UN MINISTRO FRANCÉS ATACÓ A LOS GITANOS

EL MUNDO › REPUDIAN LAS DECLARACIONES DE UN ALTO FUNCIONARIO DEL GOBIERNO SOCIALISTA

Un ministro francés atacó a los gitanos

Manuel Valls, ministro del Interior, dijo que los gitanos deben ser deportados. La reacción fue inmediata. Llovieron críticas de un sector del socialismo francés y de autoridades europeas que tildaron sus dichos de electoralistas.

El ministro de Interior de Francia, Manuel Valls, afirmó que la mayoría de los gitanos deben ser expulsados del país, lo que le valió la crítica de algunos miembros del gobernante Partido Socialista (PS) y de autoridades europeas. “La mayoría de los gitanos deben ser llevados hasta la frontera. Nuestro papel no es acoger a estas poblaciones”, aseguró el ministro un día después de haber sostenido que los gitanos debían regresar a Rumania y a Bulgaria, porque en Francia no hacían esfuerzos suficientes para su integración. La comisaria europea de Justicia, Vivianne Reding, tachó de electoralistas las declaraciones de Valls y recordó que la Unión Europea (UE) ha puesto a disposición de los 28 países miembro 50 mil millones de euros para políticas de integración que están sin utilizar. En tanto, el portavoz de la Comisión Europea, Olivier Bailly, advirtió que si no se respetan los principios inscriptos en los Tratados, el órgano utilizará todos los medios a su disposición para sancionar a Francia. El presidente François Hollande, que ayer presidió la reunión semanal del Consejo de Ministros, no se pronunció sobre las declaraciones de su ministro.

Valls insistió en que hay que seguir desmantelando los campamentos de gitanos porque suponen un problema para los vecinos y para los que los ocupan, desde el punto de vista sanitario y de seguridad. Pero varias figuras del PS y del gobierno reaccionaron ante las palabras de Valls. “Eso mismo se dijo de los españoles, de los portugueses o de los árabes. Decretar por anticipado que la integración es imposible me parece excesivo y debe ser corregido”, dijo el ministro de Industria, Arnaud Montebourg.

El primer secretario del PS, Harlem Désir, dijo no creer en las teorías que afirman que algunas poblaciones no pueden ser integradas. La alcaldesa de Lille, Martine Aubry, pidió un movimiento de solidaridad nacional para albergar a los gitanos que viven en el país. “Invoco los principios de humanidad y eficacia, es decir, la República”, expresó. Pero el titular de Interior replicó que no tiene nada que corregir y acusó a sus críticos de no conocer el asunto. La portavoz del gobierno, Najat VallaudBelkacem, declaró que Valls cuenta con el apoyo del presidente Hollande porque aplica una política de firmeza y humanidad.

Reding acusó a Valls de agitar el miedo con fines electoralistas. “Si no me equivoco, hay aire de elecciones en Francia”, ironizó. “Cada vez que no se quiere hablar de cosas importantes como los presupuestos o la deuda, nos topamos con los gitanos”, agregó. La comisaria subrayó que los rumanos son ciudadanos europeos y recordó que Bruselas ha puesto a disposición de los socios de la UE ingentes fondos para mejorar la integración de los gitanos, y enfatizó que Francia no los utiliza. “Me pregunto por qué”, continuó Reding. “Dejamos que los problemas sean imposibles de resolver, no se hace el trabajo de integración y ese dinero que podría servir a los alcaldes no se usa”, concluyó.

“La Comisión recuerda a Francia y al resto de Estados miembro que han acordado entre ellos y con la Comisión una estrategia europea para la integración de los gitanos”, declaró Bailly. Recalcó además que todos los europeos tienen libertad de circulación y residencia y advirtió que si estas libertades no se respetan, Bruselas usará los medios a su disposición para corregirlo. Bailly se refirió además a la confusión voluntaria o involuntaria que existe en relación con las libertades de circulación, residencia y de trabajo en los países europeos.

La política de desalojo forzoso fue emprendida por el ex presidente conservador Nicolas Sarkozy y ha sido criticada por Naciones Unidas. Unos 20 mil gitanos, principalmente originarios de Rumania o Bulgaria, viven en Francia. En 2012, Francia expulsó a 12.800 rumanos y búlgaros sobre un total de 37 mil extranjeros, cifra record de inmigrantes expulsados. Diversas organizaciones humanitarias y judiciales, como la Liga de Derechos Humanos o el Sindicato de la Magistratura, tacharon las declaraciones de Valls de intolerables y consideraron que estigmatizan a una categoría de la población. Asimismo, indicaron que contribuyen a identificar de forma infundada a los culpables por su origen étnico.

Paralelamente, Amnistía Internacional (AI) publicó ayer un informe en donde afirma que Francia no respeta sus compromisos internacionales en términos de expulsión de gitanos. De acuerdo con el informe, el número de gitanos expulsados, que se había reducido con la llegada de los socialistas al poder, volvió a aumentar considerablemente. “En el primer semestre de 2013, 10.174 gitanos fueron evacuados, un número record desde 2010. Una vez expulsados, se encuentran sin un techo y se ven obligados a instalarse en otros campamentos”, explicó el responsable de operaciones para Europa y Asia central de AI, John Dalhuisen.

El martes, el secretario de Estado francés para Asuntos Europeos, Pierre Lellouche, había exigido que la legislación europea respetara la política francesa de expulsión de gitanos, tras argumentar que el pedido de la Eurocámara para que suspenda esa medida contradice las leyes comunitarias. “No es concebible no aplicar las leyes comunitaria y francesa en territorio francés”, había indicado por su parte el ministro francés de Inmigración, Eric Besson, en un encuentro con las autoridades rumanas para tratar este asunto.

Hay ocho países de la UE que imponen restricciones a los ciudadanos búlgaros y rumanos para trabajar en su territorio, porque se contempló esa opción en la adhesión de ambos países al bloque comunitario. Los países en cuestión son Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Reino Unido y (sólo para los ciudadanos rumanos) España, informa EFE. Esas restricciones deben terminar en todos los Estados miembro el 1º de enero de 2014.

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