Ford, marcada por la memoria (Página 12 – Sol Prieto)
Un cartel de chapa y madera. Un cartel que dice que en la planta de producción de Ford secuestraron y torturaron a trabajadores durante los primeros meses de la última dictadura militar. Ayer, frente a la planta automotriz Ford, en General Pacheco, los ex delegados de esa empresa que fueron detenidos ilegalmente y sobrevivieron a la tortura y la desaparición levantaron ellos mismos un cartel que señala a la planta como campo clandestino de detención y tortura por el que pasaron 25 trabajadores de esa empresa entre marzo y abril de 1976. El cartel fue colocado junto a otro provisto por la Secretaría de Derechos Humanos, desde donde prevén la construcción de otra marcación más visible. “Siempre va a haber un Falcon en la calle, que quizá nosotros lo pintamos, nosotros lo armamos. Queremos que los jóvenes sepan que en esos mismos lugares donde pintamos y montamos el Ford, nos secuestraron, nos torturaron, nos mataron. Esta es la piedra fundamental”, dijo Adolfo Sánchez, uno de los ex delegados.
Los testimonios de Sánchez, Carlos Propato y Pedro Troiani, tres de los ex delegados, fueron el soporte del acto, al que acudieron unas doscientas personas, en el que por primera vez se marcó un sitio civil como sitio de memoria. En el 2003, varios ex delegados presentaron una denuncia penal por la desaparición de tres de sus compañeros de la junta interna y otros compañeros de trabajo sin activismo gremial. En el 2006 presentaron una demanda civil en Estados Unidos bajo la figura de “acto de reclamo bajo agravio”, contra la firma Ford. Ese mismo año, agregaron a la denuncia penal una presentación contra cuatro directivos de la empresa. Ayer, los delegados consideraron la marcación de la planta Ford como un avance contra la complicidad patronal.
Los tres delegados destacaron el alto nivel de militarización de la empresa. “Vinieron efectivos armados, con tanquetas, y hasta había helicópteros”, explicó Troiani, quien describió, a partir de una anécdota, la relación de la empresa con el Ejército: “El 13 de abril del ’76 fui a fichar la tarjeta. Cuando llegué a mi puesto de trabajo mi capataz me dijo ‘Troiani, no te muevas de acá que te están vigilando’. Me salió el delegado de adentro y le dije ‘¿Quiénes me están vigilando?’, y me fui del sector para ver si me estaban siguiendo. A las 9 de la mañana entró una camioneta con 10 o 12 militares con ametralladoras que avanzaron hasta mi sector. ¿Quién les dijo que yo estaba ahí?” Tres obreros más, uno de los cuales era Propato, fueron secuestrados ese día en la planta y trasladados en camiones que Troiani identificó como “de la empresa” hasta un quincho tapiado ubicado en el campo de deportes. Ese día, los cuatro fueron torturados durante diez horas y luego trasladados a la comisaría de Tigre. Sánchez contó otra anécdota sobre el vínculo entre el Ejército y la conducción de la empresa. En la última reunión que tuvieron algunos integrantes del cuerpo de delegados con el gerente de Relaciones Industriales, Guillermo Galárraga, él les advirtió: “Ustedes le van a mandar saludos a un amigo mío”. “¿A quién?”, preguntó Sánchez. “A Camps”, le contestó Galárraga. “¿Quién era Camps? Nos enteramos cuando estuvimos detenidos en la comisaría”, recordó Sánchez, quien dos días después fue secuestrado en su casa. Los militares tenían, al momento de identificarlo, su credencial de la empresa.
Para los delegados, las conquistas obtenidas en los últimos años antes del golpe explican su secuestro. La jornada de seis horas para los trabajadores que manipulaban estaño; el plus 100 horas que se les pagaban en las vacaciones; el convenio de trabajo de 1975 –“el mejor del país”, según Troiani–; la pelea con el sindicato de mecánicos (Smata) para que el uno por ciento del precio de cada auto otorgado a un fondo extraordinario “para la erradicación de elementos negativos” fuera dirigido a la obra social; la resistencia a subir la producción de 230 a 250 unidades sin incorporar más personal a la línea de montaje; el comedor. Esas políticas gremiales son las que, según Sánchez, fueron reprimidas por la empresa a través de las Fuerzas Armadas. Según los delegados, la medida fue efectiva: luego de la desaparición de esos 25 trabajadores, los conflictos gremiales se redujeron drásticamente y la línea de producción subió de 230 a 300 unidades, con mil trabajadores menos.
Esa idea fue rescatada por el presidente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman, quien aseguró que “este 24 de marzo empieza la lucha para poner al poder económico en el banquillo de los acusados”. La coordinadora de la red de sitios de Memoria, Judith Said, por su parte, rescató el “derecho a la organización gremial” como un derecho humano.
La orden que dio la dictadura para la compra de Falcon verdes sin patentes(Clarín – María Seoane – 23 de marzo de 2006)
Se trata de un decreto de 1977 del ministro del Interior, Albano Harguindeguy, para adquirir 90 autos. Fue para equipar a las Policías provinciales con la instrucción de que no fueran identificables.
Los dueños se jactaban de que era “un fierro”, con un baúl enorme. A partir de 1976, el Ford Falcon abandonó ese aire familiar. De color verde, en general, era el auto preferido de la dictadura para secuestrar. Pero esos “fierros”, que cargaban en la madrugada cuerpos maniatados, encapuchados o con los ojos vendados en los baúles o entre los asientos, se gastaban rápido por la intensidad que tuvo la cacería de ciudadanos entre 1976 y 1977. Así, a fines de ese año, el ministro del Interior, general Albano Harguindeguy, realizó la compra directa de 90 Falcon “no identificables” para reequipar a las Policías provinciales.
Según el expediente secreto N° 274/77, la compra se efectuó a través del Decreto N° 3630/77 firmado por Harguindeguy, en el cual se aprobó la contratación directa de Ford Argentina, especificando en la orden de compra que fueran Falcon no identificables, es decir que fueran autos privados, de particulares, para civiles. Eran autos nacidos para operativos ilegales. El expediente, que hoy figura como una pieza única en el llamado Archivo Intermedio del Archivo General de la Nación, sobrevivió a la destrucción ordenada por la dictadura de toda la documentación que la responsabilizaba.En esos papeles se cuenta que la compra directa se inició el 3 de octubre de 1977, según consta en la nota 735/77 enviada al entonces subsecretario general, capitán de Navío (RE) Ernesto Orbea por el subsecretario del Interior coronel (RE) José Ruiz Palacios. Orbea le solicita a Palacios la compra y agrega que ese mismo año “( ) se entregaron a las Policías provinciales ciento setenta y nueve (179) automóviles de las mismas características con excelentes resultados en su rendimiento general ( )”. Estas nuevas 90 unidades, debían ser distribuidas para procedimientos que enmascararan la participación del Estado con patentes que corresponderían, de ser identificadas, no a un organismo estatal. Los 90 Falcon iban a: Catamarca, 10 unidades; Corrientes, 10 unidades; Chaco, 5 unidades; Chubut, 8 unidades; Entre Ríos, 5 unidades; Formosa, 6 unidades; Neuquén, 3 unidades; Río Negro, 6 unidades; Salta, 5 unidades; San Juan, 5 unidades; San Luis, 5 unidades; Santa Cruz, 8 unidades; Santa Fe, 10 unidades; Tierra del Fuego, 4 unidades. El pedido de Ruiz Palacios llega a manos del Harguindeguy, quien autoriza la compra a la Ford Argentina (ACFOR SA) por un monto $ 432.000.000.
El carácter secreto y de contratación directa de la operación, es decir, sin licitación pública, estaba dentro de las disposiciones de la Ley de Contabilidad, que autorizaba a realizar este tipo de acciones cuando “las circunstancias exigieran que las operaciones del Gobierno se mantuvieran secretas”. De las notas extraídas del expediente surge un dato curioso: mientras que en notas enviadas por Ruiz Palacios y por Orbea se solicitan automóviles Falcon “no identificables”, el ministro Harguindeguy hace referencia a “( ) automóviles patrulleros Ford Falcon no identificables ( )”. En el pedido a Ford, realizado por el director general de administración Rodolfo Belloso, se especifica el carácter de “no identificable”. El monto total de la operación por los 90 automóviles Ford Falcon Standard (nuevos, 0 km, último modelo sedán 4 puertas, con capacidad para 6 personas) fue de 348.550.650 pesos Ley 18.188. El monto total en dólares (uno a 510 pesos) fue de 754.020: cada auto le costó al Estado 7.593 dólares. El 16 de diciembre se emitió la orden de compra N° 437/77 autorizada por el jefe del Departamento de Compras y Suministros del Ministerio del Interior, Luis Deniro, especificando todos los detalles correspondientes a los vehículos, su equipamiento, el color, precio, lugar y plazo de entrega, garantía y forma de pago. Este detalle consta en el expediente, según detalles de la División de Liquidaciones de la Dirección General de Administración del Ministerio del Interior. Terminaron de pagarlos en marzo de 1978.
Estas turbias prácticas del terrorismo de Estado se repitieron en mayo de 1980. El expediente 983/80 demuestra la compra de de 6 Falcon “patrulleros no identificables”, de los cuales 3 debían contar con aire acondicionado. Esta se hizo a través de la contratación directa número 87/80 aprobada por el decreto 1052/80. En esta oportunidad, fue Orbea quien solicitó la adquisición, aclarando que debían guardar similitud a los otros 90 vehículos adquiridos. Siguiendo el mismo procedimiento que en 1977, la empresa presupuestó las unidades, pero con un aumento notable. Para esta fecha, el precio en pesos por cada automóvil se multiplicó por 10. El Falcon Standard (nuevo, 0 km, modelo 1980, sedán 4 puertas, de industria nacional con capacidad para 6 personas) pasó a costar $ 37.568.000 (U$D 20.540), y el mismo con aire acondicionado $ 41.201.000 (U$D 22.526). Por lo tanto, el monto total de la operación (6 automóviles, de los cuales 3 con aire acondicionado) fue de $ 224.491.650 (U$D 122.740). La operación se llevó a cabo y se liquidó la compra el 1° de agosto.
Engrosando la lista de irregularidades y manejos turbios de la dictadura, de dicha liquidación surge lo siguiente: esta se hizo en concepto de solamente 3 Falcon Standard, es decir, sin nombrar los otros 3 equipados con aire acondicionado. Esto significa que en el patrimonio estatal quedó registrado el ingreso de 3 Falcon Standard y se omitió el de los otros 3 con aire acondicionado, presumiblemente destinados al uso personal de funcionarios de la dictadura. Eso sí, el monto del pago fue por seis.
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