EL CELS PRESENTÓ SU INFORME 2015 SOBRE DDHH EN ARGENTINA

El CELS presentó su Informe 2015 sobre Derechos Humanos en Argentina

mayo 04

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) realizó la presentación del informe anual 2015 en el centro de exposiciones de la Feria del Libro en la ciudad de Buenos Aires. Desde 1994 la organización publica de manera sistemática estos textos en los que hace una revisión del estado de los derechos humanos en Argentina.

La jornada contó con la presencia de Horacio Verbitsky, actual presidente del CELS; Víctor Abramovich, referente de derechos humanos; Vera Jarach, Madre de Plaza de Mayo; Diana Malamud, de Memoria Activa; y Gastón Chillier, director ejecutivo.

“El CELS es una organización social que trabaja por los derechos humanos haciendo un trabajo político a nivel nacional e internacional”, sostuvo Chillier. La organización, que cumplió 35 años desde su fundación en 1979, tuvo como iniciadores a Emilio Mignone, Augusto Conte, entre otros.

Los años 2013-2014 son los dos períodos que abarca el informe 2015 de 700 páginas. El director del CELS detalló los temas que se analizan en el mismo. Entre estos se encuentran los procesos de memoria verdad y justicia y los avances que hubo al respecto. Incorpora también temas referidos a la complicidad civil, el rol de los empresarios y de la iglesia por un lado y, por otro, el cuestionamiento realizado desde algunos sectores sobre el proceso de juzgamiento que se está llevando a cabo.

“La falta de una reforma estructural democrática de las estructuras de seguridad y las consecuencias que eso genera, tanto en violaciones por parte de las fuerzas de seguridad como en las instituciones de encierro y la relación que eso tiene con los distintos discursos de ‘mano dura’ de distintos representantes políticos que ejerciendo esos discursos se catapultan para mejorar su situación política”, es otro núcleo que recorre el informe, según indicó Chillier.

Por otra parte, el material presentado documenta el debate que tuvo la organización sobre la impugnación al jefe del ejército, Cesar Milani, por su vinculación con delitos de lesa humanidad cometidos en los años 70.

La cuestión del acceso al suelo y a la vivienda también es abordada en el Informe. En este sentido, el director ejecutivo del CELS apuntó que si bien “en los últimos 12 años de construyeron miles de viviendas, los niveles de desigualdad en términos de acceso a un hábitat digno -entendido en términos de acceso a servicios sociales educación y otros derechos- siguen manteniéndose como un problema”.

Chillier contó que el momento de cierre del informe 2015 coincidió con la muerte del fiscal Nisman. En relación con el hecho expresó: “Esta muerte llevo a la primera plana de los medios un asunto largamente denunciado por algunos sectores, y que el CELS viene planteando desde el principio de la transición democrática, que tiene que ver con las relaciones espurias entre sectores de servicios de inteligencia de las fuerzas de seguridad con la justicia federal”.

A su vez, agregó que “esa trama a tenido graves consecuencias para el sistema democrático, una de las más graves es la impunidad por el atentado terrorista del que fuimos victimas los argentinos”. No obstante recordó que de todo esto se generaron “las condiciones para la reforma de la ley de inteligencia”. Desde la organización consideraron al respecto que no tuvieron una participación activa en la reforma de la ley, pero sí contribuyeron como actor de la sociedad civil.

Víctor Abramovich, director de la maestría en Derechos Humanos de la universidad de Lanús y además ex director ejecutivo de la organización, explicó por su parte que “el análisis sobre el proceso de justicia por crímenes del terrorismo de estado del informe tiene el objetivo de defender el mismo frente a cítricas que se hacen de distintos sectores que siempre lo impugnaron”. Los capítulos 3 y 4 son los que abordan dicha cuestión.

“Hay alrededor de 70 funcionarios judiciales imputados en los crímenes de lesa humanidad en este momento”, comunicó Abramovich. “La mayoría de esos jueces que están imputados fueron jueces de la democracia. De manera que el debate sobre las complicidades judiciales es un debate sobre nuestro sistema de justicia”, reflexionó.

En términos de complicidad judicial, Abramovich detalló que lo que se esta juzgando es “la participación en el sistema represivo con conductas que reflejan autoría o complicidad en los crímenes de lesa humanidad; el blanqueo de personas detenidas ilegalmente así como de testimonios obtenidos bajo tortura; la participación en coordinaciones con jefes de zonas y sub zonas asociada a prácticas de rechazo sistemáticamente de habeas corpus y no investigación de los caso de violencia y tortura; la participación de funcionarios para ‘disfrazar’ como casos de enfrentamiento aquellos que fueron de ejecuciones extrajudiciales; el ocultamiento bajo la apariencia de adopciones casos de apropiación de niños, entre otros”.

Algunos de los datos del informe:

– El 55% de los imputados fueron sobreseídos antes de ir a juicio oral.

– En los procesos orales hay 52 personas absueltas por los tribunales de juicio.

– Hay 120 personas que fueron desvinculadas del proceso de juicio por falta de mérito.

– En casi todos los casos de condena hay recursos interpuestos, por eso una mayoría de los procesos no están firmes.

– Hay 19 casos que llegaron a la Corte Suprema de Justicia pero en casi todos hay intervención de los máximos tribunales penales, en particular de la Cámara de Casación.

– La mitad de las personas vinculadas en procesos por crímenes de lesa humanidad están en libertad durante el proceso. En tanto, de los que están bajo prisión preventiva el 40% esta en arresto domiciliario.

Violencia institucional

El informe dedica algunos capítulos a la cuestión de la violencia institucional. En este sentido, Abramovich indicó que “es uno de los temas en los que menos se ha avanzado en Argentina. Continuamos con datos de violencia policial y carcelaria que son incluso más altos que algunos de los países de la región”.

“Entre 2013 y 2014 hay un aumento de casos de muerte por situación de violencia y por falta de atención medica en el servicio penitenciario federal y de la Provincia de Buenos Aires. Las estadísticas son superiores a los promedios regionales de países como Brasil, Uruguay y Chile”, apuntó.

También explicó que “son 154 las personas muertas en 2014 en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en la región metropolitana de Buenos Aires, hubo un aumento en este sentido. Esto quiere decir más letalidad en la acción de la policía federal, provincial, gendarmería y prefectura”.

“En 2013 y 2014 hay un aumento de la cantidad de personas privadas de su libertad y de la tasa de encarcelamiento, es decir, de los detenidos sobre el nivel de la población tanto en el sistema penitenciario federal como provincial, que tiene el 75% de la población carcelaria de la argentina”.

En relación con esta información, Abramovich manifestó: “En la provincia de Buenos Aires el ritmo de crecimiento de población privada de su libertad es un ritmo que solo se registró históricamente en el periodo del gobierno de Ruckauf”.

Otro de los aspectos que analizan desde el CELS es que “hay un regreso de las comisarias como lugares de detención”. “El informe refleja un patrón sistemático de violencia policial y carcelaria contra jóvenes de los sectores populares en algunos centros urbanos en particular tanto a nivel nacional como provincial”, concluyó Abramovich.

Noemí Romero – @Noi_Romero

Fuente: http://notas.org.ar/