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El informe del Centro de Estudios Legales y Sociales abarca los hechos ocurridos en 2013 y 2014.Imagen: Bernardino Avila
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Con la idea de defender y profundizar
El organismo de derechos humanos advirtió sobre la necesidad de resguardar el proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad y sobre la falta de democratización de las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario.
Por Ailín Bullentini
Una puja entre profundización y retroceso. Así figura a la situación de los derechos humanos en el país la nueva entrega del ya clásico informe anual que difunde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). A partir del análisis tanto de cuestiones generales como de casos particulares, los profesionales que integran el equipo del organismo evaluaron que la “consolidación de los derechos humanos como eje central de las políticas públicas nacionales” que sucedió durante los últimos dos años debió convivir con la ausencia de reformas, la demora de la aplicación de avances legales y de retrocesos que “generan un límite que no se puede perforar”, concluyó el director ejecutivo de la institución, Gastón Chillier. El informe combina análisis y denuncia: repasa lo acontecido en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, las políticas de seguridad y cuestiones relativas a otros derechos que constituyen una “vida digna” y advierte que “para algunos sectores y en ciertos espacios geográficos, las políticas inclusivas del Estado se ven erosionadas por la acción represiva de las fuerzas de seguridad”.
El nuevo panorama del CELS, que en esta ocasión abarca lo acontecido entre 2013 y 2014 –el año pasado no fue publicado–, sale a la luz en el trigésimo quinto aniversario de la organización, que nació en la última dictadura cívico militar. El planteo divide el análisis general en tres partes: una dedicada al proceso de Memoria, Verdad y Justicia; otra que atiende a la materia de seguridad y sistema penal y una tercera que hace foco en los derechos económicos, sociales y culturales. Todas están construidas sobre una estructura argumentativa similar que plantea reflexiones sobre lo actuado, reconocimientos a lo logrado y advertencias respecto de lo que falta y se necesita, y que parte desde una base, la lucha del sector social: “Las transformaciones políticas económicas y sociales con mayor impacto en materia de derechos han sido producto de la articulación del activismo social y de las instancias estatales”, remarca el prólogo del texto. “La consolidación del proceso de justicia sobre los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura irradió la atención hacia el conjunto de los derechos humanos en general, convirtiéndolo en un eje central de las políticas públicas nacionales”, puntualizó en diálogo con este diario Chillier, quien, no obstante, advirtió que en el mismo período surgieron “diferentes cuestiones que afectan a las políticas positivas de inclusión y protección de derechos”.
La vulneración de derechos humanos “se concentra sobre ciertos grupos y zonas”, denuncia el informe. La aún inexistente reforma de las fuerzas de seguridad, el retroceso de los discursos políticos a la demagogia punitiva, la persistente violencia institucional y la falla o ausencia de aplicación práctica de avances que la lucha histórica de organizaciones sociales ha logrado en el ámbito legal e institucional son algunos de los puntos que, en materia de derechos, “generan un límite que no se puede perforar”, apuntó el director ejecutivo.
Lesa humanidad
La “necesidad de resguardar y fortalecer” el proceso de Memoria, Verdad y Justicia “en las cercanías de un cambio de gobierno y ante fuerzas políticas que insisten en ubicarlo como un asunto del pasado” es una de las conclusiones más fuertes del análisis desarrollado por el CELS respecto de lo últimamente acontecido en el ámbito de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura. Pero no la única. Aunque advierte que “la producción de conocimiento sobre la complicidad de las estructuras civiles con la dictadura no ha tenido su correlato en el alcance de la persecución penal”, el informe apunta a la investigación de la responsabilidad de los civiles como uno de los avances “más significativos” del proceso. El otro es el juzgamiento de los delitos sexuales “como una violación específica de los derechos humanos”. También plantea que tales “pasos adelante conviven con la decisión del gobierno nacional de sostener a César Milani en su cargo (jefe del Ejército) y con la falta de celeridad y eficacia del Poder Judicial para confirmar las sentencias de los juicios que se llevan adelante”.
Seguridad y violencia
“Las estructuras de seguridad son las responsables de las peores violaciones a los derechos humanos que ocurren en nuestro país y una de las principales deudas que no han sido saldadas en el ciclo de los gobiernos kirchneristas.” Así, corto y conciso, denuncia el organismo. El conflicto que describe el CELS en este ámbito abarca tanto a las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario, “campos particularmente resistentes a la democratización” para funcionarios, dirigentes y distintos espacios políticos, que “intensificaron discursos que proponen el endurecimiento penal como forma de reducir el delito”. “Una nueva ‘ola de inseguridad’ avanza en la agenda como una emergencia. Sin embargo, ni funcionarios ni referentes políticos abordan la cuestión indispensable del funcionamiento de las fuerzas de seguridad”, cuya ausencia “tiene consecuencias negativas en materia de prevención y control del delito y debilita la capacidad estatal para promover la inclusión social en los territorios”, sostiene el documento. Además, denuncia “la persistencia de la tortura” como una “situación crítica que en más de 30 años no ha sido resuelta” y hace especial hincapié en la demora de la implementación del Mecanismo de Prevención contra la Tortura, que aún aguarda la constitución de su comité nacional.
Tierra y vivienda
La falta de acceso a la vivienda y la inseguridad en la tenencia y carencia de servicios “necesarios para una vida digna” son, cuenta el CELS, la punta de un ovillo que acumula derechos vulnerados: se trata, describe el informe, de “un núcleo de desigualdad que no ha sido transformado por las políticas públicas nacionales, provinciales y municipales”, que deberían “implementar medidas que privilegien el bien común por sobre los intereses especulativos que rigen el mercado inmobiliario”.
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