Luis Caputo se ataja y se defiende. “Denuncian todos los días”, respondió ayer, tratando de bajarle el precio a la causa judicial. Imagen: AFP
El ministro de Finanzas fue imputado por presunta administración fraudulenta en la emisión del bono a cien años
Caputo será investigado por la deuda del siglo
Un fiscal federal ordenó abrir la acción penal para investigar la emisión del bono de deuda a 100 años, una operación que en una encuesta realizada por un periodista de Financial Times calificaron como la más delirante del mundo.
Un fiscal federal imputó al ministro de Finanzas, Luis Caputo, por el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado durante la colocación del bono a 100 años. La decisión de investigar al funcionario la tomó el fiscal Juan Pedro Zoni a partir de una denuncia presentada la semana pasada por 14 diputados nacionales del Frente para la Victoria. El juez federal Ariel Lijo debe decidir en los próximos días si abre la investigación. La acusación de los legisladores cuestiona la combinación entre el elevado costo del endeudamiento en la operación y los plazos pactados. La colocación centenaria reconoció a los inversores una rendimiento del 7,9 por ciento, que les permitirá recuperar el capital invertido en un plazo de 14 años y usufructuar la abultada cuenta de intereses durante los 86 años restantes. El título emitido bajo legislación extranjera, con la colaboración de los bancos HSBC, Citigroup, Santander y Nomura terminará de pagarse en 2117. Un elemento central para avanzar en la investigación será el prospecto de emisión del bono, el documento oficial que precisa los detalles técnicos de la operación, que no fue divulgado. “Denuncian todos los días. Ellos se dedican a embarrar la cancha, tratan de poner a todos en el mismo lugar que ellos”, consideró ayer el ministro Caputo (ver aparte). Desde la cartera de Finanzas no respondieron ninguna de las consultas realizadas por este diario.
“Una emisión de este tipo es posible gracias a que logramos recuperar la credibilidad y la confianza del mundo en Argentina y en el futuro de nuestra economía”, celebró Caputo una semana atrás al referirse a los 2750 millones de dólares obtenidos por la operación que compromete al país a pagar una tasa de interés anual del 7,125 por ciento durante cien años. Sin embargo, ni la credibilidad ni la confianza permitieron una reducción significativa en el costo del financiamiento. Desde que asumió el nuevo gobierno, la promesa fue que el pago a los fondos buitre, la desregulación de los movimientos de capitales, la liberalización cambiaria, la normalización del vínculo con el FMI resultarían en una baja en las tasas de interés. Los resultados de la colocación centenaria no expresan un acto de fe del sistema financiero sino el inflexiblemente elevado costo de la seducción y el redituable negocio que lograron esos inversores. El delito por el que se imputa a Caputo es el mismo que fuera utilizado para impulsar la causa por las operaciones con dólar futuro realizadas por el Banco Central en 2015, que resultó en el procesamiento de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, entre otros funcionarios del gobierno anterior.
“Una ruinosa operación para los intereses del Estado, del Fisco y del Pueblo Argentino de hoy, y de las futuras generaciones, tomando 2750 millones de dólares de deuda a 100 años de plazo a una tasa nominal del 7,125 por ciento anual, que objetivamente costará una tasa de interés anual del 7,9 por ciento anual, al haberse colocado tales bonos bajo la par”, expresa la denuncia realizada por los legisladores el viernes pasado al referirse a los delitos que habría cometido Caputo. “Este fenomenal perjuicio descripto por el Estado, es equivalente al fabuloso beneficio que obtienen los inversores”, sostienen el grupo de diputados que impulsó la denuncia.
La presentación apuntaba además contra el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Ninguno de los tres fue imputado por Zoni. De todas formas, el fiscal dejó abierta la puerta para que “con el avance de la investigación surjan nuevas personas como partícipe, autor y colaborador en los hechos investigados”.
“Si bien a la fecha no se cuenta con documentos oficiales relativos a la operatoria descripta, atento al tenor de los hechos puestos en conocimiento he de impulsar la acción penal con el objeto de investigar si, en el marco de la emisión de bonos cuestionada, se han cometido conductas delictivas en perjuicio de la Administración Pública Nacional”, sostiene el fiscal en su requerimiento de instrucción. Funcionarios consultados por este diario aseguran que existe una cláusula que le permite al país realizar una recompra anticipada de los papeles en cualquier momento aunque no pudieron precisar las condiciones de esa operación.
En el requerimiento de instrucción, Zoni resalta la pregunta realizada por los legisladores en la denuncia presentada el viernes pasado: “¿Cuál es entonces el objeto de endeudarse a 100 años y pagar un 7,9 por ciento efectivo de tasa de interés? Si no hubo por parte de los funcionarios actuantes la voluntad de beneficiar a inversores con esta operación, es evidente que, al tomar esta deuda, existió una manifiesta acción de Administración contra los intereses del Estado”.
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