PLAN SISTEMÁTICO DE NEGACIÓN Y OLVIDO Por Juan Manuel Valdés

Opinión

Plan sistemático de negación y olvido

Por Juan Manuel Valdés *

Los países que atravesaron masacres como la nuestra llevan adelante políticas de Estado para preservar la memoria. Una de ellas consiste en la penalización del negacionismo, esto es, la manipulación deliberada de la historia con fines de banalizar, negar o disminuir las proporciones de los actos cometidos durante los genocidios. Así es como Israel castiga con cinco años de prisión a quienes tienen esta conducta, con agravantes para funcionarios públicos, los cuales son inmediatamente removidos de sus cargos. La legislación rige también para todos los países integrantes de la Unión Europea y ha sido avalada por las Naciones Unidas. “El mundo”, esa entelequia a la que buscan integrarnos cuando les conviene, no se rige por globos de colores.

Israel nació como Estado tras el horror del genocidio más emblemático que haya tenido el siglo XX. Su creación fue consecuencia directa del triunfo de los aliados y la necesidad de realizar una reparación histórica al pueblo judío tras los 6 millones de exterminados por el nazismo. Todos los días 27 de Nisán (calendario hebreo que este año será el próximo 24 de abril) se conmemora el Yom Ha Shoah, Día del Recuerdo del Holocausto. En dicha fecha la Nación recuerda a sus mártires y a las 10:00 horas las sirenas suenan durante dos minutos. Los vehículos de transporte público paran y las personas permanecen en silencio. A su vez, establecimientos públicos son cerrados, la televisión y la radio transmiten canciones y documentales sobre los acontecimientos conmemorados y todas las banderas quedan a media asta. Debería saberlo Avruj, actual Presidente Honorario del Museo del Holocausto en Buenos Aires que quiso quitar el 24 de marzo del calendario de feriados.

Todos los días amanecemos ante una nuevo agravio gubernamental a la historia reciente de nuestro país. Imposible resulta no asociar las declaraciones negacionistas de Gómez Centurión a las del propio Presidente desconociendo la cifra de los desaparecidos o llamando “curro” a los derechos humanos y su última decisión con marcha atrás de eliminar el feriado por la Memoria. No pueden tampoco separar estos acontecimientos de hechos concretos y bochornosos como el retiro por parte del Estado de las causas por desapariciones o el regreso al listado de países con presos políticos por el caso Milagro Sala. La propia permanencia de funcionarios negacionistas como Gómez Centurión expresa una posición frente a la historia reciente.

Existe a su vez un desmantelamiento progresivo de las políticas de derechos humanos que habían distinguido al Estado argentino. El último informe anual del CELS señala que desde la llegada al gobierno de Mauricio Macri “hubo numerosas cesantías en el Programa Verdad y Justicia y en el Centro Ulloa, dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que brindan protección y acompañamiento a testigos y querellantes. En el Ministerio de Seguridad se desarmó el Área de Derechos Humanos que asistía en los allanamientos en casos de jóvenes apropiados, trabajaba en la identificación de cuerpos enterrados como N.N., y relevaba archivos y analizaba documentación de Prefectura, Policía Federal y Gendarmería que nutría a las investigaciones judiciales. La Subgerencia de Derechos Humanos del Banco Central fue disuelta; esta área analizaba la documentación generada por la entidad durante la dictadura. En el Ministerio de Defensa no sólo se redujo el equipo de la unidad de Relevamiento y Análisis del Área de Memoria de la Dirección de Derechos Humanos, cuya labor principal ha sido el aporte de prueba documental a juzgados y fiscalías, sino que no se le están encomendando ni estas ni otras tareas” [1]. Por si fuera poco, el Poder Ejecutivo ha dejado de apelar ante las prisiones domiciliarias que benefician a genocidas y también lo ha hecho en la causa Papel Prensa.

Fue la propia CONADEP en 1984 la que describió el carácter sistemático la desaparición ilegal de personas durante el régimen militar: “El sistema puesto en práctica –secuestro, interrogatorio bajo tormentos, clandestinidad e ilegitimidad de la privación de libertad y, en muchos casos eliminación de las víctimas–, fue sustancialmente idéntico en todo el territorio de la Nación y prolongado en el tiempo”[2]. El Tribunal Oral Criminal Federal de la Plata Nº 1 ha sido el primero en señalar que los crímenes perpetrados por la dictadura entre 1976 y 1983, constituyen delitos de lesa humanidad, cometidos en el marco de un genocidio: “En Argentina las Juntas Militares imponen en marzo de 1976, con el Golpe de Estado, un régimen de terror basado en la eliminación calculada y sistemática desde el Estado, a lo largo de varios años, y disfrazada bajo la denominación de guerra contra la subversión, de miles de personas”[3].

No se trata de una suma de funcionarios confundidos. Nos encontramos aquí ante un plan sistemático de negación y olvido por parte del Estado. Marchas como las de los 24 de marzo, en la que distintas generaciones de argentinos nos abrazamos para decir “Nunca Más” son una amenaza para los proyectos de despojo económico y cultural. Estará en nosotros responderles y hacer este 24 de marzo la marcha más grande de la que se tenga memoria y avanzar en el Congreso por una ley contra el negacionismo. Quienes no recuerdan su pasado están condenados a repetirlo.

[1] Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Derechos humanos en la Argentina: Informe 2016 // Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).- 1a ed.- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2016.

[2] Juicio a las Juntas Militares. Causa 13. Año 1985 

[3] Sentencia de la causa Etchecolatz, Tribunal Oral Federal de La Plata, Septiembre de 2006

* Periodista.

24/03/17 P/12

http://www.elortiba.org