Jueves 19 de mayo de 2016 |
Géneros y Sexualidades
SUPLEMENTO PAN Y ROSAS
#Libertad a Belén
Ocho años de prisión, dictaron los jueces. Y así dejaron claro cómo se pueden vulnerar los derechos de las mujeres.
Belén está detenida desde el 2014, cuando el 21 de marzo fue al hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán, porque sentía fuertes dolores estomacales y tenía una hemorragia. Estaba teniendo un aborto espontáneo; pero Belén no sabía que estaba embarazada. Sin embargo, ese mismo día los médicos denunciaron que había aparecido un feto en uno de los baños del hospital. Y, sin ninguna prueba, responsabilizaron a Belén de haberse provocado el aborto. El tribunal, integrado por los jueces Dante Ibañez, Néstor Macoritto y Fabián Fradejas, la acusó de “homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía”.
El fallo de la justicia la condena a prisión por un delito del cual no hay pruebas contundentes, basándose apenas en las declaraciones e informes realizados por los médicos, enfermeras y policías del hospital. Es decir que, los profesionales de la salud violaron el secreto médico y el derecho de la paciente a que sea preservada su intimidad.
Belén es culpabilizada por ser una mujer pobre. Y nadie, en ningún momento, siquiera escuchó lo que ella tenía que decir. Como denuncia su abogada, Soledad Deza, aquí actúa una tríada conformada por la policía, el equipo médico de salud y el poder judicial, con el amparo del gobierno del ultracatólico y kirchnerista Juan Manzur, que les permite imponer una causa armada que resuelven con un fallo oscurantista y reaccionario.
Al cierre de esta edición, extraoficialmente se informaba que el pedido de excarcelación fue denegado. Mientras su abogada, no fue notificada legalmente.
Exigimos la libertad de Belén, pero además, repudiamos el fallo que querrá usarse como precedente contra el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro propio cuerpo. La lucha por la libertad de Belén va de la mano con la defensa del derecho a la atención del aborto no punible, con la lucha porque se implemente la educación sexual y el acceso a la anticoncepción gratuita y la lucha por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
Por el derecho al aborto
No es extraño que el gobernador K de Tucumán se lleve tan bien con Mauricio Macri. La cruzada del macrismo contra las mujeres está sostenida por un gobierno de CEO’s y titulares de empresas y fundaciones, egresados de la Universidad Católica o enrolados en el reaccionario Opus Dei.
Un tercio de las provincias de Argentina no cuenta con una guía de atención del aborto no punible. Otro tercio, tiene sus propios protocolos de atención, que incluyen el cumplimiento de requisitos innecesarios, que se transforman en obstáculos para el ejercicio del derecho. Esto es por las presiones de la jerarquía de la Iglesia, la reaccionaria justicia o los propios gobernadores de distintos signos políticos para impedir que se cumplan nuestros derechos. Y mientras se obstaculiza el derecho al aborto no punible, queda prácticamente desguazado el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.
En pocas semanas, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, presentará por sexta vez el proyecto de Legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, en el Congreso Nacional. Si es la sexta vez que se presenta, se debe a que en más de una década de gobiernos kirchneristas, el entonces oficialismo se negó sistemáticamente a que se debatiera esta ley en el parlamento. Aun cuando el proyecto contaba con la firma de varias diputadas y diputados del Frente para la Victoria, la ex presidenta Cristina Kirchner ordenó que no prestaran quórum en las reuniones de comisión donde se trató el proyecto en dos oportunidades.
Mientras se siga impidiendo la legalización del aborto, las fuerzas mayoritarias en el Congreso, son responsables de la muerte de casi 300 mujeres cada año, por las consecuencias evitables que acarrean los abortos inseguros y clandestinos. Si se practican aproximadamente medio millón de abortos por año, siendo ilegal, queda claro que lo único que consigue la criminalización es empujar a las mujeres jóvenes y pobres a quedar con secuelas para su salud o morir por hemorragias, perforaciones uterinas o infecciones. De sobrevivir, también corren el riesgo de ser condenadas por la justicia y terminar en prisión.
Por eso, cuando estamos a pocas semanas de volver a gritar en las calles de todo el país que no queremos #NiUnaMenos, decimos que tampoco queremos ni una muerta más por abortos inseguros y clandestinos. La violencia institucional del sistema de salud y de la justicia contra Belén, también es violencia contra las mujeres. Por eso, las mujeres de Pan y Rosas en el Frente de Izquierda exigimos su inmediata excarcelación. Decimos que si tocan a una nos organizamos miles. Y eso queremos proponerte: que seamos verdaderamente miles las que hagamos oír nuestra voz en todo el país, con fotos, videos, firmas, pintadas, todas las actividades que te parezca que pueden hacerse para que desde Jujuy hasta Tierra del Fuego se oiga bien fuerte nuestro reclamo. ¡Ni Una Menos! ¡Basta de violencia contra las mujeres! ¡Libertad a Belén! ¡Derecho al aborto libre, seguro y gratuito!
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