jueves, 31 de marzo de 2016

ÚNETE A LA LUCHA DE BERTA CÁCERES, ASESINADA BRUTALMENTE EN HONDURAS / FIRMAR PETICIÓN



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Clickear para ingresar a la peticción:

https://act.oxfam.org/international/es/actions/end-the-violence


Pongamos fin a la violencia y detengamos la construcción de la represa de Agua Zarca


Berta Cáceres defendió con valentía la tierra y los recursos naturales de los que su pueblo depende para sobrevivir y, por ello, fue brutalmente asesinada. Muestra tu apoyo al trabajo de Berta. Actúa, firma y ayuda a poner fin a la violencia.

Únete a la lucha y exige a las empresas e inversores involucrados en el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca que retiren su financiación y lo abandonen inmediatamente.

El pueblo indígena Lenca ha demostrado de forma pacífica su enérgica oposición a este proyecto hidroeléctrico. La comunidad puede perder su acceso al río Gualcarque, un río que considera sagrado y que constituye una importante fuente de agua y alimentos. Oponerse a los intereses de los poderosos puede ser muy peligroso. Berta Cáceres no es la primera activista pro derechos sobre la tierra asesinada, ni en Honduras, ni en el resto del mundo, pero debe de ser la última.

Pertenecía a la comunidad indígena Lenca de Honduras y hace más de dos décadas cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) para defender los derechos de su pueblo. Lideró la oposición pacífica a la construcción de la represa que habría alterado el acceso de la comunidad al agua y a los alimentos. Esta lucha le costó la vida.

La familia de Berta y otros miembros de su organizacióntambién se encuentran amenazados. Exigimos a las autoridades de Honduras que garanticen su protección y seguridad.

Apenas dos semanas después del asesinato de Berta Cáceres, otro activista pro derechos sobre la tierra y miembro de COPINH ha sido asesinado en Honduras. Nelson García fue tiroteado mientras demostraba su apoyo a una comunidad Lenca que estaba siendo desalojada de sus tierras.

Los inversores y las empresas internacionales no pueden seguir apoyando este proyecto contra el que Berta Cáceres luchaba.

El Banco Centroamericano de Integración Económica, el banco de desarrollo holandés FMO, el FinnFund de Finlandia y el partenariado alemán Voith-Hydro (Siemens), constructores de la represa, deben retirarse del proyecto.

El FMO y FinnFund han anunciado la suspensión de sus actividades en Honduras, entre ellas las relacionadas con el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca. Estas son, sin duda, buenas noticias, pero no es suficiente. Todos los inversores deben abandonar totalmente y de forma inmediata este proyecto.Pongamos fin a la violencia y detengamos la construcción de la represa de Agua Zarca.


Esta petición forma parte de la campaña Land Rights Now







https://act.oxfam.org/international/es/actions/end-the-violence



CASACIÓN RATIFICÓ QUE EL OBISPO ENRIQUE ANGELELLI FUE ASESINADO / DOS SENTENCIAS CONFIRMADAS



Enrique Angelelli murió el 4 de agosto de 1976 en una ruta de La Rioja.


› CASACION RATIFICO QUE EL OBISPO ENRIQUE ANGELELLI FUE ASESINADO

Dos sentencias confirmadas

Los represores Luis Estrella y Luciano Benjamín Menéndez deberán cumplir la pena de prisión perpetua por haber asesinado al referente del Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo. Los camaristas descartaron todos los planteos que hizo Estrella en un recurso extraordinario.



Los represores Luis Estrella y Luciano Benjamín Menéndez deberán cumplir prisión perpetua por haber asesinado al obispo de La Rioja Enrique Angelelli durante la última dictadura cívico militar argentina. Así lo confirmó la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que rechazó el último intento de Estrella de esquivar a la Justicia a través de un recurso extraordinario que cuestionaba la decisión que esa misma sala había tomado en diciembre pasado y que confirmaba la condena aplicada en primera instancia.

En un fallo unánime, los jueces Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky declararon “inadmisible” un recurso extraordinario que la defensa de Estrella interpuso en diciembre pasado contra la decisión de esa Sala IV, que sellaba su destino perpetuo en una celda, tal como lo había determinado el Tribunal Oral Federal de La Rioja en julio de 2014. Entonces, Estrella y Menéndez fueron hallados autores mediatos del homicidio doblemente calificado de Angelelli y la tentativa de homicidio calificado de Arturo Pinto, hecho que sucedió el 4 de agosto de 1976 cuando el auto en el que ambos religiosos viajaban se “accidentó” en una ruta local. A Estrella, quien en tiempos del asesinato del obispo era subjefe de la base que la Fuerza Aérea manejaba en La Rioja, también se lo condenó como organizador de asociación ilícita agravada.

Los camaristas descartaron todos y cada uno de los planteos de Estrella en su recurso extraordinario para discutir la confirmación de la sentencia. En diciembre del año pasado, habían confirmado ambas condenas, mientras que Hornos y Gemignani ordenaron revisar la forma del cumplimiento de la pena, que el fallo original había ubicado en una cárcel común. El condenado discutió esa decisión: advirtió la “arbitrariedad” de la sentencia por “fundamentación aparente”, denunció “agravios relativos a la violación del principio de legalidad” y cuestionó la “constitucionalidad de la prisión perpetua”.

Los jueces de la alzada le respondieron que los agravios mencionados “no conmueven los argumentos expuestos en la sentencia impugnada”, que los planteos en torno de la valoración de la prueba “resultan ajenos a la instancia extraordinaria” y que, en general “sus argumentos no alcanzan para dar cabal respaldo a la pretensión de obtener por ese carril el acceso a los estratos de la Corte Suprema, sino que se limitan a expresar su disconformidad con lo decidido”.

El 4 de agosto de 1976, Angelelli, uno de los referentes del movimiento de curas tercermundistas en Argentina que fue blanco del terrorismo de Estado, viajaba en auto desde Chamical hacia la capital riojana. Iban hacia el Obispado provincial a entregar documentación sobre el asesinato de dos curas de la diócesis de Angelelli. Pero el auto sufrió un atentado en el que el obispo murió y Pinto, quien lo acompañaba, sufrió múltiples lesiones.



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COMO BUITRES POR SU CASA Por Cristian Carrillo


Por Cristian Carrillo

El Senado convirtió en ley por amplia mayoría la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano y el respaldo al pago en efectivo a los fondos buitre. El FpV votó dividido. El Gobierno esperaba ese resultado para iniciar el nuevo ciclo de endeudamiento externo.

LOS BUITRES YA TIENEN LA LEY QUE ESPERABAN Por Cristian Carrillo

La ley para pagarles a los buitres se aprobó pese a que la mayoría planteó que el acuerdo no es bueno.
Imagen: Bernardino Avila



› EL SENADO APROBO LA DEROGACION DE LAS LEYES CERROJO Y DE PAGO SOBERANO PARA PAGARLES A LOS HOLDOUTS

Los buitres ya tienen la ley que esperaban

El Senado completó el trámite parlamentario que había exigido el juez Griesa para efectivizar el acuerdo del Gobierno con los fondos carroñeros. Hubo 54 votos a favor del oficialismo y aliados, incluidos 23 del FpV, y 16 en contra.



Por Cristian Carrillo




El oficialismo obtuvo anoche en el Senado la media sanción que restaba para convertir en ley su proyecto para el pago a los fondos buitre. Es el primer triunfo parlamentario de Cambiemos, que será recordado como el inicio de un proceso de endeudamiento para el país y de la emisión de bonos más grande para una economía en desarrollo de los últimos veinte años, que tendrá como destino pagarle a los carroñeros. El proyecto, aprobado con 54 votos a favor y 16 en contra, contempla el pago en efectivo a los fondos demandantes y a otros holdouts con una emisión de 12.500 millones de dólares en títulos públicos. La votación contó con el apoyo de los tres partidos que integran la alianza oficialista (PRO, UCR y Coalición Cívica), sus aliados del massismo, el Peronismo Federal, el GEN, partidos provinciales, el espacio UNA y de poco más de la mitad de los senadores que integran el Frente para la Victoria. En la vereda de enfrente quedaron los senadores más duros del FpV y el único legislador de Proyecto Sur Fernando “Pino” Solanas, quien se declaró en contra pero se ausentó al momento de votar.

El debate parlamentario comenzó pasadas las 10 con asistencia casi perfecta de los senadores y se extendió hasta pasada la medianoche con la votación. La única ausente fue Magdalena Odarda de la Coalición Cívica, debido a un problema de salud. Las exposiciones se fueron sucediendo sin cruces entre los presentes. Cada uno dio su visión sobre el acuerdo con los buitres y la justificación, en la mayoría de los casos, de un voto positivo pese a manifestar serias críticas al proyecto. En este aspecto, la jugada del oficialismo de incluir en el debate de comisión a los gobernadores fue clave para obtener el apoyo de muchos senadores que terminaron evidenciando una clara fractura dentro del bloque del Frente para la Victoria.

Las diferencias internas tuvieron sus pases de factura en las exposiciones de aquellos legisladores kirchneristas que se mantuvieron firmes en el rechazo al proyecto del oficialismo. “No tengo la habilidad del contorsionismo intelectual de algunos compañeros de bloque para defender un acuerdo con Paul Singer”, disparó la senadora chaqueña del FpV María Pilatti Vergara. La alianza Cambiemos obtuvo quórum a partir del acompañamiento del Frente para la Victoria-PJ, que cuenta con 43 de los 72 integrantes de la Cámara alta.

El proyecto ratifica los acuerdos que alcanzó el gobierno de Mauricio Macri con los fondos buitre, que contempla el pago en efectivo a estos grupos carroñeros antes del 14 de abril, para lo cual se emitirá deuda por 12.500 millones de dólares a cinco, diez y treinta años. Además se derogan las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, una condición impuesta por los buitres y por el juez Thomas Griesa. Se prorroga también la cesión de jurisdicción para dirimir futuros litigios a los tribunales neoyorquinos y se da carácter de permanente a la Comisión Bicameral de Seguimiento del Pago de Deuda.
El debate

La mayoría del bloque que conduce Miguel Pichetto votó con el oficialismo –23 a favor y 16 en contra–, por pedido de sus respectivos gobernadores. “Nuestro bloque va a votar en un ejercicio de libertad democrática”, dijo Pichetto. Votaron por la afirmativa el senador por Río Negro y los senadores de las provincias de Salta, Catamarca, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Misiones, Tucumán, Corrientes y sus aliados de Santiago del Estero y La Pampa. Se sumaron el peronismo disidente, el GEN, el Movimiento Popular Neuquino y el bloque UNA. El rechazo provino de cuatro senadoras de La Cámpora y representantes por Buenos Aires, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Chaco y La Rioja. Estos últimos dos lo hicieron incluso pese a la solicitud de sus gobernadoras (ver aparte). También estuvo en contra Fernando Solanas (Proyecto Sur), quien al momento de la votación no estuvo presente porque viajaba al exterior.

El rechazo de la iniciativa por parte del kirchnerismo más duro estuvo encabezado por Juan Manuel Abal Medina. El senador por Buenos Aires explicó que, como conclusión de los debates en comisión, quedan grandes cuestiones sin resolver. “Por un lado, todos estamos de acuerdo en que hay que cerrar este capítulo y terminar con el default que nos encontramos, pero los acuerdos no dan seguridad jurídica y queda latente la posibilidad de que se inicie un nuevo ciclo de endeudamiento”, advirtió. El ex jefe de Gabinete del kirchnerismo apuntó contra las desprolijidades de algunos de los acuerdos alcanzados y de las inequidades entre lo que se le reconoce al fondo de Paul Singer y al resto de los holdouts.

En la misma posición se manifestó la mendocina de La Cámpora Anabel Fernández Sagasti, quien criticó “la urgencia y la extorsión para que se apruebe el proyecto a la que sometió el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, diciendo es esto o el ajuste”. “El ajuste ya comenzó el 10 de diciembre. No queremos que se pague bajo el costo de la miseria, el hambre y los derechos de los argentinos”, agregó la senadora. Sostuvo que el argumento de que la operación con los fondos carroñeros permitirá una baja en las tasas de interés es una falacia y remarcó que el endeudamiento requerido para cumplir con esos pactos implicará una erogación de mil millones de dólares anuales en intereses. El cálculo surge de la tasa de 8 por ciento sobre un monto de 12.500 millones de dólares. “Además, esos 12.500 no van a entrar a la Argentina, van a ir derechito a los fondos buitre”, agregó.

El catamarqueño Dalmacio Mera (FpV) defendió el desendeudamiento que llevó a cabo Néstor Kirchner y Cristina Fernández, pero consideró que “hay una discusión de la administración de la oportunidad y la conveniencia de ese pago”. Con estas palabras, el ex vicegobernador de Catamarca justificó su voto a favor de la propuesta. También votaron a favor los senadores Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso, de Compromiso Federal, aunque habían presentado un proyecto de minoría para que toda emisión de deuda pase por el Congreso, se devuelvan al ámbito parlamentario las facultades delegadas al Ejecutivo en materia de deuda y se ponga una fecha tope para la cesión de jurisdicción de las nuevas emisiones de deuda. El proyecto no se trató ayer en el Senado.

La senadora Norma Durango, del FpV La Pampa, fue quien dejó bien en claro la posición de varios legisladores. “Fueron los gobernadores los que nos permitieron informarnos para hacer un análisis profundo. Más que lograr consensos estamos coordinando disensos. No estoy ni conforme ni tranquila y se podría haber negociado mejor, pero voy a votar a favor”, sostuvo Durango. Fueron varios los integrantes de la Cámara alta que reconocieron que votaban en consonancia con el pedido de sus gobernadores, ante la promesa del oficialismo de abrir el canal de endeudamiento –para el cual requieren de autorización de Nación– para obras y para financiar sus déficit. Pino Solanas, en cambio, alertó sobre una vuelta a la cultura de la deuda. “Nadie ha dicho cómo se va a pagar y cómo se va a devolver”, sumó el senador.

Pedro Braillard Poccard, senador correntino por Cambiemos, sostuvo que “se puede tener firmeza en la votación por más que se tengan dudas”. Sostuvo que el riesgo de demandas de los bonistas que ingresaron al canje no es peor que la situación actual. “Lo que debemos hacer es tomar todas las precauciones posibles”, sostuvo el legislador de Cambiemos, aunque no explicó cómo hacerlo cuando la propia ley no las contempla. El senador radical Julio Cobos fue más allá y habló de “un punto de inflexión en nuestra economía”. El legislador mendocino encabezó la defensa del acuerdo con los buitres, que, según él, permitirá al país recuperar el acceso al crédito internacional. “Estamos actuando bien. ¿Se podría haber logrado un mejor acuerdo? Tal vez sí, tal vez no”, agregó Cobos, pero sostuvo que es muy difícil conseguir algo mejor. El resto de los que senadores que acompañaron la propuesta en general y particular, lo hicieron bajo la consigna de volver a los mercados, una política que en los noventa llevó al país a un ciclo de endeudamiento que culminó con la última crisis económico-social en 2001.




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miércoles, 30 de marzo de 2016

¿POR QUÉ MACRI NO SOPORTA TELESUR? (ES QUE TELESUR NO ES UN CANAL, TELESUR SOMOS TODOS) Por Aram Aharonian Alainet







30-03-2016

¿Por qué Macri no soporta Telesur? (Es que Telesur no es un canal, Telesur somos todos)



Alainet




A nadie debiera sorprender los pasos que, en materia de comunicación e información, esté dando el nuevo gobierno argentino, atentando contra la democratización y contra la pluralidad de opiniones, favoreciendo groseramente a grandes grupos mediáticos.

En esta Argentina donde se gobierna a través de decretos inconstitucionales, se intenta imponer la verdad única, la imagen única. Para ello es necesario acallar las voces e imágenes –los contenidos, las señales- que contradigan esos mensajes únicos, con relatos digitados y transmitidos casi al unísono desde las metrópolis del capital.

No hay anuncio oficial -¿apenas un globito de ensayo?- pero los medios comerciales repiten que Argentina se retirará como socio de La Nueva Televisora del Sur y que, a la vez, se elimina el canal (Telesur) de la Televisión Digital Abierta, por lo que tampoco sería de inclusión obligatoria en las grillas de todos los cableoperadores.

"Esta determinación va en línea con lo que nos hemos propuesto para los medios públicos, en términos de pluralismo y austeridad", trató de explicar el ministro de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, al decretar el fin del pluralismo. Se olvidó, incluso, de explicar en qué consiste la austeridad: en realidad, ¿qué gastos asumía Argentina?

Que el gobierno de Macri se haya empecinado en perseguir a Telesur, es una medalla en la pantalla de la televisora, ya que marca su importancia, y la impotencia macrista de no poder imponer impunemente imaginarios colectivos, cuando está abierta la ventanita de la verdad.

La verdad es que ni siquiera son originales. Antes de que saliera al aire, Connie Mack, un impresentable representante republicano de Florida, logró imponer en el parlamento una decisión en la que se declaraba a Telesur (que aún ni siquiera había difundido su señal de prueba) “una amenaza para Estados Unidos (ya que) trata de minar el equilibrio de poderes en el hemisferio occidental».

Debemos asumir que el tema de los medios de comunicación tiene que ver con el futuro de nuestras democracias. Hoy en día, en nuestra América, la monopolización mediática intenta suplantar a la dictadura militar. Son los grandes grupos económicos que usan a los medios y deciden quién tiene o no la palabra, quién es el protagonista y quién es el antagonista.

Ya no hacen falta tanques y bayonetas como 40 años atrás: basta con el control de los medios de comunicación, que se han convertido en escenario principal del conflicto social y principales actores políticos, invisibilizando primero a los partidos y ahora a los movimientos sociales fundados en la participación popular. Hace 40 años cerraron medios, desaparecieron, torturaron y asesinaron periodistas y editores y hoy también pretenden dictarnos qué leer, oír o escuchar.

Los grandes conglomerados económicos –que a su vez tienen como ariete a los medios de comunicación comerciales- son el verdadero poder fáctico en nuestros países (y quizá en el mundo). (Cualquier duda, pregunte a Lula o Dilma Rousseff, quienes en 13 años de gobierno no lograron llevar adelante una ley que controlara los oligopolios mediáticos en al país).

La redundancia, la exageración, la agresividad sin ideas, la caza del chivo expiatorio como regla del criticismo y los intereses comerciales y/o políticos-religiosos sin mayores –ni menores– principios, tratan de enturbiar el panorama impidiendo establecer jerarquías de problemas y reglas para su debate y resolución.

Nos ha costado asumir que el discurso comercial –bombardeado a través de información, publicidad y entretenimiento, con un mismo envase, disfrazado de realidad o de hechos naturales– es también un discurso ideológico, agresivo, limitante de nuestra libertad de ciudadano.

Y, para peor, Argentina (claro, en su anterior gobierno) había logrado la sanción de una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, consensuada por todo el país (menos los grupos mono y oligopólicos) que serviría de marco legal para la democratización de la comunicación. La ley no hacía la democratización: la permitía.

A un gobierno derechista no le sirve la información equilibrada, con múltiples fuentes, diversa, plural, donde los protagonistas no sean solo príncipes y gobernantes, sino también campesinos, amas de casa, trabajadores, estudiantes… y desocupados, indios, blancos, negros, multados, zambos… que muestren la realidad de nuestra Argentina y nuestra América latina en construcción.

Pero la derecha –incluso la argentina- sabe que no se trata solo del control de la información sino del control de la industria del contenido, que incluye la información, la publicidad, la cultura de masas o entretenimiento, los videojuegos. A lo ancho y largo del mundo los contenidos y los fines de la comunicación son puestos cada vez más en función del capital, para que los medios se conviertan en los nuevos misioneros del capitalismo corporativo, en el ejército de formación del imaginario popular y del avasallamiento de la conciencia social.

Los medios comerciales tratan de evitar debates: ellos presentan los problemas, deciden los protagonistas y antagonistas, fallan sobre el culpable, lo ejecutan moralmente. Intentan estimular el rechazo del conjunto de opciones políticas o, más banalmente, otorgar a la crítica un tono inconsistente que establece cierta complicidad con la desmemoria, los humores cambiantes o la frivolidad de algún sector de los lectores o de la audiencia.

La derecha quiere que los medios sirvan para denunciar escándalos pero no para que presten una atención equivalente a los nuevos problemas de diseño o reestructuración del Estado, la crisis de la educación o la salud, la agobiante exclusión social. La mayoría de los operadores de los medios comerciales parece imaginar un eterno festival de rencillas domésticas y negociados ubicables en la portada de un periódico o en los titulares de un noticiero, y lo que es aún peor, parecen empeñados en hacerle creer a la sociedad que el poder y el futuro tienen solo esa cara.

El gobierno de Mauricio Macri, dice el Nobel Pérez Esquivel, "no se ha caracterizado por la defensa de los derechos humanos". Y hoy ataca a Telesur, como mañana, seguramente, atacará Mercosur, Unasur, Celac, como se lo exigen sus patrocinadores (ellos leerán sponsors).

Telesur, de la utopía a la realidad

Telesur fue uno de los proyectos más importantes en la última década en América Latina y el Caribe: constituye la primera tentativa seria de liberación audiovisual y de descolonización mediática, quizá no solo en América latina. Surgió como un proyecto estratégico orientado a contrarrestar el mensaje hegemónico del Norte mediante la creación de un canal multiestatal latinoamericano.

La idea era cristalizar aquel sueño acariciado durante años por periodistas y trabajadores de la cultura de la región, de ofrecer la imagen y la voz de América Latina a todo el mundo, y, a la vez, ver el mundo desde una perspectiva propia.

Por primera vez se gestaba un espacio público multiestatal en televisión para difundir una realidad latinoamericana que era, en buena medida, invisibilizada, ocultada, ninguneada o minimizada por los grandes medios de comunicación de los países desarrollados e incluso por los medios comerciales de la región. Como señal alternativa (al mensaje hegemónico) nuevos actores se fueron sumando a la pantalla, y aquellos que durante muchos años no habían tenido voz ni imagen comenzaron a informar y ser informados.

Una de las ideas fundadoras es que Telesur pudiera tender puentes entre los pueblos del continente. Como decía un documento del canal: Vernos es conocernos, conocernos es respetarnos, respetarnos es aprender a querernos, y querernos es el primer paso para integrarnos. Si la integración es el propósito, Telesur es el medio.

Telesur no trataba de hacer una CNN latinoamericana o de izquierda sino de revolucionar la televisión, con rigor periodístico, veracidad, calidad y entretenimiento, información y formación de ciudadanía. Y, junto al proyecto de la televisora, transitaba otro que considero más importante: la Factoría Latinoamericana de Contenidos, que garantizara contenidos nuevos, -que partieran de la premisa de vernos con nuestros propios ojos- para Telesur y todas las televisoras que fueran surgiendo.

Telesur demostró que sí se podía hacer una televisora de alcance masivo, que mostrara nuestra idiosincracia, nuestras realidades, nuestras luchas, nuestros anhelos. Que nos mostrara tal cual somos, en toda la inmensidad de la diversidad étnica y cultural, en toda la pluralidad de la región. Lamentablemente el alcance de Telesur estuvo limitado por ser un canal satelital y haber optado por ser una señal eminentemente informativa.

Quien más debió adaptarse a estos mensajes alternativos (a los hegemónicos), fue CNN en español, que después de 10 años de ocultamiento e invisibilización de negros, indios y movimientos sociales, debió comenzar en 2005 a cambiar su agenda, porque dejaba de ser el transmisor del mensaje único (cubrió la ceremonia indígena de asunción presidencial de Evo Morales, no pudo ignorar los golpes de estado en Honduras ni Paraguay, etc., etc.).

Macri puede irse, claro

En el otro tema: el gobierno argentino puede (está en su derecho de) salirse de cualquier convenio, atendiendo a las cláusulas de éste. Quizá deba pagar deudas, antes de lograrlo. La que no podrá pagar jamás es la que dejaría (permítame el condicional ya que no hay decisión formal alguna) con la ciudadanía argentina, conculcándole otro derecho: a la información. Siempre habrá una forma de ver Telesur, sobre todo si Macri y compañía no lo quieren.

Hace once años, cuando pusimos en marcha Telesur, eran por demás escasas las posibilidades de que el pensamiento crítico, las ideas progresistas, las luchas de nuestros pueblos, nuestra memoria histórica, nuestra idiosincrasia, nuestra gente, tuviera espacios en los medios. Quizá gracias a estos medios y al colonialismo cultural, nuestros pueblos tenían su autoestima por el suelo. La utopía permitió avanzar hacia una realidad consolidada. Y desde el comienzo, la derecha erró su percepción. Telesur no es un canal, no es una señal. Telesur es la lucha por la dignidad, la equidad y la justicia social, por la democracia participativa, por la conversión del habitante en sujeto político. Telesur somos todos, y así se lo está demostrando toda la región a estos gobernantes argentinos.



Aram Aharonian. Creador y fundador de Telesur. Primer director de la emisora (2005-2008).





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ARGENTINA, EL NUEVO ALIADO SUDAMERICANO DE ESTADOS UNIDOS Por Fabiana Frayssinet IPS






El presidente de Estados Unidos, Barack Obama (centro), acompañado por su homólogo argentino (derecha), Mauricio Macri, en el Parque de la Memoria, en Buenos Aires, donde están las fotos y los nombres de los 30.000 desaparecidos de la dictadura, que el 24 de marzo de hace 40 años se estableció en Argentina. En su último acto oficial de su visita al país, hizo autocrítica por el apoyo de Washington a esa y otras dictaduras en la región. Crédito: Casa Rosada





El presidente de Estados Unidos, Barack Obama (centro), acompañado por su homólogo argentino (derecha), Mauricio Macri, en el Parque de la Memoria, en Buenos Aires, donde están las fotos y los nombres de los 30.000 desaparecidos de la dictadura, que el 24 de marzo de hace 40 años se estableció en Argentina. En su último acto oficial de su visita al país, hizo autocrítica por el apoyo de Washington a esa y otras dictaduras en la región. Crédito: Casa Rosada





30-03-2016

Argentina, el nuevo aliado sudamericano de Estados Unidos


IPS


Tras una década de tensiones bilaterales, los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, y de Estados Unidos, Barack Obama, retomaron la amistad, que podría culminar con un Tratado de Libre Comercio (TLC) y una alianza con voluntad “universal”.

“Los Estados Unidos están listos para trabajar con Argentina”, sintetizó Obama, en la primera visita de estado de un mandatario estadounidense a este país sudamericano desde 1995, cumplida el miércoles 23 y el jueves 24.

George W. Bush (2001-2009) vino al país en el 2005, pero para participar en la Cumbre de las Américas, en la ciudad de Mar del Plata, justamente donde se enterró el Área de Libre Comercio de las Américas (Alca), ambicionado por Estados Unidos.

“Interpretamos su visita como un gesto de afecto, de amistad, en un momento en el que Argentina emprende un nuevo horizonte, un nuevo cambio”, sostuvo Macri en una conferencia conjunta realizada el miércoles 23 en la presidencial Casa Rosada.

“Está en su casa”, confirmó el centroderechista presidente argentino, en el poder desde diciembre, dando el tono de las nuevas relaciones entre Buenos Aires y Washington, que definió que serán “maduras, inteligentes y constructivas”.

La reunión se produjo después de la firma de varios acuerdos de seguridad, cooperación para el combate al narcotráfico e inversiones, con los que los mandatarios dejaron constancia de la incipiente amistad.

En cambio la relación con los centroizquierdistas Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa Cristina Fernández (2007-2015), del peronista Frente para la Victoria, la relación estuvo marcada por enfrentamientos que Obama, sintetizó en una entrevista previa a la visita, como “políticas antiestadounidenses”.

El punto culminante de esa enemistad se expresó durante la Cumbre de Mar del Plata.

“Hay que recordar que esa ocasión Argentina le dijo nada más y nada menos que no al ALCA”, recordó a IPS el politólogo Juan Manuel Karg, de la Universidad de Buenos Aires y del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas.

Pero ahora la tercera economía latinoamericana y Estados Unidos no solo retoman la amistad sino que buscan derrumbar otras barreras como por ejemplo, según anticipó Obama, la negociación de un TLC bilateral.

“Uno de los puntos principales que quedó en evidencia es el interés de Estados Unidos con Argentina pero también con América Latina en su conjunto en la profundización de los tratados de libre comercio”, observó Karg.

Argentina integra el Mercosur (Mercado Común del Sur) junto a Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Macri aclaró que para llegar a un eventual acuerdo de ese tipo, primero habrá que “fortalecer el Mercosur” para después “pensar en un acuerdo más amplio”.

“El Mercosur sigue siendo a pesar de todas sus limitaciones y a la lentitud de los avances el grupo económico más poderoso en América del Sur, donde desde hace varios años, había una posición de rechazo del Alca, de busca de autonomía, y de integración entre iguales”, recordó a IPS el excanciller Jorge Taiana (2005-2010), ahora diputado y presidente del Parlamento del Sur (Parlasur).

“El cambio de gobierno de Argentina y la situación tan difícil, política y económicamente, en Venezuela y en Brasil, indudablemente muestran un cambio y un retorno de la presencia de Estados Unidos, que quiere volver a tener más peso en las decisiones regionales”, opinó.

Para Karg “se abre un alerta ante la posibilidad de que a mediano plazo Argentina firme un TLC con Estados Unidos”.

Eso, analizó, podría darse de manera conjunta, si hay cambios de gobierno en Brasil y Venezuela, o “flexibilizando el Mercosur intentando que el Argentina sea un pivote entre ese bloque y la Alianza del Pacífico (conformado por México, Colombia, Perú y Chile), que a su vez tienen acuerdos con Estados Unidos.

En 2015, el intercambio comercial con Estados Unidos cerró con un déficit para Argentina de 4.727 millones de dólares. Las importaciones fueron de 7.655 millones de dólares y las exportaciones de 3.382 millones.

Pero ahora Obama, que estuvo en Argentina acompañado de una numerosa comitiva de empresarios estadounidenses, prometió ampliar las inversiones, ante la nueva apertura argentina.

“Un país que baja aranceles, abre importaciones, saca retenciones, liberaliza el mercado, se hace más atractivo para las inversiones de afuera. Me parece previsible que aumente la inversión extranjera directa”, expresó IPS el director de la edición del Cono Sur americano de “Le Monde Diplomatique”, José Natanson.

“Me parece que en este caso lo que se ve es obviamente es un cambio de política exterior del gobierno argentino, una de las áreas donde se ve más ruptura respecto del kirchnerismo”, sostuvo.

Durante ese período se priorizaron relaciones con socios como China y Rusia.

Macri en cambio prometió “insertar a Argentina en el mundo”. Antes de Obama visitaron Argentina, desde que asumió la Presidencia, el primer ministro de Italia, Matteo Renzi, y el presidente de Francia, François Hollande.

“Con la visita de Obama, Macri reafirma su voluntad de retomar un dialogo privilegiado con Estados Unidos, lo que recuerda bastante a los años 90 cuando el gobierno de Carlos Menem, estableció un dialogo privilegiado con ese país”, comparó Taiana.

Para el excanciller, la renegociación del nuevo gobierno con los “fondos buitre”, también contribuyó a limar asperezas.

“Antes Argentina resistía, mientras que ahora Macri decide pagarle a los fondos buitre. Con esto remueve lo que era la gran diferencia que había entre Argentina y Estados Unidos”, destacó.

Obama celebró esos acuerdos que “podrían estabilizar” su relación con el mundo financiero y “aumentar su influencia” en foros mundiales como el Grupo de los 20 (G-20), de potencias tradicionales y emergentes.

Pero para Obama que llamó a Macri a ser un “aliado universal”, la alianza tendría podría tener también alcances políticos, por ejemplo promoviendo en el mundo “las libertades civiles y la transparencia” o hasta combatiendo el terrorismo.

Al referirse a los atentados en Bruselas, “Obama fue muy enfático”, al decir que llamaría a los países aliados de Estados Unidos, “para tomar medidas contra el Estado Islámico”, observó Karg.

“Argentina, al pasar a ser un socio privilegiado de Estados Unidos en este nuevo momento histórico, también tiene que atenerse a lo que significa ser su aliado a escala universal y sobre todo en un momento geopolítico convulsionado”, analizó.

Los derechos humanos, invitados forzados

El viaje de Obama, culminó este jueves 24, día en que Argentina recordó el 40 aniversario del golpe que instauró una dictadura militar (1976-1983) que dejó 30.000 desaparecidos.

Ante las protestas de organismos de derechos humanos por la coincidencia de su visita con esta oscura página de la historia argentina, Obama decidió pasar el día en la turística región de Bariloche, al sur del país.

Pero antes confirmó su promesa de desclasificar nuevos archivos e inteligencia y militares, que aporten informaciones sobre la colaboración de su país con esa dictadura.

También tuvo el gesto de visitar, como último acto de su agenda oficial, el Parque de la Memoria, para homenajear a las víctimas de ese período.

Allí, rodeado de las fotos y los nombres de todos los desaparecidos, el mandatario hizo autocrítica del papel de su país en apoyo a la dictadura argentina y a otras de la región, en lo que calificó como “aquellos días oscuros”.

“Las democracias deben tener el valor de reconocer cuando no se está a la altura de los valores que defendemos. Cuando hemos tardado en defender los derechos humanos. Ese fue el caso en Argentina”, dijo.

“No podemos olvidar el pasado”, reconoció, antes de decir que hay que afrontarlo, para “cambiarlo y construimos un futuro mejor”, que, adujo, es en lo que ahora busca colaborar Estados Unidos.

“Me parece que es la forma en que Obama trata de mostrar un cambio de política de Estados Unidos con respecto a la represión y a su pasado compromiso con la dictadura”, subrayó Taiana.






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martes, 29 de marzo de 2016

UN REPRESOR SIN UNIFORME Por Alejandra Dandan


Marcos Levín, propietario de La Veloz del Norte y presidente de la Federación de Empresarios del Transporte de Salta



Por Alejandra Dandan

Primer empresario condenado por su responsabilidad en los crímenes de la dictadura. Marcos Levín, propietario de La Veloz del Norte y presidente de la Federación de Empresarios del Transporte de Salta, fue sentenciado a doce años por el secuestro y tortura de un delegado de su firma

UNA CONDENA A LA PATA CIVIL DE LA DICTADURA Por Alejandra Dandan


Los jueces condenaron a Marcos Levín y a los tres policías por responsables y partícipes necesarios en el secuestro de Víctor Cobos.





› EL EMPRESARIO MARCOS LEVIN RECIBIÓ 12 AÑOS DE PRISIÓN COMO PARTICIPE DEL SECUESTRO Y TORMENTOS DE UN TRABAJADOR





Una condena a la pata civil de la dictadura


Fue el primer juicio que entiende que hubo intervención empresaria para deshacerse de delegados y trabajadores combativos y disciplinar a los operarios. También fueron condenados tres policías de la comisaría 4ª de Salta.


Por Alejandra Dandan




Víctor Cobos no logró ver la cara de Marcos Levín porque lo tapaba una columna. Estuvo todo el día nervioso. Casi a las cinco de la tarde, los integrantes del Tribunal Oral Federal de Salta finalmente leyeron la sentencia que él esperó durante casi 40 años. Los jueces condenaron por mayoría al propietario de La Veloz del Norte y a dos ex policías a 12 años de prisión por participar del secuestro y tormentos contra Cobos. La condena también alcanzó a un auxiliar de la policía a la pena de 8 años de prisión. Esta es la primera vez que la justicia argentina analiza la responsabilidad empresaria en el contexto del terrorismo de Estado: el primer juicio que entiende que hubo intervención empresaria para deshacerse de delegados y trabajadores combativos y disciplinar a los operarios. Cobos era trabajador de la Veloz y delegado gremial de la UTA. Al escuchar la sentencia agradeció exultante la “justeza y honorabilidad” de los magistrados. “Pero también –dijo a Página/12– éste es el puntapié inicial, es como que se ha movido la pelota: ahora vamos a avanzar en todas las causas en lo que representa la responsabilidad civil, esto le he dicho a los compañeros, para que se haga justicia con semejantes empresarios muy poderosos que mucha gente y hasta los propios gobiernos, les tienen miedo.”

Terminó de esta manera en Salta el juicio oral que comenzó en el mes de septiembre después de innumerables cantidad de trabas y pedidos de nulidad de las defensas. Para cada uno de los actores de la acusación, acaba de concluir un juicio histórico. No sólo por lo que la sentencia representa para la provincia, sino por lo que significa para las investigaciones pendientes en todo el país.

Francisco Snopek y Juan Manuel Sivila fueron los dos fiscales del juicio. En diálogo con este diario marcaron un antes y un después de la sentencia. “El fallo sienta un precedente histórico –dijeron– porque a partir de ahora se entiende que hubo una intervención de los empresarios en las prácticas del terrorismo de Estado.” En ese mismo sentido se expresó David Leiva, incansable querellante de esta causa: “Estoy re-contento”, dijo apenas escuchó la sentencia. “Hubo diferencias en cuanto a la pena, pero los jueces entendieron que Levín hizo aportes para que se comenten los crímenes: aportó nombres, vehículos, supervisó a la policía y hasta que lo reconocieron en la comisaría. Yo me quedé a escuchar toda la sentencia, mirando las caras, porque estamos materializando la concreción de lo que fue la dictadura cívicomilitar, con la complicidad de los empresarios, que son los que recibieron los beneficios durante la dictadura, tuvieron esa enorme transferencia que hizo el Estado, la derogación de las leyes laborales que sufrieron los trabajadores con la clausura del derecho de huelga y hasta la estatización de parte de la deuda privada”.

En términos de números, la condena fue menor a la que pidieron fiscales y querellas. La fiscalía había solicitado 18 años para Levín y la querella 20. Aún así, nadie objetó el monto de la pena y quienes intervienen en estas causas señalan que es “muy elevada”.

La sentencia salió con los votos de los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Federico Santiago Díaz y la disidencia de Gabriel Casas, que se pronunció por una condena a tres años de prisión en suspenso.

Además de Levín, el TOF condenó a Víctor Hugo Almirón y Víctor Hugo Bocos, por entonces comisario y subcomisario de la Comisaría 4ª de Salta, donde fue trasladado Cobos junto a otra docena de trabajadores que aún no están en juicio y que hoy fue señalado como centro clandestino de detención. También condenaron a Enrique Víctor Cardozo que era auxiliar de la comisaría.

Levín no es el primer empresario condenado por juicios de lesa humanidad, sin embargo sí es el primero que es juzgado como co-responsable del aparato represivo. En 2012 fueron condenados los hermanos Emilio y Julio Méndez en Tandil, pero, en ese caso, los juzgaron por el aporte puntual de una quinta que sirvió como lugar de detención ilegal donde estuvo recluido el abogado laboralista Carlos Moreno. Este caso es diferente, como señala la abogada del CELS Luz Palmas Zaldúa: “Acá se analizó el crimen de lesa humanidad con todas las características del empresario que aporta para deshacerse de los delegados gremiales y para generar el disciplinamiento de los trabajadores”.

El secuestro

Víctor Cobos estuvo secuestrado entre diciembre de 1976 y enero de 1977. Era empleado de la Veloz del Norte y delegado de la UTA. Levín había iniciado una causa por una supuesta estafa contra los trabajadores con la que intentó revestir de legalidad los procedimientos ilegales. Además de Cobos, fueron secuestrados y torturados más de una docena de trabajadores que no formaron parte de este juicio porque distintas instancias judiciales dieron sus casos por prescritos, una decisión que aún debe resolver la Corte Suprema. Cobos es el único caso que llegó a instancia oral y sobre el cual se hizo el juicio. Durante el correr del debate, querellas y fiscales señalaron que el objetivo central de la persecución y de la represión sufrida por todos los trabajadores de la empresa tuvo efectivamente por objeto el disciplinamiento. Luego de la reconstrucción del contexto histórico, y en línea con los análisis que intentan hacerse en otras causas del país, la fiscalía planteó que la escalada en los conflictos patronales-sindicales ocurridos entre 1975 y 1976, fue “el antecedente inmediato” de los secuestros y señaló que la represalia buscó generar un “efecto disciplinador y ejemplificador” sobre el conjunto de los trabajadores de la empresa. Sobre el caso particular de Cobos, lo describieron en sus múltiples dimensiones: como trabajador y delegado gremial y señalaron además la persecución a su grupo familiar y el vínculo con otros trabajadores perseguidos.

Los fundamentos de la sentencia se van a conocer el 23 de mayo. Acusación y querellas esperan ese día para entender las razones del monto de la pena, pero también el tipo de análisis que hicieron los jueces sobre el contexto histórico y la relación mundo sindical, empresa y represión. Ese análisis puede impulsar no sólo la investigación por el resto de los trabajadores de la Veloz, sino el camino para las investigaciones en curso y aquellas que aún están pendientes.

“Hay que esperar la sentencia para ver cómo los jueces entendieron el contexto porque eso va a permitir entender cómo miran lo que sucedió con los otros trabajadores –dice el fiscal Sivila–. De momento sobre ese punto no dijeron nada y está bien porque sería pre-juzgamiento. Hoy nos parece muy positivo la condena y también que hayan declarado que se trató de un crimen de lesa humanidad. Ahora es importante ver la argumentación que hicieron porque uno de los aspectos centrales que tuvimos en cuenta como fiscalía fue el análisis de los patrones de este caso en comparación con otros que se dieron en otros lugares del país.”

Uno de los elementos centrales de este juicio fue la reconstrucción abrumadora de aportes que hizo Levín para la materialización de los secuestros. Esos aportes incluyeron información de inteligencia; diagramas de servicios, domicilios, datos sobre la actividad gremial, listas de trabajadores a ser detenidos, vehículos, personal, estructura física pero también la “acción psicológica” por “crear las condiciones sociales favorables para el accionar represivo con la publicación a través de la Federación de Empresarios Salteños de Transporte y de las solicitadas publicadas en los medios de prensa, de un pedido público para que se aplicara la ley antisubversiva e intervinieran los militares y las fuerzas de seguridad (ver aparte)”.

Esta fue la aproximación que se hizo mientras el Ministerio de Justicia, el Cels y Flacso concluían el Informe sobre Responsabilidad Empresaria Durante el Terrorismo de Estado que también sistematizó lógicas, patrones y prácticas. De los 19 patrones de conducta que recogió el Informe en los 25 casos que se analizaron, la Veloz reunía una importante mayoría de indicadores. Es en ese universo donde también puede impactar la sentencia. “A partir del relevamiento de casos que hizo Cels y otros organismos el año pasado donde quedaron delineados una serie de patrones de conducta –dicen los fiscales– vimos que este caso reunía una importante mayoría de esos indicadores. Hay que ver si el TOF toma esa argumentación y en ese sentido va a ser positivo para analizar analogías con otras formas de intervención de empresarios en otros casos”.

La sentencia se escuchó en el Juzgado Federal de Salta. Afuera, los organismos de derechos humanos llegados desde las provincias del noroeste montaron un escenario para esperar el fallo. La bandera de los obreros de las empresas reprimidas durante la dictadura logró posarse sobre el escenario. Un parlante quedó montado afuera para escuchar la sentencia. Cuando el TOF leyó la condena a Levín, en la calle se escuchó como el “Como a los nazis les va a pasar”.

“Hoy mi hermano puede estar en paz porque uno de sus asesinos está sentenciado a doce años”, dijo Cobos sobre el escenario. Habló así de uno de sus hermanos perseguido en un Falcon celeste de la Veloz por el comisario Bocos. “Esto es muy emocionante, estuvimos cuarenta años esperando esta Justicia. Desde 1984 vengo denunciando esto, hoy hemos llegado a la etapa final. Agradezco a los jueces una sentencia de estas características. Y a todos. Vengo de recorrer otros lugares y en Salta se ha dado la misma modalidad que en todas partes, con la diferencia de que Levín directamente me puso el ojo a mí y a los demás activistas”.

Carolina Varsky, coordinadora de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad del Ministerio Público, señalo que “en el marco de la conmemoración de los 40 años es muy importante la sentencia y una vez más probar la responsabilidad civil que tuvieron algunas personas en el golpe, la complicidad de los civiles en la comisión de estos delitos”.

Luz Palmas Zaldúa, desde el Cels, consideró que la sentencia era “importante como prueba para analizar la responsabilidad en otros crímenes de lesa humanidad de otros trabajadores de la empresa”. “También –agregó– es muy importante que un tribunal analice el contexto social y político. Aunque debemos esperar los fundamentos, se pudo probar que claramente hubo un sector de empresario que estuvo ligado a los crímenes de lesa humanidad en la persecución de sus trabajadores. Es auspicioso para pensar nuevas investigaciones judiciales porque de algún modo abre el camino de que lo que planteamos históricamente y lo que se está planteando en muchas investigaciones judiciales, más allá de lo individual de cada caso permite visualizar y pensar que es posible obtener resoluciones judiciales condenatorias hacia un sector del empresariado vinculado a los crímenes de lesa humanidad.”

Levín fue dueño de la Veloz del Norte desde su fundación en 1942. Según recuerda el informe sobre Responsabilidad empresaria, vendió 50 por ciento de su capital accionario en septiembre de 2012 a Luis Derudder, dueño de Flecha Bus. En enero de ese año, este diario había hecho público su pedido de indagatoria por crímenes de lesa humanidad.



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lunes, 28 de marzo de 2016

MEMORIA ACTIVA Por Raúl Kollmann




Por Raúl Kollmann

Casi ocho de cada diez argentinos repudia la dictadura militar y sólo el 1,6 por ciento se siente “orgulloso” de ella. La gran mayoría no lo considera un tema cerrado y más del 60 por ciento reclama que el gobierno de Macri impulse la continuidad de los juicios frente a un 3,5 que pide que los termine



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NI OLVIDO NI PERDÓN Por Raúl Kollmann





› ENCUESTA EXCLUSIVA: LA SOCIEDAD ARGENTINA A 40 AÑOS DEL GOLPE CIVICO-MILITAR





Ni olvido ni perdón


Un estudio de Ibarómetro muestra que amplias mayorías sostienen que deben seguir siendo juzgados quienes cometieron crímenes en la dictadura. Esa postura está fuertemente arraigada entre los más jóvenes. También es mayoritaria entre los votantes de Cambiemos.




Por Raúl Kollmann




Las multitudinarias marchas del jueves, en Plaza de Mayo y en todo el país, no fueron casualidad. Reflejan las opiniones negativas que tienen ocho de cada diez ciudadanos respecto de la dictadura militar y que una clarísima mayoría sostiene que “no es un proceso cerrado, porque todavía hay muchas cosas que resolver”. Aunque a los argentinos esas opiniones les parezcan casi naturales, lo cierto es que en otras sociedades no tienen la misma mirada sobre las dictaduras: no es así en Chile, en España, en Uruguay ni en Brasil, donde amplias franjas de la sociedad consideran lo ocurrido como algo no tan grave, del pasado o un tema que se debe cerrar con una reconciliación nacional. En la Argentina, en cambio, amplias mayorías sostienen que hay que seguir juzgando a los que cometieron crímenes y secuestros durante la dictadura y que de ninguna manera debe darse vuelta a la página. Esa postura está incluso fuertemente arraigada entre los más jóvenes, los que no vivieron el Proceso.

Las conclusiones surgen de una amplia encuesta de la consultora Ibarómetro, fundada por Doris Capurro, y que hoy conduce el sociólogo Ignacio Ramírez. En total fueron entrevistadas mil personas de la Ciudad Autónoma de Buenos y de los municipios del Gran Buenos Aires, y se respetaron las proporciones por edad, sexo y nivel económico-social. El cuestionario fue amplio y permitió abordar todos los temas al cumplirse el 40º aniversario del golpe cívico-militar de 1976. El sondeo de Ibarómetro fue especialmente realizado para Página/12.
Rechazos

“El estudio ilumina la anatomía de la memoria colectiva vinculada al Proceso Militar –señala Ignacio Ramírez–. En este sentido, la encuesta alumbra un amplio y transversal consenso en torno al profundo significado negativo que la sociedad le atribuye a la última experiencia militar. A diferencia de lo que ocurre en otras sociedades, como España o Chile, no se observa entre los argentinos una corriente significativa que le otorgue legitimidad o justificación al gobierno inaugurado por el golpe del 76. Quienes lo respaldan representan un bolsón muy minoritario y marginal de la opinión pública. En suma, el masivo rechazo al golpe constituye un dato de la cultura política argentina, donde su defensa no tiene un lugar importante en la sociedad ni tampoco en el sistema político”.

El trabajo de Ibarómetro muestra que los sentimientos negativos suman un 80 por ciento de las opiniones, con ciudadanos que sostienen que asocian la dictadura con un sentimiento de tristeza, de bronca o de miedo. Debe tenerse en cuenta que gran parte de los encuestados no vivieron la dictadura, pero sí tuvieron padres, madres, abuelos y abuelas que transitaron por aquellos años. De manera que la experiencia fue transmitida por los mayores a una buena parte de la sociedad. Del otro lado, hubo campañas de enorme magnitud para sofocar esa manera de ver las cosas. Sobre todo en los años 90, el gobierno de Carlos Menem lanzó extensas campañas por la reconciliación, tratando de instalar ideas del estilo de hay que dejar atrás el pasado. Aun así, en la inmensa mayoría se sigue imponiendo el repudio al genocidio y en las marchas del jueves se pudo ver, con claridad, la adhesión totalmente transversal desde el punto de vista de las generaciones: estuvieron en las movilizaciones miles de abuelos acompañados por sus hijos y nietos.

Del otro lado, la encuesta de Ibarómetro muestra que apenas el 1,6 por ciento de los consultados dice sentir orgullo respecto de lo hecho por los militares durante el proceso. Debe pensarse que a lo largo de estos años han tratado de sumar argumentos: que los uniformados enfrentaron a la guerrilla, que hubo dos demonios, que salvaron al país y otras frases por el estilo. Incluso el presidente norteamericano Barack Obama intentó equiparar derechos humanos con la lucha contra el comunismo para, tímidamente, justificar el apoyo de Estados Unidos a los golpistas. Hoy por hoy, en la Argentina, la reivindicación de lo hecho entre 1976 y 1983 no pasa del diez por ciento de la sociedad. Es el porcentaje tradicional de una franja de la población con posturas autoritarias en casi todos los temas: darle mayor poder a la policía, expulsar a los extranjeros –sobre todo a los de los países limítrofes–, rastros de antisemitismo y rechazo al matrimonio igualitario. De todas maneras, de ese diez por ciento sólo el 1,6 utiliza el término orgullo para referirse a lo hecho por los militares durante el Proceso.
Edades

Ramírez sintetiza la cuestión de las edades de la siguiente manera: “Resulta elocuente que los menores de 30 años, aquella generación socializada políticamente durante el kirchnerismo, sean los menos receptivos de la idea de pasar la página y cerrar el tema. El concepto según la cual es un tema cerrado suscita adhesiones minoritarias en contraste con una enfoque más extendido según el cual aún quedan muchas cosas por resolver en materia de verdad y justicia. Es decir, más allá de la tarea de la justicia, existe una sociedad que no se pronuncia en favor del olvido; lo cual singulariza nuevamente a la Argentina, cuyos avances en justicia y en políticas de la memoria contrastan con otra sociedades donde los reinicios democráticos se transitaron sin condenas ni activas políticas de la memoria”. Uruguay vivió más de un plebiscito sobre la cuestión de la caducidad de la imputación a los militares y siempre la votación fue muy dividida. En España fue imposible colar legislación contra los genocidas del franquismo y en Chile sigue existiendo un bloque político alineado en mayor o menor medida con el pinochetismo. La existencia de los organismos de defensa de los derechos humanos en la Argentina marca toda una diferencia. Cada uno jugó su papel decisivo –se vio con la increíble recepción a Hebe de Bonafini cuando el camión entró en la Plaza de Mayo el jueves y la generalizada emoción que el hallazgo de cada nieto por parte de Abuelas produce en la sociedad.
Juicios

“Desde la perspectiva ampliamente compartida de que a 40 años el caso de la dictadura no está cerrado –afirma Ramírez–, debe comprenderse que un 61,4 por ciento afirma que el actual gobierno de Mauricio Macri debería impulsar la continuidad de los juicios contra los responsables de los crímenes del Proceso. Aquí el pedido de continuidad es transversal a los diferentes segmentos políticos de la sociedad. El reclamo se reduce en el segmento oficialista de la población –o sea los que votaron a Mauricio Macri– pero aun en este sector el pedido en favor de la continuidad de los juicios mantiene proporciones dominantes. En un escenario político fuertemente polarizado, el pedido por profundizar el camino de verdad y justicia se convierte en uno de los pocos puntos de encuentro de sectores con orientaciones políticas muy divergentes”.

Parece obvio que no existe ahora la misma voluntad estatal de trabajar intensamente para juntar pruebas y testigos para los juicios contra genocidas y torturadores. Algunos organismos dedicados a esa función están siendo desmantelados con el argumento del excesivo gasto del Estado. Aun así, el presidente Macri y hasta su par Obama tuvieron que sintonizar con la mirada de la mayor parte de la sociedad con la visita al Parque de la Memoria en la Costanera Norte. El mandatario norteamericano terminó esquivando una autocrítica por el papel de Washington en el genocidio argentino, tratando de disolver las violaciones a los derechos humanos en la lucha contra el comunismo. Nadie mencionó que fue allí, en la capital de Estados Unidos, donde a Leopoldo Fortunato Galtieri lo denominaron “general majestuoso”.

La postura sobre la dictadura se condensa en la cuestión de los juicios. El grado de acuerdo con su continuidad es aplastante. Sólo el 3,5 por ciento afirma que hay que dar marcha atrás en ese proceso de juzgamientos.
Gobiernos

En la encuesta se hizo una evaluación sobre los distintos gobiernos y sus logros en materia de derechos humanos. “A la hora de hacer un balance sobre lo hecho desde la recuperación de la democracia, la sociedad le reconoce a los gobiernos kirchneristas y al gobierno de Raúl Alfonsín valiosas contribuciones respecto a este tema en torno del cual –pese a estar atravesado por debates y revisiones distintas– se configura un activo consenso: Nunca Más. De cualquier manera se advierte un interesante contraste al diferenciar las opiniones en función de la edad: los menores de 50 años tienden a reconocer en el ciclo kirchnerista los principales aportes mientras que los mayores de 50 años (segmento que en general luce una mirada más crítica respecto a los anteriores gobiernos) identifican en mayor medida al gobierno de Raul Alfonsín como la gestión más comprometida con esta tarea. Por su parte, los gobiernos de Carlos Menem, de la Alianza y de Eduardo Duhalde no recogen prácticamente ningún crédito en relación con los derechos humanos vinculados con el terrorismo de Estado”. Parece obvio que el reconocimiento al gobierno de Alfonsín tiene que ver esencialmente con el juicio a los comandantes en jefe, muy valorados por los ciudadanos de todas las edades, y no con las controvertidas leyes de obediencia debida y punto final. Por el otro lado, los gobiernos kirchneristas están atravesados por el debate político actual, pero parece cantado que en la última década se produjeron los avances reales en materia de juicios a los responsables de crímenes durante la dictadura.

“Frente a estos marcados contrastes y discontinuidades percibidas –concluye el titular de Ibarómetro–, surge de aquí en adelante la oportunidad de que el consenso social que la encuesta detecta se traduzca en una verdadera política de Estado sostenida por gobiernos de signos políticos e inclinaciones ideológicas diversas. En este sentido, y en una coyuntura en la que se discute recurrentemente el significado de la herencia, el estudio revela una herencia simbólica y cultural poco atendida por los analistas, relacionada con un clima de valores en cuya configuración el Gobierno anterior tuvo un rol destacado y por el cual se rechaza enérgicamente cualquier tipo de olvido y/o regresión autoritaria”.





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