A EXAMEN POR LOS RETROCESOS EN CUESTIONES DE GÉNERO Por Mariana Carbajal

› EL ESTADO ARGENTINO RENDIRÁ CUENTAS ANTE LAS NACIONES UNIDAS POR LOS DERECHOS VULNERADOS DE LAS MUJERES

A examen por los retrocesos en cuestiones de género

Por Mariana Carbajal

Mariana Condorí tenía 20 años cuando fue encontrada muerta en su precaria vivienda donde convivía con su pareja Gabriel Maldonado y sus tres hijos. Maldonado ejercía contra ella violencia física, psicológica, obstrucción de su autonomía económica y agresión a sus hijos por lo que Mariana lo denunció ante la policía. Cuando el fiscal recibió la denuncia inició un proceso de mediación sin otorgarle ninguna medida de protección a la víctima. A los pocos días Mariana se suicidó. Su familia y vecinos testimoniaron que el contexto de agresión contra ella se intensificó después de la denuncia. La familia de Mariana denunció al fiscal de la causa ante la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense por no haber adoptado medidas de protección eficaces ante el alto riesgo invocado por la víctima en su denuncia policial (antecedentes de violencia y posesión de armas de fuego de la pareja) y por haber habilitado la instancia de mediación. La denuncia fue desestimada porque en la provincia de Buenos Aires los conflictos familiares deben someterse al mecanismo de mediación penal previa. La defensora de la familia de Mariana, la abogada Sofía Caravelos, fue denunciada por la fiscal a cargo de la causa. El caso está detallado en uno de los informes “sombra” que presentó una amplia coalición de organizaciones de mujeres y de derechos humanos –entre ellas Cels, Cladem, Cedes, ELA, FEIM– ante el Comité de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), que el martes examinará la situación de los derechos de las mujeres en la Argentina. La delegación del Gobierno, encabezada por Fabiana Tuñez, titular del Consejo Nacional de las Mujeres, tendrá que rendir cuentas sobre los retrocesos, falencias y omisiones del Estado argentino en cuanto a su obligación de respetar, garantizar y hacer efectivos los derechos contenidos en la Convención Cedaw y que básicamente se refieren a la vida de las mujeres en el país.

Entre los ejes que probablemente el Comité Cedaw le planteará a la delegación argentina se encuentran los siguientes:

- Las medidas para aumentar el acceso de las mujeres a la justicia y la conciencia de sus propios derechos, para evitar todas las formas de violencia basada en género contra las mujeres, incluyendo la violencia sexual contra mujeres y niñas y los femicidios/feminicidios; y para prevenir los embarazos precoces, para garantizar el acceso al aborto seguro y para combatir la mortalidad de mujeres por gestación.

- Las formas múltiples de discriminación que persisten contra las mujeres, incluyendo contra las mujeres indígenas y afrodescendiente, LBTI, con discapacidad y rurales.

- Medidas que se han puesto en marcha para combatir los estereotipos culturales contra las mujeres, inclusive en los medios de comunicación.

- Los obstáculos en el combate a la trata de personas, y la ausencia de prestación de servicios sociales a víctimas.

- Las dificultades de acceso para las mujeres indígenas y afrodescendientes a la educación y a la salud sexual y reproductiva.

Se trata de la revisión periódica –en general es cada cuatro o cinco años– a la que deben someterse los países que ratificaron la Convención Cedaw, como ocurre con otros tratados. Puntualmente, la delegación argentina tiene que dar explicaciones sobre cómo cumplió el país con las obligaciones gubernamentales de respetar, promover y garantizar los derechos consagrados en el Tratado (artículos 1 al 16), referidos a la no discriminación hacia las mujeres en distintos ámbitos. El período de análisis va del 2010 al 2016, es decir, la mayor parte se refiere al gobierno de CFK. Pero la enorme repercusión internacional que tuvo la marcha y el paro del miércoles 19 de octubre, ante la creciente escalada de femicidios, será el telón de fondo con el que el Comité examinará al país. Forma parte de la delegación oficial, entre otras funcionarias, la subsecretaria de Acceso de Justicia, María Fernanda Rodríguez; también la titular de la Oficina de Violencia de Género de la Corte, Analía Monferrer.

La revisión tendrá lugar en la Sala XVI del Palacio de las Naciones en Ginebra, entre las 10 y las 13 hora local (5 a 8, en Buenos Aires) y de las 15 a las 17 (10 a 12, en Buenos Aires), y será transmitida en vivo por Internet en <http://webtv.un.org/>. Los comentarios del Comité –conocidos oficialmente como observaciones finales– sobre Argentina y los demás Estados examinados en esta sesión –Canadá, Burundi, Bután, Bielorrusia, Suiza, Honduras, Armenia, Bangladés, Estonia, Holanda y Antigua y Barbuda–, se publicarán el 21 de noviembre.

El Comité recibió además del informe oficial, una serie de contra-informes, elaborados por coaliciones de ONG, sobre distintas temáticas: la situación en general, haciendo eje en las violencias machistas contra las mujeres en distintos ámbitos, el impacto de la criminalización del aborto, la situación de las mujeres trans –es la primera vez que se incluye un documento de estas características–, de las migrantes, y de las mujeres de pueblos originarios, entre otras miradas. El lunes está previsto que las expertas reciban a referentes de las ONG que participaron en la redacción de los informes “sombra” y de los organismos de control estatal como el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires (ver aparte).

El Comité Cedaw está compuesto por 23 expertas y expertos independientes en derechos humanos procedentes de todo el mundo. Sirven a título personal y no como representantes de los Estados miembros.

Preguntas y cuestionamientos

Entre las aspectos que probablemente el Comité Cedaw pregunte a la delegación argentina figuran los siguientes, que surgen de los informes “sombra” elaborados por las ONG especializadas en la temática:

- El Plan Nacional contra la Violencia de Género, anunciado meses atrás por el presidente Mauricio Macri enuncia un presupuesto a 3 años, el 80 por ciento del cual está destinado a la construcción de 36 Hogares de Protección Integral (HPI) en lugares todavía no identificados. No se ha publicado la información sobre los recursos que aportarán los diversos ministerios nacionales involucrados en las acciones que contempla el Plan, así como los mecanismos para garantizar tales acciones.

- Existe una gran disparidad en la cantidad de recursos disponibles en la capital de las provincias en contraposición a las localidades del interior.

- La falta de acceso al patrocinio jurídico gratuito es una de las mayores dificultades que encuentran las mujeres para la tramitación de las causas a partir de la denuncia. A fines de 2015 se sancionó la Ley 27.210 que crea el Cuerpo de Abogados en el ámbito de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de la Nación con el fin de brindar patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento legal integral en todo el territorio nacional a personas víctimas de violencia de género, así como la ejercida por razones de identidad de género u orientación sexual. Pero todavía no se reglamentó: hace falta avanzar en su asignación presupuestal y pronta implementación.

- Aunque en distintas jurisdicciones existen programas tanto en las áreas de justicia, salud o desarrollo social que atienden a mujeres víctimas de violencia, se encuentran desarticulados o superpuestos; se desconocen las funciones y tareas que desarrollan y la asignación presupuestaria con que cuentan; no garantizan los mecanismos (en términos de recursos humanos, equipos interdisciplinarios, subsidios, licencias, guarderías, acompañamiento y continuidad en los tratamientos) suficientes para la atención de la demanda ni producen estadísticas públicas de las situaciones y casos de violencia de género que concurren y/o son atendidos en los diferentes servicios.

- El déficit en el abordaje integral también se ve en la falta de políticas de apoyo económico para las mujeres. El programa de transferencia de ingresos denominado “Ellas Hacen”, implementado por el Estado Nacional en el territorio de diversas provincias, no ha brindado información que pudiera dar cuenta de la llegada de ese recurso a las mujeres en situación de violencia.

- Uno de los problemas que se constata en la Justicia es la falta de conexidad entre las causas iniciadas por una misma mujer contra el mismo agresor. En general, una mujer realiza varias denuncias por diferentes hechos de violencia familiar que promueven causas judiciales que se tramitan en uno o varios fueros (el de Familia, en los Juzgados de Paz para el cese de las situaciones de violencia y/o el dictado de medidas de protección, o en el Fuero Penal cuando aparecen delitos como amenazas, lesiones, intentos de homicidios, homicidios) sin que necesariamente las causas se conecten entre sí. Al mismo tiempo, la falta de articulación entre los poderes judicial y ejecutivo se verifica en la gran cantidad de casos de mujeres asesinadas en todo el país aunque tenían dictadas medidas de protección.

- La mayoría de los esfuerzos públicos se han concentrado largamente en la violencia doméstica, en particular, en la que se produce en el marco de las relaciones de pareja. El acoso sexual en el ámbito del empleo solo cuenta con una regulación parcial en el ámbito de la administración pública, y a pesar de ser un fenómeno extendido es ampliamente naturalizado y se conocen pocas denuncias. En un sentido similar, el acoso sexual en ámbitos educativos ha sido silenciado tradicionalmente por los ámbitos universitarios a pesar de que las mujeres constituyen más del 60 por ciento de las egresadas de las universidades nacionales.

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LA TIJERA PORTEÑA RECORTA COMO LA NACIONAL Por Werner Pertot

La solicitud de fondos del Espacio tenía el aval de la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Imagen: Guadalupe Lombardo

› AL IGUAL QUE EL GOBIERNO DE MACRI, EL DE RODRÍGUEZ LARRETA AJUSTA EL PRESUPUESTO PARA DERECHOS HUMANOS

La tijera porteña recorta como la nacional

El Espacio para la Memoria que administra la ex ESMA requiere 174 millones de pesos para funcionar en 2017, pero el Estado nacional aportará 95 y el porteño sólo 12 millones. Mientras, el presupuesto general de la ciudad crecerá un 59 por ciento y el de publicidad se duplicará.

Por Werner Pertot

La tijera sigue podando en las áreas de derechos humanos. Al ajuste informado por este diario en el ámbito del gobierno nacional, se sumó otro del gobierno porteño. El Ente Espacio para la Memoria, que administra la ex ESMA, solicitó un presupuesto para funcionar de 174 millones de pesos. El pedido fue suscripto por la Subsecretaría de Derechos Humanos porteña. Como el Ente es financiado por los gobiernos nacional y el porteño, esa partida debía dividirse entre las dos jurisdicciones. El gobierno nacional prevé destinar 95 millones. En tanto, la Ciudad decidió incluir sólo 12 millones en su presupuesto. Faltan 67 millones para el funcionamiento de la ex ESMA que no se sabe de dónde saldrán.

El Ente Espacio para la Memoria fue creado en 2007 mediante un convenio entre la Ciudad y la Nación que firmaron el entonces jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, y el entonces presidente, Néstor Kirchner. Su organismo directivo lo integran un representante de cada gobierno y uno de los organismos de derechos humanos.

En septiembre de este año, las autoridades de la ex ESMA enviaron una nota con la previsión del presupuesto que iban a necesitar para 2017. La cifra asciende a 174 millones de pesos. La firmaron Gustavo Peters Castro, por el gobierno nacional; Amy Rice Cabrera, por los organismos de derechos humanos; y la subsecretaria de Derechos Humanos de la ciudad, Pamela Malewicz. La aparición de la firma de una funcionaria porteña pareció marcar una diferencia con años previos: por ejemplo, en 2015, con Macri como jefe de gobierno, la Ciudad puso cero pesos en la ex ESMA.

La Nación presupuestó 95 millones para el Ente, por lo que se suponía que los otros 79 millones corresponderían a la ciudad. Las esperanzas fueron vanas. En cambio, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta asignó para el año que viene sólo 12 millones de pesos. Son 67 millones menos.

En los documentos que llevan el gancho de la subsecretaria de Derechos Humanos, se indica que el Ente requiere de 93 millones para pago de salarios, 54 millones en bienes de uso (que incluyen construcciones y refacciones), cerca de 10 millones para bienes de consumo y otros 16 millones para mantenimiento, entre otros gastos. Con el presupuesto actual, podrán hacer poco más que pagar los sueldos. No está claro cómo se aplicará el aumento sobre los salarios, incluso si se toma la estimación oficial del 17 por ciento.

Derechos publicitarios

La partida destinada a la comunicación del gobierno porteño muestra un contraste con estos números. Según relevó el equipo del legislador de Nuevo Encuentro José Cruz Campagnoli, ese área duplicará su presupuesto en un año electoral: pasará de 700 a 1400 millones. “Con apenas el 5 por ciento del presupuesto destinado a publicidad se podría garantizar el normal funcionamiento del Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos”, advirtieron en un informe armado por el equipo del legislador.

El trabajo también detalla que hay un recorte sobre el presupuesto que regula la asistencia y contención para las víctimas del terrorismo de Estado. El presupuesto para 2016 era de 185 mil pesos, lo que ya era considerado “sumamente bajo” por los organismos de derechos humanos, que indicaron que no se implementaron acciones de ningún tipo este año. Para 2017, se lo recorta a la mitad: 90 mil pesos. El equipo de Campagnoli recuerda que el año próximo se harán los juicios del circuito Atlético-Banco-Olimpo, el Sheraton y la ex ESMA.

“El ajuste que se prevé para estos programas no obedece a ningún tipo de restricción presupuestaria atravesada por el Gobierno de la Ciudad. El presupuesto general de la ciudad para 2017 es superior en un 59 por ciento al sancionado para 2016”, advierte el informe de Campagnoli. Incluso, destaca que “el de la Subsecretaría de Derechos Humanos es superior en un 32 por ciento al presupuesto vigente al 30 de septiembre de este año (aunque la mayor parte de ese incremento se destina a las actividades comunes del área, que incluyen básicamente gastos en personal y servicios no personales)”.

Peor es nada

El legislador Campagnoli confrontó con estos datos a la subsecretaria de Derechos Humanos porteña cuando visitó la Legislatura para la ronda informativa del presupuesto 2017. La funcionaria PRO le respondió que este año fue peor: “Vale aclarar que este año el Ente no tuvo presupuesto por parte de la ciudad. Por lo tanto, dado el trabajo que venimos haciendo a lo largo de todo el año, tanto con el directorio como con el órgano ejecutivo, logramos incorporar 12,5 millones”, indicó Malewicz. “Es un avance importante pasar de tener cero presupuesto a 12,5 millones de pesos”, consideró la funcionaria, en línea con los razonamientos del ministro de Producción nacional, Francisco Cabrera, cuando estimó que las suspensiones en el sector privado tenían un costado positivo: no eran despidos.

Malewicz también indicó que este año “más allá de no haber tenido un aporte en términos directos en el presupuesto, hubo colaboración por parte de la ciudad en varias prestaciones que oportunamente se fueron informando”. Entre ellas enumeró el control de plagas, del tránsito, limpieza del espacio público y señalamiento de veredas. Es decir, tareas que el gobierno porteño debe realizar en toda la ciudad.

Además, destacó que suministraron baños químicos para la Noche de los Museos, una actividad organizada hace más de una década por el gobierno porteño.

Campagnoli también le preguntó por el recorte del programa de asistencia a las víctimas y Malewicz contestó que “lo que tenemos acordado con el Centro Ulloa tiene que ver con la asistencia integral del área psicológica”. En el informe que elaboró el equipo de Campagnoli, advierten que el Centro Ulloa –que depende de Nación– sufrió despidos y recortes este año. Además, indicaron que una de las tareas del programa es asegurar el traslado de los testigos al juicio, algo que el Centro Ulloa no suple.

“Hay una política de desfinanciar los programas de memoria, verdad y justicia. El presupuesto de publicidad de la ciudad aumenta al doble, así que no es un problema de falta de dinero, sino de decisión política”, consideró Campagnoli en diálogo con este diario. “Queda claro que el vaciamiento de las áreas de derechos humanos no responde a ningún tipo de restricción ajena a la voluntad de los funcionarios porteños –remarcó–, sino a una clara decisión política por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.”

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LA CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO ARGENTINO

artículo destacado

Nota de autor

En el siguiente trabajo me propondré hacer un análisis sobre el proceso de consolidación del Estado Argentino. El cual está íntimamente relacionado con la emergencia de una clase dominante, que protagonizará el desarrollo de este proceso de unificación Nacional en su propio interés de clase. Teniendo en cuenta las características de este periodo, de resistencias por parte de un sector del interior a la entrada de una nueva órbita a nivel mundial que va a estar caracterizado con lo que conocemos, como división social del trabajo.

Esta entrada al mercado mundial va a estar determinada por un fuerte nivel de dependencia que excluye a varios sectores dominantes del interior, su consecuencia será generar un antagonismo entre estos sectores en pugna, los sucesos mencionados son los que imposibilitarán una cohesión a nivel nacional de clase hegemónica.

Diferentes intereses económicos fueron los que imposibilitaron la concreción de un proyecto nacional desde un principio. Estos se van a ver trastocados cuando se logre conformar un bloque histórico que conforme un poder hegemónico, en términos de Ansaldi[1], que utilizando categorías Gramscianas, nos permite entender cómo se da esa unidad nacional que termina de consolidarse en 1880.

Para llegar a esta conformación se tuvieron que llevar adelante actos violentos, sangrientos y de cooptación contra los que se rebelaban a la incorporación de un nuevo sistema de producción de corte capitalista. 

En la consolidación del Estado nacional fue fundamental el rol que cumplió la guerra del Paraguay que será analizada más adelante .Y para culminar el trabajo me detendré a observar los análisis que hicieron los intelectuales de 1840 a 1860 en la compresión de una futura nación. 

Para comprender el proceso de gestación del Estado nacional es fundamental entender como la independencia del yugo Español no dejo una clase social dominante a nivel nacional, esto va a quedar plasmado en el devenir histórico y conflictivo que va a tener lugar en el rio de la plata, caracterizado por los enfrentamientos que son consecuencia de los particularismos regionales. Siempre predominando el sentir local sobre el nacional, al respecto Chiaramonte aclara “(…) La independencia, entonces, sobreviene cuando el grado de maduración de los principales sectores sociales de las colonias estaban aún muy lejos de permitir trascender los particularismo regionales o locales (…)[2]

Esta “balcanización” que se produce en el RÍo de La Plata va a seguir teniendo un rol predominante, incluso después de la caída de Rosas en Caseros (1852). Los actores políticos de esa época consideraban que el mal que afligía a sus tierras está determinado por el Rosismo. 

La caída de Rosas demostrará que el mal que afligía al Plata no era justamente un poder unipersonal, sino que el conflicto era mucho más profundo, de intereses económicos y estos se determinaban por quien detentaba el usufructo de los aranceles que provenían de la aduana. En síntesis: el factor del conflicto seguía girando en torno de la capitalización de Buenos Aires, la cual era fuertemente repudiada por las clases dominantes de la provincia.

El gran problema había sido resuelto, rosas es exiliado, pero los conflictos seguían igual de latentes o quizás más que a la deposición del restaurador.

Las clases dominantes de Buenos Aires dieron un golpe de estado en setiembre de 1852 poniendo como representantes a B.Mitre y A. Alsina, desconociendo el poder nacional de Urquiza, esto estaba íntimamente relacionado con sus intereses, particularmente los referidos al puerto y la aduana porteña.

En 1853 Urquiza convoca a un congreso constituyente en Santa Fe donde se sanciona la constitución nacional. Buenos Aires no acata la Constitución y con ello se generaba una separación en la cual se consolidaría la confederación por un lado y Buenos Aires por el otro. Las desavenencias llegarán a su fin en la batalla de Pavón, en la cual Mitre derrota a Urquiza de una manera poco clara. A partir de ese momento es cuando comenzará a cumplir un rol fundamental la construcción de la Nación. Esto llevará a que las burguesías empiecen a entender que necesitan consolidarse como clase hegemónica para construir el vasto territorio Argentino y terminar con la crisis orgánica que deviene de las primeras invasiones inglesas[3]. Para generar esta consolidación era necesario constituir relaciones sociales de producción capitalistas, subordinándolas a las demás economías, destruyéndolas. Este proceso durará veinte años en consolidarse. Una vez llevado a cabo surgirá el tipo de economía dependiente que va a caracterizar a Argentina.

La burguesía del litoral, junto a los comerciantes de Buenos Aires, van a ser los que hegemonicen este proceso de consolidación, la constitución de este sector no se puede dejar de explicar sin el análisis del mercado mundial. La emergencia del imperialismo va a determinar la construcción de las clases dominantes hacia el interior del Rio de La Plata. La economía que va a surgir de esta alianza, entre los sectores terratenientes y el imperialismo, va a determinar el desarrollo económico que va a poder desplegar Argentina y el papel que le va a tocar cumplir en la división social del trabajo, un país exportador de materias primas dependiente de Inglaterra. Como afirma Milciades Peña “(…) El monopolio constituye, en última instancia, un intento de frenar la tendencia al descenso constante de la tasa de ganancias (…)[4]. Lo que deja en claro el autor es que la entrada al mercado mundial está determinada por una etapa monopólica del mismo, y esto está íntimamente relacionado con la caída tendencial de la tasa de ganancias. Para seguir desarrollando niveles de beneficios extraordinarios, es necesario mantener una estructura monopólica. Y esta coyuntura le va a servir a las burguesías dependientes para consolidar su proyecto de nación, caracterizado por una economía de tipo liberal dependiente. Este “desarrollo” comenzará con la presidencia de Mitre, y en él podemos encontrar al representante por antonomasia de una “burguesía” parasitaria, que logra expandirse y tendrá su coronación en 1880 cuando logre consolidarse el Estado Nación, logrando terminar con el conflicto que llevo años resolver, la capitalización de Buenos Aires. Lo que va a caracterizar este proceso es la implementación de un régimen político oligárquico.

El ferrocarril juega un rol de suma importancia en este periodo de transformación, la entrada del mismo logra beneficiar a la oligarquía, y termina de acentuar el poder a nivel económico que va a cumplir el capital extranjero en el territorio argentino.

La función que va a tener este medio de transporte ayudará a que las economías del interior, pre capitalista, se vayan destruyendo. Imponiendo nuevos tipos de relaciones sociales de producción, la emergencia del capitalismo está relacionado a su grado de dependencia con la economía británica, esto es lo que hace que se imposibilite un desarrollo autónomo, con una burguesía dinámica industrial. Que esta no quiera desarrollarse industrialmente no quiere decir que no sea racional a sus intereses de clase, su desarrollo está ligado a la tierra y a través de esta es donde consiguen obtener altos beneficios, con poca inversión. Al respecto Ansaldi opina “(…) En esta subordinación recreación, el ferrocarril desempeña un papel decisivo, que no siempre ha sido bien planteado. Lo esencial de él consiste en la destrucción de las formas de producción artesanales, domesticas, rurales y urbanas, por un lado; por otro, coadyuva a la formación del mercado interno y a la reactivación de las economías regionales (…)[5]. Lo que deja planteado el autor es el rol fundamental que cumplió el ferrocarril, para generar un mercado nacional ligado a un mismo interés. Es en esta situación donde se dan alianzas entre sectores dominantes para el desarrollo del Estado Nación, favoreciendo al mercado interno. Pero la incorporación de capitales extranjeros marcaron una intensa relación de servilismo por parte de las clases dominantes hacia él capital Ingles.”(…) Al ferrocarril Central Argentino se le garantizó una ganancia anual de 7% sobre un capital doble del necesario para construir la línea, y se le regalo una legua de campo a cada costado de la vía, totalizando casi 350.000 hectáreas (…)”[6]. A través de esta cita queda explicito el alto nivel de rentabilidad que obtenían Inglaterra por las inversiones, y las ganancias siempre eran solventadas por el estado. La consolidación del Estado Nacional está enmarcada por clases dominantes entreguistas, a los capitales financieros del imperio.

Todo este proceso culminará cuando el Estado Nacional en términos de Oslak[7] logre penetrar en todas las esferas de la vida social. Esta penetración se va a dar de diferentes formas: represiva, cooptativas, material ligada al “progreso” económico y por último la penetración va a estar ligada al plano ideológico, base fundamental de todo proceso de construcción estatal que permite no solo gobernar a través de la coerción, sino a través de un consenso; mediante estas herramientas se erigirá la Nación y se legitimara el poder central creado. 

Pero para llegar a esta construcción nacional se deberían derramar litros de sangre en post de la unidad Nacional. Y en este contexto es donde se enmarca una de las guerras más cruentas, sangrientas e injustas que pudo conocer América Latina, la guerra de la triple alianza o mejor dicho por José María Rosa la triple infamia[8], contra el Paraguay del “dictador” Solano López. Al representante máximo del Paraguay lo tildaban de dictador por elegir un tipo de desarrollo económico antagónico al de las clases entreguista del imperialismo.

Basada en una economía proteccionista, en la cual el comercio exterior era monopolizado por el Estado, este país había logrado desarrollar sus fuerzas productivas de una manera independiente al capital metropolitano. Este Estado había elegido una ruta diferente a la que había tomado Argentina, Brasil y Uruguay, el caso de Uruguay es quizás más complejo ya que se necesito deponer al gobierno de los Blancos para generar esta alianza auspiciada por Flores.

El conflicto fue dominado por los intereses de las clases dominantes de los tres países en cuestión, que hicieron la guerra junto a Inglaterra, y cabe aclarar esto por los lazos de reciprocidad que se entretejen en ambos sectores (Gran Bretaña, y los tres países referidos). Las burguesías dependientes tienen los mismos intereses que las de la metrópoli. Pero al margen de que los une un mismo interés, la más beneficiada por la guerra va a ser Inglaterra que logró entregar préstamos a tasas elevadísimas consolidando aun más el poder de influencia sobre los países que tuvieron que dirimirse en este conflicto. 

Tanto Pomer[9] como Ortega Peña y Duhalde[10], señalan que la parálisis en la industria textil inglesa provocada por la guerra civil en EE.UU. (no exportaba algodón) fue uno de los motivos que llevó a los ingleses a buscar en el mundo otros proveedores. Allí donde los encontraron, no alcanzaban a cubrir las necesidades de la industria, ante esta situación Paraguay se presentaba como una potencial fuente algodonera. 

Si bien Inglaterra apoyo esta guerra, tuvo un rol preponderante las decisiones que Mitre impulso para sumarse a esta empresa depredadora. El desarrollo capitalista debía consolidarse, necesitaba barrer con todos los resabios pre capitalistas y entre ellos se encontraban los caudillos del interior, la mejor manera de terminar con este obstáculo era exterminarlos, mandándolos a la guerra. De esta manera Mitre logra tener allanado el camino para forjar la Nación liberal que él tanto deseaba, vale recordar que esta guerra fue repudiada por amplios sectores del interior. Uno de los tantos que luchó en contra del poder central de Buenos Aires fue Felipe Varela. Considero importante rescatar esto porque demuestra el sentir de los pueblos del interior contra esta guerra nefasta, sumada a la prepotencia de las clases dominantes de Buenos Aires.

FELIPE VARELA

La guerra del Paraguay que dura de 1965 a 1970 fue funcional al proceso de consolidación del Estado, logra exterminar con todas las fuerzas antagónicas que se pronunciaban contra la unificación. Otra de las causas todavía no expuestas sobre el porqué de esta empresa bélica, reside en el carácter reaccionario que tenían los países liberales: de tal manera, no podía existir un país vecino que desarrolle una economía proteccionista; cabe recordar que el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas que había alcanzo Paraguay era altísimo, Paraguay contradecía los principios liberales, por lo tanto debía ser destruida. 

A través del recorrido histórico que hice queda demostrado las principales características sobre la conformación del Estado, que es totalmente antagónico al que habían pensado los intelectuales de mitad del siglo XIX, aquí me estoy refiriendo a Sarmiento y Alberdi.

Lo que podemos observar en estos dos intelectuales, es el rechazo que terminaron sintiendo hacia la oligarquía argentina, el mismo siempre fue acallado por este sector.[11]El pensamiento que habían desarrollado estos dos pensadores, estaba fuertemente marcado por el positivismo, y el desarrollo industrial, capitalista tanto de Estados Unidos como Europa, querían generar el mismo desarrollo en su “país”, no querían quedar afuera del tren de la historia. Y este se caracterizaba por las cualidades del desarrollo capitalista. Sarmiento y Alberdi no coincidían en sus formas de interpretar la realidad, su pensamientos eran disimiles, y este antagonismo los va a encontrar en bandos separados. 

Para hacer un buen análisis de los dos consideró pertinente primero desglosar los principales puntos del pensamiento de Sarmiento para luego entrar en el análisis de Alberdi. Lo primero que hay que tener en cuenta es que Sarmiento fue un hombre de política, de acción por lo tanto esta más expuesto a las criticas, ya que la política es barro y como tal es muy difícil salir “limpio” de ella, esta conlleva a constantes contradicciones. Y el caso de Sarmiento no fue la excepción. Si uno analiza su proyecto económico basado en una economía de tipo farmers, se da cuenta que Sarmiento estaba visualizando el problema del “país”, y notaba que la concentración de la tierra era lo que iba a limitar su desarrollo industrial, de ahí es que surge su odio a todo lo relacionado con la gran propiedad y desarrolla ese maniqueísmo que caracteriza al pensador; entre civilización y barbarie[12]. Su proyecto giraba en torno a la división de la tierra, generando pequeños propietarios, para generar el desarrollo que había llevado a Estados Unidos a constituirse como tal. Lo que se puede criticar de Sarmiento es que no logró ver las condiciones objetivas del territorio para desarrollar su planteamiento. De hecho cuando fue presidente no pudo poner en funcionamiento su proyecto, lógicamente impedido por las clases dominantes, para llevar a cabo dicho proceso se debe tener a favor una correlación de fuerzas que él no tenía, pero lo que es bueno rescatar es que se murió denunciado a la oligarquía. Otros de los puntos fuertes de Sarmiento es su odio al gaucho y a todo lo que representaba el “atraso”, y de ahí surge su concepción exterminadora con todo lo que representa la “barbarie”, en este punto no lo quiero reivindicar, pero lo que hay que tratar de hacer por más que denunciemos esta perspectiva sangrienta, es entrar en su mirada política y económica, fuertemente teleológica. El fin de la “barbarie iba a hacer surgir la civilización”, y con ella el capitalismo industrial, el devenir histórico le demostró a Sarmiento que esto no era así y se murió denunciando que lo que él había apoyado y gobernaba la nación, era la barbarie[13]. Otra de las maneras que Sarmiento consideraba necesarias para terminar con la “barbarie”; era la incorporación de la educación, le interesaba mucho desarrollar una sociedad educada en la enseñanza, ya que esta cumplía un rol fundamental en las sociedades que el tanto admiraba.

Ahora pasare a explicar la visión de Alberdi que como dije más arriba, es la mirada de un intelectual puro, alguien que escribió sobre política pero que no participo de ella. Lo que podemos decir de su pensamiento es que tenía una mirada integracionista a diferencia de Sarmiento, él consideraba que el campo era el motor dinámico de la economía y por ende su proyecto se apoyaba sobre él y en la inversión extranjera, esta inversión pensaba (Alberdi) era la que iba a desarrollar las bases para generar un capitalismo desarrollado, de ahí va a surgir la critica que le hace Milciades Peña a Alberdi, por no haber visualizado el desarrollo del imperialismo[14]. Este análisis lo puede hacer Peña porque lo analiza desde el siglo XX. El proyecto de Alberdi se sustentaba más en las condiciones objetivas con las que contaba el “país”, ya que creyendo que a través de las ventajas comparativas que tenia argentina respecto de las materias primas frente al mundo, iba a poder consolidar una acumulación que le permitiría dar el salto al gran desarrollo capitalista, en términos de Alberdi a la república verdadera. Lo que se puede observar es que este intelectual trata de desarrollar un proyecto basado en las cualidades que tiene esa región constituida por una gran propiedad, y no la va a atacar, a través de su razonamiento va a tratar de que esa República posible se transforme en una República verdadera. Por eso es que dentro de su concepción se encuentra la necesidad de poblar el extenso territorio. 

 

ALBERDI SARMIENTO

A diferencia de Sarmiento se va a declarar en contra de la educación escolar, su deseo es que se practique la enseñanza técnica, la educación seria parte de esa República verdadera.

En los dos autores esta la concepción de atraer inmigrantes protestantes del norte.

Lo cierto es que ninguno de los dos proyectos pudo llevarse a cabo, esto está ligado al vacio que se dio en el Rio de la Plata de una burguesía de tipo industrial[15]. Así, dos de los máximos intelectuales de ese periodo, no pudieron visualizar esto, es por eso que terminaron viendo como sus proyectos eran dejados de lado, al tiempo que se desarrollaba esa clase dependiente basada en la posesión de la tierra.

[1] Waldo Ansaldi “notas sobre la formación de la burguesía argentina, 1780-1880, en Enrique Florescano, Orígenes y desarrollo de la burguesía en América Latina .Nueva imagen, 1980, págs. 515 a 583.

[2] Chiaramonte, J.C, “La cuestión regional en el proceso de gestación del estado nacional Argentino. Algunos problemas de interpretación “, en Mercaderes del litoral. Buenos Aires, fondo de cultura económica, 1991, pp. 21-54

[3] Waldo Ansaldi Óp. Cit P. 544

[4] Milciades Peña, De mitre a Roca, Buenos Aires, Fichas 1975. P 15

[5] Waldo Ansaldi. Op. Cit, P 550-551

[6] Milciades Peña Op. Cit. P 22

[7] Oscar Oslak, la formación del estado argentino, Buenos Aires Ed. Belgrano, 1982, capitulo III

[8] José María Rosa, La guerra del Paraguay y las montoneras argentina. Hyspamérica, Buenos Aires, 1987 

[9] Leon Pomer, La guerra del Paraguay, Buenos Aires, CEAL, 1987

[10] Ortega Peña, Rodolfo: Felipe Varela contra el imperialismo Britanico. Capítulos 1 y 2

[11] Peña Milciades: Alberdi, Sarmiento y el 90. Cap 2

[12] Sarmiento, Domingo. Facundo; Editorial losada

[13] Milciades Peña op. cit

[14] ibíd.

[15] Milciades Peña, El paraíso terrateniente, Fichas, Buenos Aires 1975, pags.93a 119

G.O.

LA ONU RECLAMÓ AL GOBIERNO LA "LIBERACIÓN INMEDIATA" DE MILAGRO SALA

› CALIFICÓ SU DETENCIÓN COMO "ARBITRARIA" Y RECONOCIÓ QUE "TIENE DERECHO A BUSCAR Y OBTENER UNA REPARACIÓN DEL ESTADO"

La ONU reclamó al Gobierno la "liberación inmediata" de Milagro Sala

La resolución completa

De acuerdo con el comunicado conjunto difundido por el CELS, Amnistía Internacional y ANDHES, "el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria de Naciones Unidas decidió que 'la detención de la señora Milagro Sala es arbitraria' y, en consecuencia, solicitó 'al gobierno de la República Argentina liberarla de inmediato'".

El organismo internacional determinó que hubo un entramado de "acusaciones consecutivas" e inicio de causas judiciales para sostener su privación de libertad de manera indefinida en el tiempo, y advirtió que en su caso se está vulnerando la independencia judicial.

Además, al analizar las causas judiciales por las que Sala está privada de la libertad concluyó que no existen elementos legales para justificar su prisión preventiva. Consideró que no se demostró que existen en este caso riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación que justifiquen su privación de libertad.

A su vez, consideró que el Estado impidió el ejercicio del derecho de defensa de Sala por la falta de precisión y claridad de los hechos que se le imputan y por no informarle adecuadamente los delitos por los que es acusada. También entendió que Milagro Sala por su condición de parlamentaria del Mercosur contaba con fueros que impedían su detención.

El Grupo de la ONU entendió que la detención de Sala "se dio como resultado del ejercicio de sus derechos humanos", solicitó que sea inmediatamente liberada, que se investigue la violación de sus derechos y que el Estado informe cómo garantizará que no se produzcan hechos similares. "El Estado argentino tiene la responsabilidad de cumplir con las medidas determinadas por el Grupo de trabajo", agrega el comunicado de los tres organismos que hicieron la denuncia original.

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RADIOGRAFÍA DEL SERVICIO PENITENCIARIO BONAERENSE Por Gastón Rodríguez

Radiografía del Servicio Penitenciario Bonaerense

La sobrepoblación, las dificultades para estudiar o alimentarse y los abusos de los agentes, explicados en números.

Por Gastón Rodríguez

La remoción de la cúpula del Servicio Penitenciario Bonaerense, por segunda vez en el año, puso en el centro de la escena el precario estado de las cárceles de la Provincia de Buenos Aires. Y los números no hacen más que dejar en evidencia un sistema colapsado.

De lo básico a lo complejo. 

El SPB cuenta con 55 Unidades (50 penales y 5 Alcaidías) organizadas en 12 complejos penitenciarios. A ello se suman 7 Alcaidías Departamentales.

En diciembre de 2015, la Provincia de Buenos Aires alcanzó el récord histórico de detenidos: 39.927, de los que el 56 % tiene prisión preventiva, es decir, más de la mitad aún no tiene condena firme.

Según el último informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), durante 2015, hubo 145 muertes de las cuales, el 65 % fue por cuestiones de salud que habrían podido evitarse. Un cálculo simple establece que cada semana mueren tres detenidos: uno cada 56 horas.

Además se registraron 18.557 hechos de torturas y de agravamiento de las condiciones de detención. Estas prácticas violentas suceden con la connivencia de la Justicia: de las 3.582 causas penales iniciadas contra agentes de seguridad, sólo 11 fueron caratuladas como torturas y las restantes tuvieron penas leves. “Mientras haya impunidad seguirá habiendo tortura en las cárceles”, resumió el presidente de la CPM Adolfo Pérez Esquivel.

La provincia de Buenos Aires recibe anualmente alrededor de 2.200 internos, mientras que la tasa de recambio del sistema es de unos 600. Sumado a un índice de encarcelamiento alto (por encima de la media nacional) deriva en el agravamiento de la situación a futuro. En relación a las condiciones de habitabilidad, el promedio del SPB está lejos del ideal de 7.000 internos, que ascienden a 9.000 si se consideran los alojados en comisarías recomendado (en m2 por interno). En la actualidad, se cuenta con unas 26.000 plazas, lo que arroja una sobrepoblación.

El propio ministro de Justicia de la provincia, Gustavo Ferrari, admitió que la situación en materia penitenciaria “es de emergencia y crítica” a raíz de la superpoblación de reclusos que, detalló, crece a razón de 1500 por año, por lo cual consideró que “es imposible” construir “en tiempo récord” alcaldías y cárceles que den respuesta a este creciente número de detenidos.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia Bonaerense reconoció en diciembre pasado la situación de colapso y las consecuentes vulneraciones a los derechos humanos. En ese sentido, su vicepresidenta Hilda Kogan acompañó la presentación de la CPM y remarcó la importancia de cada informe: “El trabajo de la Comisión no sólo es importante como documento para los poderes del Estado que deben trabajar en la defensa de los derechos humanos sino también para los familiares de las personas detenidas que sienten que alguien los escucha, los defiende y los ayuda a no sentirse solos”.

Educación: Insuficiencia crónica. 

El SPB cuenta con cursos de educación primaria, secundaria, terciaria y universitaria, sin embargo, la sobrepoblación y la constante demanda de educación por parte de los internos provocan una insuficiencia crónica (aproximadamente un 40% de la población carcelaria realiza cursos en algún nivel educativo).

En muchos casos las aulas son utilizadas como espacios para que los internos reciban a las visitas, lo que trae como consecuencia dos situaciones: que los espacios destinados a las escuelas no cumplan con tal fin, y que los internos mientras reciben las visitas no concurran a clases.

En ese sentido, se calcula que un 8% de los internos no pueden acceder al derecho fundamental de la educación, por déficits de infraestructura y por falta de docentes.

Poco trabajo, poca comida. 

De acuerdo al Plan a diez años para cárceles de la provincia presentado por el Ministerio de Justicia bonaerense, a diciembre de 2015, funcionaban 28 panaderías en las distintas unidades, todas ellas mostraban falta de mantenimiento: carros y bandejas deteriorados, maquinaria fuera de servicio o en estado de deterioro y precariedad avanzada (engranajes desgastados y/o rotos, lonas en muy mal estado, motores quemados, etc). Dicha situación planteaba la necesidad de renovar los equipos y poner en valor las instalaciones existentes.

Por su parte, los 15 talleres textiles distribuidos en distintas unidades, se encontraban cerrados. La misma situación se podía observar con la fábrica de fideos que se encuentra en la Unidad Nº1 de Lisandro Olmos y con la producción de bloques de cemento emplazada en la Unidad Nº18 de Gorina

En lo que respecta a los talleres de chapa, pintura y mecánica ligera, de un total de 51 sólo 14 estaban en funcionamiento, mientras que 37 se encontraban inactivos; de 23 talleres de carpintería sólo 6 se mantenían operativos, alcanzando a 17 los paralizados; de los 24 talleres dedicados a herrería sólo 3 funcionaban, y únicamente 2 de los 15 talleres textiles estaban en producción. Los 17 lavaderos de autos se encontraban sin funcionar.

En cuento a la alimentación que reciben los reclusos, en el último año prácticamente no existió el postre, y tanto la fruta como la carne habían sido eliminadas de las dietas. El plan del gobierno de María Eugenia Vidal es lanzar un menú más equilibrado, al que se sumen alimentos. Incluso, no descartan realizar un plan de viandas, preso por preso.

Mafias. 

En diciembre de 2015, pocos días después de asumir, fue la primera vez que la gobernadora Vidal opinó sobre el funcionamiento de mafias dentro del SPB. La fuga de la cárcel de Alvear de los autores materiales del triple crimen de General Rodríguez evidenció la complicidad entre presos y agentes. La mandataria provincial reaccionó ordenando la primera remoción de toda la cúpula del Servicio Penitenciario Bonaerense.

También podés leer:

> Vidal desplazó al jefe del SPB y anunció intervención civil por 90 días

> "En la cárcel las personas involucionan"

Fuente: http://tiempoar.com.ar/

ABSUELTO 11 AÑOS DESPUÉS: ¿Y AHORA QUIÉN SE LOS DEVUELVE?

CORREPI

26.Oct.16 :: Novedades - Documentos y Comunicados

Absuelto 11 años después: ¿y ahora quién se los devuelve?

El día de ayer, la Corte Suprema de Justicia de la Nación absolvió a Fernando Ariel Carrera (38), después de haber sido víctima de una causa armada que lo condenó inicialmente a treinta años de prisión, de los cuales estuvo siete y medio preso, por los hechos ocurridos en 2005 durante la bautizada por los medios oficiales “Masacre de Pompeya”.

El 25 de enero de 2005 al mediodía, Fernando, de 27 años en aquel entonces, manejaba su Peugeot 205 blanco por las calles del barrio de Pompeya después de dejar a sus hijos en la casa de su abuela. Llegando a la intersección de las calles Sáenz y Esquiú, vio un hombre trepado al marco de la ventana de un auto negro aledaño que le apuntaba con una ithaca. Asustado, intentó acelerar pensando que iban a asaltarlo, pero no alcanzó a huir. Perdió el conocimiento, y cuando volvió a despertarse ya estaba esposado.

¿Qué había pasado? El auto recibió dieciocho disparos, que incluían balas de punta hueca calibre 11.25 y 9mm: ocho impactaron en Fernando; una fue directo a la mandíbula. Lógicamente, perdió el conocimiento. Y el vehículo, acelerado por el peso del cuerpo muerto, siguió adelante un tramo de dos cuadras, trayecto en el cual atropelló a cinco personas y terminó chocando con una camioneta que llevaba otras dos. Dos mujeres y un niño de seis años fallecieron por el impacto.

El auto negro -un Peugeot 504, prohibido a circular según comprueba el Registro de Automotores- y un Renault 9 gris, recorrían la zona en el marco de un “operativo cerrojo” que pretendía seguir la pista a un auto blanco con las mismas características que el de Fernando, denunciado por robo a mano armada en la zona de Lugano. El personal a cargo era la brigada de la comisaría 34ª. Pero claro, iban de civil.

No tardaron mucho en darse cuenta que se habían equivocado. Y cuando lo hicieron, “limpiaron” el terreno. Manipularon la escena, le plantaron un perro (arma suya, para legitimar la tesis del enfrentamiento) y recurrieron a testigos falsos, como Rubén Maugeri, presidente de la Asociación de Amigos de la Comisarí¬a 34ª, para armar la causa a su gusto y piacere hasta que llegaran los medios y publicaran su informe, con la versión oficial. Así titularon “Masacre de Pompeya”. [Cualquier parecido con la Masacre de Wilde perpretrada por la Bonaerense en 1994, no es mera casualidad.]

En junio de 2007, Carrera fue condenado por el Tribunal Oral Criminal N°14 a 30 años de prisión por triple homicidio con dolo eventual, robo agravado, lesiones y abuso de arma. Estuvo siete años y cinco meses preso en el penal de Marcos Paz hasta que, a raíz del recurso interpuesto por su defensa, avalado por referentes de los DDHH como Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, la Corte Suprema anuló la sentencia y ordenó a la Cámara de Casación -que ya había confirmado la condena- que la revisara y emitiera un nuevo fallo.

Para entonces, el caso había tenido una difusión masiva, después del estreno del documental de Enrique Piñeyro, “El Rati Horror Show” (dicho sea de paso, difusión que no alcanzan los miles de casos similares que vemos todos los días, que terminan con fusilamientos de gatillo fácil, muerte en cárceles y comisarías o, como en éste, con la víctima presa y una causa armada). El escándalo público sirvió para que el 6 de junio de 2012, Fernando fuera excarcelado por disposición del Tribunal que cinco años antes lo había sentenciado. Pero la opereta no duró mucho, y el fallo tendría patas cortas: el 12 de agosto siguiente, fue condenado, nuevamente, a 15 años de prisión por robo agravado y triple homicidio, por la Sala III de la Cámara de Casación Penal, con la firma de los jueces Mariano Borinsky, Liliana Catucci y Ana María Figueroa.

A pesar de lo que dijo el informe oficial, los disparos habían silbado de un solo lado. Lo cierto es que Fernando fue torturado para que se hiciera cargo de los robos y las muertes, y, a pesar de que era evidente el armado de la causa, fue condenado.

La causa de Fernando puso en evidencia una práctica que vivimos todos los días, que tuvo la ventaja que no tiene la mayoría, que es hacerse visible. Esa práctica, que da luz verde a que cualquiera de nosotros y nosotras puede ser víctima del accionar impune de las fuerzas de “seguridad” que bañan de sangre nuestros barrios.

Las mismas fuerzas que son protegidas por jueces y fiscales, y legitimadas por los medios de comunicación cómplices, que actúan como un tribunal previo al tribunal, hasta que no les quede otra porque dejó de ser necesario y el armado quedó en el olvido, y entonces la absolución. El offside nunca es suficiente, cuando el chivo expiatorio cumplió su función: la investigación y la cadena de responsables terminó en Fernando.

Mientras tanto, pasaron once años desde entonces. Siete y medio estuvo adentro. ¿Y ahora quién se los devuelve?

http://correpi.lahaine.org/