Los inversores extranjeros advierten al gobierno que es necesario imponer el tarifazo
Mauricio Macri opina que la liberalización de las tarifas y el fin de los subsidios estatales a los servicios públicos como el gas, la luz y el agua son claves para atraer inversiones extranjeras, lo cual implica lisa y llanamente que los usuarios paguen las ganancias de las empresas que se preparan para ingresar al negocio energético
Detrás de la postura presidencial existe un poderoso lobby de empresas multinacionales, sobre todo de EE. UU., Gran Bretaña y China cuyos gobiernos siguen con atención el conflicto desatado por el tarifazo y la capacidad del macrismo para imponerlo.
Allí se anotan las norteamericanas General Electric y la anglo-argentina Pan American Energy, entre otras. Tampoco faltan empresas nacionales como YPF y el empresario Marcelo Mindlin, dueño de Edenor, Pampa Argentina y reciente propietario de Petrobras.
Mientras esperan el dictamen de la Corte Suprema apuestan a la campaña del miedo como el presidente de Edenor, Ricardo Torres, quien afirmó: “En cuestión de días nos vamos a quedar sin dinero. Es difícil imaginar qué va a pasar; no podremos pagar los salarios y tampoco los gastos”.
El chantaje viene acompañado de cada vez más cortes por “pérdidas de gas” que tardan semanas en subsanarse, “interrupciones por baja tensión” que no se solucionan en tiempos razonables, dejando usuarios sin servicios, en un marco de victimización de las empresas y una puja política y judicial por los aumentos en las tarifas.
Mientras tanto Edesur no se priva de despedir trabajadores (ya hubo 186), el titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC), Osvaldo Bassano, señaló que: “El cableado es deficitario y los cortes duran semanas porque no hay cuadrillas, no tienen gente porque la despiden; cuando por fin reparan, lo hacen con materiales deficientes que vuelven a fallar. Es porque no hacen los mantenimientos correspondientes, compran materiales de baja calidad y ni el ente regulador ni el gobierno los controlan”. Y se termina preguntando: “¿Qué han hecho con los subsidios recibidos en estos años?”. Tal vez allí encontremos la explicación por la cual el gobierno eludió una audiencia pública que hubiera puesto blanco sobre negro esta situación ante la opinión pública, desnudando la estafa y el vaciamiento provocados por las empresas de energía privatizadas en los ’90.
Pero ahora, según la Canciller Susana Malcorra, “el mundo mira hasta dónde será sustentable la adecuación de tarifas”. El tema ya es parte de la agenda internacional y cabe preguntarse ¿por qué?
Es la lucha de clases, tonto
Está en juego la capacidad del gobierno para imponer una medida básica del Estado en todos los tiempos: el cobro de impuestos.
No es un tema menor. Se remonta a los orígenes de los antiguos estados que lo hacían esencialmente para financiar las guerras. En Argentina, la movilización popular lo ha impedido durante meses porque la desobediencia ciudadana le viene ganando la pulseada al macrismo, a pesar de la agachada de las conducciones sindicales burocráticas.
Atrás quedaron los meses de la devaluación, la eliminación del cepo cambiario y el acuerdo con los fondos buitres que arrancaron los aplausos de la burguesía nacional e internacional y que ahora dudan de invertir en Argentina porque lo que está en juego es la gobernabilidad.
Y los números de la economía se siguen deteriorando. El Centro de Estudios de la UIA calculó que la caída en la actividad industrial de junio fue de un 9,6% con relación al mismo período del año anterior, con picos del 15,4% en el acero y un 19,8% en la fabricación de automóviles. Solo la molienda de oleaginosas que creció un 21% en la primera mitad del año, posibilitó que la caída no fuera aún mayor. Esta situación va de la mano de una mayor cantidad de importaciones (9,1% según el Indec), sobre todo de bienes de consumo (22,2%), el menor dinamismo de los mercados exteriores, en especial China y Brasil, el costo de financiación (42% para las Pymes), la retracción en la construcción (14,2% en el primer semestre del año), la destrucción de 27.000 empleos y la disminución de la cantidad de horas extras en un 8%.
José Sorabilla (textil) contó que TN Platex tiene tres plantas cerradas, una más de Alpargatas y en el medio, “el gobierno abre las importaciones con las compras por internet”. “Nadie invierte en una economía que se achica”, remató José de Mendiguren.
José Luis Coll, de Misiones, comentó que: “La gente cruza a Brasil, no solo a comprar nafta. También trae carne, a la mitad de precio”. Mientras, Daniel Funes de Rioja, de la Cámara de la Alimentación, aportó que los alimentos en Brasil salen 40% menos.
Como resultado de la alta inflación, también siguió cayendo el consumo de los hogares, totalizando en el primer semestre del año un 4%. El rubro más afectado son las bebidas, los lácteos y el cuidado personal.
El único nivel socio-económico que pudo sostener su consumo fue el alto-medio que comprende al 22% de la población. Mientras, la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) daba cuenta que las ventas totales en los comercios minoristas bonaerenses bajaron 8,9% en julio, frente a igual período del año anterior. Los descensos más destacados se produjeron en Línea blanca y electrónicos (-14,3%) y Construcción (-12,6%). Bebidas y alimentos cedieron 2,3% y Medicamentos 5,3% interanual. Los supermercados vendieron un 13,1% menos en el Gran Buenos Aires y en el interior de la provincia el retroceso fue mayor: 15,3%. Finalmente, en los centros de compras de los 24 partidos del Gran Buenos Aires las ventas disminuyeron un 24,2%.
Dentro de los balances publicados por las empresas del segundo trimestre y el primer semestre de 2016, el sector bancario se posiciona como el rubro con mayores ganancias. Los mejores resultados fueron para el Banco Macro que ganó en el segundo trimestre $ 1.800 millones, un 119% más interanual y Banco Francés que embolsó $ 963 millones, un 44,4% por encima de igual período de 2015.
Paritarias
Los docentes bonaerenses realizaron el primer paro de actividades al gobierno de María Eugenia Vidal el jueves pasado en coincidencia con la protesta que realizaron otros gremios estatales agrupados en ATE y la CTA provincial.
El pasado 7 de julio se hizo el primer encuentro de la comisión técnica. En la oportunidad los sindicatos docentes entregaron una propuesta de recomposición e incremento salarial.
En la Gobernación adelantaron que no reabrirán la negociación, manteniendo lo firmado en marzo (34,5%). La huelga afectó a 3,1 millones de alumnos.
Finalmente, la CTERA, luego de un no inicio de clases en más de 15 provincias y cuando más de 10 provincias luego del receso invernal continuaron en conflicto, reclamando la reapertura de las paritarias ante la reducción del salario real de los trabajadores, decidió un paro nacional para el 24 de agosto y una movilización para el 2 de septiembre, día que la “Marcha Federal” -de la que aún no se conoce ni demandas ni convocantes- llega a Buenos Aires.
Esta propuesta llega en el marco de una creciente inflación del 47 % y un brutal aumento de tarifas del 400 % que está a la espera de de la resolución de la Corte Suprema, mientras que el salario docente -que Ctera negoció a espaldas de los maestros y arregló a la baja- quedó muy por debajo de la canasta básica familiar hoy valuada en los $ 19.000, como sucede con el salario inicial en Buenos Aires de $ 9.800 para un maestro de grado. Además, son múltiples las problemáticas en todas las escuelas desde los comedores, nuevos estudiantes por debajo de la línea de pobreza y problemas edilicios de todo tipo, más los anuncios de la evaluación docente y el intento de aumentar la edad jubilatoria.
En Santa Fe, la asamblea provincial definió la realización de dos paros de 24 horas. El 24 de agosto y el 2 de setiembre los maestros exigirán la inmediata reapertura de la discusión salarial, la eliminación de la tablita de licencias, repudiarán nuevamente la discriminación a los jubilados y exigirán la actualización de las asignaciones familiares, entre otros reclamos. “Exigimos un salario equivalente a la canasta familiar, el blanqueo del incentivo y todas las cifras en negro", expresó el Secretario General de Amsafe y CTA Rosario, Gustavo Terés.
Por su parte, los docentes e investigadores universitarios nucleados en COAD realizarán este jueves 18 desde las 18:00 una asamblea en la sede gremial de Tucumán 2254. “En nuestro caso particular, la situación se ve agravada por un acuerdo salarial que resultó a todas luces insuficiente para recuperar el poder de compra que tenía nuestro salario a finales del año pasado y aún más lejano del mínimo vital y móvil demandado que para el Auxiliar de 1º categoría dedicación completa era de $18.500 en febrero/marzo de 2016”, explicaron desde el sindicato.
Con la presencia de 26 asociaciones de base, el Plenario de Secretarios Generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) resolvió la realización los días 17 y 18 de agosto de una Jornada Nacional de Protesta y Difusión por el pedido de reapertura de paritarias, aumento del presupuesto universitario y en defensa de la Universidad Pública.
Luego de paros en todas las oficinas de Telefónica, Telecom, Personal y Movistar, con una gran movilización fuera del horario de trabajo y volanteadas en las oficinas y en medio de una conciliación obligatoria de 20 días, la Comisión Administrativa de FOETRA Buenos Aires presentó el acuerdo salarial por un año, hasta julio de 2017. El mismo consiste en el cobro de $ 4.500 ahora y $ 800 en febrero, de los cuales solo una parte pasará al básico en abril y sin que las empresas aporten a la jubilación por 10 meses.
A pesar que está lejos del 39% del aumento reclamado al básico, la mayoría de los trabajadores aceptaron el acuerdo aunque el rechazo fue importante en varias oficinas, en particular las de Personal, donde continuarán trabajando 8 horas en vez de las 7, como lo hacen la mayoría de los convencionados de FOETRA.
La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud bonaerense (CICOP) y el gobierno provincial reanudaron el miércoles las negociaciones paritarias, donde el gremio reclamará un aumento salarial del 25%.
Trabajadores del laboratorio Roux-Ocefa cortaron la avenida Rivadavia a la altura del 9100, barrio de Villa Luro, en reclamo por los salarios que la empresa les adeuda y el despido injustificado de uno de los trabajadores.
Desde hace más de un año los trabajadores y trabajadoras del Laboratorio Medicinal Roux Ocefa, que preside Julián M. Roux, vienen cobrando el sueldo en cuotas que cada vez son más pobres y más espaciadas en el tiempo. “Al día de hoy nos adeudan cerca del 60% de junio, el 100% de julio y el aguinaldo” sostienen.
Despidos y suspensiones
El martes 9 se levantó el paro de petroleros en Chubut, ya que las empresas dejaron sin efecto las suspensiones y seguirán las conversaciones por el 18% de aumento.
Sin embargo, en Neuquén, la Cámara Empresaria, Industrial, Petrolera y Afines (CEIPA) anunció el despido de 1.200 operarios para los próximos días. Los primeros 600 telegramas ya fueron enviados, mientras que otros 600 trabajadores quedarían desafectados a la brevedad debido a la marcada baja que soporta la industria. El número total de despidos en la Cuenca neuquina, desde que comenzó a bajar el precio internacional del petróleo a mediados de 2015, alcanza a los 2.000 trabajadores. A éstos se les suman otros 1.500 que permanecen suspendidos. En Santa Cruz y Chubut, los suspendidos superan los 2.000 casos.
En la Cuenca neuquina se estima que las operaciones cayeron en promedio un 40%, llegando al 50% en el yacimiento de Vaca Muerta. Solo en esta área fueron bajados 44 equipos de perforación, respecto del 2015, según la Subsecretaría de Energía de Neuquén.
La delegada del Ministerio de Energía y Minería por la Lista Negra y Blanca, Valeria Mustoni, denunció que "mientras el Ministro de Energía sigue garantizando los negocios propios y ajenos, los trabajadores de la cartera siguen trabajando bajo contratos sumamente precarizados y con la amenaza de posibles despidos".
Recordemos que la diputada del Frente Renovador, Graciela Camaño, le pidió al Ministro de Energía, Juan José Aranguren, que “no nos tome por pavotes”, al afirmar que “firmó un aumento de gas y de petróleo” que favorecieron a la empresa Shell, de la que es accionista y en la que se desempeñó hasta el año pasado.
La delegada gremial aclaró también que “el menos el 70% de los trabajadores del Ministerio de Energía aún están bajo contratos tercerizados con la promesa de que nos pasarán a la contratación de Ley Marco (una especie de planta transitoria) pero con el riesgo de rebaja salarial".
Siguiendo con Aranguren se refirió al “alto grado de sindicalización de la actividad petrolera” para justificar la suba del precio de la nafta (de más del 30%), mientras a nivel mundial baja la cotización del barril de petróleo.
Representantes de Salta Refrescos S.A., que opera para la multinacional Coca Cola en la provincia de Salta, del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y Afines (SUTIAGA), y funcionarios del Ministerio de Trabajo provincial se reunieron el pasado viernes para firmar un acuerdo que cierra una etapa de un conflicto iniciado el pasado 18 de julio.
Tras un acuerdo firmado se reincorporaron 35 de 51 trabajadores que habían sido despedidos. Además se confirmaron 16 retiros voluntarios.
El secretario adjunto de la AOT (textiles), José Listo, remarcó que “pese a que había un compromiso de los empresarios de no despedir a nadie, en el primer semestre del año” ese gremio “acumula 313 despidos y más de 3.000 suspensiones”.
Listo explicó que “en el primer semestre del año la importación de toallas aumentó un 138%, lo que equivale a toda la producción de un año” y agregó: “Ahora nos encontramos que por el stock acumulado las empresas plantean interrumpir su producción y peligran más de 2.000 puestos de trabajo”.
El gremialista textil además indicó que “por esta situación la empresa Cotemina de Santiago del Estero aplicó suspensiones y amenaza con despedir a 240 trabajadores en el próximo mes de septiembre”.
La crisis del parque industrial de Trelew se profundiza tanto en la industria textil sintética, como en las peinadurías laneras, donde se están produciendo desde principio de año despidos y suspensiones de los obreros textiles.
A los atrasos en los pagos de la quincena y aguinaldo, se agrega que la mayoría de las fábricas están trabajando de lunes a jueves o semana por medio con un pago del 75% del salario de las horas caídas. Por ejemplo, Alter trabaja semana por medio o Propulsora Patagónica de lunes a jueves. La situación de Soltex es una de las más agobiantes ya que sus trabajadores hacen presencia en las instalaciones de la fábrica pero cobran el 25% de su sueldo semanal y generalmente con atraso.
En Casa Roma trabajan solamente con 6 personas, cuando el año pasado lo hacían al menos 30 obreros. Sedamil y Tendlarz son las únicas que por ahora trabajan regularmente. Por otro lado, las textiles que están bajo un régimen de cooperativa trabajan bajo pedidos y reciben un salario de hambre.
Hay que destacar que desde los años noventa se viene produciendo sistemáticamente el cierre de empresas textiles y de la confección. Antes de la década del noventa se llegó a tener más de 7.000 trabajadores, hoy no son más de 1.200.
Los trabajadores de Radio América nucleados en SiPreBA rechazaron la decisión del Ministerio de Trabajo de no otorgar a la totalidad de los empleados un subsidio luego de 8 meses de abandono de Sergio Szpolski, Matías Garfunkel y Mariano Martínez Rojas de la emisora y en el marco de la normalización y próxima caducidad de licencia que llevaría adelante el Enacom y que desembocaría en una re-licitación de la emisora.
El viernes 12 se les anticipó que el Ministerio de Trabajo pretende dejar fuera del subsidio a 49 trabajadores de los cuales el 65% son afiliados al SiPreBA y revisten categoría de productores, cronistas de exteriores, columnistas y conductores, es decir trabajadores de prensa reales. La situación es tan insólita que la cartera comandada por Jorge Triaca terminaría pagando un subsidio a directivos y personal que no trabajaba físicamente en la emisora, dejando a la deriva a quienes verdaderamente han encabezado la lucha contra el vaciamiento.
En un comunicado señalan: “En una clara maniobra contra nuestros representados, el Ministerio de Trabajo pretende tomar como parámetro supuestos despidos aplicados por Mariano Martínez Rojas, despidos que fueron invalidados en su momento por la propia cartera laboral porque fueron violatorios de las normas legales que impiden cesantías colectivas. A esto se suma que Martínez Rojas jamás pudo acreditar ante los organismos competentes ser titular o presidente de la empresa.
La contradicción del organismo que dirige Jorge Triaca es tan grande que hasta el propio Martínez Rojas rectificó en audiencia ante la cartera laboral esos despidos y fueron declarados nulos e ilegales por la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis de Empresas del Ministerio de Trabajo a cargo de María Laura Lambruschini que en fojas 261 a 263 del Expediente 1704684/15 los dejó sin efecto”.
A la caza de brujas
Mientras las autoridades policiales desmentían que en la protesta contra Mauricio Macri y María Eugenia Vidal el pasado viernes en Mar del Plata le hayan tirado piedras, lo que sí está probado fue la violenta represión con gases y balas de goma que sufrieron los manifestantes.
A la desmentida de Hijos Mar del Plata a las acusaciones de La Nación y Clarín se sumó una vecina de la Villa 31, acusada por TN e Infobae, de haber apedreado el auto que trasladaba a MM. Aclaró que no conocía Mar del Plata.
“Macri, persona no grata” decía el cartel que, sujeto a globos negros, sobrevoló el Cerro de La Gloria durante el acto que realizaron Macri y el gobernador mendocino Cornejo, a 166 años de la muerte de San Martín. Entre los gremios presentes, se encontraban ATE Mendoza, Sute, Sitea y Sadop.
Desde Sitea denunciaron el gran operativo policial que impedía acercarse al lugar donde, casi aislados, el gobernador y el presidente realizaron el acto.
La Intersindical continuará con sus medidas de lucha este jueves cuando desde las 18:00 realice una nueva marcha de las antorchas por el centro mendocino.
También en Misiones, este 18 de agosto organizaciones sociales y gremiales vuelven a convocarse en Posadas para una jornada de lucha que tendrá como objetivo hacer visible el agravamiento de las condiciones precarias de vida en la que se encuentran miles de familias en la provincia. Viajarán para participar de la movilización, el secretario General de ATE Nacional, Hugo "Cachorro" Godoy y el secretario de Relaciones Institucionales de la CTA Autónoma, Juan Carlos Giuliani.
Este jueves, 18 de agosto, más de 68 Curas en Opción por los Pobres y militantes de ese espacio iniciarán una huelga de hambre por 24 horas en solidaridad con Milagro Sala y en protesta por la pérdida del estado de derecho en Jujuy. Además, el domingo a las 17:00 se realizará en Plaza de Mayo una Misa por Milagro “en contra de la incomunicación y detención ilegal” de la diputada del Parlasur, a quien calificaron como “primera presa política de esta democracia de bajísima intensidad”.
La dirigente fue detenida el 16 de enero acusada de “instigación” de una protesta de cooperativistas de vivienda frente a la casa de Gobierno de Jujuy, y aunque en esa causa fue excarcelada nunca recuperó la libertad ya que a partir de ese momento se acumularon otros procesos en su contra.
También se conoció un documento suscripto por dos docenas de rectores y vicerrectores universitarios y varios decanos y ex funcionarios de primera línea, quienes valorizan la tarea llevada adelante por la organización Túpac Amaru, que “revirtió la histórica situación de emergencia habitacional en Jujuy, creó miles de puestos de trabajo, organizó trabajadores en talleres textiles, talleres metalúrgicos, comedores comunitarios, dos escuelas a la que concurren más de 2.500 estudiantes, y cooperativas de vivienda que construyeron miles de casas, clubes, centros de salud con alta tecnología y un gimnasio con pileta climatizada para los sectores más humildes, entre otras muchas cosas”.
Entre los firmantes se encontraban los rectores de las Universidades Nacionales de la Patagonia “San Juan Bosco”, Lanús, Arturo Jauretche, La Rioja, José C. Paz, General Sarmiento, Comahue, Moreno, Patagonia Austral, Hurlingham, Misiones, Avellaneda, Entre Ríos, Tierra del Fuego, Villa María, Quilmes, Río Cuarto y de las Artes, además de varios vicerrectores, el ex secretario de Políticas Universitarias, Aldo Caballero, el ex rector de la casa de estudios de General Sarmiento Eduardo Rinesi y la decana de la Facultad platense de Periodismo y Comunicación Social, Florencia Saintout, entre otras personalidades destacadas del mundo académico.
El martes pasado, agentes de la Policía Federal y la Prefectura avanzaron con carros hidrantes contra un grupo de integrantes del Movimiento Independiente de Jubilados y de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) que marchaban sobre el Puente Pueyrredón, en reclamo de un incremento en los haberes.
Mariano Sánchez, del Movimiento Independiente de Jubilados, sostuvo que "es una vergüenza nacional que un jubilado gane 4.900 pesos y nos van a dar 14,16 % de aumento, cuando nos están robando más con la inflación".
Minutos antes del mediodía, tras negociar con los referentes de la agrupación para que liberaran uno de los carriles, la Policía comenzó a tirarles agua teñida de azul desde un carro hidrante y empujarlos con sus escudos. Muchos de los jubilados fueron golpeados y sufrieron heridas.
También el martes, las seccionales Quilmes, Berazategui y Bahía Blanca del Suteba, entre otras, recibieron un email intimidatorio firmado por una supuesta guerrillamail. El correo amenazaba con hacer detonar un gas tóxico como consecuencia de haber realizado paros y de "haberse metido con el gobierno".
Al respecto, las Comisiones directivas de las seccionales opositoras (Quilmes, Berazategui, Bahía Blanca, La Matanza, Tigre, La Plata, Ensenada, Marcos Paz y Escobar), dieron a conocer un comunicado que sostiene: “Es muy grave que esto esté pasando en un contexto en el que crece el hambre y la desocupación, y el gobierno ratifica el ajuste y la represión, como ocurrió este fin de semana en La Plata y hoy día en Puente Pueyrredón, además de las amenazas a una abogada de derechos humanos en Tucumán. Es además un ataque a la organización sindical de los docentes, que estamos llevando adelante un plan de lucha. Repudiamos estas amenazas, hacemos responsable al gobierno por la integridad física de las y los compañeros amenazados, y exigimos inmediato esclarecimiento de los hechos. Nuestra entera solidaridad con las y los docentes y sus organizaciones sindicales que han sido intimidadas por estas prácticas que nos retrotraen al accionar de las bandas paramilitares de los años 70”.
Con una violenta represión de la policía bonaerense, fueron perseguidos, golpeados y encarcelados los miembros de la Comisión directiva de ASOMA y otras organizaciones como la CCC en el marco de un desalojo de campesinos pobres de las hectáreas del Parque Pereyra incluidas en el proyecto productivo aprobado el año pasado, con el objetivo de dar respuesta a la necesidad de tierra para producir. Estas tierras están destinadas para trabajarlas desde la creación del Parque.
Los trabajadores del Ingenio El Tabacal en Salta están hace más de 6 semanas en conflicto con la Seabord Corporation por aumento salarial y contra el cuarto turno, que implicaría que pierdan el 35 % de su salario. De esta manera la patronal de la multinacional yanqui obtendría mayores ganancias en detrimento de la calidad de vida de los trabajadores.
Ante esta situación, el Ministerio de Trabajo de la Nación expidió una notificación dirigida contra el Sindicato de Trabajadores del Azúcar de Salta (STA), donde se los cita en la sede provincial el próximo jueves a las 8:30 junto con la apertura de un sumario al sindicato por no acatar la conciliación obligatoria, con amenaza de sanción.
La notificación del Ministerio de la Nación parece estar en sintonía con el comunicado de prensa expuesto en la página de la empresa que plantea que “al no cumplir con la conciliación obligatoria, según la legislación vigente, el STA se pone en posición de ser multado y luego intervenido (…) Este paro es ilegal y por lo tanto habilita a Tabacal a tomar las medidas que considere oportuno dentro de la ley y a no pagar ningún día caído”.
Este ataque contra la organización sindical de los trabajadores por parte del Ministerio de Trabajo, las empresas y los gobiernos tiene un precedente en la provincia vecina de Jujuy contra el sindicato azucarero de Ledesma. Implica un avance contra el derecho legítimo de los trabajadores a realizar medidas de lucha por sus reivindicaciones y es una expresión más de los gobiernos nacional y provinciales, en estos casos al mando de Gerardo Morales (UCR), Carlos Haquim (massismo) y Juan Manuel Urtubey (PJ), que buscan criminalizar la protesta social, frente a una situación de tarifazos e inflación que impacta en el pueblo trabajador.
Fuentes: El Socialista, Clarín, Tiempo Argentino, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, www.agenciacta.org , www.ctarosario.org.ar , www.infogremiales.com.ar , www.ambito.com/diario , Anred, Red Eco Alternativo y APU.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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