En noviembre vence la ley que impide los desalojos
La pelea de fondo es por la tierra
Amnistía Internacional, el Cels y otras organizaciones sociales reclamaron que se prorrogue la ley que suspendió los desalojos de los pueblos originarios de sus territorios.
La ley 26.160, sancionada en 2006 y prorrogada en 2009 y 2013, suspendió los desalojos de las tierras ocupadas históricamente por las comunidades indígenas y ordenó al Estado a llevar a cabo un relevamiento de la situación legal de los territorios a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). A pesar de que el relevamiento no está concluido (el 70 por ciento de las comunidades quedó afuera), la ley podría caerse en noviembre y dejaría a los pueblos originarios a merced de los terratenientes.
Así lo advirtió Amnistía Internacional junto con otras organizaciones, entre ellas, la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI), Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Confederación Mapuche y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), que manifestaron su “profunda preocupación” ante el vencimiento de la prórroga de la ley de emergencia territorial indígena, que no sólo evitó el desalojo masivo de las comunidades, sino que permitió cumplimentar el mandato constitucional que reconoce la preexistencia de los pueblos originarios.
Más de 1500 comunidades pueden ser desalojadas si no se prorroga la #LeyEmergenciaTerritorial amn.st/60128LYoj
La situación, según relevó AI, es crítica. Sólo 1532 comunidades fueron registradas por el INAI, y apenas 459 tienen concluido el relevamiento territorial, pero aún no cuentan con los títulos de propiedad. “Hay un universo de comunidades no registradas sin acceso a sus derechos humanos”, indicó Amnistía.
A pesar de que el INAI informó en agosto de 2016 que estaba elaborando un proyecto para prorrogar la iniciativa hasta 2021, el texto nunca fue presentando en el Congreso. Sin embargo, diputados y senadores de la oposición empezaron a debatir la cuestión, luego de que estallara el conflicto en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en Chubut, donde el 1 de agosto desapareció Santiago Maldonado.
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