El gobierno impulsa una “doctrina” que empuja al Poder Judicial a convalidar lo actuado por la policía
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich realizó declaraciones radiales en las que reiteró que el Gobierno Nacional considera acertado el accionar del policía Luis Chocobar. En sus intervenciones la Ministra dejó en evidencia la preocupante intención del gobierno de ir hacia un escenario en el que los controles políticos y judiciales hacia el accionar policial sean debilitados o inutilizados. Para hacerlo, invoca casos que no tienen relación alguna con la situación en la que intervino Chocobar, convalida prácticas policiales contrarias a los estándares (como el disparo intimidatorio o el uso de la fuerza letal contra una persona que huye) e inventa una supuesta “doctrina de la culpabilidad policial” que habría estado vigente en los últimos años. El contraste con la escasa cantidad de policías condenados por uso irracional de la fuerza y con los argumentos que los jueces suelen usar para estirar la figura de la legítima defensa da cuenta de que esa doctrina nunca existió.
Si bien la idea de que existe un complot contra los policías para considerarlos siempre culpables no resiste el menor análisis, es un elemento que está presente en algunos discursos corporativos de las propias instituciones policiales, reacias a cualquier forma de control o limitación de sus facultades. La asunción de esa idea por parte de la autoridad política es un hecho grave que va en línea con los mensajes de los últimos dos años, en los que se aprecia una creciente identificación de los funcionarios políticos con el discurso policial. Por ejemplo, luego de la muerte de Rafael Nahuel a manos de efectivos de la Prefectura, la ministra afirmó que la versión de los hechos de la Prefectura era para el gobierno la versión oficial y verdadera de lo que había sucedido. Esta progresiva identificación entre autoridad política e institución policial implica en la práctica una renuncia a controlar a las fuerzas, al menos en lo que hace a los casos de violencia policial.
A través de las declaraciones de la Ministra el gobierno dio un paso más allá, al impulsar una nueva “doctrina” que implicaría que también el poder judicial debería convalidar todo lo actuado por las fuerzas policiales. La Ministra lo expresó en términos confusos y erróneos, al proponer la “presunción de inocencia” para los policías, lo que ya existe no sólo para los policías sino para cualquier persona imputada judicialmente. Más allá de esta confusión, se trata de una presión indisimulada dirigida a los funcionarios judiciales para que no investiguen los casos de uso letal o lesivo de la fuerza. De esta manera se busca también neutralizar los controles judiciales a la actuación policial.
Por último, la Ministra dice estar preocupada por la cantidad de policías que mueren en la Argentina, y al mismo tiempo incentiva intervenciones irregulares y peligrosas como la de Chocobar. Si bien no se sabe cuántos policías mueren cada año porque el Estado nacional y las provincias no publican ese dato, las estadísticas del CELS válidas para el Área Metropolitana de Buenos Aires muestran que más del 70% de los policías muertos desde 1996 estaban fuera de servicio. Por lo tanto, la reducción de la mortalidad policial no dependerá de que puedan disparar sin control, sino de que se trabaje sobre las formas de reaccionar y de intervenir de los policías que no se encuentran en servicio.
La reducción de la letalidad policial debe ser un objetivo de cualquier conducción democrática de las fuerzas de seguridad. Los mensajes que desacreditan a los principios y estándares para el uso racional de la fuerza y que buscan condicionar al poder judicial van exactamente en el sentido contrario. Una policía eficaz es una policía que mata menos.
En el día de la fecha el CELS presentó un pedido de información al Ministerio de Seguridad para que haga públicas las estadísticas y el “manual de doctrina policial” mencionados por la Ministra en la entrevista radial.
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