grado, conforme a la relación de fuerzas, al poder económico.
En un contexto muy particular de crecimiento notable del precio de los comodities, Lula logró incluir a treinta millones de brasileros sin afectar al establishment. Logró que los excluidos accedieran a tener una heladera, a comer tres veces por día, a tener dientes para hacerlo, a viajar por primera vez en avión,  a ingresar a  la enseñanza y muchos a entrar a la universidad. Crecimiento económico notable, política exterior con importantes grados de independencia, justificó que Lula se retirara con más del 80 % de aceptación.
Después de tres intentos frustrados de llegar al Palacio del Planalto, Lula debió negociar con el establishment y es así que su política económica se alineó con la ortodoxia. El presidente del Banco Central fue Henrique de Campos Meirelles, del riñón financiero perteneciente al Modebras y necesitó del apoyo de las iglesias evangélicas muy poderosas.
Lo increíble de esta situación es que los sectores medios y altos, sin ser afectados económicamente pero soliviantados por los poderosos medios derechistas, se opusieron en los hechos al ascenso de los sectores populares. Esto revela claramente que los sectores altos y franjas considerables de los sectores medios alienados culturalmente a los poderosos, son un obstáculo en todo intento de transformación social. La batalla cultural hacia las clases medias  para ganarlas, es una materia que los gobiernos populares no han logrado resolver exitosamente.
Como dijo alguna vez Lula, hablando en IDEA, con el beneplácito de los poderosos de la Argentina que lo oponían al kirchnerismo, como el ejemplo a seguir, les dijo: “Yo no estudié la pobreza, yo fui pobre”.  Por eso durante su campaña que lo llevó a la presidencia afirmó“El mercado debe saber que los brasileños tienen que comer tres veces por día.”





LULA Y LA HISTORIA LATINOAMERICANA
Lula sabe que ha llegado a la cárcel siguiendo el destino que han recorrido los referentes latinoamericanos que lucharon por sus pueblos: el exilio, el asesinato o la cárcel. De alguna manera lo adelantó en las horas previas a su detención: “Si me arrestan no lograrán arrestar mis pensamientos, no lograrán arrestar mis sueños. Si no me dejan hablar, hablaré por la boca de ustedes. Si mi corazón deja de latir, él latirá en el corazón de ustedes”. O cuando afirmó en su discurso último: “Si fue un crimen ayudar al pueblo, entonces voy a seguir siendo un criminal”
Es el mismo Lula que el 17 de octubre del 2012, según la BBC era “el político más popular del planeta.”
Apunta bien el politólogo Edgardo Mocca en Página 12: “En Brasil se acaba de producir la quiebra del proceso de democratización de América del Sur, iniciado con la asunción de Raúl Alfonsín a la presidencia argentina en 1983. Y vale recordar que la democracia se recuperó después de un proceso de golpes de estado y dictaduras que se inició, justamente, en Brasil en 1964 con el golpe contra Joao Goulart. Esos golpes que recorrieron la región tuvieron, en todos los casos, el sello indeleble del pentágono norteamericano y de la doctrina de seguridad nacional nacida en su cuna… El mensaje del poder en Brasil tiene un enorme alcance regional. Es una declaración de guerra preventiva, es el aviso de que no se tolerarán hacia el futuro liderazgos y proyectos que pongan en juego la “paz de los poderosos”. Si con los medios y con los jueces no alcanza, está en pie el recurso extremo para la defensa de los negocios y su sacrosanta libertad.”
El instrumento fue el juez Sergio Moro, un actor secundario, un juez con precaria formación jurídica según los entendidos, al que la historia le reservará un olvidable papel. Cuando debían votar 11 jueces la posibilidad que Lula siguiera libre, el jefe del ejército, Eduardo Villas Boas advirtió, por si el Tribunal pudiera hacer justicia: “repudio a la impunidad”. El periodista brasilero Clovis Rossi, del ”Folha de Sao Paulo” escribió: “En Brasil se ha perdido la vergüenza de defender la dictadura militar”.
La injusticia de la situación la registra el analista de política internacional Marcelo Cantelmi que escribió en Clarín del 7 de abril: “La ex presidente del PT fue expulsada del gobierno por un Parlamento colmado de dirigentes con causas judiciales por corrupción, pero la mandataria no pudo ser acusada de delito alguno… Esa maniobra llevó al gobierno a un presidente, el actual Michel Temer, cruzado de causas de corrupción más vastas y sólidas que las que se arguyen contra Lula… Otros casos, como el del ex canciller de Temer, José Serra (del Partido de la Social Democracia Brasileña, el mismo del expresidente Fernando Henrique Cardoso)  señalado por recibir 7,2 millones de dólares en cuentas en Suiza de la trama del Petrolao, fue beneficiado con el archivo de su expediente por la misma fiscal que recomendó la acción contra Lula… ( El ex presidente) fue condenado en dos instancias a 12 años de prisión por haber recibido un departamento triplex  de la constructora OAS a cambio de negociados que habría facilitado el líder del PT. Pero ese soborno nunca fue probado en profundidad. Se sostiene en la confesión, en el marco de la investigación del Lava Jato, del gerente de esa firma constructora. Parece poco para tanto”.
El odio de ciertos sectores quedó patentizado en una grabación, donde desde la torre de control se le dice a la tripulación del avión que llevaba a  Lula a la cárcel:  “Tirá esa basura por la ventana”… “Llevalo y no lo traigas nunca más”. Parece un replay  de una  serie de audios recopilados por la periodista Patricia Verdugo en su libro-CD “Interferencia Secreta” donde se puede escuchar en la voz de los propios militares cómo se desarrolló la toma del palacio de gobierno, y en uno de ellos se escucha a Augusto Pinochet, refiriéndose al posible exilio de Allende  en Cuba, afirmar  que tras salir del país: “El avión se cae”.
Mientras los medios y las elites del continente celebran su triunfo, Lula en la cárcel deberá confiar en la lealtad de tantos humildes a los que benefició, recordando una certera frase de Octavio Paz: “Quien ha visto la esperanza, no la olvida, la busca, bajo todos los cielos y en todas las gentes”



Buenos Aires, 15 de abril de 2018
Periodista. *Coconductor del programa radial EL TREN, con más de 14 años en el aire. Contador Público recibido en UBA. Fue profesor de Economía Política en la Facultad de Ciencias Económicas de la misma Universidad. Es Periodista. Sus trabajos son publicados en diversos medios nacionales e internacionales. Es autor del trabajo de investigación “25 años de ausencia” y participó con trabajos en los libros “Damián Carlos Álvarez Pasión por el libro” e “Insignificancia y autonomía”. Debates a partir de Cornelius Castoriadis.

Además es coautor del libro “Bicentenario de la Revolución de Mayo y de la Emancipación Americana
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Fuente: http://lateclaenerevista.com




SIRIA, UN OBJETIVO CONVENIENTE PARA TRUMP Y SUS ALIADOS OCCIDENTALES Por Alberto López Girondo

























Siria, un objetivo conveniente para Trump y sus aliados occidentales



Por Alberto López Girondo


Donald Trump, Theresa May, Emmanuel Macron, Benjamin Netanyahu y el emir de Qatar tienen sus problemas internos que podrían pasar a segundo plano si se embarcan en un ataque al país asiático. Para Putin, el otro contendiente, mejor sería llegar al Mundial sin complicaciones.



El miércoles, Donald Trump puso en alerta rojo al mundo cuando tuiteó: “Prepárate Rusia, porque van a ir, suaves y nuevos e ‘¡inteligentes!”. Se refería a un inminente ataque en Siria, unos días más tarde de haber anunciado que iba a ordenar el retiro de tropas del Medio Oriente.


La controvertida noticia de un ataque químico en la ciudad de Duma atribuido a las fuerzas del gobierno de Bashar al Assad -no comprobado por organismos neutrales- trastocó una política que parecía definida por el presidente de Estados Unidos. De inmediato, a Trump le aparecieron aliados dispuestos a secundarlo, como los mandatarios de Gran Bretaña, Francia, Israel y Qatar.

Sin embargo, un nuevo giro ahora hace pensar que el ataque que parecía inminente pasó a un segundo plano. La respuesta diplomática de Vladimir Putin fue que Rusia no se quedaría de brazos cruzados y entonces desde Washington se escuchó un “recalculando” bien fuerte desde otro tuit. “Nunca dije cuándo se llevaría a cabo un ataque a Siria”, escribió ahora Trump. Pero los problemas internos que padece cada uno de los “cruzados” anti Al Assad no permiten avizorar que la opción de atacar Siria no esté en los planes cercanos.

El caso del polémico presidente estadounidense es el más notorio. Desde que llegó a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2017, y antes incluso, tuvo fuertes encontronazos con los medios hegemónicos y el establishment político de Estados Unidos por relaciones supuestamente oscuras con Rusia que le habrían facilitado el triunfo electoral de noviembre de 2016.

A esto se agregaron denuncias por sus relaciones -pagas- con una actriz porno.

El carácter desafiante del empresario inmobiliario no ayudó a la comprensión o la aquiescencia de la prensa, de modo que ambos casos fueron creciendo paralelamente y ahora parecen en un punto de eclosión.

Por un lado, agentes del FBI allanaron estos días la oficina de Michael Cohen, el abogado personal de Trump, para confiscar documentos que probarían el pago de 130 mil dólares a Stormy Daniels, que es el nombre artístico de la mujer que habría tenido un affaire en 2006 con Trump.

Al mismo tiempo, el presidente evalúa despedir al fiscal especial Robert Mueller, designado para investigar aquellas vinculaciones sospechosas con agencias rusas. Mueller se convirtió en un grano en las posaderas del mandatario, pero también es un alfil para sus opositores, entre los cuales también hay de su propio partido, que desde el Congreso buscan respaldar su gestión.

Theresa May enfrenta sus propios problemas internos. Por un lado, comenzó la cuenta regresiva para el Brexit y la situación económica de los británicos no es la mejor, lo que eleva las quejas de sectores políticos que quisieran rever la medida votada en referéndum. Ahora parece algo olvidado, pero la pequeña crisis desatada cuando se reveló que Cambridge Analytica, una empresa de márketing político, había manipulado información personal de usuarios de Facebook para torcer el resultado de la consulta golpeó fuerte en el 10 de Downing Street. La empresa también participó en la campaña en favor de Trump, para colmo de males.

La premier conservadora se montó en el envenenamiento de un ex espía ruso, Sergei Skripal, y de su hija Yulia, para acusar a Rusia de intentar un doble homicidio en su territorio y forzar un enfrentamiento diplomático como no se veía desde la Guerra Fría con Putin, que rechaza esas acusaciones. Una guerra en Siria sería otra forma de esconder los problemas, por eso fue la primera nación en proponerse para participar en un posible ataque en Siria, lo que alertó a la oposición, que pretende que no se haga nada sin consultar con el Parlamento.

El antecedente de la postura del laborista Tony Blair en 2003 para atacar Irak en 2003 no es un buen argumento de venta para May. Esa vez la excusa fue que Saddan Hussein tenía armas de destrucción masiva que nunca se encontraron.

En Francia, Emmanuel Macron viene cayendo en la consideración pública y enfrenta una huelga escalonada de los ferroviarios que empalmará con la celebración del 50 aniversario del Mayo francés. Sus reformas neoliberales son un trago difícil para una sociedad que había dado un cheque en blanco favorable en las elecciones porque prometía otra cosa.

En Israel, Benjamin Netanyahu no las tiene todas consigo. Está acusado por varios casos de corrupción y el fiscal Avijai Mandelblit lo tiene en la mira. La policía pretende que se lo impute pero por ahora la justicia solo quieren indagarlo. Los últimos ataques en Gaza no le dan la mejor imagen en el exterior y se sospecha que busca la forma de adelantar elecciones porque por ahora los números le dan para ganar, más adelante quién sabe. De lograr este objetivo, se dice que haría votar una “ley francesa”, un proyecto para que el jefe de gobierno no pueda ser juzgado por delitos que no vayan contra la seguridad del estado.

Qatar, con fuertes diferencias con Arabia Saudita y el bloque arabista desde hace unos meses, comparte una preocupación impensada con Rusia. Putin acaba de ganar los comicios por más del 75% de los votos y su principal preocupación debería ser que el Mundial de Fútbol sirva para mostrar al mundo la realidad de país.

Pero la ofensiva del FBI contra la FIFA despertó sospechas sobre la designación de Rusia como sede para este certameny también por el de Qatar en 2022. Según las acusaciones, la monarquía habría pagado coimas para lograr los votos necesarios durante la gestión de Joseph Blatter.

El Emir Tamim bin Hamad Al Thani está vinculado al fútbol desde que fue sponsor del Real Madrid y es dueño del Paris Saint Germain. Su relación con Trump pasó de ser considerado sponsor también de grupos terroristas, cuando el presidente de EEUU apoyaba a Arabia Saudita, hace poquitito. Ahora pasó a ser su nuevo mejor amigo y hace dos díasse vieron en Washington.

En el medio, EEU le vendió misiles a Qatar por 300 millones de dólares.

Como se ve, en mayor o menor medida, cada uno de estos jugadores tiene cosas por ganar si la situación en Siria se vuelve más complicada. Se sabe que una guerra siempre galvaniza a una sociedad y a ella recurrieron mandatarios de toda laya a lo largo de la historia.

El riesgo es que esa necesidad termine provocando un incendio que envuelva a todos los países en una guerra de imprevisibles consecuencias. Putin lo sabe y por eso intenta poner paños fríos mandando a que sus jefes militares se pongan en contacto con los mandamases del Pentágono. La vocera de la cancillería rusa, María Zajárova, aclaró que el Kremlin no está de acuerdo en la diplomacia del tuit.



https://www.tiempoar.com.ar/




EL BIG BROTHER LO SABRÁ TODO Por Horacio Verbitsky








El Big Brother lo sabrá todo








Vigilancia para todos las 24 horas del día, incluyendo la oposición y la competencia




El gobierno se propone aprobar el miércoles 18 en el Senado una reforma integral del Código Procesal Penal sancionado en diciembre de 2014 pero que aún no entró en vigencia. Con el pretexto de combatir delitos particularmente odiosos como los secuestros y el narcotráfico, procura concentrar poderes sin precedentes en la historia argentina, que podrán ser utilizados desde la Capital Federal en todo el país contra cualquier ciudadano que incomode al poder político, incluyendo adversarios electorales, gobernadores de la oposición, organizaciones sindicales o sociales que reclamen por sus derechos, pero también competidores económicos del presidente Maurizio Macrì y de sus parientes, socios, testaferros y amigos. También legalizaría la aplicación del software israelí Pegasus sobre el que informé en detalle el año pasado, que permite penetrar en la intimidad de una persona y utilizar el micrófono, la cámara y el localizador satelital de su propio teléfono como instrumento de espionaje sobre su vida, incluyendo el seguimiento de cada uno de sus pasos y hasta sus encuentros íntimos.
Este proyecto de 66 artículos pero más de un centenar de incisos fue presentado por el senador salteño Rodolfo Urtubey y el entrerriano Pedro Guastavino el 2 de marzo pero su ingreso recién se informó el 21 de marzo. El 10 de abril fue incluido en el temario de la reunión de comisión de Justicia y Asuntos Penales que preside Guastavino, que lo consideró al día siguiente durante apenas 20 minutos  ya con las firmas suficientes para su aprobación: 12 sobre  17.  Por eso se negaron a convocar nuevas reuniones o a citar a expertos que opinaran sobre su contenido.  El sigilo y el apuro son elocuentes: semejante ley que aniquila las libertades civiles no soporta un debate público. Además de sus autores firmaron Ernesto Martínez, Néstor Braillard Poccard, Federico Pinedo, Oscar Castillo, Silvia Elías de Pérez, Olga Brizuela Doria de Cara, Cristina Fiore Viñuales,  Sigrid Kunath, Juan M. Pais y Guillermo Snopek, un muestrario de transversalidad, por lo que estará en condiciones de ser tratado en el recinto el miércoles antes de que alguien más que los lectores de esta nota se enteren.

El PAK en acción

Un hermano de Urtubey gobierna Salta, lidera el opoficialismo y pretende presentar su candidatura presidencial. Otro hermano es dirigente de la Unión Industrial. Guastavino fue uno de los organizadores de la cumbre de Gualeguaychú convocada por el Senador Miguel Pichetto para organizar un Peornismo Antídoto contra el Kirchnerismo (PAK), que facilite la reelección del presidente Macrì en 2019 por la fragmentación de las fuerzas que se le oponen. A eso le llaman racionalidad y la reforma procura avalar esa idea, mostrando lo que le espera a quien se oponga.
En la misma dirección apunta la simultánea decisión de la jueza federal María Servini de intervenir el Partido Justicialista y designar para reorganizarlo a un entusiasta de la democracia como Luis Barrionuevo.
El proyecto presentado por Urtubey, quien aspiraba a suceder en la Procuración General a Alejandra Gils Carbó, acaba con el federalismo y subordina  las fiscalías de todas las provincias al Ministerio Público Fiscal. El artículo 117 del Código vigente contemplaba que cuando los delitos se cometieran en más de una jurisdicción el Ministerio Público fiscal podría  “formar equipos” para “coordinar la investigación con las autoridades de otras jurisdicciones”. El Código Urtubey suma a esa cooperación a los fiscales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los más dóciles al gobierno nacional, y añade que los federales podrán “encomendar a los fiscales provinciales actividades de investigación”. Ya no se trata de coordinar sino de darles órdenes.
En el Código vigente los allanamientos y detenciones en otra jurisdicción deben solicitarse por exhorto al juez del lugar. Un nuevo artículo 117 bis sostiene que el fiscal federal puede realizarlas con la sola autorización del juez del caso y recién después comunicar al juez federal del lugar “la medida practicada y los resultados obtenidos”. Con esta comunicación a posteriori también se castra a los jueces federales de las provincias. Los gobernadores de la oposición pueden ir poniendo sus barbas en remojo. Y esto no es una metáfora, Gildo. Tal vez por eso entre las firmas del dictamen no figura la del Senador formoseño José Luis Mayans, quien hace dos semanas ayudó a estibar las preguntas más pesadas al Ministro de Deuda y Evasión Luis Caputo, el Primo Toto.
El artículo 17 del Código dice que sólo se podrá detener a una persona cuando exista “peligro real de fuga u obstaculización de la investigación”. El proyecto Urtubey sólo cambia una palabra: suprime real, con lo cual no será necesario fundamentar en qué consistiría el peligro de fuga u obstrucción. Al 189, que enumera en qué consistiría el peligro de entorpecimiento, agrega un nuevo inciso d: la existencia de indicios de que el imputado intentará asegurar el provecho del delito, cosa que obviamente ocurre en cualquier delito, con lo cual la libertad durante el proceso pasará a ser otro derecho básico perdido. Ambas novedades parecen tomadas de la decisión de la justicia jujeña por la cual perdió la libertad su ex gobernador Fellner.  El fiscal solicitó y el juez ordenó detenerlo porque viajó a Panamá, que es una guarida fiscal.
El artículo 30 de la reforma de la reforma agrega a la Primera Parte del Código Vigente todo un Título sobre Técnicas Especiales de Investigación, que legaliza la utilización de los chiches de espionajeque la ministra de Seguridad Patricia Bullrich adquirió a proveedores israelíes, como el software Pegasus, que ya fue usado en México no para combatir el delito sino para espiar a periodistas, ONGs, abogados de derechos humanos, opositores políticos y también organismos defensores del consumidor que investigaban productos de compañías multinacionales de refrescos y la institución Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Aunque la justicia haya desprocesado a Macrì en la causa por las escuchas ilegales, es imprescindible retener que según sus propias afirmaciones, el organizador de esa red y primer jefe de la policía porteña, el comisario Fino Palacios, le fue recomendado por las embajadas de Estados Unidos e Israel. La literatura de la empresa proveedora indica que su software sólo puede ser adquirido por estados con un limpio récord en materia de Derechos Humanos, pero el ejemplo de Pegasus en México desarma ese relato. En la investigación sobre el uso desviado del Pegasus en México participó la organización canadiense Citizen Lab de la Universidad de Toronto y sus conclusiones fueron publicadas por el diario New York Times. Durante las manifestaciones de diciembre contra la reducción de haberes jubilatorios pudieron apreciarse los preparativos del gobierno de Macrì para tratar a quienes protestan en el estilo que las tropas israelíes reservan a los pobladores palestinos.
Los 36 incisos que Urtubey intenta agregar al artículo 175 del Código, en una ridícula jerga latina (¡del 175 bis hasta el 175 sextricies!), regulan el uso de esas técnicas especiales de investigación. Los distintos incisos permiten mantener esas medidas durante un año antes de que el juez de revisión “deba controlar los motivos que fundamenten su continuidad”. La vigilancia acústica autorizada incluye la escucha y grabación no ostensible “de las conversaciones privadas del imputado” en cualquier lado que esté y el acceso en forma no ostensible al contenido de las comunicaciones del imputado “a través de la intervención de las terminales o de los medios de comunicación que utiliza”; o de un software que penetre el contenido de ordenadores, sistemas informáticos, bases de datos, y medios de seguimiento y localización. Por ejemplo el conmutador telefónico de Techint, el servidor de comunicaciones de Benito Roggio, la base de datos de clientes y transacciones del Banco Provincia, o los datos de los tribunales eclesiásticos sobre pedofilia, porque hay un empleado del que se sospecha que vende cocaína, cortó una ruta, contrabandea euros falsos o abusó de una nena. Esta no es una hipótesis fantasiosa. El procesamiento de Macrì revocado en cuanto asumió la presidencia se debió a las escuchas ordenadas por un juez de Misiones en una causa por un homicidio, que incluían a familiares de victimas del atentado a la DAIA que cuestionaban al  primer jefe de la policía porteña; empresarios que competían con el hermano de un funcionario de seguridad de Macrì por los derechos de la televisación del fútbol, gerentes del supermercadista Alfredo Coto, un directivo del shopping Alto Palermo que interesaba al amigo presidencial Marcelo Mindlin y al esposo de la hermana Sandra Macrì, a quien la famigliaquería alejar de Sandra y de su herencia. Los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah confirmaron el procesamiento de Macrì por consentir esas escuchas ilegales que organizaba el policía Ciro James,  a órdenes directas del comisario Palacios. Los camaristas señalaron que la policía metropolitana tenía prohibido realizar el tipo de inteligencia que consta en el curriculum de James. Macrì se liberaría como presidente de esa restricción, con el proyecto que para mayor perfección presentan los compañeros del PAK. Freiler ya fue destituido, Ballestero  anunció que se jubila para que no le ocurra lo mismo y Farah está negociando su traslado a Mar del Plata, la jurisdicción de la que fue importado por Javier Fernandez de Stiuso, el operador en tribunales de todos los gobiernos.
La enumeración de casos en los que el fiscal podría pedir estas medida de investigación con tecnologías sofisticadas es ociosa, ya que la lista incluye la asociación ilícita, esa figura comodín que fiscales y jueces emplean cuando no consiguen pruebas de un delito. Basta con que tres personas se comploten para cometer delitos indeterminados para que se les aplique. También menciona como justificación los delitos contra el orden económico y financiero.
El artículo 5 del CPP vigente sostiene que “nadie puede ser perseguido penalmente ni condenado más de una vez por el mismo hecho. No se pueden reabrir los procedimientos fenecidos, salvo la revisión de las sentencias a favor del condenado”. El proyecto reformista suprime la parte en bastardilla del artículo. Esto no es por azar. El actual ministro de la Corte Suprema Carlos Fernando Rosenkrantz, abogado de Clarín a quien Macrì designó en la Corte por decreto, lo está planeando desde 2014, con el propósito de volver a juzgar a Cristina en las causas en las que fue absuelta. Ese año Rosenkrantz prologó un libro con dos trabajos sobre el tema, uno del entonces secretario de Martín Irurzun en la Cámara Federal, Federico Morgenstern. En cuanto asumió en la Corte, Rosenkrantz designó como prosecretario letrado para asuntos de confianza a Morgenstern quien el año pasado redactó el fallo del 2×1 en una causa por crímenes de lesa humanidad.
En síntesis, de aprobarse este disparatado proyecto el Estado con sus Moldes, Stornellis, Plees y Marijuanes podrían hacerle cualquier iniquidad a cualquier ciudadano en cualquier lugar del país.
Cuando comenzaron las protestas por la detención de Milagro Sala, los comités por su libertad denunciaron que llevaba tres meses detenida sin que se la indagara ni se dictara su prisión preventiva. El ministro de Justicia, Germán Garavano dijo que eso no era posible. Cuando le enviaron el Código Procesal Penal jujeño que lo permite no pudo reprimir una exclamación: “Esto es inconstitucional”. Por supuesto, no dio ni un paso para promover su modificación. El contador Morales es un pionero en la materia y su campaña de ley y orden es la base de su aspiración a suceder como vicepresidente a Gabriela Michetti.
El método de la intimidación funciona mucho mejor cuando lo practica el gobierno, en un fuero que nunca ha sido cuna de héroes cívicos. Que lo cuente María Servini, quien decretó la intervención del Partido Justicialista con argumentos aberrantes y designó interventor a Luis Barrionuevo, quien cuando ve una urna saca su encendedor. Lo asesora el ex dirigente de la rama masserista del movimiento Julio Bárbaro, cuyo amor por la democracia no se debilitó ni siquiera cuando su candidatura en olor de santidad quedó lejos del 1% de los votos.
Inspiró la medida el ex senador Eduardo Duhalde, quien accedió por unos meses al Poder Ejecutivo por un enjuague palaciego luego de perder las elecciones presidenciales dos años antes. En 2003 modificó la ley electoral para que las internas fueran substituidas por la presencia de tres candidatos de su partido en la elección general, como ley de lemas sui generis. Duhalde explicó entonces que si Carlos Menem vencía en una interna, acumularía en la general todo el voto peronista y se impondría con comodidad. Sólo dividiendo ese caudal en tres sería posible forzarlo a un balotaje, en el que sus chances eran débiles. Así fue, pero Menem le birló el trofeo retirándose de la segunda vuelta contra Néstor Kirchner, el títere imaginado por el perspicaz estadista de Lomas de Zamora.
Ahora Duhalde asesora en estos temas al presidente Macrì, cuya reelección sería imposible si el justicialismo dirimiera su candidatura presidencial en una primaria abierta. Cambian los enemigos pero las motivaciones del equilibrista de la damajuana son siempre altruistas, como desalentadores sus resultados. Ofendido porque designaron a Barrionuevo y no a él, se niega a integrar el Consejo Asesor. No será simple constituirlo, porque cada candidato piensa que el otro tiene  mal olor, y ninguno se equivoca.


En noviembre el auto de Servini estacionado frente a su casa de Palermo, fue violentado en un momento en que había desaparecido el custodio de la policía porteña, y se llevaron expedientes y regalos de Navidad del baúl. Sin dudar dijo que era una amenaza, que por lo visto surtió efecto: la solicitud de intervención presentada por la rama sindical de Cambiemos (las 62 Organizaciones del difunto Jerónimo Venegas), el decreto de la jueza y el comentario posterior del interventor Luis Barrionuevo salieron de la misma pluma. Incluso, la parte resolutiva está escrita con las mayúsculas de los servicios de informaciones, que no de la judicatura, como indicio de catanpeitismo, una enfermedad viral en el fuero. Tampoco le pidieron opinión sobre el nombre del interventor, porque en ese caso hubiera dicho que debería ser abogado, contador o economista, inscripto en el Colegio Público de Abogados o el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, según el reglamento del Consejo de la Magistratura, ni tener relación con la entidad intervenida, según el Código Procesal Civil y Comercial. Servini no insistió en ser escuchada porque entendió el episodio de noviembre con su auto y porque la ilusionaron que ese fallo podría debilitar la prescindencia de Macrì en el pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema. Servini es la principal informante de Elisa Carrió en esa solicitud, porque Ricardo Lorenzetti hizo cesantear a su hijo Eduardo Cubría en la batalla por la administración del Consejo de la Magistratura. Intimidado ante esa perspectiva, Lorenzetti dio marcha atrás con la Acordada 4 que había recordado la necesidad de selección por el Consejo de la Magistratura y acuerdo del Senado para trasladar a un juez de un tribunal a otro, y firmó la Acordada 9, que convalida esos traslados. La única excepción hasta ahora es el TOF 9, creado ad hoc para condenar a CFK en varias causas. Asediado, Lorenzetti organizó una visita de periodistas a la central de inteligencia desde la cual se graban las comunicaciones de los teléfonos intervenidos, para negar responsabilidad en su filtración. La condujo el titular del organismo, Juan Tomás Rodríguez Ponte, tan mal que mostró las pantallas con la nómina de teléfonos intervenidos. Por ejemplo la Granja Educativa Hotel de Campo Los Robles, que se ofrece para fiestas infantiles de colegios católicos, la empresa FIT-ADN o el investigado en la causa por el abuso de jugadores de fútbol Leo Cohen Arazi. Es decir, una filtración ilegal para negar otras.

Una aberración constitucional

La sustitución por los jueces de las autoridades de los partidos políticos es una aberración constitucional. El artículo 37 de la Constitución “garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia”; el 38 define a los partidos políticos como “instituciones fundamentales del sistema democrático”, aporte del líder radical Raúl Alfonsín a la reforma. “Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas”, continúa el texto.
El único fundamento que Servini atino a mencionar fue “la derrota en los comicios presidenciales como así también el fracaso en el acto electoral para elegir gobernador en el distrito más grande del país” y “el grado de división alcanzado”. Hasta ahora el resultado de las elecciones, quien gana y quien pierde, no era de competencia de la justicia electoral. Luego de esta primera alusión a CFK, agrega que “reconocidos dirigentes partidarios apoyaron candidaturas de partidos o frentes políticos de los que el Justicialismo no formó parte o directamente se han postulado como candidatos de esas agrupaciones que compitieron en el último proceso electoral contra el partido fundado por el General Perón”. Esto constituiría un “vaciamiento partidario, provocado por quienes dicen ser peronistas al solo efecto de obtener una ventaja electoral”. Si algo faltaba para transparentar el mensaje, está en la cita de Perón que transcribe: “El peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha”. Sólo faltó explicitar la unidad o la lucha con quién.
Para colmo de ironía concluye con una cita de las Lecciones de Derecho Constitucional del Procurador de Yrigoyen, José Nicolás Matienzo, sobre la organización republicana de los partidos como requisito para la organización republicana de la Nación. Matienzo era de quienes creía que las  facultades de los jueces se limitaban a la resolución de conflictos y nunca podían sustituir en las decisiones a los órganos políticos. Incluso rechazó en un dictamen la intervención judicial en un juicio político. Se hubiera horrorizado ante jueces que legislan, deciden sobre designaciones o remociones de jueces, declaran inconstitucional la Constitución o dirigen partidos políticos.
El decreto de Servini dice que el interventor judicial deberá dialogar con todos los sectores partidarios. Pero por si alguien no había entendido qué se busca con su nombramiento, Barrionuevo dijo que dialogará con todos menos con los kirchneristas, porque no son peronistas y buscan usar al PJ como guarida.

Últimas noticias de Macondo

Existía acuerdo para comenzar la implementación del Código Procesal Penal  por Salta y Jujuy, cuyo gobernador Gerardo Morales es vanguardia en la reducción de derechos y el encarcelamiento de opositores. Milagro Sala fue detenida por encabezar una protesta frente a la gobernación en enero de 2016, el ex gobernador y presidente del Partido Justicialista Nacional, Eduardo Fellner, la siguió el jueves 12 de este mes. La reforma en trámite intenta someter al resto de los gobernadores que no se plieguen a la voluntad presidencial. Una lógica que también se aplica a jueces o periodistas. En cambio los gobernadores del oficialismo tienen absoluto respaldo para cualquier iniciativa. El viernes 13 fue detenido en San Salvador el dirigente de la Túpac Amaru Santiago Hamud, acusado junto con otras nueve personas de atentado a la autoridad, por haber manifestado el 4 de abril mientras Morales explicaba en la Legislatura la libertad que él garantiza en la provincia. Pero el sábado 14 recuperó su libertad Fellner, prueba adicional de que su detención no tuvo otro propósito que amedrentar a conjunto de la dirigencia política.

El momento en que Fellner quedad en libertad.
Fellner queda en libertad.

Su soltura se produjo en medio de un áspero intercambio de recriminaciones entre los fiscales (Liliana Fernandez de Navarro y Diego Cussell) y el juez Isidro Cruz. Los fiscales se retiraron de la audiencia recriminando al juez que no le haya leido los cargos en su contra, del conocido linaje “Se han robado todo”.  Fernández de Navarro es la íntima amiga del ministro Ekel Meyer que en enero de 2016 forzó plazos, competencias y testimonios para justificar la detención ilegal y arbitraria de Milagro Sala, que según Ernesto Sanz era prerrequisito de la gobernabilidad jujeña. Como el juez no se prestó a ese show predilecto de Morales, Montiel abandonó la audiencia seguida por Cussell, con lo cual  Fellner hubiera podido continuar bajo arresto por tiempo indefinido. Pero el juez Cruz fundamentó en esa deserción de los fiscales la libertad del ex gobernador. Como telón de fondo está la intención de Morales de promover a la Suprema Corte al fiscal general de Acusación Sergio Lello Sánchez y otorgar al ministerio público el manejo de sus recursos. Entre los jueces comienza a señalarse que la mala gestión de Lello en el manejo de las investigaciones terminará con la caída de las causas por corrupción. Otros actores de la política jujeña suministran una explicación alternativa para la voltereta del juez Cruz, que detiene un dia y libera al siguiente: “Morales lo apretó para que detuviera a Fellner y Fellner lo apretó para que lo largara. Aquí todos tienen un muerto en ropero”.


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