Borda: a un año de la represión hay 6 trabajadores procesados
Por las agresiones de la Policía Metropolitana a los manifestantes, hay un solo agente imputado. Los ocho funcionarios porteños de mayor rango están sobreseídos. Un miembro de ATE está acusado por sacarle un palo a una oficial.
Por Gustavo Sarmiento
El 26 de abril se cumplirá un año de la represión de la Policía Metropolitana a legisladores, periodistas, trabajadores, pacientes y familiares del Hospital Borda, que dejó alrededor de 80 heridos. Paradójicamente, sólo quedó un efectivo de seguridad imputado, y en cambio son seis los trabajadores procesados. Hoy al mediodía habrá una conferencia de prensa en la Sala 2 de la Cámara de Diputados, en repudio a la situación de uno de ellos, Daniel Catalano, secretario de Organización de ATE Capital.
Robo con grado de tentativa y lesiones. De eso lo acusa una agente de la Metropolitana a Catalano, con una pena máxima de hasta cuatro años y dos meses. "El juez Jorge López interpretó que me quise quedar con el palo con el que la oficial me estaba pegando, porque en un momento lo agarré y lo tiré. Para él, esa acción mía fue un intento de robo", señaló Catalano a Tiempo Argentino, y se lamentó de que "tomen el hecho puntual y lo descontextualicen. Sufrimos seis horas de represión." Hoy estará acompañado por el diputado Horacio Pietragalla (FPV), quien consideró "disparatado" el procesamiento, y agregó que el avance de esta causa "representa un peligroso antecedente en lo que concierne a la represión violenta de la protesta social".
Cuatro policías son querellantes y seis trabajadores están procesados. Una es trabajadora de ATE Nacional, acusada de insultos; otro era empleado del Taller Protegido 19, que demolieron esa mañana dando inicio a la represión; también fue imputada una enfermera del Garrahan, con discapacidad en las piernas. La acusan de haber mordido a una oficial, cuando la trasladaban esposada en el carro de asalto. Además procesaron a una enfermera del Borda y a una periodista. "Le borraron las fotos de la cámara y todos los datos que tenía en el celular", denunció Catalano, sobre el que recae la mayor acusación de los seis. Es el único que no fue detenido en ese momento. Lo citaron al juzgado un mes después, para una prueba de reconocimiento en la que la oficial lo identificó. El viernes se presentó ante la Cámara de Apelaciones para hacer su descargo y pedir que lo absuelvan. Ya le ejecutaron un embargo por 2000 pesos.
En diciembre, el juez nacional de instrucción en lo criminal Jorge López decidió sobreseer a ocho funcionarios de alto rango, desde Mauricio Macri hasta el jefe y subjefe de la Metropolitana, Horacio Giménez y Ricardo Pedace, por considerar que "no existen elementos mínimos objetivos ciertos, concretos y directos que conlleven a atribuirles algún tipo de participación criminal en lo ocurrido en el predio", tal como publicó en su momento Tiempo Argentino.
De todos los acusados por la represión, sólo uno quedó procesado por lesiones leves: el comisionado de la Metropolitana, Martín Roth, al que se lo vio en imágenes portando una boina, anteojos oscuros y disparando a los manifestantes. "Se constataron más de 30 heridos, no creo que él sea el culpable de todos", razonó Catalano. En las imágenes se observan disparos a menos de 30 metros y que no apuntaban hacia abajo. "La mayoría de las víctimas tuvieron lesiones en la espalda, estaban escapando, no en posición de ataque", afirmó Gabriel Cavia, de la Asociación de Profesionales del Borda. Del total de heridos, 18 eran pacientes del neuropsiquiátrico. Curiosamente, antes del operativo ya había ambulancias del SAME estacionadas sobre calle Perdriel.
Más de 250 agentes de la Metropolitana ingresaron esa madrugada a los patios del Borda, por la puerta trasera, acompañando a la empresa que iba a demoler el Taller Protegido Nº 19 (donde 20 internos acudían, por ejemplo, a talleres de herrería y carpintería), a pesar que una cautelar vigente lo impedía. Horas después de la represión, la Sala 2 ratificó la cautelar y multó con 20 mil pesos al gobierno porteño. Nunca avisaron del operativo al director del Borda. Se constataron disparos de balas de goma, gas pimienta y detenciones a unas 30 personas, entre trabajadores, pacientes y periodistas.
Hace un mes, el fiscal general ante la Cámara Criminal y Correccional de la Ciudad Ricardo Sáenz apeló el fallo del juez, al considerar que la decisión de López fue "caprichosa y arbitraria" y que "no fue debidamente fundada" porque de la investigación "surgiría que el despliegue policial fue planificado". Para el fiscal, "lo que estaba sucediendo no podía escapar de los conocimientos del gobierno porteño".
Ahora decidirá la Sala IV de la Cámara del Crimen, que ya realizó una audiencia pública. "Lo del 26 de abril fue una acción criminal planificada, ilegal y sin protocolo; todos los funcionarios implicados deben ir a juicio", apuntó Cavia.
Una de las principales apuntadas es la vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal, también sobreseída. Tres testigos afirmaron haberla visto rondando el TP19 hasta minutos antes del operativo, pero el juez López cerró el proceso judicial, sin nunca haberlos citado.
De aquel 26 de abril, Catalano recordó la sensación inédita de "ver dentro de un hospital público un campo de batalla". Curiosamente, los escombros que contenían asbesto, el material contaminante usado como justificativo por el gobierno porteño para ingresar esa mañana al Borda, recién fueron retirados nueve meses después de aquella represión. «
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