Fotos: Presidencia
La inseguridad interior
Por Sergio Wischñevsky
Todas las experiencias de nuestra historia en las que las FFAA tuvieron vía libre para actuar en temas de seguridad interior terminaron en trágicos derramamientos de sangre. Mauricio Macri anunció el proyecto desde Campo de Mayo, un ex centro clandestino de detención, bajo los mismos argumentos con los que se impuso esta doctrina antes: readecuación y modernización. Lo que se viene: fusión y venta de cuarteles.
“Es fácil sacar a las FF.AA. de los cuarteles, lo difícil es volver a ponerlas”.
Arturo Frondizi
El presidente Mauricio Macri anunció ayer, desde una escenografía montada en Campo de Mayo, que modificará el paradigma operativo de las Fuerzas Armadas. Romperá así, mediante un decreto, con un acuerdo político y social implícito desde el fin de la dictadura militar que impidió que los militares se impliquen y actúen en temas de seguridad interior. La oposición en pleno se opuso a esta iniciativa que la derecha argentina viene intentando concretar desde hace décadas sin éxito: “Es importante que puedan colaborar con la seguridad interior, brindando apoyo logístico en la frontera e interviniendo frente a eventos de carácter estratégico”, sostuvo el primer mandatario.
Acompañado por el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y los jefes de las tres fuerzas. Agregó que necesitamos “Fuerzas Armadas que sean capaces de enfrentar” los “desafíos y amenazas” del siglo XXI, como el narcotráfico y el terrorismo internacional. Para llevar a cabo este dramático cambio el Gobierno anuló el decreto 727 del 2006, que pone límites al accionar de las FFAA en conflictos internos. Lo hizo a través de unnuevo decreto.
En medio de un contexto social cada vez más caliente por el deterioro de las condiciones de vida, y con la expectativa de un empeoramiento aún mayor al ritmo de los ajustes con los que el gobierno se comprometió ante el FMI, este anuncio es realmente muy preocupante. Todas las experiencias en la corta historia de Cambiemos que implican grandes anuncios terminan en un negocio, que en este caso sería la fusión de cuarteles y venta de terrenos. En tanto, todas las experiencias de nuestra historia en las que las FFAA tuvieron vía libre para actuar en temas de seguridad interior terminaron en trágicos derramamientos de sangre.
Desde los más de mil trabajadores fusilados por el Ejército en 1921, durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen, cuando en la Patagonia una ola de huelgas pidió por mejores condiciones de trabajo; o los muertos en represión desde 1930 cuando las FFAA tomaron el Gobierno Nacional, los fusilamientos y asesinatos represivos de las FFAA desde 1955, El Plan Connites y el genocidio de la dictadura de 1976. La doctrina que defiende la intervención de los militares para enfrentar los problemas sociales siempre estuvo activa y al acecho. Pero el paroxismo represivo de la última dictadura militar generó, desde el gobierno de Raúl Alfonsín en adelante, un consenso transversal y amplio de no ceder en ese campo.
La ley de defensa nacional, de 1988, durante el gobierno del presidente radical, la de Seguridad Nacional, de 1992, promulgada por el presidente justicialista Carlos Menem, y la de Inteligencia Nacional, sancionada en 2001 en el breve gobierno de la Alianza que presidió Fernando de la Rúa, separan en forma nítida entre la Defensa Nacional, a la que se aplicarán con sus medios letales las Fuerzas Armadas de la Nación, y la Seguridad Interior, que es el campo de las fuerzas civiles entrenadas como auxiliares de la ley para tareas policiales. Sin embargo, siempre hubo entre muchos políticos de fuste, detractores de este concepto. El ejemplo más notorio, fue el dirigente radical Horacio Jaunarena, quien fue ministro de Defensa de Alfonsín, De la Rúa y el senador devenido presidente provisional Eduardo Duhalde. Ocupar ese cargo durante tres presidencias es todo un signo. La ley de Defensa recién pudo ser reglamentada en 2006 por el presidente Néstor Kirchner y su ministra Nilda Garré. Los considerandos de ese decreto descartan en forma expresa la utilización del instrumento militar en funciones ajenas a la defensa, “usualmente conocidas bajo la denominación de nuevas amenazas”, porque pondría “en severa e inexorable crisis la doctrina, la organización y el funcionamiento de una herramienta funcionalmente preparada para asumir otras responsabilidades distintas de las típicamente policiales”. Jaunarena, según relata el periodista Horacio Verbitsky, confesó en un seminario que nunca reglamentó la ley, como era su obligación, porque no estaba de acuerdo con su texto y con su espíritu. De hecho propuso fusionar las fuerzas de seguridad con las FFAA. En plena crisis social en 2001, planteó junto con el entonces jefe del Ejército, general Ricardo Brinzoni, la militarización de la seguridad interior y la intervención castrense en el conflicto social, con la creación de un superministerio de Defensa y Seguridad que también se encargaría del control de la criminalidad callejera, la documentación personal, las aduanas y las migraciones.
En junio de 2010, una vez más Jaunarena y Dromi plantearon fundir Seguridad con Defensa y reprimir el conflicto social, en ese momento contaron con el apoyo de Jorge Bergoglio que todavía no era Francisco. Este tipo de iniciativas volvieron a ser presentadas recurrentemente por políticos como Francisco De Narvaez, Sergio Massa, Ricardo Alfonsín, y Gabriela Michetti. La vicepresidenta fue la más explícita: “en el subcontinente” hoy los enemigos del estado “son el terrorismo, la narcoguerrilla, los movimientos separatistas, la piratería, etc.”. Por eso “en ningún caso se permitirá a las aeronaves irregulares, sospechosas u hostiles escapar hacia territorio extranjero”. El primero que recitó aquí el discurso de las nuevas amenazas fue Ricardo López Murphy en 2000: ellas serían la pobreza extrema, la superpoblación y las migraciones masivas, el terrorismo internacional, el narcotráfico, el fundamentalismo religioso y las luchas étnicas y raciales. Esto ha “revalorizado el poder militar dentro de las estructuras de las naciones, al tener que asumir nuevos roles”, dijo en cuanto De la Rúa le encomendó el ministerio de Defensa.
Al igual que el anuncio del presidente de ayer, las grandes excusas para redefinir el rol de las FFAA son el narcotráfico y el terrorismo internacional. No necesitamos remontarnos mucho en la historia argentina para apreciar en forma clara a qué se le llama “terrorismo”. Hace apenas un año vivimos una oleada informativa gigantesca, cuya principal usina era el gobierno, que nos explicaba que los mapuches que protestaban por sus derechos a la tierra eran terroristas entrenados en Chile y algunos otros centros internacionales, y que ponían en peligro nuestras costumbres y nuestra soberanía en los territorios patagónicos. Luego de esos delirios aparecieron muertos Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
El tema de la lucha contra el Narco es igual de desmesurada. En lugar de tomar el tema como una cuestión de salud pública, se usa como excusa para obtener carta franca para el uso de la represión militar. Las experiencias en Colombia en México son tragedias humanitarias. Se cuentan por centenas de miles de muertos y el descontrol ha superado las capacidades de los estados. En ambos países no saben cómo salir de esa espiral de violencia. Es una línea que viene de los EEUU. La revista Harper’s publicó una entrevista que el periodista Dan Baum realizó con quien fue el principal asesor de Richard Nixon cuando instalaron la “guerra contra las drogas”. Richard Haldeman dijo sin que los enemigos de Nixon eran “la izquierda que se oponía a la guerra [en Vietnam] y los negros [que luchaban por sus derechos civiles]. Sabíamos que no podíamos ilegalizar la oposición a la guerra o el ser negro, pero los quebraríamos si lográbamos que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína y luego las criminalizáramos con dureza ¿Sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas? Claro que lo sabíamos”.
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