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"La catástrofe natural se dispara por la acción del hombre: las grandes precipitaciones cayeron ahí dónde el modelo productivo manifiesta su diseño organizativo. Entre los años 2011 y 2012 se liquidaron 10 mil hectáreas de bosques y montes nativos para el desarrollo de actividades ligadas al agronegocio. En 2013, Córdoba perdió cuatro mil hectáreas –entre 2006 y 2011, en la provincia se arrasaron 70 mil hectáreas de especies nativas-; Santiago del Estero, más de 84 mil. Si bien el ritmo de desforestación presentó detenimientos en los últimos años, la razón está más vinculada a variaciones especulativas en los inversores privados que a una mutación de la lógica que impera en la distribución de la geografía productiva".
INUNDACIONES
Viernes, 06 de Marzo de 2015 21:12
Lluvias de fin de ciclo
(AW) Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe, parte del corazón de la pampa sojera exportadora, están bajo el agua con daños irreparables para cientos de familias, consecuencia del proceso productivo que se desarrolló en esos territorios, cuyo elemento fundamental es la desforestación ampliada de bosques y montes nativos, el allanamiento de terrenos para cultivo de cereales y la indiferencia absoluta, estatal y privada, respecto de inversiones en infraestructura y conservación de bienes comunes.
Por Lucas Paulinovich
Las grandes lluvias que cayeron en el centro del país y las inundaciones provocadas conforman una postal luctuosa que llega para socavar los buenos augurios de una cosecha que se anunciaba como record. En medio, también, del llamado al paro de tres entidades de la Mesa de Enlace, solo con la abstención de la Federación Agraria, que anunció una movilización, pero sin cese de actividades, y propone cierta calma en las relaciones con el gobierno, que en las últimas semanas tuvo gestos de acuerdo como con la concesión de los registro de exportación de forma directa a las entidades cooperativas y a los pequeños y medianos productores y asistencias para paliar las consecuencias inmediatas del temporal.
Es una delimitación de los territorios de acción política y de las reivindicaciones particulares, bien distintas a las que enarbolan fundamentalmente los dirigentes de Confederaciones Rurales Argentinas (Cra) y la Sociedad Rural. Esta primera separación desde la formación de la Mesa de Enlace (2008) en las medidas adoptadas marca dos modos diferentes de enfrentar la coyuntura y se inscribe en el revuelo político donde las circunstancias de crisis se intentan aprovechar para corregir los detalles fallidos de un modelo de producción que no se discute y que exhibe sus nefastas consecuencias y sus primeras limitaciones.
El territorio ordenado y allanado
La catástrofe natural se dispara por la acción del hombre: las grandes precipitaciones cayeron ahí dónde el modelo productivo manifiesta su diseño organizativo. Entre los años 2011 y 2012 se liquidaron 10 mil hectáreas de bosques y montes nativos para el desarrollo de actividades ligadas al agronegocio. En 2013, Córdoba perdió cuatro mil hectáreas –entre 2006 y 2011, en la provincia se arrasaron 70 mil hectáreas de especies nativas-; Santiago del Estero, más de 84 mil. Si bien el ritmo de desforestación presentó detenimientos en los últimos años, la razón está más vinculada a variaciones especulativas en los inversores privados que a una mutación de la lógica que impera en la distribución de la geografía productiva.
Ese mismo 2013, el gobernador cordobés, José Manuel de la Sota, dio movimiento al decreto 1.131 que había sido sancionado en octubre del 2012. De esa forma, contradiciendo el ambiguo concepto de “aprovechamiento sustentable” de la ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, de 2010, que permitía el avance de la ganadería sobre las áreas boscosas, el gobierno cordobés planteaba una disyuntiva con la legislación nacional: ese era el motivo manejado para no liberar los fondos federales correspondientes a la aplicación de la ley nacional de bosques. Sin ordenamiento territorial, Córdoba accedió al avance de las topadoras sin distinción entre zonas rojas, amarillas y verdes, categorizaciones establecidas en función del valor de la conservación y las restricciones para la actividad humana. Una postal que se resume en la destrucción de barrios y zonas sin agua potable, rodeadas de grandes emprendimientos inmobiliarios y barrios privados.
“El ordenamiento territorial se hizo para terminar de desmontar la provincia, y en eso avanzaron durante estos años. Luego (De la Sota) hace ese decreto, desprolijo, ya que no puede anular de esa manera una ley anterior. Y además observamos que antes de esa medida, aparecen picos de desmonte. Queda claro que hay connivencia entre funcionarios y productores”, decía Fernando Barri, biólogo docente de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del Conicet.
La trama de intereses que determina las decisiones políticas en el centro de la ampliada pampa productiva queda en evidencia. El avance del capital privado vinculado a la gran producción sobre los territorios provinciales fue lográndose a partir de la delineación de un esqueleto institucional al servicio de sus necesidades: el Estado (nacional y provincial) en tensión permanente con los capitales productivos por el aprovechamiento de las grandes rentas exportadoras, de acuerdo en el mantenimiento de ese modelo productivo concentrado y agroextractivo, volcado a la provisión de materias primas al exterior, imparable en su generación de divisas.
Pastizales, edificios y villas miseria
En algunas ciudades de Santa Fe cayó en una semana la mitad del promedio de lluvias anuales. La inundación de las ciudades y pueblos confirma el fallo de los sistemas de desagües e inspira los mismos fantasmas de negligencia que la inundación de hace 12 años, bajo gobierno de Carlos Reutemann, un ícono de impunidad en la historia reciente de la provincia. No solo las obras de infraestructura estratégica nunca fueron realizadas, sino que se avaló un régimen de explotación de los recursos naturales que se volcó por entero al aprovechamiento de la rentabilidad sojera.
Durante este nuevo año legislativo, otra vez cobra vitalidad un proyecto -con media sanción del Senado provincial- para declarar el interés provincial en la conservación, defensa, preservación, mejoramiento, aprovechamiento y protección de los pastizales naturales que se encuentran bajo dominio público o privado.
Los pastizales del Cono Sur de Sudamérica, conocidos como “pampas”, ocupan una superficie de alrededor de un millón de kilómetros cuadrados e incluyen la jurisdicción de Paraguay, Uruguay, Brasil y la Argentina. La mayor proporción de esa ecorregión se encuentra en la Argentina, con un 58% de los pastizales, cuya transformación y fragmentación implicó severos impactos sobre la biodiversidad y, consiguientemente, en las vidas de las poblaciones: las actividades llevadas a cabo transformaron un 68% de los pastizales de la región.
En esa zona, que aloja una población humana de 35 millones de habitantes, se da una densidad poblacional de 35 habitantes por kilómetro cuadrado -un nivel superior a la media de cada uno de los países-, las modificaciones y reformulaciones del mapa productivo repercuten en formas de acumulación de capital y, al mismo tiempo, en la imposición del hacinamiento en torno a las ciudades centrales donde circula y se concentra el dinero generado. El fenómeno de la migración interna, el amontonamiento en las periferias de las ciudades, el abandono de historias y tradiciones arraigadas a la tierra y los orígenes, el deterioro de las condiciones de vida en esos márgenes excluidos y las tensiones engendradas en esa dinámica de desplazamientos y usurpaciones, están anudadas a esa reconfiguración del panorama productivo: en las grandes ciudades de la región de pastizales (Porto Alegre, Buenos Aires, Montevideo y Rosario) se aglutina el 55% de la población; otro 30% se reparte en ciudades con más de 30 mil habitantes.
El enorme flujo de dinero ingresado a partir de las exportaciones de los productos del agro, el agua lo confirma, no derivó en inversiones para el mejoramiento de la infraestructura de las ciudades, donde los barrios marginados crecen alrededor de grandes centros urbanos agigantados y embellecidos con el “boom” inmobiliario.
Agua que no ha de morir…
La intensa caída de agua hace estragos en los suelos que no cuentan con una justa cobertura vegetal: barre los nutrientes de la superficie y, sin encontrar absorción, se desplaza con violencia y provoca pérdidas irreparables en las poblaciones. La falta de previsiones, tanto en materia productiva como en los aspectos demográficos, genera un cuadro de riesgo permanente y consecuencias gravísimas en costos económicos y humanos. Más allá de la inevitabilidad de los fenómenos climáticos, las acciones específicas de los gobiernos y la apatía inversora de los agentes privados de la producción, contribuye a la profundización de la tragedia.
La erosión hídrica es un fenómeno que acontece particularmente en las tierras más fértiles de las zonas húmedas. Con sus efectos negativos sobre los rendimientos y la preocupación que instala en el sector (que discute alternativas de mayor fertilización, promovida por entidades vinculadas a las grandes empresas proveedoras de fertilizantes para conservar aumentando rendimientos) se agrega al cuadro de conflictividad que perturba al sector. Cuando el agua caída genera inundaciones, el deterioro del suelo se agrava por una mayor pérdida de nutrientes que se salinizan y compactan. Las intensas variaciones climáticas de los últimos años –con lluvias de 300 milímetros en pleno invierno, los intensos calores y sequías o violentas precipitaciones como las actuales- agregan un dato más al escenario de inquietudes y dejan en evidencia que la falta de reinversión en obras de infraestructura y medidas de sustentabilidad y buenas prácticas agronómicas –o la hegemonía de la lógica de la rentabilidad y el aumento productivo - llevan en germen su contradicción: es el mismo entorno natural el que plantea sus limitaciones.
Una lógica productiva que no solo se agota a sí misma en su propia expansión, sino que impone un marco de relaciones atadas a la dependencia exportadora y causa efectos catastróficos para las vidas de las poblaciones, que son las que pagan los costos de la gran producción concentradora.
http://www.agenciawalsh.org/
Por Marta Dillon