El hombre de hojalata

Hace mucho que a Macrì nada le sale como desea

En un comentario de televisión, Beatriz Sarlo calificó como un hombre de hierro a Maurizio Macrì, quien a su vez justificó los problemas de la economía alegando que él no es mago, ni estafador. Joaquín Morales Solá lo matizó, presentándolo como jefe del ala dura del gobierno. Si en la realidad se incluye algo más que las intrigas de palacio, sería más parecido al Hombre de Hojalata de El Mago de Oz, que se queda duro y avanza a los tumbos por falta de lubricante. Lo único que debe reconocerse es que hasta ahora se las ha ingeniado para que ningún proceso judicial llegue a la última instancia condenándolo por defraudación, atributo común a su clase, con escasas excepciones. Su inflexibilidad para sostener aumentos tarifarios que golpean a su propia base electoral y transferir el costo a gobernadores e intendentes tiene carácter metálico, pero no vinculado con su temperamento sino con las ganancias extraordinarias de las empresas productoras y distribuidoras que, no por magia, han sido adquiridas por familiares, amigos y asociados del primer presidente offshore de la historia nacional.

En las últimas semanas nada le viene saliendo como desearía:

* En una semana sacrificó el 7% de las reservas del Banco Central y elevó la tasa de interés por encima del 30% y ni aún así pudo contener la corrida por la cual el dólar termina el cuarto mes del año por encima de los 21 pesos pero con una gran expectativa por la reapertura del mercado de cambios el miércoles 3 luego de un feriado de cuatro días de hervidero y la perspectiva de un salto más pronunciado. De eso hablan en dos artículos de esta edición Pedro Biscay y Sebastián Soler;

* no hay una sola encuesta de opinión en la que alguna de las evaluaciones de imagen y gestión de Macrì y de su gobierno detengan su caída;

* el malestar social por sus políticas hace erupción en cualquier momento y lugar y condiciona todos sus movimientos, políticos y geográficos;

* la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados lo forzó a tratar un proyecto de ley contra el aumento tarifario, que sería aprobado en la segunda sesión de mayo. Si no puede evitarlo deja trascender que lo vetará;

* la presión pública lo obligó a desglosar de la reforma del Código Procesal Penal el título sobre espionaje, que intentaba legalizar el software israelí que su gobierno ya viene utilizando, para cubrir la responsabilidad de los funcionarios a cargo;

* la inflación que diagnosticó como muy fácil de contener sigue en alza. Esto a su vez incrementa las presiones por la reapertura de las paritarias ya cerradas;

* tuvo que anunciar el retiro de su principal operador en la Cámara de Diputados, Emilio Monzó;

* su principal operador en el Senado, Miguel Pichetto, soportó un duro cuestionamiento de sus pares en la reunión del bloque peornista, y fue conminado al silencio en su siguiente aparición pública, en Córdoba.

Modestamente

El gobierno no se proponía blanquear que las relaciones del jefe de gabinete Marcos Peña Braun con el presidente de la Cámara de Diputados habían alcanzado el punto de no retorno, pero la publicación aquí el domingo 22 (El malestar de la política) no le dejó otra alternativa que hacerlo público. La forzada premura es manifiesta en la confusión que aún subsiste acerca de la fecha en que se concretará. Monzó dijo que se iría en 2019 sin renovar su mandato como diputado bonaerense. Pero es inverosímil que el gobierno confíe a un pato rengo un cargo decisivo tanto política como institucionalmente, durante un lapso de un año y medio, que incluye la campaña electoral en la que Macrì se jugará a todo o nada. Asi lo entienden los propios integrantes de la Alianza Cambiemos, para quienes la pugna por la sucesión ya se inició. Como siente que Monzó lo madrugó, Peña Braun descargó su ira contra Rogelio Frigerio (n), quien junto con Monzó y Nicolás Massot planteaba una apertura política al peronismo que el jefe de gabinete y Jaime Duran Barba consideran contraproducente. Por eso, mientras el país repudiaba el tarifazo, el Smearing Team de la presidencia difundió una foto de Frigerio en la clase lujosa de un avión que despegó de Ezeiza rumbo a Miami. Ya ni siquiera puede llamársele fuego amigo.

El matutino Clarín reveló la dura discusión producida en el bloque de senadores del peornismo opoficialista, a causa del artículo El Big Brother lo sabrá todo, publicado aquí el domingo 15, sobre la reforma del Código Procesal Penal que el gobierno y sus operadores Rodolfo Urtubey y Pedro Guastavino se proponían sancionar entre gallos y medianoche el miércoles 18.

El cupo masculino en el bloque de senadoras de Unidad Ciudana, Marcelo Fuentes, acordó con el jefe del bloque oficialista Luis Petcoff Naidenoff que ese proyecto se quitara del orden del día del miércoles 18 y se pasara para la semana siguiente, pese a la airada protesta de Pichetto y Guastavino, dos hombres que piensan mucho en la familia antes de tomar ciertas decisiones. Los pedidos de explicaciones de gobernadores y senadores los descolocaron. No hubo un solo gobernador de la oposición que no asociara la detención de Eduardo Fellner en Jujuy y las investigaciones sobre los gobernadores Domingo Peppo en El Chaco y Juan Manzur en Tucumán con los artículos del CPP que pondrían a los fiscales provinciales a órdenes de los fiscales federales. Una vez que recuperó la libertad, Fellner comentó lo sucedido con colegas y amigos, intrigados por la ruptura de su cordial relación con Gerardo Morales. Fellner contó que cuando las causas judiciales se pusieron en movimiento, cerca de un mes antes de su detención, se comunicó con Morales para entender qué estaba pasando.

—No te equivoques. No soy yo. Esto viene de arriba. Es Macrì —le respondió el carcelero de la cola sucia.

El gobernador de Formosa Gildo Insfrán fue uno de los más molestos con el proyecto, como expresó su senador José Luis Mayans. Cuando el tema llegó al recinto, el miércoles 25, Cristina cabalgó sobre ese mal clima contra Pichetto y sus efectores. Con cierta envidia retrospectiva dijo que nunca antes había visto que los proyectos que interesan al oficialismo los presentara y los defendiera la oposición, un dardo preciso que enfureció a Urtubey, por lo común calmo. El Título sobre el espionaje fue impulsado por el gobierno, que necesita legalizar el uso del software Pegasusadquirido a Israel. No es que vayan a privarse de él, pero temen ser descubiertos y que los colaboradores de Gustavo Arribas y Patricia Bullrich deban sentarse ante un juez, porque hasta hoy lo que hacen es ilegal. Pegasus tiene una competencia italiana, Hacking Team, creador del software Galileo cuyas virtudes se explican aquí.

En 2015 Galileo sufrió un duro golpe cuando aparecieron en la red 400GB de filtraciones con información de todo su archivo, sobre distintos gobiernos y empresas. Entre los interesados con quienes por entones había negociaciones, aunque no acuerdos, la filtración menciona a dos fuerzas argentinas de seguridad. Tanto Pegasus como Galileo sólo venden sus productos a gobiernos y no a cualquier gobierno. Pero esa es sólo la teoría. En la práctica hay precios distintos según el tipo de cliente y de contratación. Un gobierno con todos los papeles en regla puede conseguir el sistema por 5 millones de dólares; si la transacción obliga al proveedor a violar las restricciones legales, el precio sube a 8 millones, y un cliente corporativo (como el Grupo Clarín, por ejemplo) debe oblar 15 millones de dólares.

El Caballero de la Noche

Hace ya una década los dilemas éticos que plantea el uso de estas tecnologías de avanzada fueron presentados en un entretenimiento de masas. En El Caballero de la Noche, el mayordomo de Batman le presenta medios de intromisión en la intimidad ajena como los de Pegasus y Galileo, que le darían inmenso poder. Luego de meditar, los rechaza, porque siente que si pasa esa raya dejaría de ser el defensor del bien. También duda si debe torturar o no al Guasón, que se burla de él y de sus cavilaciones. La película plantea un acertijo. Hay dos ferryboats que deben alejarse de un sitio peligroso. En uno hay turistas, en el otro delincuentes. En cada embarcación hay un explosivo capaz de destruirla, y el botón detonador está en la otra. ¿Los turistas o los delincuentes oprimirán el botón que hará volar el otro ferry? Como es tan difícil diferenciar el bien del mal, mejor atenerse siempre a normas claras de autorestricción, sugiere el film.

La mesa chica

Pero esto no es una película. Pichetto se sentó a la mesa chica con Macrì, Peña Braun y Arribas. La letra la pusieron Guastavino y Urtubey, de tradición familiar leguleya: su padre integró el Superior Tribunal de Justicia de Salta, y él mismo fue muchos años juez. Pichetto lo promovía como candidato a la Procuración General. El anuncio de Macrì de que ese cargo sería para alguien de otro linaje atenuó el interés del salteño, quien aceptó cambios que Macrì no hubiera avalado.

Pichetto, entre Guastavino y Urtubey.

La postergación para el miércoles 25 frustró el intento de sancionar el dictamen por sorpresa, sin que nadie supiera qué se estaba votando. El malestar se extendió a los bloques de la Alianza Cambiemos. Los radicales protestaron porque se los condujera a autorizar medidas violatorias de derechos y garantías constitucionales sin previa discusión y dentro de PRO expresó su desacuerdo el presidente Federico Pinedo.

La Coalición de ONGs por la Reforma Procesal Penal (que integran la Asociación por los Derechos Civiles, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la Asociación Pensamiento Penal, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales) tuvo tiempo de desmenuzar el proyecto en una nota dirigida a la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado. Es alarmante permitir “la vigilancia acústica de conversaciones privadas del imputado que tengan lugar fuera del domicilio de cualquiera de los interlocutores, la vigilancia remota de los equipos informáticos y la vigilancia a través de dispositivos de seguimiento y de localización. Es importante destacar que el proyecto no explica de modo claro y autosuficiente cómo se realizarán la intervención sobre los diferentes dispositivos y equipos informáticos y qué medidas específicas se tomarán para la protección de los datos personales recabados en las medidas realizadas, de modo de generar un adecuado respeto a los derechos contemplados constitucionalmente. Esta situación se agrava si se tiene en cuenta que la iniciativa habilitaría el uso de tecnologías sofisticadas de vigilancia, que en otros países han dado lugar a casos de espionaje masivo y sistemático. De esta manera, dichas herramientas otorgan amplio margen para cometer abusos, si no se toman los recaudos necesarios o no se establece un órgano transparente e imparcial que se encargue de su utilización”. También objeta “la autorización para llevar a cabo medidas de vigilancia aunque tuvieren efectos inevitable sobre terceros, lo cual puede causar grandes afectaciones a personas que ni siquiera forman parte de la investigación”.

Urtubey entendió que la suma de las ONG y los gobernadores sería irresistible y anunció que lisa y llanamente suprimiría el título sobre Técnicas Especiales de Investigación y que anunciaría sobre tablas los demás cambios que aceptaba introducir, comenzando por el respeto a la autonomía de fiscales provinciales. Sólo habrá coordinación y actuación conjunta, que deberán incluirse en convenios específicos, pero no subordinación. También se mantuvieron las fiscalías temáticas, tal como fueron sancionadas en 2014 y Urtubey se resignó a restringir el dictado de la prisión preventiva a la existencia de “peligro real de fuga u obstaculización de la investigación”. Real es la palabra que el gobierno quería suprimir.

También se postergó el tratamiento de otro proyecto de ley para regular las escuchas, impulsado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti y cuestionado por las organizaciones que conforman la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia, que reclamaron que se devuelva a comisión y que se abra un proceso de debate público. Integran la ICCSI la ADC, el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, la Fundación Vía Libre, el Núcleo de Estudios de Gobierno y Seguridad de NEGyS-UMET y el CELS.

La crisis del sistema de inteligencia, señalan, se ha trasladado a la Corte Suprema. El proyecto reclamado públicamente por Lorenzetti otorga la facultad de interceptación de las comunicaciones a un organismo dependiente de la Corte, lo cual “compromete la función de control que tienen los magistrados en la autorización y el uso de estos procedimientos. Siendo las escuchas una herramienta de investigación, lo lógico es que sea administrado por la agencia estatal responsable de la persecución penal, el Ministerio Público Fiscal de la Nación y sus pares provinciales, pero nunca por quienes deben revisar su legalidad”. La Corte ha dado a la DAJudeCo, que no fue creada por ley, “facultades para la investigación y el análisis de información de inteligencia, avanzando sobre competencias propias del Ministerio Público Fiscal. En un sistema republicano y bajo un modelo acusatorio no es admisible que el Poder Judicial sea juez y parte al mismo tiempo”. Lejos de ser un cuerpo pericial auxiliar de la justicia, “funciona como una estructura de inteligencia dentro del Poder Judicial de la Nación, contrario a lo que establece la Ley de Inteligencia Nacional y el sistema acusatorio reglamentado en el Código Procesal Penal de la Nación”. El proyecto profundiza la confusión vigente entre las escuchas de investigación (que son el 90% de las que se realizan) y las de inteligencia, que tienen distintos solicitantes y distintos usos, y también deben tener diferentes requisitos y controles, y así “elimina disposiciones importantes de la ley de inteligencia, entre ellas la que fija un plazo máximo de 60 días prorrogables por única vez, por igual plazo, para las escuchas de inteligencia. Con esta reforma, además de no establecerse tope temporal para las escuchas de investigación en el marco de causas judiciales, se eliminan los límites temporales para las escuchas de inteligencia, otorgándole una suerte de cheque en blanco a la AFI para realizar escuchas sin tope de tiempo, como si ya no hubiera problemas con los actuales usos y límites”.

Además de su dependencia de la Corte, el esquema de control se resiente si se entrega a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los organismos de Inteligencia, a la que se le extiende autoridad sobre las escuchas de investigación, que no le conciernen. Esa bicameral nunca demostró voluntad de fiscalización y su integración es siempre favorable al Poder Ejecutivo, “gracias a un pacto bipartidario inalterable, y funciona bajo reglas de secreto innecesarias” sin “rendición ni control público”.

Mientras la ley de inteligencia y la mayoría de los códigos procesales se refieren a “interceptación y captación de las comunicaciones”, este proyecto habla de “intervención de las comunicaciones” y no ofrece definiciones que delimiten el campo de actuación, lo cual aumenta la confusión y la correlativa discrecionalidad. “Hay un sinfín de vacíos legales que no son resueltos y que deberían atenderse para encuadrar legalmente el uso de esta herramienta tan sensible: ¿Ante qué casos se puede requerir una escucha, una medida altamente lesiva para derechos de terceros? Cualquier juez puede autorizarlas, sea este civil, laboral o de otros fueros no penales? ¿Cuáles son los requisitos para la autorización de una escucha? ¿Qué pasa cuando el producto de las escuchas no es relevante para el objeto procesal? ¿Quién es responsable de ese material? ¿Es aplicable para esta labor la excepción de la ley de inteligencia para que los organismos de inteligencia colaboren con el sistema de justicia, cuándo? ¿Qué información debe hacer pública el organismo para garantizar su control?”, concluye la nota.

Urtubey y el senador de PRO por Córdoba Ernesto Martínez hicieron referencia al paternalismo indebido que las ONG ejercerían sobre los representantes del pueblo. La molestia de ambos ratifica la importancia de una atención constante e informada sobre lo que se cocina en las comisiones. A nadie se le ocurriría cuestionar que quienes tomen las decisiones sean los funcionarios electos por el voto popular. Pero el acopio de información y la capacidad de análisis que fuercen a debatir las normas antes de aprobarlas, lejos de dañar robustece la calidad institucional, le insufla contenido.

Cuestión de Límites

La onda expansiva aún no se ha detenido. En otra reunión de bloque, el senador tucumano José Alperovich encaró con dureza a Pichetto por su definición de excluir a CFK de cualquier alineamiento. Alperovich tiene las aspiraciones electorales que la realidad le amputó a golpes de urna a Pichetto. A los desgajamientos ya producidos, Pichetto puede sumar otros. En este momento hay un grupo de senadores a punto de separarse del bloque que el hombre que se define como profesional del poder preside. Provienen de distintas provincias y su número oscila entre 5 y 10, que no se sumarían a otro bloque sino que formarían rancho aparte. De concretarse, el PAK (Peornismo Anti K) ya no sería la primera minoría en el Senado.

A un año del proceso electoral la ex presidente no muestra intención de presentar una nueva candidatura en 2019, y prefiere que sean otros representantes de su espacio quienes la disputen. Pero sería apresurado descartar situaciones futuras en las que esa posición personal se torne políticamente insostenible. En cuanto al resto de la dirigencia, su disyuntiva es nítida. Es una hipótesis a demostrar que con ella el peronismo no puede imponerse, pero pocos dudan de que sin ella el resultado sería peor, por lo cual el programa del PAK es el que más conviene al PRO.

Del veto al voto

El miércoles 18, el Poder Ejecutivo consiguió frustrar la sesión especial de la Cámara de Diputados pedida por la oposición para cuestionar con varios proyectos distintos el tarifazo. Monzó quería contribuir al quórum y llegado el momento de la votación mostrar que todos los demás juntos no llegaban a los 2/3 necesarios para aprobar sobre tablas un proyecto sin dictamen de comisión. El miércoles 25 se aplicó ese criterio. El oficialismo tuvo que ocupar las bancas a la hora indicada porque de otro modo hubiera quedado en evidencia que esta vez la oposición tenía en exceso el número necesario para sesionar. Pero seguía lejos de los 2/3, de modo que comenzó una pulseada acerca de cuánto duraría la sesión especial. Si hubiera presentado un solo proyecto que sintetizara todos los que ya tenían estado parlamentario, en media hora hubiera terminado todo. En cambio reclamó el tratamiento de los 29 proyectos y negoció que por lo menos se permitiera hablar a uno de los autores de cada uno:

Razonabilidad en las tarifas. Pablo Kosiner.
Tarifas subsidiadas en verano. Javier David.
Criterios para la equidad tarifaria federal. Sergio Ziliotto.
Emergencia tarifaria para los consumidores y usuarios. Graciela Camaño.
Congelamiento de tarifas de servicios públicos concesionados. Nicolás del Caño.
Se deja sin efecto el aumento desde el 1° de enero de 2016. María Emilia Soria.
Régimen tarifario específico para organizaciones sociales. Analía Donda Pérez.
Tarifa social para fábricas recuperadas. Héctor Recalde.
Se deja sin efecto el aumento donde no haya red domiciliaria de gas natural. Daniel Di Stéfano.
Tarifa diferencial para usuarios del NEA sin acceso a redes de gas natural. Marcelo Monfort (UCR).
Tarifa eléctrica diferenciada para Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy, Catamarca, Salta y La Rioja. Mirta Pastoriza.
Inclusión de Mendoza dentro de la región patagónica. Guillermo Carmona.
Tarifa diferenciada para establecimientos culturales y artísticos. Juan Cabandié.
Aplicación diferencial del impuesto sobre los combustibles para la provincia de Misiones. Ricardo Wellbach.
Tarifa especial para productores de economías regionales electro-intensivas. Marcelo Monfort.
Dejar sin efecto los aumentos en el precio de la garrafa de gas licuado. Agustín Rossi.
Dejar sin efecto los aumentos a partir de enero de 2018. Varios.
Modificación del IVA para gas, energía eléctrica y agua por medidor. Alejandro Grandinetti.
Equilibrar el acceso y el costo del gas natural entre los usuarios del país. Alejandro Snopek.
Modificación del IVA sobre combustibles líquidos y gas natural. Vanesa Massetani.
IVA cero para productos de la canasta básica. Sergio Massa.
Precios de la canasta básica y reducción de las distorsiones de precios. Margarita Stolbizer.
Exención del IVA a la leche ultra pasteurizada. Claudia Rucci.
Reintegro del IVA a micro, pequeñas y medianas empresas. Marco Lavagna.
Derogación de artículos del impuesto a las ganancias. Facundo Moyano.
Acceso igualitario a servicios esenciales. Verónica Mercado.
Emergencia tarifaria durante 6 meses. Fernando Espinoza.
Anulación de aumentos con retroactividad al 1° de enero de 2016. Romina Del Pla.
Esquema tarifario previsible para el reequilibrio de las cuentas públicas. Martín Lousteau.

La calle

Aunque esta vez no se logró una convocatoria unitaria, las distintas movilizaciones por el 1º de mayo muestran el clima social que el gobierno no puede ignorar:

* las dos CTA, la Corriente Federal y los Moyano colmaron el viernes 27 el microestadio de Ferro, donde también estuvieron representantes de la CTP, la CCC y Barrios de Pie.

*el conglomerado de organizaciones sociales de orientación pontificia, que también intenta conformar una alternativa electoral, marchará el martes 1º desde Constitución hasta el monumento al trabajo;

* el mismo día, la izquierda marxista se concentrará en la Plaza de Mayo.

Mucha gente, con muchos y coincidentes agravios.

La única réplica a tantos contratiempos que el Hombre de Hojalata pudo articular fue el salvataje de Gustavo Arribas por el inefable juez Claudio Bonadío, quien además imputó a los fiscales que se atrevieron a investigar al amigo presidencial, Sergio Rodríguez y Federico Delgado; y la nueva orden de detención contra Cristóbal López, en un intento de revivir el mito de la pesada herencia recibida de quienes se robaron todo. Los fundamentos del juez de Casación Eduardo Riggi para justificar la detención avanzan sobre derechos constitucionales como la libertad de expresión. Este juez, protegido por el Consejo de la Magistratura cuando se pidió su destitución por recibir una coima para favorecer a José Pedraza en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra, dijo que al recuperar la libertad, López declaró que había sido secuestrado. Riggi no advierte que su decisión demuestra lo que intenta negar. La defensa corporativa de quienes se abroquelan en el bunker de Comodoro Py, coincide así con los deseos del Presidente, quien declaró su indignación cuando López quedó en libertad. De los jueces que la dispusieron, ya no queda ninguno.

Eduardo Riggi: el Don de la causa Pedraza

Fuente: https://www.elcohetealaluna.com

APORTES EN LA CRISIS

miércoles, 2 de mayo de 2018