Angelo Calcaterra, dueño de Iecsa, se asoció a la brasileña Odebrecht para el soterramiento del Sarmiento.
Imagen: EFE
Dos jueces dispusieron, por dos causas diferentes, allanar las oficinas de la empresa que pertenecía a la familia de Macri
Cuando todos los caminos conducen a Iecsa
Buscan datos de posibles coimas por el soterramiento del Sarmiento. Para esa obra, la firma se asoció a la brasileña Odebrecht.
Por segunda vez en menos de una semana fueron allanadas las oficinas de Iecsa SA, la constructora que perteneció al Grupo Macri, que luego pasó a manos de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri y ahora pertenece a Marcelo Mindlin, empresario cercano al Presidente. Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en la causa en la que investiga coimas en la adjudicación del soterramiento del tren Sarmiento y se extendieron también a la española Comsa y la italiana Ghella, que conformaban una unión transitoria de empresas junto con Iecsa y Odebrecht, que actuaban asociadas. El disparador de las medidas fue un dictamen del fiscal Franco Picardi, que amplió la imputación que originalmente aludía a un soborno puntual de la época de la gestión de Ricardo Jaime en la secretaría de Transporte a todo el derrotero del soterramiento en cuestión, desde su licitación en 2006 hasta 2014.
Iecsa también fue allanada ayer por pedido del fiscal Guillermo Marijuán y orden del juez Sebastián Casanello, en la causa por lavado de dinero que tiene como principal acusado al empresario Lázaro Báez. Había sido el propio Báez quien señaló el año pasado en un escrito la participación de Calcaterra en distintas obras públicas. Después un grupo de legisladores pidió que se investigara específicamente la sociedad entre Báez y Calcaterra en varias obras públicas (ver aparte). El procedimiento pedido por Marijuán, quien el año pasado se negaba a investigar al primo de Macri, se hizo después del de Martínez de Giorgi.
Uno de los puntos más novedosos planteados por el dictamen que presentó Picardi la semana pasada fue que mostraba que la brasileña Odebrecht y la argentina Iecsa actuaron juntas, en sociedad, desde el comienzo de todo, con el llamado a licitación para el soterramiento del Sarmiento hace más de una década. El fiscal fue insistente en que además de observar la actuación de Odebrecht –cuyas oficinas ya allanó en mayo del año pasado– había que prestar especial atención a sus socios locales. Pero además identificó a los primeros imputados de la causa: en el grupo de los funcionarios ubicó a Jaime, su mano derecha Manuel Vázquez, el secretario de Obras Públicas José López, y en el grupo de los empresarios señaló a Javier Sánchez Caballero y Calcaterra, de Iecsa, y a Mauricio Couri Ribeiro, quien representaba a Odebrecht en la Argentina. También incluyó al empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, investigado como presunto intermediario en la Argentina.
Los allanamientos de ayer fueron realizados por la división Delitos Federales de la Policía Federal. Se llevaron información de las oficinas de Iecsa para complementar documentos que habían incautado ya la semana pasada, después de la imputación de Picardi. Lo mismo, de las empresas Ghella y Comsa. Se agregó también un operativo en dependencias utilizadas por la firma Control y Auditorías Especiales (que tiene una pata argentina y otra española), que habría sido utilizada para recibir pagos de coimas del grupo Odebrecht a través de la cuenta de una empresa offshore llamada Klienfeld Service Ltd. Control y Auditorías está vinculada al operador/testaferro de Jaime, Manuel Vázquez. Es una de las cuestiones que planteó Graciela Ocaña en la denuncia que dio origen a esta causa, en marzo de 2016.
Angelo Calcaterra
Ocaña alegó haber tenido acceso a ciertos tramos de la investigación conocida como Lava Jato en Brasil, de donde surgían correos electrónicos intercambiados entre Vázquez y Couri Ribeiro, donde había alusiones a las coimas. También entregó registros de transferencias bancarias de Klienfeld Services a Pribont Corporation por 80 mil dólares en el First Caribbean International Bank. Ocaña también se había referido a un informe de la policía federal brasileña que involucraba a Iecsa en el pago de coimas por el soterramiento del Sarmiento a partir del análisis de un back up de una computadora de Couri Ribeiro. El empresario, según recuerda el dictamen de Picardi, había dejado asentado que Sánchez Caballero, gerente de Iecsa, mantuvo reuniones para tratar el pago de coimas por el soterramiento y que hablaban de 20 millones de dólares. La sigla DGI se habría utilizado en las comunicaciones para hacer referencia al pago de coimas. Por todo esto Picardi plantea que su investigación tiene como “objeto” desentrañar el posible pago de sobornos por parte “el grupo Odebrecht y sus socios locales”, en alusión a Iecsa, a funcionarios públicos, para “lograr la adjudicación y continuidad de las distintas etapas de la obra” llamada Soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito-Moreno.
Picardi le pidió a Martínez de Giorgi que apunte a analizar una posible cartelización de las empresas. Por eso requirió una pericia sobre todas las que se habían postulado para la licitación en un comienzo. Quiere un análisis contable y de composición societaria. Ahí se determinarían las vinculaciones entre distintos nombres y, por ejemplo, si la empresa Socma (del Grupo Macri) llegó a tener una intervención antes de vender Iecsa a Calcaterra, cuya gestión de todos modos es considerada como una continuidad de la de la familia presidencial.
La semana pasada un equipo de fiscales viajó a Brasilia y comenzó las tratativas para una investigación bilateral con fiscales brasileños que llevan adelante la investigación Lava Jato. La semana pasada se levantó el secreto sobre 77 declaraciones de ejecutivos de Odebrecht, algunos de los cuales aluden a pagos de sobornos y negociados en la Argentina. Pero los investigadores argentinos tardarán todavía un poco más en tener los detalles, ya que el envío del material debe pasar por la aprobación de la Corte Suprema del país vecino. Picardi es uno de los que viajaron. También fue Carlos Stornelli y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) Sergio Rodríguez. Mientras tanto, el gobierno nacional sigue con sus gestiones paralelas, incluso en Estados Unidos, donde está el ministro Germán Garavano, ya que en ese país fue donde Odebrecht confesó el pago de 35 millones de dólares en coimas en Argentina, aunque todo indica que lo que buscan es un control de la investigación, que podría tocarlos.
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