Por eso, Las12 juntó a cuatro madres –identificadas por sus iniciales: A. V., L. A., S. L. y P. W.– que se sienten penalizadas por la justicia por haber denunciado violencia familiar o abuso sexual contra sus ex maridos. Ellas coinciden en resguardar su identidad para proteger a sus hijos o hijas pero se agrupan para que se entienda que no están hablando de su historia como de un caso individual sino de una historia que se está tejiendo en respuesta a los avances de los últimos años como de una pelota que después de mucho avanzar ahora está volviendo al arco contrario. Pero no se trata de un juego, sino de la vida de ellas y de sus hijos/as. Y de un plan al que llaman “sistemático”, donde se descalifica su denuncia e incluso el testimonio de los chicos por creer que está maniobrado por mujeres que sólo buscan alejar a los padres y sacarles plata.
A dos de las entrevistadas, aunque parezca inverosímil, después de denunciar violencia les terminaron quitando a sus hijos/as. El nombre técnico de ese puño cerrado del Poder Judicial es reversión de guarda. “Es una modalidad totalmente novedosa que ha tenido origen en Lomas de Zamora y se está repitiendo”, advierte Juan Pablo Gallego, abogado (en distintas instancias) en tres de las cuatro causas relatadas en esta nota, ex querellante contra el sacerdote Julio César Grassi en el expediente que lo condenó por abuso sexual y autor del libro Niñez maltratada y violencia de género, de Editorial Ad-Hoc.
Hasta ahora, el sentido común de la Justicia indicaba que una madre tenía que hacer algo muy grave para que se la alejara de su hijo/a. Ahora se rompió hasta ese sentido. La razón de la Justicia para dar este vuelco contra las madres que denuncian es que las madres intoxican a sus hijos (un argumento similar al síndrome de alienación parental que dice que si los chicos no quieren ver a su progenitor no es por su propia vivencia de violencia sino porque las madres les llenan la cabeza y entonces se logra descalificar la voz de los niños/as) y entonces un puñado de psicólogos/as apoyan los dictados de reversión de tenencia que justifican el síndrome de la madre maldita.
Pero las mujeres que fueron a pedir ayuda a la Justicia y se encontraron con un allanamiento que les vació sus casas se muestran desesperadas y desalentadas por una medida que nunca esperaron. “Estoy peor que antes”, dice la madre que no ve a sus hijos desde octubre. “Voy todos los días a Tribunales”, cuenta la mamá a la que le arrancaron sus hijos en medio de las fiestas. “Vivimos todos los días con miedo a que nos secuestren a nuestros hijos”, cuentan las madres que ya pasaron por todos los pasos de un sistema judicial que sigue las mismas huellas hasta generar más temor que protección y se sienten las nuevas víctimas de un Poder Judicial al que ponen en tela de juicio.
Los chicos y chicas fueron llevados (o secuestrados, como dicen ellas) en medio de operativos comando con policías y con los pibes y pibas suplicando, gritando, pidiendo, llamando y escondiéndose para no irse del lado de su mamá. Tal vez si el video del desgarro se viera por YouTube o lo repitieran los programas de la tarde... tal vez así escucharíamos ya no la voz sino los gritos. Pero, por ahora, los chicos y chicas no fueron escuchados. “El Estado argentino puede tener responsabilidad internacional por esta pandemia de casos que demuestran una reacción de la Justicia misógina”, alerta Gallego.
“¿Cómo lo cuento, desde el secuestro o todo?” se pregunta A. V., mamá de tres hijos de 3, 10 y 12 años, para contar que el ilícito que pudo paralizar a un país hoy sólo la paraliza a ella, que tiene los cuartos cerrados de sus hijos para no ver la ausencia y una planta que entra de la vecina porque no quiere ocuparse de su casa mientras ellos no estén. Ella denunció al padre de sus hijos por violencia. Desde el 2 de octubre que no ve a sus hijos.
¿Qué pasó para que la Justicia llegara a sacar a los chicos de tu casa?
A. V.: –Yo denuncie al papá, en un Tribunal de Familia de Lomas de Zamora, por violencia. Porque torturaba a sus hijos metiéndolos debajo de una ducha de agua fría y apagando la luz. Los niños fueron escuchados por el organismo zonal de protección de los derechos del niño y dijeron que no querían ver al papá porque les pegaba. Pero se llegó a un expediente de reversión de tenencia y yo no los veo a los chicos desde el 2 de octubre, cuando allanaron mi domicilio once personas mientras yo, que soy ginecóloga, estaba en el consultorio. Entraron un comisario y montones de personas. El bebé estaba jugando en el piso y al mayor, que estaba a los gritos, le prometieron que si se calmaba iba a poder hablar con su mamá. Después van al colegio de mi hijo de 10 años. A partir de ese momento están incomunicados: no tienen Internet ni pueden hablar conmigo. Y una cosa que me parece importante es que la orden dice que si estaba yo y sufría una descompensación, que me trasladaran al nosocomio más cercano sin hacerse responsables de mi estado de salud. O sea que me querían hacer pasar por loca.
¿Por qué se llega a prohibirle el acercamiento a una mamá que denuncia violencia? ¿Qué alegan?
Juan Pablo Gallego: –No se alega nada. Normalmente estas medidas están destinadas a proteger a un niño de una situación de abuso, de violencia, de negligencia, de violencia de género.
A. V.: –Los nenes no querían visitar al papá. Los jueces estaban ahí cuando lo dijeron. Fueron intimidados e interrogados por cuatro adultos y dijeron “no queremos verlo”, pero les dijeron “tu opinión es una hojita más del expediente”. Llegaron a decirle a mi hijo mayor “¿no pensaste que tu mamá podría tener un accidente?”.
MOTIN DE JUGUETES
L. A. comparte el mismo desgarro. Cuida a las mascotas de sus dos hijos, una nena de nueve y un nene de diez años, mientras ellos no están. No pudo comenzar año nuevo con sus hijos porque en el medio de las fiestas, y en el último día hábil del 2012 la sorprendieron con un operativo de guerra pero con el botín de dos niños. Nunca creyó que su denuncia por violencia y abuso sexual la podría separar de quienes intentaba resguardar: “El 27 de diciembre, estando en casa sin ningún tipo de antecedente o advertencia de que algo podría ocurrir, ni siquiera por instinto, tocan el timbre un oficial de Justicia, la secretaria del Juzgado Civil Nº 8 Nacional de Primera Instancia a cargo de la magistrada Julia Servetti de Mejías, quien lleva el juicio por violencia familiar y tenencia de los chicos desde el 2009. En el Juzgado existen varios antecedentes del cuerpo médico forense y de psicólogos particulares que aconsejan que no es buena la revinculación con el padre. Yo denuncié la violencia contra mí y contra mis hijos. Y unos meses después, el 27 de noviembre del 2009, hice una denuncia por abuso sexual en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema. No se hicieron bien las pericias ni las indagatorias en la causa de abuso. Se continúa con la causa de violencia y de tenencia”, relata.
¿Cómo pasás de denunciante a denunciada? ¿O de denunciar a ser separada de tus hijos?
L. A.: –El 27 de diciembre, por una medida cautelar, invaden mi casa tres patrulleros, una psicóloga que se presenta como designada para facilitar el cambio de guarda y que, ahora sabemos, dice que los chicos están pasando por un proceso de desintoxicación de los sentimientos de la madre y que solo van a tener contacto con el padre y los padrinos, que es donde están viviendo, dado que los chicos vuelven a negarse a vivir con el padre. Este episodio terminó bastante violentamente porque los chicos entran en una crisis nerviosa. Mi casa estaba invadida de policías. Yo entré a la ambulancia con custodia policial al igual que los chicos. La pediatra de turno del Hospital Zubizarreta nos dice que los chicos entren con la madre. El padre los manotea y le pega una trompada a una de las letradas. La policía me saca del hospital. De esta manera, el Juzgado le entrega la tenencia al padre. Los chicos quedan internados un día pidiendo estar con la madre. En ningún momento se les permitió hacer llamadas telefónicas ni el uso de Internet. Estamos totalmente incomunicados. Mi mayor angustia es no saber qué pasa por la cabecita de ellos después de un operativo donde se los vuelve a revictimizar, en una casa ajena, sin sus tratamientos psicológicos, y la nena sin su tratamiento médico. No hay ninguna seguridad de cuál es el estado físico y psico-emocional de ellos. Me presento todos los días en los juzgados y no recibo nada más que “ahora lo tiene que evaluar fulanito” o “alguna fundamentación habrá”. Pero no me dan ni un régimen de visitas.
A. V.: –Mis nenes hace tres meses que están impedidos de contacto. Pero robaron un teléfono y el de 10 años me llamó. Me contó que el mayor está enfurecido, que dice que va a matar al padre o que se va a matar y que el de tres años llora todo el día. Fui a la comisaría a hacer la denuncia de lo que pasaba. Y mi hijo me volvió a llamar diciéndome “Mamá, por favor, ayudame, me quise escapar y la reja está electrificada”. Yo le paso el teléfono a Juan Pablo Gallego y hacemos una denuncia por privación ilegítima de la libertad. Pero nadie actuó.
J. P. G.: –En el caso de A. V. fui testigo de que el chico llamó, la verdad, desesperado. El tema de pretender “desintoxicarlos” demuestra que la ideología está por sobre la ley.
¿Cuál sería la ideología?
J. P. G.: –La ideología del patriarcado, del machismo y la que justifica la violencia, y la misoginia mantiene una posición dominante pese a los importantes avances legislativos y, más aún, como reacción a los avances legislativos.
Pareciera que tenemos mejores leyes para denunciar la violencia de género, pero en la práctica las actuaciones judiciales le dicen a la denunciante “tené cuidado porque te podemos sacar a tus hijos”...
P. W.: –A mí me lo dijeron expresamente. Yo fui a denunciar el abuso y el secretario del Juzgado me dijo: “¿Sabés que si no lo podés probar perdés a tus chicos?”. Yo dejé la denuncia pero me quedé pensando cuántas se animaron a dejar el papel y cuántas no.
J. P. G.: –Lo que marcan estos casos es una avanzada conservadora. Estas extracciones violentas de niños con personal policial uniformado, mediando violencia, contra la voluntad de los niños, están mostrando la cúspide de la ofensiva. La creación de esta modalidad fue en Lomas de Zamora, donde se dispone dictar el cambio de vida de los menores. ¿Qué significa? La aniquilación del vínculo materno-filial. Estamos ante una ofensiva que va más allá del clásico backlash del que se ha hablado como una reacción frente al avance contra el abuso sexual.
¿Es un paso más?
J. P. G.: –Sí, es un paso más evidentemente. La multiplicación de estos hechos, y que haya ocurrido un caso de estas características en la Capital Federal en el último día hábil de diciembre, es un paso más en llevar la misoginia al grado de una pandemia hasta ahora no conocida.
¿No son excepciones ni casos aislados sino una tendencia a castigar a las madres que han denunciado violencia de género o abuso sexual y a revincular a los chicos con sus padres?
J. P. G.: –Sí, me llama la atención que esto ahora se propague a Capital Federal. Hay varios casos no resueltos en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Por eso digo pandemia. Es un juego ideológico donde parece que la castigada es la madre y el castigado es el niño.
¿Hay alguna posibilidad de llegar a la Corte Suprema o a un tribunal internacional?
J. P. G.: –La actuación de estos jueces está engendrando una responsabilidad internacional del Estado en el marco de procedimientos que dañan para siempre a niños con uniformados irrumpiendo en los hogares contra su voluntad. La violencia institucional redimensiona la violencia de una manera perversa.
L. A.: –El 27 de diciembre todo el operativo habrá durado en casa cuatro horas. Los chicos se comunicaron directamente con Juan Pablo a su celular y llamaron a compañeritos de colegio para decirles que la policía se los quería llevar y que por favor vengan a ayudarlos. Armaron barricadas con los muebles. Se encerraron en el baño con sus mascotas. Les dijeron a las personas del Juzgado y al padre, que estaba presente, que no querían irse y la oficial del Juzgado les dijo que ellos eran muy chiquitos para tomar decisiones. No les dieron posibilidad de manifestarse de ninguna otra forma.
J. P. G.: –En el caso de L. A. yo actué como representante del niño (I.). Tuve mi conversación a solas. El me expresó situaciones de violencia por las cuales él no quiere tener este vínculo con el papá y en ese marco yo le di mi teléfono celular. El día del operativo me llamó. Era desgarrador. Yo no soy tonto y hace muchos años que trabajo en esto. No había ninguna madre diciéndole nada. Estaba desesperado.
¿Qué se busca al separar a los chicos de su madre?
P. W.: –Está la intencionalidad de romper el vínculo materno-filial. Pero además el chiquito para denunciar el abuso requiere de un gran coraje para animarse a romper con este secreto. En todos estos casos los chicos han sido muy valientes y han roto este secreto, han pedido ayuda y han encontrado madres que los han escuchado, que tampoco es frecuente, y han salido a defenderlos. Nosotras vemos que hay una gran campaña para denunciar la violencia y parecería que tenemos más recursos y protección. Pero conocemos muchos casos, por lo menos ochenta, en donde las madres hemos sido castigadas por haber cometido el “pecado capital” de haber ido a la Justicia a buscar justicia. Acá hay dos leyes. Por un lado está la Convención de los Derechos del Niño, pero en la práctica se castiga a quien rompe el silencio y se busca doblegar a la madre y al niño, y si eso no es suficiente, se ordena la reversión de la tenencia. ¿Cómo le explicás a un chico que sea valiente y hable si es penalizado por eso? Todas nosotras fuimos a la Justicia en busca de protección y no sabíamos que recién ahí comenzaba el abuso.
UN PLAN SISTEMATICO DE REVINCULACIONES
“¿Por qué lo defendés si a vos te trata peor?”, le dijo un día su hija mayor cuando tenía cinco años. P. W. decidió no aguantar más los golpes y separarse. “No importa cuán destruida estoy, yo no tengo derecho a ser madre de estas chicas si les enseño que esto está bien”, se dice hoy como tuvo que repetirse tantas veces desde 2007 y ahora mismo, cuando sus hijas tienen 7, 9 y 12 años. Hasta el 2009 él tenía un régimen de visitas. Ella repetía un latiguillo al que llama “el manualcito”: “Papá no es malo, pero está aprendiendo a tratarte bien”. El manualcito no alcanzó cuando una de sus hijas vino con una fractura en la mano y otra con un desplazamiento del cráneo. Pero el 7 de junio del 2009 el mundo y sus manuales se despedazaron. Su hija más chica se levantó de una pesadilla diciendo “papá es malo”. Ella le preguntó por qué y recibió como respuesta “juego a bajarle el pantalón y tocarle el pitulín para que esté contento”. El manual terminó en denuncia. “Ellas estaban amenazadas, si me lo contaban él me iba a matar. Yo hago la denuncia cuando la jefa del Hospital Fernández me dijo que mis hijas estaban siendo abusadas física, emocional y sexualmente por el progenitor. En Cámara Gesell las chicas relatan situaciones de abuso. Ahí pido la suspensión de las visitas que yo misma había pedido. Hay una testigo presencial que es una mucama. Los peritos de parte y oficiales dijeron que mis hijas habían sido abusadas y tenían un estrés postraumático gravísimo por la perversión de los abusos que habían padecido. Mi hija del medio terminó con un brote psicótico escuchando voces y mi hija mayor tuvo un intento de suicidio. Pero la jueza civil estaba buscando sistemáticamente la revinculación con el padre. Yo tengo la tenencia pero me prohibieron brindarles atención médica o psicológica. Yo vivo en Capital, mis hijas van al colegio en Zona Norte y las derivaron a un centro en Avellaneda con profesionales que les dicen ‘el problema es tu mamá, que te dejó sin tu papá’, y tienen prohibido el ejercicio de la profesión por carecer de matriculación. Pero no casualmente son las mismas a las que derivaron a A. V. y no son sesiones psicológicas sino de tortura.”
J. P. G.: –Ella está domiciliada en Capital Federal y le ordenan hacer esta vinculación en Avellaneda con los mismos profesionales del caso A. V. A mí me sorprende.
A. V.: –Estas profesionales hablan del Síndrome de Alienación Parental (SAP) y del objetivo de la reprogramación.
P. W.: –En los informes de mis niñas entrevistan al padre y dicen que las chicas están sujetas al SAP. Hay pruebas. ¿Sabés lo que es una testigo presencial en un caso de abuso? La fiscal me acusa de usar el SAP en el marco de un divorcio conflictivo. Hoy la situación de mis chicas es que las obligan a revincularse con la familia paterna, que fueron cómplices del abuso, y ellas se niegan rotundamente a verlos; sin embargo, están obligadas a hacerlo. La propia asistente social viola el impedimento de contacto porque les trae cartas y regalos del padre. Y tengo un expediente de reversión de guarda.
¿La reversión de guarda es una amenaza?
P. W.: –A mí me dijeron expresamente que si no dejo las cosas como están me van a sacar a mis chicas.
J. P. G.: –Ella tiene una cantidad de informes que dicen que sus niñas fueron abusadas por su padre, por lo cual tiene el deber legal de denunciar el abuso sexual. No puede mirar hacia el costado. También es disparatado obstruir la elaboración del trauma en niños. Se lleva no sólo a la impunidad, sino a un daño de las víctimas que es irreparable. La asimetría se repara con justicia. En el caso de Grassi, los chicos me decían “¿Quién me va a creer si este hombre está todo el día en televisión, es poderoso y habla con los presidentes?”. La condena fue muy reparadora para las víctimas. Acá se profundiza la asimetría entre víctima y victimario y es gravísimo.
P. W.: –No es fácil salir de estas situaciones. A mayor nivel socioeconómico y cultural, más difícil es salir porque se supone que de esto no se habla. Mis hijas fueron echadas del colegio cuando denunciamos el abuso. Está mal visto no aguantar la violencia. ¿Cómo vas a denunciar a hombres que no son kiosqueros sino directores de banco, médicos, directores de instituciones públicas? Son intocables. La asimetría de poder es absoluta. El nivel de desprotección es absoluto. En todos los casos somos las madres malditas. Los castigados son los niños, pero les destruís lo último que les queda, que es el vínculo con la madre.
A. V.: –Encontramos en todos los casos un mismo modus operandi.
S. L.: –Así como hubo un plan sistemático de apropiación de niños y de robo de identidad en los setenta, acá también se está dando un plan sistemático donde los chicos están siendo secuestrados a través del Poder Judicial.
S. L. presentó la denuncia en septiembre del 2004, cuando su hija tenía tres años y medio. En ese momento estaba conviviendo con el padre de su hija y tenían planes de agrandar la casa y la familia. Hasta que descubrió signos de abuso sexual en su niña. Ella tiene miedo, un miedo que denuncia: “Mi temor es que pueda pasar lo mismo que en otros casos. Yo no quiero ir a pedir por mi hija que ha sido secuestrada de mi casa, del club o de la escuela por la propia Justicia para que vaya a revincularse con su padre o con su abuela con los cuales ella no quiere revincularse. Yo me imagino las personas cuando estaban en la dictadura esperando que les vengan a derribar la puerta de sus casas. Ya no son grupos de tarea sino la Justicia junto con el brazo ejecutor, que es la policía”.
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Por Roxana Sandá
