"Hubo militantes torturados entre los once detenidos por los cortes de la semana pasada, allanamientos ilegales entre la noche del jueves y viernes y el fin de semana un policía le pegó un tiro en el estómago a un integrante de la organización mientras lo zamarreó en el interior de su casa –sin orden de allanamiento–, para pedirle que “entregue las armas”. En ese contexto, en el que los propios militantes no pueden salir a la calle con las remeras de la Tupac porque la policía les pide documentos, las organizaciones exigieron al presidente Mauricio Macri que en Jujuy se respeten las garantías constitucionales y el estado de derecho y explicaron el cobro de dinero que fue difundido por los grandes medios como si hubieran asaltado un banco".
“Es una cacería humana que lo que quiere es desarticularnos –dice el dirigente–. Luego de los cortes de la semana pasada, apareció la embestida mediática con un video que muestra a integrantes de la Tupac cobrando el dinero de un banco como si fuesen delincuentes.”
La Tupac denuncia persecución a sus integrantes y dirigentes.
Imagen: Bernardino Avila
› LA TUPAC AMARU PIDE AL PRESIDENTE MAURICIO MACRI QUE EN JUJUY SE RESPETAN LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES
“Lo que quieren es desarticularnos”
Se comunicaron tres nuevos pedidos de capturas. Explican los cobros de dinero que fueron difundidos con un video. Señalan que se hicieron en el marco de convenios elaborados con los tres niveles del Estado y que fueron autorizados por el intendente radical de San Salvador.
Por Alejandra Dandan
Mientras Milagro Sala continúa detenida, se agigantó una campaña de persecución a los integrantes de la organización Tupac Amaru dentro y fuera de Jujuy. Los dirigentes de la organización denunciaron la existencia de un estado policial, donde en las últimas horas se comunicaron tres pedidos de captura a dirigentes de la organización, dos de ellos con pedido de desafuero. Ocho presidentes de cooperativas imputados en la causa judicial por la que está presa Sala. Hubo militantes torturados entre los once detenidos por los cortes de la semana pasada, allanamientos ilegales entre la noche del jueves y viernes y el fin de semana un policía le pegó un tiro en el estómago a un integrante de la organización mientras lo zamarreó en el interior de su casa –sin orden de allanamiento–, para pedirle que “entregue las armas”. En ese contexto, en el que los propios militantes no pueden salir a la calle con las remeras de la Tupac porque la policía les pide documentos, las organizaciones exigieron al presidente Mauricio Macri que en Jujuy se respeten las garantías constitucionales y el estado de derecho y explicaron el cobro de dinero que fue difundido por los grandes medios como si hubieran asaltado un banco.
“Tenemos a Milagro detenida. Tenemos a Mabel Balconte, que es diputada de Unidos y Organizados, con pedido de desafuero, al igual que Marcia Sagardia, concejal de San Pedro. Javier Nieva, de la organización Marina Vilte, con pedido de captura. Los presidentes de ocho cooperativas imputados y José Gómez con un tiro en la panza que le dio un oficial de la policía que le quiso tomar la casa”, dice Alejandro Garfagnini, coordinador nacional de la agrupación.
La enumeración no termina. La Tupac suma a un compañero de Mendoza imputado por el último corte de ruta. Y situaciones de hostigamiento a sus integrantes. “Es una cacería humana que lo que quiere es desarticularnos –dice el dirigente–. Luego de los cortes de la semana pasada, apareció la embestida mediática con un video que muestra a integrantes de la Tupac cobrando el dinero de un banco como si fuesen delincuentes.”
Este es otro punto de preocupación. La semana pasada circuló un video que muestra a integrantes de una cooperativa retirando dinero del banco Nación. Desde la organización explican que el retiro se hizo en el marco de un convenio de trabajo elaborado con los tres niveles del Estado. La Tupac lleva construidas sólo en Jujuy 8000 viviendas. La mitad en San Salvador, con un intendente radical desde hace ocho años, el arquitecto Raúl Jorge, hoy segundo en la estructura nacional de la UCR y que es quien acompañó los convenios e incluso fue quien autorizó los dos pagos que salieron difundidos en los medios, señala Garfagnini. Las imágenes mostraron dos desembolsos de dinero de 14 millones de pesos cada uno. Uno, el día 3 de diciembre y otro el día 9. El primero es dinero de dos expedientes. Uno, por un pago de algo mas de 9 millones de pesos (9.339.421) del programa de pavimentación que pidió el Instituto de Vivienda de la Provincia a Nación, se canalizó a través del municipio de San Salvador y está en ejecución. El otro expediente por 5 millones de pesos (5.325.000) son adendas o reactualizaciones de pago que corresponde a la etapa 18 del programa de viviendas. Según explican en la organización, las adendas se hacen en convenios con meses de trámites y controles burocráticos que por la inflación quedan desactualizados. Según explican, mientras las empresas pueden actualizar diez veces esos precios, las cooperativas pueden hacerlo una vez. El origen de ese adenda fue, además, una nota elevada por el propio municipio de San Salvador a la subsecretaria de Vivienda de Nación que luego de los controles habituales pagó a través de la Unidad Ejecutora de la Provincia, de allí al municipio y del municipio a las cooperativas. El segundo desembolso de 14 millones de pesos del 9 de diciembre responde al mismo mecanismo. Es producto de un convenio de 1000 mejoramientos habitacionales que es parte de la famosa partida de 29 millones de pesos que el gobernador Gerardo Morales discute hace un mes. Los 29 millones representan 20 por ciento del adelanto para la ejecución de la obra cuyo valor final es de 128 millones de pesos. El convenio se hizo entre Nación, el Instituto Provincial de Vivienda y los municipios. 500 mejoramientos iban a hacerse en San Salvador: los 14 millones de pesos que cobraron en diciembre son el adelanto para las obras previstas ahí. “Esa es la ruta del dinero de la que tanto hablan”, dice Garfagnini. “Acá no hay lavado. Nunca firmó (el ex ministro de Planificación Julio) De Vido. Y el origen de la adenda es pedido por el intendente radical. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que Milagro Sala está detenida por asociación ilícita. No firmó un solo convenio nunca, nunca cobró un cheque porque lo cobran las cooperativas y si esto es así y sigue detenida, al intendente de la capital, que es el que firmó el pedido de financiamiento, firmó los convenios y emitió los cheques, ¿entonces qué tendrían que hacerle? ¿Darle una perpetua en este momento?”
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