11/07/2016 16:09
Paraguay
Condenaron a los once campesinos acusados por la masacre de Curuguaty
EL TRIBUNAL A CARGO DEL CASO DE LA MASACRE DE CURUGUATY, QUE EN 2012 CAUSÓ LA MUERTE DE 17 PERSONAS (11 LABRIEGOS Y SEIS POLICÍAS), DECLARÓ CULPABLES A LOS 11 CAMPESINOS ACUSADOS, EN MEDIO DE PROTESTAS Y GRITOS DE ABOGADOS, FAMILIARES Y MILITANTES DE ORGANIZACIONES QUE RESPALDABAN A LOS PROCESADOS.
Los once campesinos fueron condenados este lunes a penas de entre cuatro y treinta años de cárcel por un tribunal que los encontró culpables de la llamada masacre de Curuguaty, en la que murieron 17 personas cuando la policía intentó desalojar a un grupo de labriegos que ocupaba un terreno en litigio, en el final de un proceso marcado por la polémica y cuestionado por los organismos de derechos humanos.
Las mayores penas fueron para Rubén Villalba, condenado a 30 años de cárcel por homicidio doloso, mientras que Luis Olmedo fue recibió 20 años y Néstor Castro y Arnaldo Quintana 18 años, todos ellos como coautores de homicidio.
Las tres mujeres acusadas recibieron seis años de cárcel por ser consideradas cómplices de homicidio -aunque podrán mantener la prisión domiliciaria-, por ponerse en la primera línea para “aparentar” tranquilidad.
Los otros cuatro acusados fueron sentenciados a cuatro años de prisión por asociación criminal e invasión de inmueble ajeno.
Las mayores penas fueron para Rubén Villalba, condenado a 30 años de cárcel por homicidio doloso, mientras que Luis Olmedo fue recibió 20 años y Néstor Castro y Arnaldo Quintana 18 años, todos ellos como coautores de homicidio.
Las tres mujeres acusadas recibieron seis años de cárcel por ser consideradas cómplices de homicidio -aunque podrán mantener la prisión domiliciaria-, por ponerse en la primera línea para “aparentar” tranquilidad.
Los otros cuatro acusados fueron sentenciados a cuatro años de prisión por asociación criminal e invasión de inmueble ajeno.
La lectura de la sentencia se vio interrumpida varias veces por las protestas de los abogados defensores y algunos de los asistentes a la sala, en el Palacio de Justicia, en Asunción, que reclamaron la libertad de los acusados, mientras afuera cientos de personas de organizaciones sociales y gremiales y defensoras de los derechos humanos se concentró en respaldo de los campesinos.
Entre otros argumentos, los defensores de los campesinos sostienen que es absurdo que ningún policía haya sido imputado y que no se tuvieran en cuenta las numerosas pruebas que presentaron a favor de sus defendidos.
La llamada masacre de Curuguaty ocurrió en la mañana del 15 de junio de 2012 en un predio rural que está en litigio entre privados y el Estado, cuando policías llegaron con la orden de desalojar a campesinos que ocupaban el establecimiento.
En un confuso choque armado murieron 11 campesinos y seis policías, incidente que derivó en un juicio político en tiempo récord al entonces presidente constitucional Fernando Lugo, finalmente destituido por el Congreso, dominado por la oposición.
Ese golpe institucional llevó a la suspensión de Paraguay del Mercosur y de la Unasur.
“Es un caso muy complejo y ante el volumen de las pruebas y que han sido discutidos y examinados legamos a la conclusión solamente leeremos la parte conclusiva”, avisó al inicio de la jornada el titular del Tribunal, Ramón Trinidad Zelaya, que explico que los fundamentos de la causa se leerán el lunes próximo.
De inmediato estallaron en el recinto los gritos de "injusticia" y "libertad, libertad, a los presos por luchar", mientras el magistrado trataba de poner orden en la sala. Frustrados sus intentos y custodiado por varios policías, el tribunal dispuso un cuarto intermedio y ordenó desalojar la sala, con la amenaza de dar por leído el informe final.
Como la policía no logró desalojar la sala, pasados unos 20 minutos, el tribunal volvió y la actuaria siguió con la lectura de la sentencia. El público cantó también la canción “Patria Querida”, y siguió con el grito de “nulidad”, al que se sumaron los abogados de la defensa.
El caso fue de tal compleijidad que las recusaciones y presentaciones hicieron posponer el inicio del proceso en 14 oportunidades. Aún cuando el Ministerio Público nunca investigó las muertes de los labriegos y sólo se analizó la de los seis policías.
El 13 de noviembre del año pasado la Corte Suprema de Justicia abrió un sumario para determinar los motivos de la dilación y el 15 diciembre del 2015, con la lectura de los alegatos, se dio inicio oficialmente al juicio que concluyó hoy lunes.
Uno de los hechos más llamativos dentro de este proceso fue sin duda que el juicio no se detuvo durante la feria judicial de enero, algo sin precedentes en la justicia paraguaya.
Otro aspecto que llamó la atención y desencadenó una ola de críticas hacia la investigación del ex fiscal del caso Jalil Rachid (hoy viceministro de Seguridad) fueron las evidencias que presentó en un principio contra los acusados: linternas, cintos, analgésicos, hojas de papel con números anotados, aguja e hilo, machetes herrumbrados, cartuchos sin percutir, papel higiénico, cortauñas, perfumes, entre otros enseres de uso diario.
En su defensa, Rachid dijo que “toda evidencia es importante”, y luego debió enfrentar un pedido formal de estudiantes de la Universidad Católica para que se lo destituya como docente de esa casa de estudios.
Afuera del palacio de Tribunales, fuertemente custodiado por policías y personal antidisturbios, el colectivo de observadores del juicio, integrado entre otras organizaciones por la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy) y la Federación Nacional Campesina, se concentraron junto a dirigentes y militantes de gremios, grupos sociales y de partidos políticos, entre ellos el centroizquierdista Frente Guasú.
Los condenados “integran el campesinado pobre en lucha por la tierra en el Paraguay. El proceso fiscal y la actuación judicial han estado viciados de irregularidades y la acusación se hizo sin fundamentos”, señaló el grupo Somos Observadores de Curuguaty, que lamentaron que “estos ciudadanos y ciudadanas han enfrentado numerosas injusticias, orientadas a ratificar una sentencia previa y la impunidad para los verdaderos responsables de la masacre”.
Un rato después de la lectura de la sentencia, decenas de personas resolvieron quedarse y ocupar la sala de audiencias del Tribunal de Justicia, hasta que los integrantes del cuerpo reciban a una comisión.
Entre los ocupantes está el abogado Pablo Aguayo, defensor del campesino Villalba -condenado a 30 años de cárcel-. "Este tribunal fue recusado al comienzo de la lectura del veredicto. No hubo respuestas. Continuaron ejercitando facultades jurisdiccionales que ya no tenían", denunció el letrado.
Los magistrados que integraron el tribunal se retiraron e la sala en medio de griteríos e incidentes, y el abogado Aguayo dijo que los letrados examinarán la situación y tratarán de evitar incidentes mayores, ya que "si se convoca a toda la gente que está afuera, solidariamente con los campesinos, se puede armar un desastre".
Medios locales informaron además que, por el clima de tensión, se reforzó la guardia en la residencia oficial, donde se encuentra el presidente Horacio Cartes.
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Entre otros argumentos, los defensores de los campesinos sostienen que es absurdo que ningún policía haya sido imputado y que no se tuvieran en cuenta las numerosas pruebas que presentaron a favor de sus defendidos.
La llamada masacre de Curuguaty ocurrió en la mañana del 15 de junio de 2012 en un predio rural que está en litigio entre privados y el Estado, cuando policías llegaron con la orden de desalojar a campesinos que ocupaban el establecimiento.
En un confuso choque armado murieron 11 campesinos y seis policías, incidente que derivó en un juicio político en tiempo récord al entonces presidente constitucional Fernando Lugo, finalmente destituido por el Congreso, dominado por la oposición.
Ese golpe institucional llevó a la suspensión de Paraguay del Mercosur y de la Unasur.
“Es un caso muy complejo y ante el volumen de las pruebas y que han sido discutidos y examinados legamos a la conclusión solamente leeremos la parte conclusiva”, avisó al inicio de la jornada el titular del Tribunal, Ramón Trinidad Zelaya, que explico que los fundamentos de la causa se leerán el lunes próximo.
De inmediato estallaron en el recinto los gritos de "injusticia" y "libertad, libertad, a los presos por luchar", mientras el magistrado trataba de poner orden en la sala. Frustrados sus intentos y custodiado por varios policías, el tribunal dispuso un cuarto intermedio y ordenó desalojar la sala, con la amenaza de dar por leído el informe final.
Como la policía no logró desalojar la sala, pasados unos 20 minutos, el tribunal volvió y la actuaria siguió con la lectura de la sentencia. El público cantó también la canción “Patria Querida”, y siguió con el grito de “nulidad”, al que se sumaron los abogados de la defensa.
El caso fue de tal compleijidad que las recusaciones y presentaciones hicieron posponer el inicio del proceso en 14 oportunidades. Aún cuando el Ministerio Público nunca investigó las muertes de los labriegos y sólo se analizó la de los seis policías.
El 13 de noviembre del año pasado la Corte Suprema de Justicia abrió un sumario para determinar los motivos de la dilación y el 15 diciembre del 2015, con la lectura de los alegatos, se dio inicio oficialmente al juicio que concluyó hoy lunes.
Uno de los hechos más llamativos dentro de este proceso fue sin duda que el juicio no se detuvo durante la feria judicial de enero, algo sin precedentes en la justicia paraguaya.
Otro aspecto que llamó la atención y desencadenó una ola de críticas hacia la investigación del ex fiscal del caso Jalil Rachid (hoy viceministro de Seguridad) fueron las evidencias que presentó en un principio contra los acusados: linternas, cintos, analgésicos, hojas de papel con números anotados, aguja e hilo, machetes herrumbrados, cartuchos sin percutir, papel higiénico, cortauñas, perfumes, entre otros enseres de uso diario.
En su defensa, Rachid dijo que “toda evidencia es importante”, y luego debió enfrentar un pedido formal de estudiantes de la Universidad Católica para que se lo destituya como docente de esa casa de estudios.
Afuera del palacio de Tribunales, fuertemente custodiado por policías y personal antidisturbios, el colectivo de observadores del juicio, integrado entre otras organizaciones por la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy) y la Federación Nacional Campesina, se concentraron junto a dirigentes y militantes de gremios, grupos sociales y de partidos políticos, entre ellos el centroizquierdista Frente Guasú.
Los condenados “integran el campesinado pobre en lucha por la tierra en el Paraguay. El proceso fiscal y la actuación judicial han estado viciados de irregularidades y la acusación se hizo sin fundamentos”, señaló el grupo Somos Observadores de Curuguaty, que lamentaron que “estos ciudadanos y ciudadanas han enfrentado numerosas injusticias, orientadas a ratificar una sentencia previa y la impunidad para los verdaderos responsables de la masacre”.
Un rato después de la lectura de la sentencia, decenas de personas resolvieron quedarse y ocupar la sala de audiencias del Tribunal de Justicia, hasta que los integrantes del cuerpo reciban a una comisión.
Entre los ocupantes está el abogado Pablo Aguayo, defensor del campesino Villalba -condenado a 30 años de cárcel-. "Este tribunal fue recusado al comienzo de la lectura del veredicto. No hubo respuestas. Continuaron ejercitando facultades jurisdiccionales que ya no tenían", denunció el letrado.
Los magistrados que integraron el tribunal se retiraron e la sala en medio de griteríos e incidentes, y el abogado Aguayo dijo que los letrados examinarán la situación y tratarán de evitar incidentes mayores, ya que "si se convoca a toda la gente que está afuera, solidariamente con los campesinos, se puede armar un desastre".
Medios locales informaron además que, por el clima de tensión, se reforzó la guardia en la residencia oficial, donde se encuentra el presidente Horacio Cartes.
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