Macri y el otoño caliente que se avecina
La paritaria docente y el papelón de Macri y Bullrich. Poco festejo por Ganancias. Inflación y herencia. Medalla de plomo para Van der Kooy. El protocolo y las protestas por venir.
Papeloneros y ajustadores
El retroceso del gobierno en el anuncio de un porcentaje para la paritaria docente ocupa parte de los análisis del domingo. Pero solo ocurre en Pagina 12. Para el resto de los diarios, pareciera que tal hecho no ocurrió.
Rememorando la historia reciente, Mario Wainfeld escribe que “el mecanismo de las distintas paritarias docentes articuladas se implantó durante los gobiernos kirchneristas. Su función era y es tratar de reparar las secuelas de la política noventista, que provincializó funciones del Estado nacional sin trasladar los recursos correspondientes a los territorios (…) La PND se negocia con las centrales nacionales del sector y fija el sueldo mínimo inicial para maestro de grado. Garantiza un piso que debe ser respetado por las provincias. El resto de la escala se pacta en cada jurisdicción”.
Sin embargo, la PND no solucionó el problema más que en apariencia. La ayuda a las provincias se limitó a dictar una norma que, en muchos casos, no era tomada en cuenta por las administraciones de los distritos.
La funcionalidad esencial de la PND fue política, limitando la posibilidad de que existiera una gran lucha nacional docente por salario. CTERA, en tanto federación nacional, dejó aisladas muchas luchas provinciales, después de la mentada firma de la PND. funcionó como una federación que no federaba la lucha.
El periodista añade que “Prat-Gay amenazó a los sindicalistas que irán a negociar convenios colectivos. Les espetó que deberán calibrar que estarán en juego aumentos versus despidos y que cada cual debía saber dónde le apretaba al zapato (…) Toda la comunicación del macrismo divulgó ese criterio. Un 30 por ciento era el techo-tabú, inalcanzable. El acuerdo entre las partes de la PND horadó el cielorraso, de cualquier modo que se lo mire”. Esa fue la razón del bochornoso retroceso del gobierno.
Por su parte, en el mismo diario Horacio Verbitsky señala que “desde que el menemismo transfirió los servicios educativos a las provincias, la paritaria nacional fija un nivel que sirve de referencia para las negociaciones de cada jurisdicción subnacional (…) La paritaria docente remite una vez más a una cuestión central, que es la estructura tributaria argentina y la relación con las provincias (…) el conjunto de las provincias sólo financia con recursos propios el 37,41 por ciento de sus gastos, mientras depende de las transferencias nacionales por coparticipación para el restante 62,59 por ciento (…) esta proporción global es significativa del grado de centralismo al que se ha llegado (…) No es de extrañar que sus gobernantes y legisladores estén entre los mejor dispuestos a acompañar las iniciativas del gobierno nacional, aduciendo que así defienden la gobernabilidad”.
Es cierto. Nadie debería sorprenderse de que sean lo más oficialistas que sea posible. Ya lo mostraron bajo el kirchnerismo, donde personajes reaccionarios como Insfrán (Formosa) o el ahora “archi-traidor” Juan Manuel Urtubey (Salta) defendieron un discurso sobre los DDHH mientras en sus provincias mandaban a las fuerzas policiales a reprimir y asesinar a los integrantes de la comunidad qom. Eso fue llamado, por cierta intelectualidad y periodismo progresista, una “contradicción del modelo”.
Poco festejo
El aumento del mínimo no imponible para Ganancias y el anuncio de que las escalas recién se podrían modificar en 2017, previa aprobación de un proyecto de ley, dejaron más amargura que alegría en sectores de la clase trabajadora. Es otro de los temas de este domingo.
Mario Wainfeld señala que el cambio “anunciado con bambolla, supo a poco aún para los jerarcas sindicales más condescendientes. Para empezar se postergó sin fecha la presentación de un proyecto de ley que reforme las escalas y las alícuotas, fije criterios de actualización anual. Y, de modo más general, regenere el desbarajuste que es el régimen actual, se esté o no de acuerdo con él”.
Verbitsky agrega que “la disposición (que Macrì comunicó en los términos genéricos que le recomiendan sus asesores, ante una estupefacta audiencia de sindicalistas y gobernadores que recién después de la explicación complementaria de Abad comenzaron a sospechar con decepción de qué se trataba) es un parche menor, anunciado para simular el cumplimiento de un slogan de la campaña electoral, cuando Macrì dijo con su soltura habitual que suprimiría ese impuesto”.
Inflación y (neo) relato
Si algo pone en crisis lo limitado de los anuncios de Macri es el intento de contener las paritarias, en el marco de una inflación creciente.
Dando cuenta de ese tema, Horacio Verbitsky señala que “la idea de culpar por cualquier problema al gobierno anterior goza de alto consenso y Macrì planea llevarla al paroxismo en su discurso del lunes 1º ante la Asamblea Legislativa. Pero en este tema sólo le llevó dos meses descubrir lo que su predecesor aprendió en años: maquillar las cifras u ocultarlas puede convenir en el muy corto plazo pero muy pronto se vuelve en contra”.
Por su parte, en La Nación, Morales Solá relata que esta semana “se vio algo extraño. Una foto de Mauricio Macri con la cara de hombre enojado (o preocupado, quién lo sabe) (…) Macri y sus ministros estaban hablando de la inflación (…) Macri quiso que los argentinos conocieran esa cara de enfado o de inquietud (…) La primera conclusión es que el jefe del Estado tomó nota de cierto malestar social por el precio de las cosas y que decidió que se supiera que el malestar lo comprende también a él”.
Líneas más abajo, el columnista afirma que “en el gobierno de Macri hay buenos economistas: Prat-Gay, Melconian y Federico Sturzenegger, entre los que más resaltan. ¿Por qué no hacer con todos ellos un equipo capaz de construir una política antiinflacionaria? ¿Qué es lo que lo impide?”.
“Nada” se podría responder. Salvo sus propias medidas económicas y sociales que han sido las responsables de la inflación creciente de los últimos meses. El hecho de que el gobierno hable de una inflación “heredada”, de “años”, no puede ocultar los resultados de la devaluación, la eliminación de controles, el fin de las retenciones a los productos agrícolas y, muy pronto, los tarifazos. Como se señaló esta semana que en la edición de La Izquierda Diario, la inflación que preocupa a Macri es el resultado de su propia política económica.
Buscando tirarle una soga el gobierno, quien escribe hoy es Jorge Lanata, que desde Clarín le pide a Macri que “haga pública” la “herencia recibida”. Afirma que “mientras el kirchnerismo residual se transforma en un vodevil con un poco de Shakespeare y mucho de Darío Víttori, el nuevo gobierno no se decide a hacer público lo que en otros países se llamaría “el estado de la Nación” (…) Hay quienes dicen, en el macrismo, que esa actitud obedece a una estrategia de imagen para no hablar del pasado (…) pero la Argentina tiene derecho a saber cuál es su estado”.
Sigue a eso, una larga lista de datos que dan cuenta de los problemas sociales que dejó el período kirchnerista. No son nuevos. Fueron denunciados desde las organizaciones sociales, populares, de trabajadores y la izquierda durante años.
Termina Lanata señalando que “si Macri se decide a dar el detalle de todos los números podrá saberse sobre quién recaerá el ajuste; quiénes están peor y quiénes necesitan ayuda urgente. Y, también, quiénes pueden ayudar al resto a salir de la mentira en la que vivieron”.
El problema del periodista es que el ajuste de Macri ya recae sobre los sectores populares, mientras las medidas que toma el gobierno garantizan elevar las ganancias de sectores beneficiados durante el período previo, como los pulpos sojeros y las mineras.
El editorial gorila del día
Desplazando a Morales Solá, este domingo la tarea la lleva adelante Eduardo Van der Kooy desde Clarín. Ignoramos si trabajan coordinadamente o se trató de una cuestión azarosa.
Defendiendo el protocolo presentado por el gobierno y la detención permanente de Milagro Sala, escribe que “el conflicto con Sala y la pretensión de ordenar la calle los obligaría a incursionar en un terreno donde todavía andan a tientas. En el cual el kirchnerismo en retroceso continuaría conservando la iniciativa cultural. La oposición mayoritaria ha encuadrado ambos casos, con astucia inocultable, en la supuesta defensa de los derechos humanos”.
La “astucia” de quienes defienden el derecho a peticionar y a la protesta se halla encuadrada legalmente. Es más, tiene rango constitucional. Que la clase capitalista no respete su propia “Carta Magna” no implica que no haya una raíz social e histórica en la defensa de esas libertades democráticas. No hay “supuesta” defensa de los derechos humanos.
Agrega Van der Kooy que “Sala fue detenida hace más de un mes (…) El kirchnerismo responsabiliza a Morales de manipular presuntamente las decisiones de la Justicia provincial. Nunca un recuerdo viene mal. El peronismo gobernó Jujuy desde 1983 hasta el 10 de diciembre último. Al menos dos de los tres funcionarios judiciales que intervienen poseen más de 20 años de antigüedad en sus cargos”.
Como es conocido en todo el país, Gerardo Morales realizó en los hechos una intervención al Poder Judicial, que terminó dando por resultado un tribunal superior adicto. Ese poder judicial es el que mantiene encerrada a Milagro Sala. De “independencia de poderes”, ni rastros.
Prosigue Van der Kooy afirmando que “la ministro Bullrich avanzó con el protocolo para encuadrar los piquetes callejeros pero el kirchnerismo y la izquierda denunciaron de inmediato una criminalización de la protesta social. Sobre aquella necesidad había consenso desde hace tiempo. Cristina planteó la cuestión en su discurso de marzo del 2014 al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso. Incluso la diputada ultra K Diana Conti anduvo meneando un proyecto (…) El momento elegido para ponerlo en práctica sería delicado (…) Las paritarias están en desarrollo. El Gobierno lleva a cabo ajustes impostergables en la economía. Esta semana se producirá la primera huelga de la CTA por las cesantías en el Estado. La aplicación del protocolo deberá ser ejecutada, además, por las mismas fuerzas que desnudaron una impericia enorme cuando tres condenados a perpetua se fugaron de una cárcel de máxima seguridad y anduvieron dos semanas de excursión por el país. No estarán exentas tampoco de seguras provocaciones”.
La “desmemoria” de Van der Kooy le hace “olvidarse” del reciente caso de la murga de niños baleada en el Bajo Flores (CABA), de la represión de esta semana en Merlo que dejó a cientos de familias sin el precario techo que habían logrado construir o de la Federal que este jueves volvió a intentar impedir –por tercera vez en el año- que las Madres de Plaza de Mayo instalen su stand en esa histórica plaza.
Eso, junto a acusar de manera previa –adelantando argumentos a las fuerzas represivas y al gobierno- a los manifestantes de “provacadores”, hacen de la editorial de Van der Kooy, la más reaccionaria de este domingo. En su medallero, se llevaría la de plomo.
El protocolo llegó (hace rato)
Mario Wainfeld dedica una nota al tan mentado protocolo contra la protesta social, presentado esta semana por la “la piba” Patricia Bullrich.
Comparando con el rol que jugó el periodismo durante los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán (2002) y de Mariano Ferreyra (2010) dice el columnista de Página 12 que “la participación activa de cronistas, fotógrafos y camarógrafos contribuyó a que se develaran los homicidios. La Bonaerense cometió los dos de Avellaneda. Y participó junto con la Federal en la muerte de Ferreyra (…) los profesionales de prensa, en esas jornadas aciagas, estuvieron en medio de las refriegas y la violencia. Corrieron por acá y allá, alguna agresión recibieron, se expusieron. Fueron piezas esenciales para que el sistema democrático funcionara tras las violaciones de derechos humanos (….) El Protocolo de Seguridad que anunció la ministra Patricia Bullrich propone, entre otras barbaridades, que las autoridades fijarán dónde deben ubicarse los trabajadores de prensa durante los cortes de calles o de ruta y su eventual represión o dispersión. Esa privación hubiera sido nefasta en los antecedentes históricos que reseñamos y en varios más”.
Añade además que “lo más grave es la intención de subordinar los derechos constitucionales de reunión, de expresión y de peticionar a las autoridades al de transitar el territorio. Hay conflictos entre ellos a menudo y no es sencillo dirimirlos. La medida del gobierno del presidente Mauricio Macri lo resuelve brutalmente, apunta a cercenar garantías constitucionales (…) una omisión estridente es básica. Se ha suprimido la regla de prohibir a las policías que disparen balas de goma o de plomo. La restricción es sensata: la instauraron los gobiernos kirchneristas memorando las masacres de diciembre de 2001 y Avellaneda. Dejarla de lado es una suerte de cheque en blanco, antedatado”.
Es evidente que el protocolo presentado por Macri es una herramienta que plantea un giro reaccionario. El hecho de que otorgue tanto poder a las fuerzas policiales hace que incluso haya gobernadores que lo rechacen. Ayer se conoció que ni Misiones ni Neuquén adherirán al mismo. Así, son 5 las provincias que lo rechazan formalmente.
Días pasados se conoció la reivindicación por parte de figuras del anterior gobierno de su propio protocolo para la protesta social. Sin embargo, más allá de las herramientas legales, la realidad del gobierno de CFK fue la de la represión abierta a muchas luchas. Los trabajadores de Lear y de la Línea 60 todavía lo tienen presente.
La paritaria docente está lejos de haberse cerrado y los gobiernos provinciales ya empiezan a proponer acuerdos cercanos al último pedido presidencial. Los conflictos asoman en el horizonte.
A su vez, la modificación en el mínimo por Ganancias no afecta a millones de trabajadores. La tregua que ofrecen las conducciones sindicales tiene entonces ese condicionante. Aún está por verse que pasará. Pero el panorama no es de idilio y paz.
Esta semana se realizará el primer paro nacional de estatales contra el gobierno de Macri y su ajuste. Miles de personas tomarán las calles en todo el país. El gobierno ya anuncia que verá cómo aplicar el protocolo. Cualquier medida represiva no hará más que hacer crecer la bronca y la resistencia. El PTS y la izquierda combativa, referenciada con el Frente de Izquierda, estará en la primera línea de estos combates.
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