lunes, 30 de septiembre de 2013

CONTROL POPULAR por Carlos Rodríguez



Kevin, de nueve años, murió de un tiro en la cabeza
durante un enfrentamiento en el barrio.

SOCIEDAD › LO LANZAN HOY EN UNA “ASAMBLEA PODEROSA” EN EL BARRIO ZAVALETA

Control popular de seguridad




Como consecuencia del caso Kevin y para “no quedarse en el reclamo”, los vecinos nucleados alrededor de la revista La Garganta Poderosa lanzan hoy la iniciativa de monitoreo de las fuerzas de seguridad junto al CELS.



 Por Carlos Rodríguez


En un acto convocado para hoy por los vecinos del barrio Zavaleta reunidos en la “asamblea poderosa”, nucleada en torno de la revista barrial La Garganta Poderosa, se anunciará la puesta en marcha de “un modelo de Control Popular sobre las fuerzas de seguridad, sin ningún padrinazgo partidario ni financiero”. La iniciativa, aprobada por los vecinos, surge como respuesta frente al asesinato de Kevin, un chico de 9 años que recibió un balazo de 9 milímetros en la cabeza durante un enfrentamiento entre dos grupos de personas ajenas al barrio. En una declaración a la que tuvo acceso Página/12, los habitantes del barrio porteño señalaron que resolvieron la creación de esta organización vecinal “con toda la impotencia atragantada por el asesinato de Kevin y hartos de esperar inútilmente alguna respuesta real en relación al hostigamiento de Gendarmería y Prefectura”.

El cuestionamiento a las fuerzas de seguridad tiene que ver con el irregular allanamiento que se hizo en la redacción de la revista, con posterioridad a la muerte de Kevin, y al hecho cotidiano de lidiar con agentes armados sin identificación –no llevan nombre y apellido en sus uniformes, como pudo comprobar este diario– y a los atropellos que sufren en forma permanente, con requisas y detenciones arbitrarias.

El “control popular” de las fuerzas de seguridad será ejercido por “una comisión de vecinos elegidos por otros vecinos y organizados en turnos rotativos” que “controlará el accionar de los uniformados, con el fin de poder señalar sus irregularidades sistemáticas, en comunicación directa con el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), la fiscalía, la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin) y una red de periodistas comprometidos con la causa”.

Desde una casilla construida “con nuestros propios lomos y ladrillos” frente a la plaza Kevin, “los ‘vecinos sin gorra’ no tendrán como objetivo interpelar a otros habitantes del barrio, ni reemplazar a las fuerzas de seguridad, ni caer en la trampa de las acusaciones entre vecinos, sino exclusivamente registrar a los efectivos que intenten amedrentarnos sin identificación, armarnos causas o rompernos puertas sin órdenes de allanamiento, como así también denunciar los abusos de autoridad que resultan recurrentes sobre los pibes más desprotegidos”.

Afirmaron que tomaron la decisión “a partir de las tremendas evidencias que se desprenden del caso Kevin, en relación con la connivencia de quienes deberían cuidarnos con los que administran los delitos desde afuera de nuestros barrios”. Por esa razón eligieron no quedarse “en los meros reclamos, ni en las investigaciones del episodio aislado, sino vomitar una estrategia comunitaria que nos permita mantenernos a salvo de estos fantasmas con gorra y escopeta, que hasta el día de hoy se pasean por nuestros pasillos con la impunidad que les otorgan el poder y ese chaleco sin nombre”. Recuerdan que todos los agentes de las dos fuerzas deberían llevar sus nombres y apellidos sobre el pecho, adheridos a sus uniformes.

En su declaración, los vecinos afirmaron que intentarán “afrontar el miedo y las prácticas ilegales a las que permanentemente estamos sometidos los vecinos de las villas por parte de la corrupción uniformada” y a la vez institucionalizar “un método de participación ciudadana capaz de mejorar la seguridad en los barrios humildes, donde las muertes por violencia institucional ya ni siquiera hacen eco en los medios, ni en la política, ni en la Justicia”. Al mismo tiempo buscan aportar una “mirada barrial a los expedientes judiciales que suelen ser una mera transcripción de las versiones policiales”.

La presentación del modelo de “control popular sin gorra” se hará hoy, a partir de las 14, con la presencia de representantes de las escuelas de la comuna porteña, del CELS, la Procuvin, organismos sociales y de derechos humanos. También se realizará un festival en homenaje a la familia de Kevin. Los vecinos recalcaron que ésta es la única forma que encontraron de irse a dormir “con la tranquilidad de que no perderemos ningún otro pibe por la acción o inacción de las fuerzas”.

Ante la grave situación que están viviendo hicieron “cargo al Estado de su responsabilidad sobre la seguridad de todos no-sotros, incluidos los vecinos y vecinas que oficiarán como reguladores de las instituciones que, por sí solas, no han querido o no han sabido regularse, para garantizar nuestros derechos”. Concluyeron diciendo que “con o sin ayuda, la fuerza de Kevin nos bastará para cambiar esta realidad: hay una comunidad al servicio de la comunidad”. Los que quieran participar pueden concentrarse, desde minutos antes de las 14, en la esquina de Amancio Alcorta y Perito Moreno, para luego marchar hacia el barrio Zavaleta.


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CHILE A 40 AÑOS DEL GOLPE / DOS FOTOS QUE HABLAN por Mempo Giardinelli






A 40 AÑOS DEL GOLPE DE PINOCHET EN CHILE

Dos fotos que hablan

Por Mempo Giardinelli

Opinión


En una nota anterior, del pasado 11 de septiembre, comenté mis viajes a Chile en los años ’70 con el fotógrafo Carlos Bosch, pero en ella cometí un error que ahora es necesario reparar. Y es que si bien aquellas coberturas periodísticas de diversos acontecimientos chilenos entre 1970 y 1973 las hice con Bosch, no en todos los casos viajé con él.

Y en particular, en ocasión de la visita de Fidel Castro a Santiago, en noviembre de 1971, ese trabajo no me cupo hacerlo con él, sino con otro extraordinario fotógrafo de la vieja Editorial Abril: Diego Goldberg, autor de las dos memorables fotografías que ilustran este texto, y con quien cubrimos el acontecimiento para la revista Siete Días Ilustrados.

En una se aprecia la alegría de Fidel Castro y de Salvador Allende, y en particular del cubano, por entonces un joven líder latinoamericano de sólo 45 años. En esa toma todo parece futuro venturoso y las sonrisas permiten presumir y sintetizan la algarabía que imperaba ahí abajo, en las calles de Santiago, aquel 10 de noviembre.

En la otra, en cambio, que es de ese mismo día, puede vislumbrarse ya la traición que se iba a producir menos de dos años después.

En esa impresionante toma lo que hay, y resulta ahora evidente, es el embrión, la gestación misma de una felonía. El por entonces militar constitucionalista Augusto Pinochet Ugarte, como se aprecia perfectamente en esta foto que Goldberg ha conservado, tenía ya en ese momento la misma, empaquetada compostura cuartelera con que en aquel septiembre de hace ahora 40 años ordenaría el ataque al Palacio de la Moneda y la sucesión de asesinatos y persecuciones que sus esbirros cumplieron con fría determinación.



Nótese la gélida mirada elusiva, dirigida hacia el cielo, de quien parece esperar una bendición divina a la deslealtad que seguramente por esos días ya tramaba. Y en contraste obsérvese al líder cubano, con uniforme y gorra un tanto desprolijos, mirando hacia el frente como mira quien está a la altura de los mortales, el pueblo, sus pares, quizás el mismo Allende y en todo caso los miles de latinoamericanos que masivamente se volcaron a las calles en aquellos días, en un carnaval pleno de alegría y optimismo. Y el cual, como suele suceder con los carnavales, dio paso después a arduos reacomodamientos con la dura realidad.







Estas dos fotos sintetizan, hoy, mucho más que un viejo, doloroso divorcio. En realidad, tomadas hace cuatro décadas, ya entonces hablaban en secreto de la tragedia latinoamericana contemporánea. Esa que seguimos restañando a fuerza de democracia.




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viernes, 27 de septiembre de 2013

DÍA INTERNACIONAL POR LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO EN LA REGIÓN / AMNISTÍA INTERNACIONAL








Amnistía Internacional
  


 
 
 


 

Día Internacional por la Despenalización del Aborto en la Región

Despenalizar el aborto en la Argentina y el resto de América Latina es un compromiso con el derecho a la vida, a la igualdad y un imperativo de Derechos Humanos.

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013.- Despenalizar el aborto en América Latina y el Caribe es un compromiso con la vida. Los propios gobiernos de la región han reconocido recientemente que la penalización del aborto provoca el incremento de la mortalidad y morbilidad maternas y no disminuye el número de abortos. Esto es así porque amenazar con penas de prisión a mujeres, jóvenes y adolescentes que deciden interrumpir su embarazo no las disuade, pero si las empuja a practicarse abortos clandestinos, que en la mayoría de los casos son inseguros y por ende ponen su vida y su salud en riesgo.

Despenalizar el aborto es un imperativo de igualdad. Diferentes organismos internacionales han comprobado que las mujeres indígenas, afrodescendientes, que viven en la pobreza o que tienen baja escolaridad están desproporcionadamente representadas entre las mujeres que mueren o quedan severamente afectadas a raíz de abortos inseguros. En la región más desigual del mundo, este no es un dato menor.

En definitiva, despenalizar el aborto en la región es un imperativo de derechos humanos. Los estándares internacionales de derechos humanos son claros en que los Estados tienen la obligación de proteger los derechos a la vida, a la integridad física, a la autonomía y a la igualdad de mujeres, jóvenes y adolescentes. Para cumplir esta obligación, los Estados deben proveer de todas las herramientas necesarias para que mujeres, jóvenes y adolescentes puedan evitar embarazos no deseados. Las mujeres tienen el derecho a decidir si quieren ser madres o no y cuando quieren serlo. Asimismo, los Estados no pueden obligar a alguien a practicarse un aborto, así como no pueden amenazar con cárcel u otras penas a quienes lo practiquen; poniendo sus derechos en riesgo.

Amnistía Internacional promueve y defiende el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Quienes por convicciones morales, religiosas o filosóficas crean que interrumpir un embarazo es terminar con una vida tienen derecho a pensar y a practicar sus creencias. Sin embargo, los Estados no pueden imponer una sola idea y pensamiento a todas las personas a través de su sistema penal, y mucho menos criminalizar a quienes disienten con esa noción.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso referido a la interpretación del derecho a la vida, ha establecido claramente que como no hay consenso acerca del inicio de la vida humana, los Estados deben permitir diferentes y a veces contradictorias opiniones al respecto dentro de su jurisdicción; aclarando que las concepciones morales o religiosas que consideran que un ovulo fecundado es vida humana “no pueden justificar que se otorgue prevalencia legal a esta idea, porque ello implicaría imponer un tipo de creencia específica a otras personas que no las comparten.”

Hace poco más de un mes, los gobiernos de la región firmaron un histórico acuerdo consecuente con sus obligaciones en materia de derechos humanos y que, de ser cumplido, salvará miles de mujeres. En el Consenso de Montevideo http://goo.gl/PTn1ic los gobiernos de 38 países de América Latina y el Caribe acordaron, entre otras cosas, “prevenir y evitar el aborto inseguro, (con medidas) que incluyan la educación en salud sexual y salud reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces y el asesoramiento y atención integral frente al embarazo no deseado y no aceptado”. En igual sentido, instaron a los Estados a considerar “modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes.” Este histórico acuerdo fue firmado en la capital Uruguaya, un país que despenalizó el aborto en Octubre de 2012.

No existe justificación en el derecho internacional de los derechos humanos para amenazar con cárcel a quien interrumpa un embarazo no deseado, ni para obligar a una mujer o niña a seguir adelante con dicho embarazo.

Este 28 de septiembre, Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, Amnistía Internacional hace un enérgico llamado a las y los líderes de todos los países de la región a demostrar su compromiso por los derechos humanos con cuatro estrategias concretas:
Garantizar educación sexual para que las niñas, niños y adolescentes puedan elegir y decidir, garantizar el acceso sin discriminación a métodos anticonceptivos modernos para que cada embarazo sea deseado.

Despenalizar el aborto y garantizar que cualquier mujer o niña que sufra complicaciones derivadas de un aborto tenga acceso a los servicios médicos que precise y así evitar más muertes previsibles  esto independientemente de si el aborto se practicó dentro o fuera del marco legal del país del que se trate, garantizar la provisión de servicios de aborto a cualquier mujer o niña que quede embarazada a consecuencia de una violación, agresión sexual o incesto, o si el embarazo supone un riesgo para su vida o su salud.

Situación en Argentina


En Argentina 80 mujeres mueren cada año y otras 60.000 son atendidas en los hospitales públicos por abortos practicados en forma clandestina e insegura. A pesar de ello, el Congreso sigue sin debatir la despenalización del aborto.

Desde hace 30 años, con el regreso de la democracia, se han presentado en el Congreso más de 50 proyectos que proponen una modificación al modelo punitivo del aborto. Pese a esto, el tema se ha tratado tan solo una vez en una comisión en diputados, y nunca ha llegado a recinto.

Amnistía Internacional Argentina desde 2011 lleva adelante una Acción de firmas http://amnistia.org.ar/abortopara exigirle al Congreso que incluya en la agenda parlamentaria un debate serio y comprometido sobre despenalización del aborto en argentina.

Amnistía Internacional Argentina y el CEDES, realizaron un video “Aborto en Argentina: El Congreso debe dar el debate”, que está disponible en https://vimeo.com/75579576

Caso Artavia Murillo y Otros (Fecundación in vitro) vs Costa Rica, Sentencia 28 de noviembre de 2012).


Para mayor información
Daniel Gutman
Prensa y Comunicación 
Amnistía Internacional Argentina
Cerrito 1050 6º Piso, Buenos Aires
Tel: (+54 11) 48116469 
Cel: 1562762699 



www.amnistia.org.ar



jueves, 26 de septiembre de 2013

ROMANÍES EN FRANCIA: ELLOS TIENEN DERECHOS!! PAREMOS LA XENOFOBIA!!


"No sobran inmigrantes,
sobran fachos"

Graffiti pintado en el barrio de Pompeya, Buenos Aires.-


ROMANIESJUDIOSPALESTINOSORIGINARIOSSIRIOSBOLIVIANOSPERUANOSVASCOSFILIPINOSCHINOSCOREANOSVIETNAMITASAFGANOSAFROAMERICANOSAFRICANOSLIBIOSLIBANESESEGIPCIOSIRANIESPAKISTANIESSUDAFRICANOSINDIOSSOMALIESIRAQUIMEXICANOSGUATEMALTECOSSUDANESESARMEÑOSPOLACOSGRIEGOSSALVADOREÑOSHAITIANOSTODOSSOMOSHUMANOSTODOSPUEBLOSCONDERECHOSCONHISTORIACONCULTURASCONVALORESTODOSTODOSTODOS!!






AQUÍ Y AHORA: DERECHOS HUMANOS, DERECHOS DE LOS ROMANÍES. LLAMADA DE ATENCIÓN A LA UNIÓN EUROPEA INFORME AMNESTY INTERNACIONAL


"Lo único que queremos es que nos traten como seres humanos, vivimos así, y así deben tratarnos [...]; nunca antes nos habían hecho sentir con tanta claridad que somos diferentes. Ahora lo sentimos de verdad." 

                                          Pareja de ancianos romaníes, Avas, Hungría, octubre de 2012.









ENLACE PARA ACCEDER AL PDF DE AMNESTY INTERNACIONAL









UN MINISTRO FRANCÉS ATACÓ A LOS GITANOS


EL MUNDO › REPUDIAN LAS DECLARACIONES DE UN ALTO FUNCIONARIO DEL GOBIERNO SOCIALISTA

Un ministro francés atacó a los gitanos


Manuel Valls, ministro del Interior, dijo que los gitanos deben ser deportados. La reacción fue inmediata. Llovieron críticas de un sector del socialismo francés y de autoridades europeas que tildaron sus dichos de electoralistas.



El ministro de Interior de Francia, Manuel Valls, afirmó que la mayoría de los gitanos deben ser expulsados del país, lo que le valió la crítica de algunos miembros del gobernante Partido Socialista (PS) y de autoridades europeas. “La mayoría de los gitanos deben ser llevados hasta la frontera. Nuestro papel no es acoger a estas poblaciones”, aseguró el ministro un día después de haber sostenido que los gitanos debían regresar a Rumania y a Bulgaria, porque en Francia no hacían esfuerzos suficientes para su integración. La comisaria europea de Justicia, Vivianne Reding, tachó de electoralistas las declaraciones de Valls y recordó que la Unión Europea (UE) ha puesto a disposición de los 28 países miembro 50 mil millones de euros para políticas de integración que están sin utilizar. En tanto, el portavoz de la Comisión Europea, Olivier Bailly, advirtió que si no se respetan los principios inscriptos en los Tratados, el órgano utilizará todos los medios a su disposición para sancionar a Francia. El presidente François Hollande, que ayer presidió la reunión semanal del Consejo de Ministros, no se pronunció sobre las declaraciones de su ministro.

Valls insistió en que hay que seguir desmantelando los campamentos de gitanos porque suponen un problema para los vecinos y para los que los ocupan, desde el punto de vista sanitario y de seguridad. Pero varias figuras del PS y del gobierno reaccionaron ante las palabras de Valls. “Eso mismo se dijo de los españoles, de los portugueses o de los árabes. Decretar por anticipado que la integración es imposible me parece excesivo y debe ser corregido”, dijo el ministro de Industria, Arnaud Montebourg.

El primer secretario del PS, Harlem Désir, dijo no creer en las teorías que afirman que algunas poblaciones no pueden ser integradas. La alcaldesa de Lille, Martine Aubry, pidió un movimiento de solidaridad nacional para albergar a los gitanos que viven en el país. “Invoco los principios de humanidad y eficacia, es decir, la República”, expresó. Pero el titular de Interior replicó que no tiene nada que corregir y acusó a sus críticos de no conocer el asunto. La portavoz del gobierno, Najat VallaudBelkacem, declaró que Valls cuenta con el apoyo del presidente Hollande porque aplica una política de firmeza y humanidad.

Reding acusó a Valls de agitar el miedo con fines electoralistas. “Si no me equivoco, hay aire de elecciones en Francia”, ironizó. “Cada vez que no se quiere hablar de cosas importantes como los presupuestos o la deuda, nos topamos con los gitanos”, agregó. La comisaria subrayó que los rumanos son ciudadanos europeos y recordó que Bruselas ha puesto a disposición de los socios de la UE ingentes fondos para mejorar la integración de los gitanos, y enfatizó que Francia no los utiliza. “Me pregunto por qué”, continuó Reding. “Dejamos que los problemas sean imposibles de resolver, no se hace el trabajo de integración y ese dinero que podría servir a los alcaldes no se usa”, concluyó.

“La Comisión recuerda a Francia y al resto de Estados miembro que han acordado entre ellos y con la Comisión una estrategia europea para la integración de los gitanos”, declaró Bailly. Recalcó además que todos los europeos tienen libertad de circulación y residencia y advirtió que si estas libertades no se respetan, Bruselas usará los medios a su disposición para corregirlo. Bailly se refirió además a la confusión voluntaria o involuntaria que existe en relación con las libertades de circulación, residencia y de trabajo en los países europeos.

La política de desalojo forzoso fue emprendida por el ex presidente conservador Nicolas Sarkozy y ha sido criticada por Naciones Unidas. Unos 20 mil gitanos, principalmente originarios de Rumania o Bulgaria, viven en Francia. En 2012, Francia expulsó a 12.800 rumanos y búlgaros sobre un total de 37 mil extranjeros, cifra record de inmigrantes expulsados. Diversas organizaciones humanitarias y judiciales, como la Liga de Derechos Humanos o el Sindicato de la Magistratura, tacharon las declaraciones de Valls de intolerables y consideraron que estigmatizan a una categoría de la población. Asimismo, indicaron que contribuyen a identificar de forma infundada a los culpables por su origen étnico.

Paralelamente, Amnistía Internacional (AI) publicó ayer un informe en donde afirma que Francia no respeta sus compromisos internacionales en términos de expulsión de gitanos. De acuerdo con el informe, el número de gitanos expulsados, que se había reducido con la llegada de los socialistas al poder, volvió a aumentar considerablemente. “En el primer semestre de 2013, 10.174 gitanos fueron evacuados, un número record desde 2010. Una vez expulsados, se encuentran sin un techo y se ven obligados a instalarse en otros campamentos”, explicó el responsable de operaciones para Europa y Asia central de AI, John Dalhuisen.

El martes, el secretario de Estado francés para Asuntos Europeos, Pierre Lellouche, había exigido que la legislación europea respetara la política francesa de expulsión de gitanos, tras argumentar que el pedido de la Eurocámara para que suspenda esa medida contradice las leyes comunitarias. “No es concebible no aplicar las leyes comunitaria y francesa en territorio francés”, había indicado por su parte el ministro francés de Inmigración, Eric Besson, en un encuentro con las autoridades rumanas para tratar este asunto.

Hay ocho países de la UE que imponen restricciones a los ciudadanos búlgaros y rumanos para trabajar en su territorio, porque se contempló esa opción en la adhesión de ambos países al bloque comunitario. Los países en cuestión son Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Reino Unido y (sólo para los ciudadanos rumanos) España, informa EFE. Esas restricciones deben terminar en todos los Estados miembro el 1º de enero de 2014.



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