PRIMER DIA DE UN JUICIO EN EL QUE NO SE TRATARA LA TORTURA QUE PROVOCO SU MUERTE
El fantasma de Bulacio en la audiencia
Declararon la madre de Bulacio, Graciela Scavone; una secretaria judicial y dos policías, uno que participó en el operativo que detuvo a Walter Bulacio y el otro, un superior de Espósito, el comisario acusado. Espósito declaró desde otra sala a través de una pantalla.
Por Carlos Rodríguez
“Era la primera vez que iba a un recital”, dijo Graciela Rosa Scavone (56), la madre de Walter Bulacio, el chico de 17 años que murió el 26 de abril de 1991 luego de ser detenido por la Policía Federal, una semana antes, cuando intentaba ingresar, sin entrada, a un show de Los Redonditos de Ricota en el estadio Obras Sanitarias. La mujer aseguró que después de que le avisaron que su hijo estaba detenido, lo encontró cuando ya estaba internado en el Hospital Pirovano, donde comprobó que “tenía moretones en la ceja y también en la boca, tenía todo hinchado”. Los médicos le dijeron que hiciera la denuncia porque “estaba muy golpeado” y tenía “un traumatismo en la cabeza que era muy grave”. El diagnóstico que hicieron fue dramático para ella: “Me dijeron que era un chico sano y por ser joven tenía una semana de vida; no iba a sobrevivir”. En el juicio oral, que comenzó ayer, a más de 22 años de ocurrido el hecho, sólo se juzga la privación ilegal de la libertad que sufrió Walter y el único imputado es el comisario jubilado Miguel Angel Espósito. A pesar de esa limitación, durante la apertura del debate las causas de la muerte de Bulacio estuvieron sobre el tapete.
El abogado defensor del policía, Pablo Argibay Molina, que tuvo expresiones francamente desagradables hacia la señora Scavone, como cuando le dijo que ella “tendría que estar en el banquillo por haber descuidado a su hijo” (ver nota aparte), dejó a las claras que intenta demostrar que Walter sufría, antes de ser llevado a la Comisaría 35ª, de un “aneurisma congénito” que le habría provocado la muerte. La abogada querellante, María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que siempre intentó –sin éxito– que Espósito respondiera también por “la tortura seguida de muerte” de Bulacio, tuvo que recordarle al defensor que “lamentablemente, sólo estamos acá para juzgar a Espósito por privación ilegal de la libertad”. De tal modo le respondió cuanto Argibay Molina intentaba “incriminar” a la testigo.
En la audiencia, lo que el fiscal y la querella intentan demostrar es que Espósito fue responsable de un operativo “como para enfrentar al enemigo”, en el que participaron más de un centenar de policías, algunos de ellos sin identificación, incluyendo dos pelotones de combate. El operativo fue supervisado por Espósito en persona, quien se movilizaba en un Ford Falcon blanco, acompañado por un chofer.
Los operativos de este tipo, en los recitales, eran justificados por la policía en el hecho de que los jóvenes que quedaban afuera del estadio Obras cortaban las calles “sin causa justificada” y que inclusive estaban “cantando y bailando”, situación que “perturbaba el orden”. El centro de la cuestión es que los policías encabezados por Espósito detuvieron esa noche a 73 chicos, entre ellos Bulacio, 11 de los cuales eran menores de edad, amparándose en el Memorando 40, un reglamento interno de la Federal vigente desde 1965, derogado a fines de 1991 por “inconstitucional”.
Cuatro horas antes de que comenzara el recital, Espósito había conseguido que la línea 151 le prestara un colectivo, el interno 33, en el que trasladaron luego, a la Comisaría 35ª, a los 73 detenidos, en dos viajes. Bulacio fue detenido cuando estaba dentro de las instalaciones del club, junto con su amigo Jorge César Casquet y otros cuatro chicos. Bulacio se descompuso dentro de la comisaría, donde fue atendido por una médica que le pidió a Casquet que le mojara la cara para reanimarlo.
Como no lo lograron, una ambulancia del Cipec (hoy SAME) lo llevó al Pirovano. Hasta ese momento, Espósito no había requerido la intervención de ningún juez, como correspondía desde la detención, por ser Walter menor de edad. El dato está acreditado en la causa por la historia clínica que le hicieron en el Sanatorio Mitre, a donde fue llevado después por decisión de los padres del chico, Víctor Bulacio y Graciela Scavone. “En el Pirovano no había tomógrafo, por eso lo llevamos al Sanatorio Mitre, donde se diagnosticó que se encontraba en estado de coma, grado tres”, dijo Scavone. El primer juez del caso fue Víctor Pettigiani.
La madre recordó que Walter salió hacia Obras a las 18.30 del viernes 19 de abril de 1991. “Me dijo que si volvía tarde, se iba a ir derecho a trabajar.” Walter era caddie en unas canchas de golf y nunca faltaba los sábados “porque iban unos japoneses que le daban buenas propinas”.
Ella se enteró de que su hijo había sido detenido recién el sábado por la tarde, cuando vino a su casa una chica, familiar de Casquet, que “tenía moretones en las rodillas”. La joven había sido detenida junto con Walter y vino a comunicarle lo que había pasado “apenas la dejaron en libertad”.
Scavone aclaró que Casquet, el amigo de su hijo, “no fue testigo en el juicio porque su madre me pidió por favor que no lo citara a declarar. Lo que pasó es que le habían baleado la casa y tenían miedo”. Casquet fue testigo de lo sucedido en la seccional. Un ex policía, Fabián Sliwa, dijo haber visto cómo fue golpeado Bulacio.
Sin embargo, a lo largo de toda la investigación, los jueces nunca dieron por probado el delito de “torturas seguidas de muerte” que intentó demostrar la querella. Por esa razón, en el juicio ahora sólo se juzga la privación ilegal de la libertad.
La madre de Bulacio recordó que cuando llegaron con su esposo al Pirovano, un médico le dijo que Walter había sido golpeado en la comisaría. “Si me equivoco, soy el verdulero de la esquina”, remató el profesional. Walter tenía “los ojos abiertos, pero ya no hablaba”.
El segundo testigo fue el comisario general retirado Osvaldo Capozzo, quien se desempeñaba en abril de 1991 como director general de Operaciones y, desde esa función, era superior del comisario Espósito. Consultado por el fiscal, afirmó que el Memorando 40 estaba vigente desde abril de 1965 y que había sido una iniciativa de dos jueces, cuyos apellidos eran “Sturla y Agüero”, según los dichos del testigo.
Capozzo sostuvo que se aplicaba el Memo 40 para detener menores sin intervención judicial “para evitar que casos de menor importancia quedaran asentados como contravenciones, cuando no lo eran, y de ese modo preservar a los menores. Los chicos que eran llevados a la comisaría eran chicos encontrados en la calle, en situación de peligro físico y moral; sólo se los quería preservar”. Insistió en que lo que hacía era “un beneficio para el chico”. En la sala, alguien del público comentó por lo bajo: “El ‘beneficio’ de Walter fue la muerte”.
Luego prestó declaración testimonial el comisario retirado Antonio Civalle, quien coincidió con su compañero de la fuerza en que el Memo 40, derogado por “inconstitucional”, era “un instrumento para ayudar a menores vulnerables”. El testigo, que abundó en detalles que no hacían al punto en cuestión, reconoció sin embargo que “no era una norma de tipo legislativo, pero duró treinta años porque estaba pensada en resguardo de los menores que estaban perdidos, abandonados, en riesgo”. Recalcó que era “una orden interna que era conocida” por los jefes de la Policía Federal.
El último testimonio de esta primera audiencia fue aportado por María Inés Quiroga, quien se desempeñó como secretaria del Juzgado Contravencional letra “L”, que estaba de turno la noche en la que detuvieron a Walter Bulacio. Aclaró que estaban “durante toda la jornada” y que recibían “llamados en todo momento”. Esto demostraría que Espósito podría haber pedido, esa noche del 19 de abril, la intervención del juez de turno. La testigo dijo que ese viernes no hubo denuncia alguna sobre la detención de 11 menores en los alrededores de Obras Sanitarias.
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