LAS OCHO CLAVES DEL CASO MALDONADO Por Juan Manuel Mannarino

Foto: Joaquín Salguero

Las ocho claves del caso Maldonado

Por Juan Manuel Mannarino 

A dos meses de la desaparición de Santiago Maldonado una importante marcha reclamó por el avance de la causa. ¿El comienzo auspicioso del nuevo juez podrá revertir la mala actuación de Otranto? ¿Qué dicen los mensajes de texto de los gendarmes filtrados en la causa? Los datos que consolidan la hipótesis de que Santiago fue detenido por la Gendarmería. El caso judicial, el escándalo político.

Las preguntas son las del principio y, sin embargo, parecen resonar con otra intensidad. A dos meses de la desaparición de Santiago Maldonado, el caso dio un giro hace una semana cuando el magistrado Guido Otranto fue separado de la investigación y asumió en su reemplazo el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, designado a tiempo completo por sesenta días. La separación de Otranto significó una pequeña victoria de las querellas, tanto que los familiares de Santiago hablan de “nueva etapa” y valoraron “la calidez humana” del nuevo juez por llamarlos telefónicamente apenas asumió. Sergio, uno de los hermanos de Santiago, confirmó en la marcha de ayer que Gustavo Lleral los recibirá el martes en su despacho, en una semana que promete ser definitoria para los próximos pasos de la pesquisa.

Las preguntas son las del principio -la principal, en efecto, fue gritada una vez más en la concentración multitudinaria del domingo en Plaza de Mayo: “¿Dónde está Santiago Maldonado?”- y, sin embargo, la sensación es que la “esperanza”, como dijo Sergio a la prensa antes de la marcha, se renueva. Y allí, entonces, se dirime una paradoja. Porque las preguntas del principio se sopesan, también, con un escéptico escenario de nuevos interrogantes: ¿se podrá revertir la mala actuación de Otranto, los dos meses de pésima instrucción y encaminar una investigación sólida, rigurosa, profunda? ¿Tendrá el nuevo juez la autonomía de decisión para ir a fondo con los actores intelectuales? ¿O, como bien dicen los expertos, lo que no se hizo en las primeras 48 horas de pesquisa es casi imposible de revertir? ¿Se podrá recuperar el tiempo desperdiciado?

Otranto, además, obstaculizó el avance de la investigación sobre Gendarmería -entre otros puntos, tardó nueve días en allanar los destacamentos de El Bolsón y Esquel-, permitiendo que se perdiera tiempo en otras líneas de búsqueda en una sospechosa maniobra de desvío. No haber pesquisado a los gendarmes en los días inmediatamente posteriores a la desaparición de Maldonado, fue uno de sus errores más notorios. Ahora bien, ¿en qué estado están hoy las causas –siempre es preciso recordar que son dos causas paralelas: una, por desaparición forzada; la otra, por el habeas corpus presentado por la averiguación de paradero- y por qué no habrían de unificarse para concentrar los esfuerzos en una sola pesquisa? ¿Es posible que se llegue a un pronto esclarecimiento del hecho? ¿Hay una expectativa real en que el nuevo juez profundice las responsabilidades políticas?

Nuestras Voces tuvo acceso a los expedientes, habló con las querellas, con los familiares de Santiago Maldonado y con fuentes judiciales de la investigación. Aquí, ocho puntos clave que el juez Lleral, un magistrado con perfil idóneo en causas complejas –se destacó como secretario en la causa por la Masacre de Trelew y en el proceso de espionaje de la Base Almirante Zar-, no podrá desestimar en sus primeras líneas de acción.

1-La hipótesis de desaparición forzada de Santiago Maldonado en manos de Gendarmería, y por lo tanto de funcionarios del Estado -no hay fuerza de seguridad que funcione sin orden política-, es la única que avanza firme y con pruebas cada vez más precisas. Luego de desestimarse líneas paralelas de investigación (como el supuesto ataque a cuchillazos de un puestero de las estancias del empresario Benetton a un joven con características similares a Maldonado, ocurrido el 21 de julio, hipótesis en la que el gobierno tenía cifradas esperanzas hasta que se descartó por cotejo de ADN) en las últimas semanas se comprobó un hecho fundamental, que sigue siendo puesto en duda por el gobierno y los medios hegemónicos: que el 1º de agosto de 2017 Santiago Maldonado estuvo en la zona entre Esquel y El Maitén, en Chubut, donde la comunidad mapuche de Cushamen está establecida. Que no fue hasta allí por turismo, sino porque se había solidarizado con la lucha territorial de la Pu Lof en Resistencia, que reclama esos territorios ancestrales comprados por Benetton. Y que de acuerdo al cruce de numerosos testimonios, y luego de desatada la feroz represión de Gendarmería, escapó a las corridas hasta que llegó a orillas del río Chubut. “Hay testigos de que mi hermano se entregó, no cruza el río. Tres gendarmes le pegan y se lo llevan mientras, otros están mirando. La Gendarmería sabe dónde está mi hermano, son ellos los que se lo llevaron. No lo pienso yo, está confirmado. Hay audios. No hay otra fuerza u otra gente que ingresó ahí. Fueron ellos”, dijo Sergio, y no habló sólo desde el dolor: en el expediente, según fuentes de la investigación, aparecen esas pruebas. Según fuentes judiciales, al menos diez gendarmes llegaron hasta la vera del río y se demostró que, entre otros elementos, poseían armas 9 mm. En el predio, además, ingresaron “entre tres y cuatro móviles de Gendarmería”. El hecho insoslayable, entonces: Santiago Maldonado, un joven de 28 años, desapareció en un contexto de protesta social donde la Gendarmería reprimió. La fuerza de seguridad, totalmente despejada la ruta 40, decidió avanzar sobre la Pu Lof persiguiendo a los manifestantes. Y si la Gendarmería reprime, es, a veces, con orden judicial –cuando no con abuso, liso y llano- pero, fundamentalmente, con orden política. Por eso el Estado es responsable.

2- ¿Quiénes detuvieron, entonces, a Santiago, quién dio la orden de llevárselo de allí, hasta dónde lo llevaron, qué hicieron con él? La lupa está puesta en los movimientos de Gendarmería antes, durante y después de la represión del 1 de agosto. Teniendo en cuenta que las camionetas de Gendarmería no cuentan con GPS, los peritajes sobre los celulares personales de los gendarmes resultarán fundamentales para establecer los movimientos de las camionetas tras el operativo. El CELS, querellante en la causa, quiere conseguir el crudo de todos los mensajes porque el informe realizado hasta ahora se hizo sobre la base de un buscador de palabras claves. “Hay que hacer pericias de los libros de Gendarmería, que dicen que hicieron una, pero dio que no había adulteración: es el mismo libro que nosotros denunciamos que tenía pegada una hoja con cinta scotch. Estamos pidiendo el crudo de los 63 celulares secuestrados, porque las transcripciones que tenemos no son todas”, dijo Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado. Los primeros peritajes demostraron que los gendarmes hablaban de “un detenido”, que las camionetas habían tardado “un tiempo considerable” en volver a sus bases luego del operativo, y que algunos recomendaron “no abrir la boca” en el posible armado de un pacto de silencio. Se apuntó a las actuaciones de Fabián Méndez, jefe del Escuadrón de El Bolsón, Pablo Escola, segundo a cargo del Escuadrón de Esquel, Daniel Gómez, primer alférez del Escuadrón 35, y los gendarmes Emmanuel Echazú -a quien se lo vio en una filmación subiendo del río con una escopeta y lastimado en la cara-, Orlando Yucra, Darío Zoilán, Aníbal Cardozo, Juan Carlos Peloso, Ramón Vera, Neri Robledo y Maira Ramos, entre otros. Sin embargo, aún resta expandir el radio de peritajes a los 127 gendarmes que participaron del operativo: rol por rol, jerarquía por jerarquía.

3- No habrá nuevas medidas de prueba hasta que no se chequee el contenido total de las casi cuatro mil fojas y las 250 horas de audiencias grabadas de ambas causas. Fuentes cercanas a la investigación dijeron a este medio que se está analizando “prueba por prueba”. En el Juzgado Federal de Esquel saben que es tan importante evaluar “lo que ya está para ver qué falta”. Para el juez Gustavo Lleral, la cautela es un signo de conducción. Su primera línea de decisión, más que anunciar una nueva medida de prueba, sería la de descartar, emprolijar o contrastar lo que ya se recolectó en dos meses. “¿De qué serviría continuar la búsqueda en el río Chubut con lo que implica un despliegue operativo si cada vez queda más demostrado que Santiago Maldonado no se metió en el río?”, se preguntó un especialista que interviene en la causa. “Hay elementos para dejar de buscar a Santiago en la Pu Lof y buscarlo en Gendarmería”, agregó la abogada Heredia, y realizó un llamado de atención: “Lo que pedimos es la unificación del expediente por desaparición forzada con la causa del despeje de ruta que ordena el juez Otranto el 31 de julio: en ese marco se adoptaron medidas en la convocatoria de los Escuadrones 35 (El Bolsón) y 36 (Esquel). Eso tiene que estar unificado para investigar el marco en el que sucedieron todos esos hechos”.

4- ¿Es posible seguir sosteniendo que el caso Maldonado es un caso policial y no político? ¿Cómo no mirar el telón de fondo? La presencia de Maldonado en el lugar de los hechos apoyando la liberación del líder mapuche Facundo Jones Huala y la continua retórica despectiva de los gendarmes con frases como “son indios de mierda, mátenlos a todos”, marcan un contexto sociopolítico que se complementa con un riguroso estudio de la lucha–con diferentes métodos y posiciones- de los pueblos originarios, la concentración de la tierra, los antecedentes de desalojo por fuerzas de seguridad, el rol de la Justicia y la criminalización de la protesta. El Grupo Benetton es dueño de 902.000 hectáreas en la Argentina. De acuerdo a los últimos balances contables, sus ganancias del último año ascendieron a los $ 44 millones, mientras las comunidades mapuches son marginadas en la pobreza. “La compañía se encuentra revisando sus planes de inversión, debido a que la falta de seguridad jurídica hace inviables sus operaciones”, manifestó un comunicado del holding que hoy tiene 9000 hectáreas de superficie forestada y alrededor de 130 empleados. ¿Será que el caso Maldonado es algo insostenible de soportar en la opinión pública internacional?

5-Existe un amplio arco de repudio contra el accionar del Gobierno en el caso Maldonado, que involucra a especialistas en materia penal y llega hasta los organismos internacionales. “No hay dudas que el gobierno formó parte del encubrimiento, ahí está lo grave”, dijo Eugenio Zaffaroni, exjuez de la Corte Suprema y añadió: “Se comete un error gravísimo al intentar ocultar una desaparición forzada”. A la estrategia de defensa acérrima de la ministra Patricia Bullrich a Gendamería acompañado del destrato hacia la familia de Santiago Maldonado, el gobierno no pudo desviar la responsabilidad del hecho –una batalla, sin dudas, perdida- y, cuando las evidencias empezaron a ser incontrastables, asumió que la fuerza de seguridad estaba comprometida con dichos como los del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano: “No pongo las manos en el fuego por nadie”. La sensación que se transmitió en las últimas semanas es que el macrismo abona la teoría de “los gendarmes locos” , un recurso de manual que todos los Estados que reprimieron, como ocurrió con el gobierno de Eduardo Duhalde en posicionar a “policías sacados” en los asesinatos de Maximiliano Kostecki y Darío Santillán en 2002, sacan a la luz para deslindar responsabilidades políticas. Lo que el macrisno no puede ocultar es la presencia de un funcionario de primera línea, Pablo Noceti, en el lugar de los hechos, algo que fue minimizado por la ministra Bullrich diciendo que “sólo pasó a saludar a Gendarmería”. ¿Ordenará un peritaje el juez Lleral sobre su rol en la represión? “Faltan los cruzamientos telefónicos no sólo de los gendarmes, sino de Pablo Noceti (jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad) y el propio juez Otranto en los días previos, sobre todo del 31. Eso es fundamental”, dijo Verónica Heredia.

6- Pero la estrategia del gobierno no suele ser efectiva si no se acompaña de la incesante operación mediática: a los ya clásicos argumentos de la violencia de los mapuches – a punto tal que el se intentó instalar que a Maldonado “lo tienen escondido los mapuches”-, se sumaron versiones insólitas. La última fue propagada por el diario Clarín con el título “La foto de un joven parecido a Santiago, eje de otra controversia en El Bolsón” -29/09/07-, una maniobra desmentida por protagonistas del evento que no avalaron que “aparecería Santiago Maldonado en un evento musical en El Bolsón”, como sugirió Clarín. El contraste de esta operación que sólo busca tapar las responsabilidades políticas es la persecución sobre quienes en universidades, escuelas, plazas, hablen de Santiago Maldonado, como pasó en la facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Mientras tanto, funcionarios del gobierno, según informó también Clarín, “descartan la desaparición forzada y subrayan que para ellos solo quedan dos hipótesis fuertes y razonables sobre la mesa: o Maldonado se ahogó aquel mediodía y su cuerpo todavía no fue encontrado o nunca estuvo”. Para eso, insisten en desacreditar testigos y pruebas contundentes, como la declaración de Matías Santana, miembro del la comunidad Resistencia Cushamen, que le indicó a la Justicia Federal que tres gendarmes golpearon a Maldonado y después lo introdujeron en un camión Unimog. A Santana se le acusó poco más de fabulador oportunista, aunque Sergio Maldonado denunció que en el último allanamiento que ordenó el juez Otranto en la comunidad “Santana fue precintado junto a otro testigo”.

6-Relacionado al punto anterior, el fiscal Federico Delgado avanzaría en la hipótesis del encubrimiento y las imputaciones llegarían al presidente Mauricio Macri y funcionarios como Bullrich, Germán Garavano, Marcos Peña, Claudio Avruj, y también el director de la Gendarmería, Gerardo Otero. “Esto es focalizar no sólo en la privación de la libertad, sino también en la negativa a reconocer la desaparición y su posterior ocultamiento”, dijo la abogada Heredia. ¿Por qué el gobierno no permitió que llegaran especialistas de la ONU para apoyar la investigación? Para analistas políticos, y tras una discusión interna dentro del macrismo, se concluyó que la llegada de expertos internacionales, y dado el bajo costo electoral del caso Maldonado para octubre en la opinión pública, podría haber afectado la imagen del gobierno en la consideración mundial.

7-Como un efecto de verse involucrada en el hecho, aunque nunca fue separada ni sancionada por su accionar, Gendarmería reaccionó con espíritu de cuerpo y no sólo adulteró pruebas fundamentales –las querellas denuncian el “lavado de camionetas”, “la alteración de los libros de guardia” y hasta “cambio de patentes en los coches” – sino que realizó tareas de inteligencia sobre familiares de Maldonado luego de la desaparición de Santiago. “Los gendarmes se sintieron respaldados por los dichos de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich desde un comienzo, con lo cual el muro de impunidad se consolidó firmemente desde los primeros efectivos hasta puestos jerárquicos”, opinó la abogada Heredia. ¿Podrá el juez Lleral romper el cerco de impunidad y tomar medidas drásticas y contundentes contra Gendarmería que Otranto jamás realizó?

8- La procuradora Alejandra Gils Carbó le envió un informe a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación en el que defendió a la fiscal de Esquel Silvina Avila, a cargo de la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado. La Corte Suprema, a su vez, apoyaría a Lleral con su pedido de más vehículos, computadoras, celulares, grabadores y el adelanto de viáticos, además de reclamar mayor cantidad de personal para su Juzgado. La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), además, sumó más equipos propios para apoyar al nuevo juez. En tanto, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) sugirió obtener información específica sobre el día del operativo, como los recorridos de los móviles, los roles de los uniformados y los sistemas de comunicación tanto de la fuerza como privados. También propuso peritajes con Microscopio de Comparador Balístico sobre vainas servidas recolectadas en la zona para determinar el tipo de munición utilizada y ofreció a sus técnicos y un listado detallado de laboratorios de distintas especialidades para concretar esos estudios. En el círculo íntimo de Lleral creen que el juez, por su experiencia en crímenes de lesa humanidad, pondrá en primer plano la opinión de expertos en delitos federales y se apoyará en laboratorios y centros de investigación de universidades nacionales.

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