Todo está cargado en la memoria,
arma de la vida y de la historia.
"La Memoria", León Gieco.
Su crimen fue un
crimen de poder, responde a un proyecto concreto de burocracia sindical
proyectada desde el modelo oficial, que continua con la instalación "empresaria", junto a esa dirigencia
corporativa y mafiosa, de "la tercerización" en el contexto del fraude laboral como formato derivado de la subcontratación y precarización laboral, que permite a las empresas la generación de negocios subsidiados por el
Estado, sin riesgos de capitales ni inversiones, lo que en otras palabras, significa neoliberalismo puro, sin fronteras legales que resguarden los intereses de los
trabajadores. Maximización y absoluta rentabilidad sin más normativas que las
que figuran en los códices de los ministerios con reglamentaciones anacrónicas o
por el contrario con la Ley de Contrato de Trabajo que ha sido legislada en base a los acuerdos-marco de los referidos convenios
laborales. Concretamente: Las corporaciones, el capital privado o las empresas de capital privado, sistematizan su esquema de explotación, la reglamentan y regulan a través de su
aliado incondicional de clase, el referido Estado, y desarrollan
con los recursos de éste, "la producción" de
prestaciones de distinto tipo, especialmente en transporte
público de pasajeros, ferrocarriles y sus anexos; higiene y limpieza, salud,
seguridad, comercio, educación y en gral. toda la amplia red del rubro servicios. En este nocivo cuadro de "interrelaciones comerciales" con dirigentes burocratas-capitalistas, surgen entre otras características del mismo, fachadas, empresas fantasmas con testaferros y otras alteraciones propias de la corrupción asociada a los mercados.
La normativa que ampara y protege este modelo perverso, se remonta a la tenebrosa noche de la dictadura militar, que es quien modifica la Ley de Contrato de Trabajo, derogando la gran mayoría de su articulado y estableciendo una nueva al servicio de los intereses del capital, al cual los genocidas servían con la aplicación terrorista del plan de Martinez de Hoz. Aquí y no en otro nicho, es donde hay que buscar "la madre del borrego", cuando el autodenominado Proceso en esa adecuación de la Ley de Contratos de Trabajo (Ley 20744) origina "la tercerización", quitando toda responsabilidad empresarial en el convenio, en perjuicio total del trabajador contratado. De aquí en más, sus modificaciones posteriores con la Ley 24013 en su art. 75, de convenio y representación gremial y su art. 29 bis, instituye las “empresas de servicios eventuales”, que es el núcleo del modelo de fraude laboral en el país. El cual siguió avalado y legitimado por todos los distintos gobiernos hasta la actualidad.
Es necesario destacar que más allá del enorme
costo estatal y social que significa esta "modalidad" de
negocios, la misma impacta directamente en el centro vital de la clase obrera,
ya que no solo propende a su expoliación lisa y llana, sino también, actúa
sobre la clase en sí, desarticulando sus históricas formas de asociación,
agremiación, mutualidad y
sus naturales alianzas estratégicas. La tercerización de
lo público, además de ser un modelo extractivo de fuerza
de trabajo sin control, erigido sobre la impunidad jurídica del todopoderoso-mercado, es una matriz
típica del capitalismo
global y
su salvajismo neocolonialista que
avanza en la práctica contra los trabajadores, desintegrando
sus vínculos socioeconómicos, sus intereses y
objetivos comunes; atentando consecuente y antagónicamente sobre su
capacidad de organización, atomizando sus cualidades inherentes de clase,
como estrato y como grupo de cohesión, dividiendo a los propios obreros en distintas categorías y por lo tanto, a sus sindicatos, limitando sus convenios colectivos de trabajo, que se los dispone fragmentados, dispersos en uno y otro sector, lo que en resumen, retrotrae las relaciones laborales y sustancialmente a los contratados, subcontratados, agentes de planta permanente que revisten "en negro", a niveles de esclavización y servidumbre característicos de
la factoría.
La delegación del manejo, gerenciamiento y monopolización de la histórica función de los servicios del Estado al pool empresario, se
realiza en el contexto de la decadencia y corrupción de una burocracia
sindical, que en el medio de semejante putrefacción calculada y
concebida como tal, "evoluciona" a
otro nivel en su larga y traidora trayectoria. Y en su
lógica, después de haber aceptado cuanta orden le fue dada para subordinarse
a los intereses patronales, ahora ha alcanzado el merecido "status"
societario y empresarial, al tiempo que mantiene necesariamente su
figura, su entidad legal y gremial para sus fines ya
determinados. Degradación, que devela crudamente, lo que es y
anuncia lo que será
capaz de
hacer para sostenerse en esa esfera de predominio.
De hecho, esto ya lo sabemos, porque la constitución de una fuerza
de choque que
enfrente la resistencia de los trabajadores, ya la sufrimos en carne propia
con la total
impunidad con
que se movieron todos: Sus autores intelectuales y materiales, los que con premeditación
y alevosía pergeñaron el ataque y lo mandaron ejecutar, en el
marco del plan de esa misma impunidad con que asesinaron a Mariano
Ferreyra. Porque de esto se trata cuando se habla de él, se trata de
quienes se atrevieron a enfrentar al sistema, se trata
de quienes se movilizaron y tuvieron conciencia de clase para
defender sus derechos y conquistas de trabajo. Mariano
Ferreyra se
trata de esto y no de otro tema... No es solo un crimen de barrabravas y
burócratas contra militantes de izquierda, como lo han presentado los grandes
medios de difusión masiva que buscan desviar la atención de la cuestión central, la participación y complicidad del gobierno en un Estado que sostuvo y sostiene el régimen de "La tercerización" que mato a Mariano.
Este es un atentado del sistema en todas sus intrincadas relaciones y responsabilidades, pero éste crimen está focalizado en funcionarios concretos con nombres y apellidos también concretos, de ninguna manera se disuelve en el kafkiano mundo de la superestructura. Involucra al gobierno nacional y a sus mega-negociados, involucra sus pactos, sus compromisos previos y su estrategia de poder en el escenario del sindicalismo vigente, con el que ha ido reconstruyendo con el capital privado, toda esta enorme atrofia del nuevo saqueo, encubierto de "trabajo digno y modernidad". Auxiliando al mismo tiempo, a todos aquellos capitales, que después de haber vaciado sus empresas, liquidando activos, pasivos y trabajadores, por allá en el 2001, necesitaban ahora, la benefactora mano de "su santo patrono" para diseñar este genuino híbrido, que en el lenguaje de calle es bien apodado de "negreros", en virtud de su consentido maltrato de la mano de obra, sus deficientes obras sociales (si la hay) y sus exiguos sueldos de hambre.
En fin, tercerización del paradigma de la globalización del capital en su versión subdesarollada, presente en el Estado actual, producto de todo lo dicho, a la que justamente Mariano Ferreyra y sus compañeros se oponían militantemente ese 20 de Octubre de 2010. Por lo tanto su justicia solo será así, cuando todos, todos los responsables, tengan su debido juicio y castigo. Desde los que involucran al Poder Ejecutivo y sus funcionarios, especialmente los del Ministerio de Trabajo, de Infraestructura y Planificación, las fuerzas de seguridad y policiales, que con ordenes específicas de sus superiores, liberaron la zona de Avellaneda para la preparación y concreción del homicidio, hasta el principal imputado, José Pedraza, como "instigador" del delito y a los 16 acusados restantes en el juicio que comenzó el lunes 6 de agosto. Todos ellos, los mismos mercenarios que armaron y guiaron las manos del matón que lo ultimó sin piedad, como así también, los de Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos, heridos durante el ataque de ese fatídico día.
Este es un atentado del sistema en todas sus intrincadas relaciones y responsabilidades, pero éste crimen está focalizado en funcionarios concretos con nombres y apellidos también concretos, de ninguna manera se disuelve en el kafkiano mundo de la superestructura. Involucra al gobierno nacional y a sus mega-negociados, involucra sus pactos, sus compromisos previos y su estrategia de poder en el escenario del sindicalismo vigente, con el que ha ido reconstruyendo con el capital privado, toda esta enorme atrofia del nuevo saqueo, encubierto de "trabajo digno y modernidad". Auxiliando al mismo tiempo, a todos aquellos capitales, que después de haber vaciado sus empresas, liquidando activos, pasivos y trabajadores, por allá en el 2001, necesitaban ahora, la benefactora mano de "su santo patrono" para diseñar este genuino híbrido, que en el lenguaje de calle es bien apodado de "negreros", en virtud de su consentido maltrato de la mano de obra, sus deficientes obras sociales (si la hay) y sus exiguos sueldos de hambre.
En fin, tercerización del paradigma de la globalización del capital en su versión subdesarollada, presente en el Estado actual, producto de todo lo dicho, a la que justamente Mariano Ferreyra y sus compañeros se oponían militantemente ese 20 de Octubre de 2010. Por lo tanto su justicia solo será así, cuando todos, todos los responsables, tengan su debido juicio y castigo. Desde los que involucran al Poder Ejecutivo y sus funcionarios, especialmente los del Ministerio de Trabajo, de Infraestructura y Planificación, las fuerzas de seguridad y policiales, que con ordenes específicas de sus superiores, liberaron la zona de Avellaneda para la preparación y concreción del homicidio, hasta el principal imputado, José Pedraza, como "instigador" del delito y a los 16 acusados restantes en el juicio que comenzó el lunes 6 de agosto. Todos ellos, los mismos mercenarios que armaron y guiaron las manos del matón que lo ultimó sin piedad, como así también, los de Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos, heridos durante el ataque de ese fatídico día.
Hasta
tanto no se haga justicia, no habrá descanso.
Por todo esto, el crimen de Mariano
Ferreyra es un crimen de poder, de una complejidad superlativa que compromete seriamente a este gobierno, en su condición de máxima autoridad política y que obviamente, no se resuelve solo, con
un par de "cabezas
visibles" que puedan ser sentenciadas; su
juicio y castigo efectivo, exige además, la resolución de "la
tercerización" como siniestro proyecto económico-social inviable en democracia y en este sentido, la más plena condena de sus artífices.
Raúl Olivares.-
Todos los derechos reservados.-
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