El Ministro de Defensa de los Estados Unidos, general James Mattis, ha finalizado su gira de cuatros días por Brasil, la Argentina, Chile y Colombia, con el objetivo central de recuperar autoridad en una región en la que Washington ha ido perdiendo influencia en forma creciente en las últimas dos décadas, tanto en aspectos comerciales como de inversión y estratégicos.
Los adversarios de Mattis (apodado “perro rabioso” entre el cuerpo de marines del que formó parte durante 44 años), son el multilateralismo, al que se ha plegado una gran parte de los países de América Latina y el Caribe, la integración regional —generada por los gobiernos progresistas de la primera década y media del siglo XXI—, y la resistencia de varios Estados al modelo de subalternidad neocolonial injerencista, ahondado por Trump desde su asunción en 2016.
Mattis aterrizó para constreñir, limitar e intentar reducir la influencia de sus dos competidores centrales: China y Rusia. Ambos desafían el hegemonismo histórico del Pentágono en la región a partir del desarrollo de rutas comerciales, acuerdos diplomáticos y cooperaciones estratégicas que no tienen como contraparte la imposición de modelos gubernamentales alineados con las trasnacionales ni imposiciones de financiarización característicos del neoliberalismo depredador.
Xi con Putin
Uno de los funcionarios de más alto rango del área que comanda Mattis, el subsecretario adjunto de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, Sergio de la Peña, afirmó que “nos preocupa que China tiene una forma de hacer negocios que no necesariamente responde de la mejor manera posible a los intereses de nuestros socios en el hemisferio (…) Son generosos con sus préstamos pero si no puedes pagar conseguirán a cambio algún tipo de compensación”. Ése es el esquema extorsivo que Estados Unidos ha cumplido históricamente en la región, junto a los organismos multilaterales que controla, sobre todo el FMI.
Moscú no cree en lágrimas
Otra de las preocupaciones (no explicitadas por el Pentágono) es el acuerdo alcanzado en abril pasado en Moscú, entre Venezuela y Rusia, rubricado por el jefe de las fuerzas armadas Vladimir Padrino López, y su par, el general de ejército Serguéi Shoigú. En ese Tratado –ratificado el último 7 de agosto en Caracas— se formalizó la realización de Operaciones Combinadas Conjuntas e Integrales entre el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela (CEOFAN) y el Grupo Aéreo Estratégico de la Fuerza Aeroespacial Rusa. Uno de los núcleos centrales del acuerdo fue la protección del acceso a las redes satelitales compartidas, uno de los capitales estratégicos más acuciantes en el control y el monitoreo geopolítico. Desde 2016, el Comando Sur trabaja en la ampliación y coordinación de ciber-bases militares no territoriales en conjunto con la NASA y la Agencia de Inteligencia Geoespacial, con el objetivo de la creación de un satélite para la South Cyber-Container Initiative, destinado a detectar actividades en la web. Del desarrollo participan, además, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Lo que está en disputa es el uso de la red por parte de los gobiernos y los ciudadanos.
La Estrategia de Defensa Nacional del Pentágono (NDS, por su sigla en inglés) propone –como forma de resistencia al avance chino y ruso en la región— la confirmación de alianzas múltiples con actores jurídicos (como los jueces Sergio Moro o Claudio Bonadío), con medios de comunicación acólitos y con think-tanks académicos que terminan funcionado como agencias de investigaciones. El subcomandante del Comando Sur, Joseph P. Di Salvo, de reciente visita en Quito, fue explícito en que “debemos pensar en una estrategia nueva que más que un Plan Colombia sea un plan Sudamérica, donde todo el mundo pueda combinar sus esfuerzos y así luchar contra esto [el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción]”.
El denominado Plan Colombia –instaurado para limitar las plantaciones de coca y enfrentar las revueltas político-militares encauzadas por la FARC y el ELN— redundó en la duplicación de los cultivos (desde el año 2000) y la configuración de ese país como el máximo comprador de armas per cápita de la región, con el 3,1% de su PBI invertido en aparatología bélica (10.000 millones de dólares en 2017), casi el doble que la más extensa pero ligeramente menos poblada Argentina. El socio prioritario de Estados Unidos en la región posee uno de los índices más altos de homicidios en el continente: 331.470 entre 1998 y 2012 con una tasa de 51,5 por cada 100.000 habitantes.[1] El Plan Colombia ha sido exitoso en invisibilizar —en los titulares de los medios hegemónicos— esta sangría sistémica, naturalizada por los propios gobernantes. Desde la firma del acuerdo de paz de diciembre de 2016 han sido asesinados 295 dirigentes sociales de grupos vulnerables.[2]
Los intentos de articulación de un Plan Sudamérica, planteado por Mattis en sus reuniones en Rio de Janeiro, Buenos Aires, Santiago de Chile y Bogotá, incluyeron también la búsqueda de garantizar la sobrevivencia del Grupo de Lima —entente organizada por Estados Unidos para desestabilizar a Caracas en el marco de la OEA—, resquebrajado por el duro golpe que sufrió con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México: uno de sus tres pilares (junto con Temer y Macri) ha adelantado que no seguirá siendo parte de la ofensiva contra el presidente Maduro.
Mattis evidenció, en sus reuniones en Brasil, claras muestras de inquietud en relación con la sobrevivencia del régimen chavista, la superación de las rebeliones en Nicaragua y la vitalidad del gobierno de Evo Morales. En ese marco alabó la actitud del Ministro de Defensa argentino, Oscar Aguad, que cumplió con los compromisos asumidos en Miami el 9 de febrero último, cuando acordó con el Comando Sur –en reuniones de las que participó también la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich— el traslado de tropas militares a La Quiaca, en la frontera con Bolivia, bajo pretexto de controlar el narcotráfico. El 23 de julio el presidente Mauricio Macri modificó el decreto 727/06 que prohibía el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad al interior de las fronteras, e incluyó en las nuevas formas de “agresiones externas”, que el Pentágono aplaudió por la amenaza que supone al Estado Plurinacional de Bolivia, integrante –junto con Venezuela, Managua y La Habana— del ALBA, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Los acuerdos alcanzados en febrero –entre Aguad y el Comando Sur— contienen (como premio) capacitaciones para los uniformados que se desplacen en las fronteras, “en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico”.
La paciencia del dragón
El jefe del Pentágono es el quinto funcionario de alta jerarquía del gobierno de Trump que visita la región: en los viajes anteriores participaron el vicepresidente Mike Pence, los dos jefes sucesivos del Departamento de Estado (Rex Tillerson y Mike Pompeo), y el titular del Comando Sur, almirante Kurt Tidd, encargado de supervisar las bases militares insertas en América Latina. La anunciada presencia de Trump en Lima, en abril de este año, en el marco de la asamblea de la OEA, fue cancelada, según se informó, por la crisis en Siria, que saldó con bombardeos. La contracara de esta repetida ausencia fue la presencia del líder chino, Xi Jinping, quien visitó la región tres veces los últimos cuatro años.
La creciente tirria de Washington contra China se vincula con el poderío económico y tecnológico y con el incremento de sus vínculos con América Latina y el Caribe. Según un informe del Foro Económico Mundial, China es el principal socio comercial de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay. Es el segundo de México y sus inversiones han sumado (desde 2003 hasta 2018) 120.000 millones de dólares, más de la mitad de ese monto en el último sexenio. Uno de los más claros exponentes de esta presencia (disruptiva para el Pentágono) es la estación espacial construida por Pekín en Neuquén –en el marco de un acuerdo firmado durante el gobierno kirchnerista y aprobado por el Congreso Nacional en 2015— orientada al desarrollo y al monitoreo del ciberespacio, a cargo de la Agencia Nacional de Lanzamiento, Seguimiento y Control General de Satélites de ese país. Según analistas cercanos a la delegación diplomática de Estados Unidos en la Argentina, esa presencia china es una de las razones fundamentales por las que Washington ha decidido instalar un Centro de Operación de Asistencia Humanitaria y Desastres Naturales financiado por el Comando Sur, también en la provincia de Neuquén, a pocos kilómetros de la base china.
El periplo de Mattis intenta recuperar los casilleros perdidos, al mismo tiempo que su gobierno entabla variadas formas de guerra comercial contra sus más cercanos socios como México, Canadá, la Unión Europea y Japón. Además difunde a través de su Presidente discursos supremacistas –cuyas víctimas prioritarias son latinoamericanos y afrodescendientes— y cataloga a los migrantes como delincuentes. En esa misma lógica, Trump ha ampliado las presiones contra todo proyecto soberano de la región, ha roto el Acuerdo de Paris (relacionado con el Cambio Climático); ha abandonado el Tratado Comercial Transpacífico —conocido como TPP—, con el que se pretendía implementar un área de libre comercio en el sudeste asiático; ha deshecho el acuerdo de no proliferación nuclear con la República Islámica de Irán (caratulado como 5+1); y ha discontinuado el Tratado de Libre Comercio (TLC) con México y Canadá. Las sobreactuaciones y promesas de cooperación militar intentan reafirmar su predominio en la región, tarea prioritaria del Comando Sur.
Trump con Mattis. Un águila guerrera
China, por su parte, ha ampliado la inversión en América Latina. Por ahora no reclama alineamientos estratégicos. No exige tipologías gubernamentales ni demanda proscripciones políticas. Beijing se consolidó como uno de los más importantes compradores de petróleo a Venezuela –mientras Washington extendía su bloqueo a Caracas—, invirtió en infraestructura (como las represas planificadas en la Provincia de Santa Cruz, Argentina) y no quebró pactos acordados. El gobierno de Trump posee 800 bases militares en todo el mundo, de las cuales 76 se ubican en América Latina y el Caribe. En Sudamérica posee 9 en Colombia, 8 en Perú, 3 en Paraguay, 1 en Guyana y 1 en Surinam. A todas estas se debe sumar la que se encuentra instalada en territorio argentino, en las Islas Malvinas, dado que pertenece a la OTAN, cuyo principal socio es Estados Unidos.
El martes 14 Mattis llegó a Río de Janeiro, donde fue despertado por un sostenido tiroteo proveniente de la favela de Mangueira, ubicada en las cercanías de su hotel. Probablemente haya sido la primera evidencia de las externalidades del sistema que promueve. El Plan Sudamérica, de operativizarse, podría ser mucho más ruidoso.
Al pecado original de desregulación y liberación del mercado junto a medidas que rompieron todos los diques defensivos para amortiguar cualquier shock externo o interno negativo, se le ha sumado un nivel de inoperancia impresionante del Gobierno. La posibilidad de un default, incluso con un acuerdo vigente con el FMI, ya no es considerada descabellada en la city.
No es por la crisis turca ni por la guerra comercial lanzada por Donald Trump. No es por el escándalo de las fotocopias de los cuadernos Gloria ni por el crecimiento de CFK en las encuestas. Ni tampoco es por la Bomba Lebac ni por la Bomba Letes, ambos explosivos diseñados en estos dos años y medio de economía macrista. Ni por el impacto negativo de la sequía que restó millones de dólares a la plaza financiera en este año. Y mucho menos por el nivel del gasto público y del déficit fiscal que tanto obsesiona a la ortodoxia y al establishment. La debacle a la que está siendo conducida la economía tiene su origen en la desregulación absoluta del mercado cambiario, la apertura irrestricta de la cuenta de Capital de la Balanza de Pagos (entrada y salida de capitales especulativos sin ninguna restricción), la desarticulación de la administración del comercio exterior facilitando el ingreso de importaciones y la eliminación/disminución de retenciones al complejo agroexportador que debilitó las cuentas públicas. Así fueron demolidos todos los diques defensivos de una economía periférica para amortiguar cualquier shock externo o interno negativo. La consecuencia es una crisis monumental del sector externo, que históricamente se abordaba con una fuerte devaluación, pero ya no es suficiente porque el desequilibrio es tan pronunciado, el grado de dolarización tan agudo, el endeudamiento externo tan vertiginoso y la velocidad de traslado a precios es tan rápida, que ha derivado en que esta nueva experiencia neoliberal junto al FMI tuviera un naufragio fulminante.
El aspecto más notable es que esas cuatro medidas son las que elogian la ortodoxia, la heterodoxia conservadora y el establishment (empresario y mediático). No tienen motivo para estar extrañados de la caída de la economía macrista. Quienes se erigen en portadores del saber económico, con diferentes tribus (desde Martínez de Hoz hasta Cavallo, y ahora con el experimento Cambiemos) que tuvieron la oportunidad de mostrar su fracaso en la gestión económica, deberían ser más prudentes cuando evalúan los períodos donde predominaron políticas heterodoxas. Ninguna terminó en hiperinflación, corralito, híper recesión y default, destino en alguna o en una combinación o en todas juntas de esas opciones que algunos prevén para la economía macrista.
Lo más absurdo es que el gobierno sigue exculpándose con la muletilla de la herencia recibida, y más ridículos quedan quienes lo repiten. La debacle cambiaria, con casi la duplicación de la paridad en apenas nueve meses, está haciendo crujir la cadena de pagos en la economía, y no sólo la del sector privado, sino que también la del sector público. La posibilidad de un default, incluso con un acuerdo vigente con el FMI, ya no es considerada descabellada en la city, y el colapso de las paridades de los bonos es el reflejo de ese riesgo.
El naufragio de la economía macrista es responsabilidad absoluta de la Alianza Cambiemos bajo el liderazgo de Mauricio Macri, que a la debilidad conceptual de entender, en términos económicos e históricos, el funcionamiento de la economía argentina con las particularidades de cada uno de los sus principales sujetos sociales y políticos, se le ha sumado un nivel de inoperancia impresionante.
Se sabe que el gobierno de Macri está estructurado como un plan de negocios, privilegiando las actividades donde el Presidente, su familia, amigos y allegados cercanos tienen intereses (campo, energía, construcción y finanzas). Pero todo plan de negocio requiere de una gestión de gobierno que le permita dar viabilidad y continuidad. No lo ha conseguido el mejor equipo de los últimos 50 años. Era imposible de pensar que el manejo diario de la economía podía ser tan calamitoso. Primero, sin ministro de Economía y con un presidente del Banco Central, Federico “Yo no me quiero ir” Sturzenegger, navegando en su planeta paralelo de las metas de inflación; y ahora sí con un ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que se ha convertido en delegado principal del FMI en el país para ejecutar el plan de ajuste, y un presidente del Banco Central, Luis Caputo, que no entiende nada de diseño de una política monetaria y financiera consistente y su única cualidad es la de ser mesadinerista. Fueron tantas las medidas descoordinadas, confusas, improvisadas y de marcha y contramarchas en estos más de dos años y medio de gestión económica que, además del pecado original de desregulación y liberación del mercado cambiario, lo asombroso es que todavía haya alguien que se sorprenda del derrumbe de la economía macrista.
Como generar un efecto Lava Jato sin verdadero Lava Jato
Por Ricardo Aronskind
El macrismo no ha perdido las capacidades que lo distinguen.
Sigue siendo el dueño del sentido común de una parte de la población que entiende que el único problema público relevante es la corrupción (kirchnerista). Y sigue siendo el que capitaliza el control cuasi monopólico de la comunicación social a través de los dos grandes diarios y sus respectivas redes de medios. Por esa vía, y en un contexto de deterioro económico y político significativo, lanzó la Operación Cuadernos que le está dando un respiro en la opinión pública, permitiéndole enviar nuevamente hacia el pasado la mirada del público.
Sin embargo las realidades materiales son crueles con el mundo de la posverdad, y demuestran los límites que tienen las prácticas manipulatorias. Las expectativas económicas siguen siendo malas, aun cuando pareció que se había logrado estabilizar el valor del dólar cerca de 28 pesos. Eso hasta el viernes pasado, donde llegó a los 30.
El Operativo Cuadernos: ida y vuelta a la economía
Según el manual neoliberal de manipulación de masas, a estas hay que mostrarles cosas bien concretas, conocidas, para que las puedan visualizar: bolsos, bóvedas, cuadernos. En los años ’80, Bernardo Neustadt le mostraba a Doña Rosa un teléfono que no andaba para explicarle por qué había que privatizar YPF.
Le tocó el turno a los cuadernos. Reality show que se las trae, porque se pone sobre el tapete directamente a altos empresarios y sus vínculos con la corrupción (kirchnerista, se entiende). El juego desatado por el oficialismo es riesgoso para sí mismo, dado que su líder forma parte del club de los contratistas del Estado. No es el propósito de estas líneas avanzar en el análisis de una causa que está en pleno desarrollo, pero sí llamar la atención sobre un hecho: tuvo que lanzarse un tema de enorme envergadura política y mediática, precisamente porque el cuadro actual es muy malo, y la dinámica de las semanas previas mostraba un baja acelerada de la imagen pública del gobierno, de Macri y de Vidal.
Se puede hablar de un éxito táctico del gobierno: cambiar el eje de la discusión pública, cuando el financiamiento de las campañas electorales de Cambiemos hacía peligrar la imagen de transparencia y de nueva política que se había querido fingir.
Pero se pueden observar dos nuevas amenazas sobre la gestión macrista: a) La denuncia de los contratistas del Estado puede ser inmanejable: los vínculos son muchos, todos saben cosas y es un equilibrio inestable. Por ahora se ha convertido en un cuento de hadas, donde laboriosos empresarios fueron extorsionados por perversos funcionarios (kirchneristas, claro). Pero no se sabe cómo sigue, porque se está jugando con combustible muy inflamable. Y b) no faltan malas noticias económicas globales y locales, como para que se genere un efecto Lava Jato sin verdadero Lava Jato. En Brasil, la operación mediático-judicial le está costando la salud de las grandes empresas del país, además de una paralización de inversiones concretas. En el caso argentino, si bien el macrismo quiere transformar el caso en un festival de acusaciones anti-k que ni rocen el fenómeno estructural de la obra pública, el hecho de afectar a las constructoras —que deberían ser el año que viene junto con el campo los dos motores que impulsen la salida de la recesión— puede ser un problema serio, no sólo microeconómico y sectorial, sino también político.
El neoliberalismo espantoso
Desde abril se han empezado a ver los efectos combinados de la política macrista de “a los amigos, todo”. La corrida cambiaria fue el efecto de la irresponsabilidad de manejo del Banco Central, que promovió maravillosos negocios para fondos externos y bancos locales. La inflación fue el resultado de la sanguinaria política energética de Shell-Aranguren, de la eliminación de retenciones y de la “libertad” de la que gozan todas las empresas dominantes en todos los mercados para fijar cualquier precio.
La novedad increíble a partir de julio es que los subsidios a la energía y el transporte, que deberían estar bajando dado el peso tremendo que están trasladando a los bolsillos de las mayorías, ¡han empezado a subir! Sí: el monto de subsidios que paga el Estado no sólo no baja, sino que sube.
Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, desde mayo de este año se verifica “un constante crecimiento mensual en las erogaciones mensuales en los subsidios de energía y transporte”, que presentan fuertes incrementos en relación a meses similares del año pasado. ¿La explicación de semejante fracaso de la política oficial? Los aumentos internos en el precio de los combustibles y las devaluaciones sufridas, que no estaban en los cálculos, obligan al gobierno a destinar mayores recursos a cubrir la diferencia con los precios a los usuarios. Lo cierto es que según el IARAF, “de mantenerse la tendencia, los subsidios económicos podrían experimentar un crecimiento real a lo largo de 2018, lo que podría llegar a implicar una mayor participación de los mismos en el PIB”. Nada de esto es producto de la naturaleza, sino del irresponsable marco regulatorio macrista.
Lo que no baja tampoco es la bomba de las LEBACs. Es cierto que su monto en dólares es menor, pero sigue siendo explosivo.Vencen ahora, en agosto, el equivalente a 17.600 millones de dólares. Las reservas del BCRA ascienden aproximadamente a 57.000 millones de dólares, de las cuales 31.000 millones son depósitos de particulares en los bancos, con lo cual no son de libre disponibilidad. Le quedan netos para vender 26.000 millones para enfrentar un eventual vuelco hacia el dólar de quienes quieran salir de las LEBACs. No hace falta profetizar catástrofes para observar la endeblez de la situación creada por el gobierno, y la incapacidad para resolver problemas. La gestión de Caputo en el BCRA continúa generando nuevos nubarrones, al aumentar la oferta de títulos públicos (LETES) a ser pagados en dólares a lo largo del año que viene.
Claro, la mirada de los mesadineristas que están al frente del BCRA alcanza para hacer piruetas transitorias con los instrumentos que tienen a mano: aplacar al dólar por unas semanas, patear deuda para adelante, idear nuevos títulos públicos que exciten la imaginación de los especuladores. Pero no pueden pensar una estrategia global para el sector externo de la economía. Dante Sica, un funcionario incorporado recientemente, apuesta a un impulso a las exportaciones. Si este gobierno no fuera el producto del cortoplacismo empresarial, seguramente desde el primer momento de la actual gestión debió pensarse en múltiples formas de estimular y diversificar las exportaciones, pero eso está afuera del rentismo especulativo que caracteriza la mirada del neoliberalismo local. Además es una tarea de mediano plazo. En el corto, para equilibrar la balanza comercial, lo único que está a mano es reducir las importaciones. Ni hace falta decir que en un contexto de guerras comerciales múltiples, desatadas desde el corazón del sistema capitalista mundial, no es un momento especialmente propicio para encontrar mercados ávidos de comprar productos argentinos. Al menos no los mercados con los que obstinadamente sueña la elite argentina.
Volviendo al mundo mesadinerista, se complicó una operación para rescatar parte de los 528.000 millones de pesos en LEBACs que vencen el 15 de agosto. Un grupo de bancos extranjeros había propuesto una operación “Repo”, que consiste en un préstamo de 5.000 millones de dólares que estas entidades le darían al gobierno contra una garantía de títulos públicos BONAR que vencen a partir de 2022, que el gobierno se comprometería a recomprarles en un plazo determinado. Parece que el enrarecimiento de la situación financiera y política, en un contexto de caída importante de las acciones del Merval y de suba gradual pero continua del índice de riesgo país, llevó a los banqueros extranjeros a retirar la propuesta. Francamente un escenario muy delicado, que probablemente precipitó el adelantamiento de una misión del FMI al país para la semana próxima.
Vale la pena recordar que según lo que está proyectado en el Memorándum que dio origen al acuerdo aprobado por el FMI el 20 de junio pasado, la deuda externa argentina debería llegar a fin de 2019 a un máximo que equivaldría al 65% del PIB para luego comenzar a caer. Sin embargo, debido especialmente a la contracción del PIB en dólares, producto de las devaluaciones en curso, según el Observatorio de la Deuda de la UMET, el monto de la deuda pública podría alcanzar el 82% del PIB en el cuatro trimestre del corriente año.
El contexto actual del financiamiento del sector externo es muy grave tanto por razones externas como locales. Pero este estado de fragilidad fue provocado por este gobierno, que no está tomando medidas serias que apunten a consolidar un poco la situación.
Hay propuestas alternativas
A esta altura, son muchos –de diverso signo político— los que están trabajando en ideas alternativas al actual rumbo oficial. Descartemos a los fundamentalistas de derecha que con lo único que sueñan es con echar un millón de empleados públicos para cerrar las cuentas públicas. Si eso ocurriera harían colapsar al estado central y a las provincias. A la fuga de divisas se sumaría la fuga de los funcionarios que deberían refugiarse en el exterior del caos provocado por ellos en Argentina.
Desde diversos espacios, como el Plan Fénix o Felipe Solá, se han sugerido ideas para poner bajo control la situación. Dado que hoy lo que apremia no es un debate estratégico sobre modelos de desarrollo, sino sobre cómo evitar un nuevo default y un derrumbe económico que precipite grave sufrimiento y conflictividad social, las propuestas que surgen están orientadas básicamente a contener la crisis externa, socorrer a buena parte de la sociedad, y a reencauzar la producción.
Las ideas son sencillas, claras, concretas: controles de cambio, priorizar la utilización de los dólares según fines públicos, administrar coordinadamente su compra y venta, evitar al capital especulativo desestabilizador así como las maniobras extorsivas de los exportadores, y evitar importaciones innecesarias. En líneas más generales, aparece el rechazo a las políticas eternamente contractivas del FMI, y a nuevos acuerdos ruinosos de libre comercio, como por ejemplo el que impulsan Macri y Temer con la Unión Europea. Conscientes del desequilibrio social provocado por Cambiemos, se apunta a fortalecer el mercado interno, recuperar salarios, enfrentar el desempleo y restablecer el crecimiento a través de la expansión de la demanda.
Como diría Trump, ¡está despedido!
Nadie puede decir, en la Argentina actual, que faltan ideas.
Sin embargo, toda medida sensata, hasta la más pequeña, como poner un impuesto adicional al turismo en el exterior, no pasan por el filtro ideológico macrista. La inacción que está mostrando el gobierno en el plano económico externo contrasta con su creatividad publicitaria. Si la fertilidad imaginativa que muestran con temas como los cuadernos se trasladara al campo económico, seguramente se alejarían los riesgos crecientes a los que estamos sometidos.
El memo del FMI dice en un párrafo que muestra creatividad: “A rigorous and systematic analysis indicates that debt is sustainable but not with a high probability”, que traducido significa: “Un análisis sistemático y riguroso indica que la deuda (externa argentina) es sostenible pero no con una alta probabilidad”.
Lo notable es que esa “no alta probabilidad” es bajada aún más, todos los días, por la ineficacia de las políticas públicas. La obstinación ideológica —y de negocios— de mantener el liberalismo pro-fuguista lleva a que se necesite contraer más y más la economía real, los salarios y el consumo, la producción y el empleo, para que se reduzca la salida de divisas como efecto de una contracción dramática de la economía. O sea, para preservar los derechos actuales de una minoría social al acceso al dólar sin restricciones, están obligando a promover una caída mucho mayor de la actividad económica de la necesaria, profundamente dañina para las mayorías nacionales.
La incapacidad estructural del gobierno para manejar la situación deviene de los compromisos económicos de la cúpula gubernamental, de los nexos internacionales de este gobierno, y del ideologismo liberal que le surge cuando no son los negocios los que los orientan.
¿En una empresa cómo se llamaría a los gerentes que provocan una crisis y no saben cómo resolverla? Incompetentes. Y se les enviaría un telegrama de despido. En política, en cambio, los mecanismos institucionales establecen las formas de que dispone la ciudadanía para desprenderse de los elencos que sólo consiguen generar desesperanza, endeudamiento y miseria.
La mujer había ingresado el domingo a la guardia de un hospital del Conurbano, donde le practicaron una histerectomía de urgencia y quedó internada en grave estado. "¿Cuántas muertas más van a necesitar? La clandestinidad no salva ninguna vida. La clandestinidad mata", remarcaron desde la Campaña por el Aborto Legal.
Murió la joven de 34 años que había sido internada en grave estado tras realizarse un aborto clandestino. Había ingresado a la guardia del hospital Belgrano, en San Martín, donde le practicaron una histerectomía de urgencia. A pesar de perder el útero, la mujer que tenía un hijo de dos años no sobrevivió. El Senado rechazó el miércoles pasado la legalización del aborto y decidió que su práctica continuara en la clandestinidad.
Elizabeth vivía en un barrio humilde de José León Suarez y el domingo ingresó a la guardia con un shock séptico, una infección generalizada, por intentar interrumpirse el embarazo con un tallo de perejil. “Hace años que no recibíamos un caso con perejil en las guardias. La ilegalidad somete a las mujeres más pobres a las prácticas más desesperadas”, le contó a Página/12 una médica que tuvo acceso al caso pero que prefirió preservar su nombre.
En el Hospital Belgrano le extirparon el útero para que la infección no siguiera avanzando y derivaron a la joven a un hospital de mayor complejidad en Pacheco, donde quedó internada en terapia intensiva hasta que murió esta madrugada. “Esto es lo que nos deja la clandestinidad, porque ahora a las chicas les cuesta más conseguir a alguien que les haga un aborto en mejores condiciones o les ponga una sonda, que aunque por supuesto es inseguro no es lo mismo que meterse un tallo de perejil. Las chicas tienen muchísimo temor a ir presas”, agregó la médica.
La información fue confirmada también por la presidenta del Observatorio Ni Una Menos y coordinadora de la agrupación MuMaLa, Raquel Vivanco. “Murió E, la joven de 34 años que ingresó a una guardia de un hospital bonaerense luego de un aborto clandestino. Este es el resultado de la votación en el Senado. No les importa la vida de las mujeres. Aborto Legal o aborto clandestino esa es la discusión”, escribió en su cuenta de Twitter.
El caso de Elizabeth –que no es el verdadero nombre de la joven- fue dado a conocer ayer por la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, una agrupación conformada por médicos y profesionales de la salud a favor del aborto legal. “Con 24 años se encuentra internada peleando por su vida”, habían informado ayer en un comunicado donde también recordaron que “la gobernadora de la provincia, María Eugenia Vidal, dijo que la aliviaría que el aborto siga siendo clandestino”.
Desde la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito lamentaron la muerte de otra mujer joven en manos de la clandestinidad y responsabilizaron a los diputados que votaron en contra de la legalización. "¿Cuántas mujeres y personas gestantes muertas más van a necesitar para entender que el aborto debe ser legal, seguro y gratuito en Argentina? La clandestinidad no salva ninguna vida. La clandestinidad mata. Por "Elizabeth" y tantas otras, ¡será Ley!", remarcaron en un comunicado.
El ex ministro de Salud Daniel Gollán también lamentó esta muerte evitable. "Decenas de ellas hemos visto entrar a nuestros hospitales con cuadros sépticos y sabemos que, casi siempre, el desenlace será fatal. Es muy injusto", compartió el médico y ex funcionario.
“La clandestinidad es esto, gobernadora, es lo que están viviendo esta mujer y su familia”, sostuvieron los profesionales de la Red cuando aún la joven peleaba por su vida. “¿Todavía queda alguna duda de que la clandestinidad pone en riesgo la salud de las mujeres y personas gestantes? ¿Todavía queda alguna duda de que tenemos que dar una respuesta desde el sistema de salud?”, seguía la denuncia de los médicos.
En las redes sociales, los usuarios compartieron la triste noticia con el hashtag #ElSenadoEsResponsable por rechazar por 38 votos contra 31 el proyecto que ya contaba con media sanción y proponía la interrupción voluntaria del embarazo. Muchos también le compartieron en Twitter la noticia a la vicepresidenta Gabriela Michetti que festejó el resultado de la votación con un “¡vamos todavía!”
Lamentablemente, falleció otra mujer humilde por complicaciones producto de un aborto clandestino. Decenas de ellas hemos visto entrar a nuestros hospitales con cuadros sépticos y sabemos que, casi siempre, el desenlace será fatal. Es muy injusto.
Lamentablemente, falleció otra mujer humilde por complicaciones producto de un aborto clandestino. Decenas de ellas hemos visto entrar a nuestros hospitales con cuadros sépticos y sabemos que, casi siempre, el desenlace será fatal. Es muy injusto.
En las audiencias informativas donde se debatió el proyecto durante cuatro meses, el propio ministro de Salud confirmó la grave realidad de los abortos clandestinos. Según Rubinstein, en el país se realizan 354.627 abortos al año, 984 al día, 41 por hora. Producto de las complicaciones de esos abortos unas 70.200 mujeres deben ser hospitalizadas algo que con la legalización se reduciría drásticamente a 1.445 internaciones, según detalló el funcionario. La legalización haría que las muertes por abortos inseguros pasen a ser un 92 por ciento menos.
Un día antes de que el Senado tratara el proyecto por aborto legal, que finalmente fue vetado, otra mujer, de 34 años, era internada en Mendoza con una hemorragia, fiebre y una avanzada infección. También debieron extirparle el útero. El domingo anterior se conocía la muerte de Liliana Herrera, de 22 años, en Santiago del Estero, también víctima de un aborto clandestino.
Multitudinaria marcha a un año de la desaparición de Maldonado
Pedido de justicia por Santiago
Miles de personas se movilizaron esta tarde a Plaza de Mayo. En el cierre del acto Sergio Maldonado reclamó una vez más la intervención de especialistas independientes en la investigación para evitar las "trabas del Poder Judicial" y "la interferencia del Gobierno". Insistió con el pedido de renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
"Sin la perseverancia y la exigencia de los familiares en la calle, ninguna causa puede llegar a la verdad", sintetizó Sergio Maldonado las críticas hacia todos los poderes del Estado, el agradecimiento por el respaldo de los organismos de derechos humanos y el compromiso de "lealtad" hasta que se alcance la condena a los responsable de la desaparición forzada seguida de la muerte de su hermano, Santiago, que esta tarde fue recordado por miles de personas en la Plaza de Mayo. La familia del joven "anarquista, artista, tatuador" volvió a exigir la intervención de un grupo de expertos independiente que acompañe la investigación para "evitar la interferencia del Gobierno" y "las trabas del Poder Judicial", además de exponer sus diferencias respecto de la autopsia oficial que "no dice dónde murió Santiago, qué día, en qué circunstancias ni cuántos días estuvo en el río", donde apareció el pasado 17 de octubre.
Con la voz entrecortada y agradecimientos a las miles de personas que volvieron a llenar la Plaza de Mayo en reclamo de justicia por Santiago Maldonado, Sergio comenzó por recordar el "alma libre" que impulsaba las acciones de su hermano y "su mirada, que interpela a una parte de la sociedad". Desde el escenario, el documento de la familia interpeló a "los funcionarios estatales, que ocultaron información, encubrieron el accionar de la Gendarmería nacional y persiguieron a nuestra familia, en lugar de ponerla a resguardo". En ese tono, Sergio insistió con el pedido de renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
"¡Fuera, fuera, fuera Bullrich, fuera!", fue el grito que surgió desde la plaza cuando Sergio enumeró los hechos repasados una y otra vez: la represión de la Gendarmería el 1 de agosto —"en el marco de un operativo ilegal, que se convirtió e una cacería humana con balas de goma y plomo"—, la desaparición del cuerpo de Santiago, los 78 días de búsqueda, la aparición el 17 de octubre en el río Chubut. "Apareció 80 metros río arriba, en un tramo que había sido rastrillado por el Estado en dos oportunidades. Más de 400 efectivos policiales, drones, perros y buzos, dijeron que no había nada en el mismo lugar en el que apareció el cuerpo", recordó Sergio.
Ese fue el puntapié para exponer las diferencias de la familia Maldonado con la pericia oficial que confirmó la muerte por ahogamiento del joven en el río Chubut. "Cuando desde el Gobierno y algunos medios de comunicación instalaron que 55 peritos establecieron que Santiago se ahogó solo y que no hay nada que reclamar, les decimos que es más de las mentiras a la que estamos acostumbrados", sentenció Sergio y enumeró: "Los resultados no dicen dónde murió Santiago, qué día en qué circunstancias ni cuántos días estuvo en ese río". Además, agregó que "los peritos de la Corte Suprema no pudieron responder (sobre esos puntos) el 24 de noviembre" pasado.
Además, la familia de Santiago recordó cómo durante este año fueron víctimas de espionaje bajo la orden del primer juez de la causa Guido Otranto, "en lugar de apartar e investigar a la Gendarmería"; cómo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, "continúan negando la desaparición forzada" y "el operativo ilegal" de las fuerzas que responden a su cartera o cómo sufrieron que "periodistas y medios mercenarios" se dedicaran a atacar a la familia "negando el derecho de acceso a la Justicia".
El documento también lamentó "el peregrinar de sur a centro" al que los somete el Poder Judicial apuntando contra las medidas tomadas por la fiscal de Esquel, Silvina Ávila, el juez federal de Comodoro Rivadavia, Gustavo Lleral, e incluso la Corte Suprema. En ese sentido, la familia volvió a insistir en el pedido de la intervención de un grupo de expertos independiente para acompañar la investigación, con el objetivo de "evitar la influencia del Gobierno".
Sergio agradeció el respaldo de los organismos de derechos humanos —como en cada acto Madres y Abuelas de Plaza de Mayo estuvieron sentadas detrás de la familia junto todo el amplio espectro de los organismos del sector, entre los que la familia destacó a La Poderosa— y propuso que el 1 de agosto no sea solo una fecha de conmemoración sino el punto de partida para la creación de una agenda conjunta que supera las diferencias partidarias porque "los derechos humanos se defienden o se violan".
"Sin la perseverancia y la exigencia de los familiares en la calle, ninguna causa puede llegar a la verdad", concluyó Sergio tras un año de experiencia en la búsqueda de Justicia e hizo extensivo su reclamo a "todas las familias que atraviesan nuestro dolor". "Si este gobierno es indiferente, nosotros decimos: Santiago es solidaridad", cerró Sergio antes de gritar junto a toda la plaza: "¡Santiago Maldonado, presente!".
Por Jorge Elbaum
