SÁBADO, 04 DE JUNIO DE 2016
El patrocinio jurídico gratuito, una deuda que amenaza al #Niunamenos
Pasó la segunda movilización masiva contra la violencia de género, pero la no implementación de la ley que otorga abogados a las víctimas sigue dejando expuestas a las que denuncian.
POR MALVA MARANI
@MALVAMARANI / FOTO: EDGARDO GÓMEZ
Un año después del primer grito de #Niunamenos, una multitud revalidó este viernes el reclamo por políticas públicas contra la violencia de género. Sin embargo, el aumento de las denuncias y las cifras actualizadas de femicidios en el país sólo parecen indicar una cosa: a contramano de la masividad de la exigencia en torno de esta problemática, la única mejora sustancial y evidente pasa por una mayor concientización y valentía por parte de las propias mujeres. Es que si bien siempre es bienvenido el empoderamiento, que implica un rol más activo en las víctimas -notorio de un año a esta parte-, lo cierto es que al tratarse de violencia de género las ausencias del Estado se padecen más: a muchas de las que después del 3 junio de 2015 se animaron a denunciar, les tocó enfrentarse con la falta de una infraestructura jurídica que las acompañara y que, por el contrario, volvía su realidad aún más hostil.
Una de las principales deudas, en ese sentido, es el patrocinio jurídico gratuito para las víctimas de la violencia de género, un recurso legal establecido en 2009 por la Ley 26.485 -"de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales"- pero que siete años después sigue sin ser garantizado. Incluso después de que en noviembre pasado se sancionara otra ley -la 27.210, específica en torno a la aplicación del patrocinio– tras ser aprobada de forma unánime por ambas Cámaras.
"No podemos ponernos a medir en términos económicos cuánto vale una mujer." (Raquel Vivanco, coordinadora nacional de MuMaLá)
La ecuación es simple: la denuncia en la comisaría es sólo el principio de un oneroso proceso judicial que debe ser costeado por la propia víctima, que ya se encuentra en una situación de vulnerabilidad y que por otras falencias actuales difícilmente pueda conseguir un refugio al que acudir en el caso de que su agresor sea un conocido, lo que ocurre en el 86% de los casos según el último Registro Nacional de Femicidios elaborado por la ONG Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá). De esa misma estadística (realizada en base a las noticias publicadas en los medios gráficos y digitales de todo el país) se desprenden datos que reflejan la importancia de disponer de abogados gratuitos y especializados: de los 217 femicidios relevados entre el 3 de junio de 2015 y el 31 de mayo último, el 20% de las mujeres asesinadas había realizado denuncias y el 12% tenía medidas de protección dictadas por la justicia. La cifra de las mujeres que padecieron la forma más extrema de violencia de género que proveyó este viernes Elena Highton de Nolasco, vicepresidenta de la Corta Suprema de Justicia –que desde el año pasado elabora un registro oficial– es aún más alarmante: según la estadística construida a partir de casos judiciales denunciados en todo el país, el año pasado hubo 225 femicidios, mientras que en lo que va de este ya se han relevado 235 casos.
El #Vivasnosqueremos que se volvió eslogan de esta edición de la marcha necesita que el patrocinio jurídico gratuito sea una realidad. Sin embargo, hasta ahora, sólo en la Ciudad de Buenos Aires existe una experiencia piloto donde se garantiza este mecanismo desde la Procuración General de la Ciudad. En la provincia de Buenos Aires, el territorio que acapara el mayor número de muertes, se firmó en marzo un convenio con el Colegio de Abogados de la Provincia para proveer el patrocinio gratuito, pero al día de hoy no hay detalles de su implementación, y tras el cambio de ministro en la cartera de Justicia bonaerense (Gustavo Ferrari remplazó a Carlos Mahiques) tampoco hubo novedades. Ante la falta de una ejecución integral de este mecanismo establecido por ley, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, deslizó ante la Comisión de Justicia del Senado que hacerlo "requiere una carga presupuestaria fenomenal". Por su parte, el Jefe de Gabinete Marcos Peña respondió formalmente que la intención es implementarlo el primer semestre del año próximo, tras la consulta del senador Juan Manuel Abal Medina (FPV) durante la exposición de su primer informe ante el Senado.
"Entiendo que esta herramienta no es de fácil implementación porque supone la creación de un cuerpo de abogados especializados de mucha calidad profesional, pero no considero que implique un presupuesto exorbitante. Este gobierno siempre tiende a pensar más en los costos que en los beneficios, pero en este caso debería ser más flexible, sobre todo porque hablamos de un beneficio inmediato: es obvio que si una víctima llama al 144 y enseguida le asignan un abogado, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte”, explicó a Tiempo Abal Medina, autor del proyecto que impulsa la creación del Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género y que se convirtió en ley en noviembre pasado.
El argumento de Raquel Vivanco, coordinadora nacional de MuMaLá, es contundente: "No podemos medir en términos económicos cuánto vale una mujer". Para la especialista, una traba económica no puede ser determinante para romper con la situación de violencia: "El saldo positivo del #Niunamenos fue que muchas mujeres tomaron conciencia de sus derechos, y ante eso el Estado no puede correrse y no dar respuesta. Debe estar a la altura".
Tras la marcha, las expectativas crecen pensando en el mes que viene. Según Fabiana Tuñez, titular del Consejo Nacional de Mujeres, en julio se presentará un Plan Nacional contra la Violencia de Género. Miles de personas que el viernes recordaron con pancartas a cada víctima, desde Chiara hasta Micaela, esperan que el anuncio esté a la altura de este masivo reclamo por justicia y por políticas de Estado que no repitan sus historias. «
"Denuncié 22 veces a mi ex, pero la justicia me dejó totalmente desprotegida"
Por Esteban Schoj @estebanschoj
Un hombre golpea a una mujer. Ella lo denuncia pero no halla contención por parte del Estado. Queda más desprotegida. Su miedo aumenta. La violencia se repite. Esta es la lógica a la que son sometidas muchas mujeres en la Argentina. La concientización ha avanzado, es cierto. Y las víctimas se animan más a levantar la voz, también es verdad. Pero la infraestructura judicial aún es deficiente para contenerlas sin obligarlas a dejar atrás su vida y empezar de cero.
Elizabeth Espíndola tiene 40 años y tres hijos. Marcha junto a cientos de miles de personas desde el Congreso a Plaza de Mayo. Su historia comenzó en Zárate. Pero un ex marido violento la obligó a volver a empezar para salvar su vida. "La violencia estuvo desde un principio, pero no me había dado cuenta", cuenta sin tapujos. Aunque de a ratos se le entrecorte la voz y sus ojos brillen de rabia al recordar, su fuerza puede más.
Entre febrero de 2007 y enero de 2012, Elizabeth denunció al padre de sus hijos 22 veces en Zárate. "Después de la primera, la violencia fue creciendo cada vez más. Después de dos años de ponerle denuncias, fui al Juzgado de Familia en Campana y me preguntaron si tenía abogado. Les dije que no y que no lo podía pagar. No hicieron nada, me mandaron al Colegio de Abogados y ahí me plantearon la misma situación. Yo seguí denunciándolo por violento".
"Tengo cicatrices en todo el cuerpo", dice Elizabeth y se señala una marca hecha con arma blanca en su mano izquierda. Se la hizo su ex pareja el 12 de enero de 2012, cuando la atacó por última vez. Ese día le rompió la nariz. "Vino la policía, se lo llevaron y encontraron el arma en el bolsillo. Pero lo dejaron en la casa durmiendo. Así que a la mañana siguiente agarré a mis hijos, un bolso y me fui a la ruta. Llegué a Santa Fe. Estuve totalmente desprotegida por la justicia. Mi ex no estuvo detenido ni una hora. Pero el año pasado, en Tandil, la Defensoría del Menor y la Familia se hizo cargo de nosotros y nos dio una protección integral. El Municipio nos ayudó a alquilar una casa por unos meses y además, la ONG Fortaleza de Mujer nos dio la posibilidad de tener una mesa, sillas y una cocina. Es el único lugar en el que nos sentimos seguros. Pero yo perdí mi casa. Y perdí mi vida", dice, pero vuelve a marchar. «
http://www.tiempoar.com.ar/
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